Editorial
El retorno de la gobernabilidad confrontativa
Por Gonzalo Arias
Aunque pudiese permitirle gobernar por decreto en el corto plazo, en el escenario de una posible caída en la confianza del gobierno podría erigirse en un poderoso búmeran para un presidente casi sin representación parlamentaria propia.

Con el fuerte respaldo conseguido en las urnas, y consciente del clima de hartazgo y profundo desprestigio que afecta a la dirigencia política tradicional, el Presidente Javier Milei parece haber elegido al Congreso de la Nación como adversario, convirtiéndolo discursivamente en la encarnación más concreta de la "cruzada" contra la tan denostada "casta".

Si desde el comienzo de su mandato, al dar un inédito discurso inaugural de espaldas al Palacio Legislativo, había dado algunos indicios en el plano simbólico, con el dictado del controvertido decreto de necesidad y urgencia y el discurso de fin de año, quedó claro que el Congreso será -al menos en esta etapa- el objeto privilegiado del ataque del presidente.

Lo cierto es que más allá de la opinión personal que tenga el presidente del Congreso y los legisladores, e incluso de su compromiso con el principio republicano de la división de poderes, solo un observador desprevenido de la compleja realidad argentina podría interpretar esta invectiva de Milei como consecuencia de un carácter destemplado o una reacción visceral e intempestiva.

Por el contrario, es muy probable que esta actitud sea el eje de una estrategia pensada para lograr gobernabilidad en el mediano plazo, y posibilitar tanto la supervivencia del DNU como la sanción de la ley ómnibus en el corto plazo. No sería, por cierto, el primer presidente en procurar construir gobernabilidad a partir del conflicto y la confrontación permanente, tampoco el primero en elegir como adversario a uno de los poderes del Estado. Así, cualquier semejanza con la etapa del cristinismo duro no es mera coincidencia.

Lo inédito de esta estrategia no radica entonces en su originalidad, sino en el contexto en que se plantea está "batalla de legitimidades". Empoderado por el fuerte respaldo electoral y convencido de que el tiempo es y será su principal obstáculo para avanzar con su ambicioso programa de reformas, más aún en un contexto de una debilidad en materia parlamentaria sin precedentes para un presidente en Argentina, busca así suplir esa carencia a través de una narrativa confrontativa que pretende "condicionar", o al menos limitar los márgenes de acción, de los legisladores nacionales.

Una narrativa que, si bien ya había incluido diatribas varias y hasta acusaciones de presuntos sobornos (sin ofrecer prueba alguna), se desplegó con más claridad en el mensaje presidencial de fin de año, en el que Milei pidió "que la dirigencia política abandone las anteojeras ideológicas e intereses personales y esté a la altura de las circunstancias para avanzar rápidamente en los cambios que el país necesita". Más claro no se consigue: o el Congreso respalda el proyecto de ley denominado pomposamente "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" para afrontar la "situación de emergencia nacional", o quedarán expuestos como los más conspicuos representantes de la "casta empobrecedora" ante una sociedad mayoritariamente hastiada de los fracasos acumulados atribuibles a la dirigencia política tradicional.

Como si hiciera falta, el vocero y solícito exegeta presidencial Manuel Adorni se encargó de traducir el mensaje presidencial en clave dicotómica, señalando que la disyuntiva de los legisladores es clara: "estás con la Argentina que queremos o estás con la Argentina del pasado", con el "modelo de la decadencia".

El escenario está planteado, en una semana en que ambas cámaras del Congreso se pondrán en marcha para comenzar a discutir el temario de sesiones extraordinarias. Por ahora, el contexto para el oficialismo se avizora bastante complejo, más aún frente a los exiguos tiempos que se han planteado para la sanción de una ley de esta magnitud y la intransigencia -al menos inicial- frente a negociaciones que pudiesen implicar importantes modificaciones a la iniciativa.

Frente a ello, Milei confía tanto en el amplio respaldo político y social a su gobierno, como en la atomización y la crisis interna que atraviesa a los partidos y coaliciones tradicionales aún aturdidos y desconcertados por el fulgurante ascenso al poder del dirigente libertario. Con relación a su respaldo, cabe mencionar que estos días se conoció la última medición del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que publica la Universidad Di Tella: según el estudio, el ICG de diciembre fue de 2,86 puntos, con un aumento de 102,1% respecto a noviembre. Para dimensionar la confianza que ostenta hoy el gobierno, puede señalarse que el nivel de confianza actual es 45,3% mayor al de la última medición del gobierno de Macri (diciembre de 2019), y 23,1% mayor al promedio de las mediciones del primer semestre de 2020, cuando recién comenzaba la gestión de Alberto Fernández.

Sin embargo, aún sin desconocer la potencial funcionalidad que pudiese tener, los riesgos de una estrategia de este tipo son más que evidentes. No solo Milei se expone a una derrota parlamentaria que podría horadar prematuramente la gobernabilidad, sino que el plantear un conflicto entre poderes que, más allá de su imagen o confianza, tienen sus legitimidades de origen a través del sufragio, puede generar un bloqueo parlamentario que lo llevaría probablemente a profundizar el decisionismo y el liderazgo plebiscitario en desmedro de la necesaria independencia y equilibrio de poderes.

Una situación que, aunque pudiese permitirle gobernar por decreto en el corto plazo, en el escenario de una posible caída en la confianza del gobierno fruto de la aceleración de la crisis y el impacto del ajuste, con el consiguiente proceso de reorganización de los liderazgos opositores a lo que ello daría lugar, podría erigirse en un poderoso búmeran para un presidente casi sin representación parlamentaria propia.

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