El presidente Javier Milei encara el último tramo del 2025, con dos semanas frenéticas y vertiginosas de sesiones extraordinarias donde, en el marco de una agenda tan apretada como ambiciosa, el gobierno buscará aprobar el Presupuesto 2026 a la vez que darle media sanción a la polémica ley de reforma laboral.

Un cierre de año en el que el gobierno encara desafíos inmediatos y busca anotarse sus primeras victorias legislativas del año, mientras define una estrategia para encarar los interrogantes de mediano y largo plazo que tallarán con fuerza en 2026.

El nuevo Congreso, con un oficialismo robustecido y que luce a priori mucho más ordenado en términos de liderazgos y estrategias, se pondrá a prueba entonces con dos iniciativas de alto voltaje a las que se les quiere imprimir un tratamiento exprés. Una maniobra con la que el gobierno quiere proyectar una imagen de confianza -más que nada hacia afuera-, demostrando que es capaz de transformar el respaldo en las urnas en medidas concretas que avancen en la agenda de reformas comprometidas con el FMI y los Estados Unidos.

Para conseguirlo se pondrá a prueba la renovada estrategia de relacionamiento con los gobernadores que, no obstante el engrosamiento de los bloques legislativos libertarios, son los actores clave para construir las mayorías necesarias. El ministro del interior ya hizo lo suyo al acumular miles de kilómetros y fotos con los mandatarios durante los últimos meses, y en los últimos días hubo transferencias de ATN a algunas provincias, lo que permite avizorar que hay un acuerdo sellado que le permitiría al gobierno contar con el apoyo de los legisladores necesarios para aprobar el Presupuesto. Habrá que ver, en este caso, cómo el oficialismo gestiona los heridos, en tanto hay mandatarios que no habrían recibido el mismo trato en lo que respecta a las compensaciones, y que encaran el 2026 con demasiadas urgencias en sus territorios.

En lo que respecta a la reforma laboral, el gobierno se enfrenta a un escenario inédito: ningún gobierno desde el retorno a la democracia tuvo el terreno tan despejado ni contó con el apoyo o la tolerancia social para avanzar con una reforma laboral. Más aún si hablamos de una reforma en la que acabó por plasmarse la versión más maximalista, en detrimento de otras alternativas más dialoguistas.

Una reforma que incluye fuertes retrocesos en materia de indemnizaciones, recortes a los aportes a las obras sociales, fraccionamiento de vacaciones, un banco de horas por el cual se puede extender la jornada laboral sin pagar horas extras, la limitación del derecho de huelga y la virtual eliminación del fuero laboral nacional. Una iniciativa que, si bien no elimina las cuotas solidarias, como circuló en algún borrador reciente, establece importantes restricciones que harán muy difícil su percepción.

Sin embargo, el escenario es propicio para el oficialismo, no solo por el empoderamiento del gobierno, sino también por la fragmentación opositora, la profunda crisis del peronismo y el descrédito de gran parte del sindicalismo. Ello explica, en parte, una estrategia de la principal central obrera que no incluye por ahora las medidas de acción directa, un panorama que contrasta fuertemente como los paros generales que enfrentara Alfonsín ante la Ley Mucci y su plan económico, o la estrategia del sindicalismo durante los gobiernos de De la Rúa y de Mauricio Macri.

Lo cierto es que Milei avanza con todo, y la relativa moderación tanto en su estilo y discurso como su relativa predisposición al diálogo, no implican en absoluto que resigne sus pretensiones hegemónicas ni sus visiones totalizantes. Simplemente parece haber comprendido que puede avanzar incluso más rápido y eficientemente sin gritar, denostar e insultar. Una velocidad que para Milei es central a la hora de su agenda de reformas estructurales, porque sabe que el panorama favorable y la tolerancia social podría mutar en pocos meses ante los problemas de una economía real que no da respiros para los bolsillos de los ciudadanos de a pie.

Es que el año termina con una situación paradójica: el espaldarazo electoral y el liderazgo reforzado en lo político conviven con un estancamiento de la economía y datos preocupantes en lo que respecta a la producción, el consumo y el empleo. En los dos primeros años de Milei cerraron 20 mil empresas, la capacidad instalada de la industria cayó 61%, y ya se perdieron 180 mil empleos.

Además, más allá de las habituales jactancias de Milei y su equipo económico, la inflación no solo no está domada sino que viene en aumento desde mayo. El salto de noviembre al 2,5%, con una canasta básica alimentaria que tocó un 4,1%, da cuentas de un peligroso ascenso del costo de vida entre los que menos tienen. Y, por si fuera poco, esa inflación persistente convive con el ancla cambiaria, ancla salarial, la paralización de obra pública y un tsunami de importaciones.

No resulta casual entonces el anuncio de esta semana respecto a la modificación del régimen de bandas cambiarias y la estrategia de acumulación de reservas partir de enero, no solo por las advertencias del FMI y el establishment financiero respecto a la vulnerabilidad de la economía argentina, sino también por la poco alentadora pero muy promocionada vuelta a los mercados de deuda. Una señal de alerta ante la durísima carga que tendrá la deuda en 2026 y 2027, y que demanda gestos con los acreedores como el FMI y el Club de Paris.

En este contexto, más allá de la narrativa oficial, no solo no hay evidencia empírica alguna que asimile flexibilización laboral con generación de empleo, sino que difícilmente pueda haber una política de crecimiento con anclaje cambiario (aun modificando el sistema de bandas), férreo equilibrio fiscal y apertura indiscriminada.

Así las cosas, aun avanzando en ese terreno yermo Milei debiera tener cuidado a los espejismos que preanuncien presunto oasis que oculten la realidad de un país que más allá de lo sucedido el pasado 26 de octubre, sigue muy pendiente de la evolución de una situación económica que parece tornarse cada vez más compleja.