El ex presidente fue recibido por el santafesino Maximiliano Pullaro con quien recorrió obras públicas financiadas por la provincia y más tarde se sumó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Macri ratificó el respaldo del PRO al rumbo, pero dejó frases envenenadas a los hermanos Milei: "la sociedad puede perdonar errores, pero el quiebre moral no lo perdona nunca", una frase brutal en medio de la crisis que desató Adorni que sigue socavando al gobierno nacional.

 Macri ratificó el respaldo del PRO al rumbo, pero dejó frases envenenadas a los hermanos Milei: "la sociedad puede perdonar errores, pero el quiebre moral no lo perdona nunca" 

"Estamos apoyando a este gobierno con una generosidad que nunca se vio", dijo Macri con frialdad y recordó que apoya el ordenamiento económico y la necesidad del equilibrio fiscal, aunque advirtió que por sí solo no alcanza para garantizar el crecimiento.

"El ordenamiento económico no puede estar en el aire", dijo. A partir de allí, el ex presidente desplegó una defensa cerrada del sistema institucional y a la Justicia como uno de los pilares centrales para generar confianza e inversiones.

"Más importantes que el presidente, que los gobernadores o que el Congreso son los jueces que garantizan que se cumpla la Constitución Nacional", señaló. En ese momento, aprovechó para criticar la escandalosa sesión en el Senado para designar jueces.

 "Más importantes que el presidente, que los gobernadores o que el Congreso son los jueces que garantizan que se cumpla la Constitución Nacional" 

"Vimos cosas que no deberían suceder. Anuncios sobre la Justicia que después se corrigen y se vuelven atrás. Eso daña. Si se daña la Justicia se daña la confianza", afirmó. Macri insistió en que los magistrados deben ser designados respetando los mecanismos institucionales y pidió "no manosear nuestro sistema judicial".

Para que no queden dudas y que el mensaje llegue a quien debía llegar, el ex presidente recordó que la confianza es el insumo básico para atraer inversiones y generar empleo de calidad. "Estamos todos intentando que a la gente le mejore su calidad de vida y eso viene de tener un proyecto propio de crecimiento", agregó.

El ex presidente también dejó un mensaje sobre los límites del liderazgo político. Sin mencionar a Milei, apeló a una comparación futbolera con Juan Román Riquelme para advertir que ningún dirigente puede ubicarse por encima de las instituciones:

"Hace algunos años llegó al club alguien que confundió el amor de la gente con creerse más importante que Boca", dijo en referencia al presidente xeneize. "Nadie tiene que creer que es más importante que las instituciones", remató.

Según pudo saber LPO, uno de los objetivos centrales del viaje es explorar alternativas de financiamiento para un proyecto estratégico que lleva años esperando, pero nunca obtuvo respaldo político ni recursos para concretarse.

Vallejos participa de una misión que incluye reuniones con autoridades de la provincia china de Fujian y visitas a empresas tecnológicas, de infraestructura, maquinaria pesada y equipamiento industrial. En la agenda también aparecen temas vinculados al desarrollo del Puerto Reconquista, la logística regional, la energía y la conectividad.

 Uno de los proyectos estratégicos es el puente sobre el río Paraná que ocupa un lugar central. La obra permitiría conectar de manera directa el norte de Santa Fe con Corrientes, una región que actualmente carece de un cruce vial cercano  

Sin embargo, uno de los proyectos estratégicos es el puente sobre el río Paraná que ocupa un lugar central. La obra permitiría conectar de manera directa el norte de Santa Fe con Corrientes, una región que actualmente carece de un cruce vial cercano y de allí, a Paraguay y el sur de Brasil.

Alcaldes argentinos que participan del foro internacional en China

Hoy, quienes necesitan atravesar el Paraná desde el norte santafesino deben optar entre recorrer cientos de kilómetros hacia el sur para cruzar por el Túnel Subfluvial Santa Fe-Paraná o dirigirse hacia el norte hasta el puente General Belgrano que une Resistencia con Corrientes.

La iniciativa fue considerada técnicamente viable hace más de una década. En 2012 se completaron los estudios de factibilidad que avalaron el proyecto, aunque la falta de financiamiento y de decisión política por parte de los sucesivos gobiernos nacionales impidió que avanzara más allá de los papeles.

La obra forma parte además del denominado corredor bioceánico central, un eje logístico pensado para conectar el Atlántico con el Pacífico atravesando el sur de Brasil, el norte argentino y los puertos chilenos. La traza vincula áreas metropolitanas que reúnen a más de 15 millones de habitantes y es considerado estratégico para la salida de la producción regional hacia los mercados internacionales.

 La obra forma parte además del denominado corredor bioceánico central, un eje logístico pensado para conectar el Atlántico con el Pacífico atravesando el sur de Brasil, el norte argentino y los puertos chilenos 

En los últimos años el proyecto volvió a ganar impulso entre sectores empresariales, cámaras de comercio y gobiernos locales de Santa Fe y Corrientes, que consideran que el puente podría modificar sustancialmente la logística de una de las regiones productivas más importantes del país.

Desde China, Vallejos planteó que la búsqueda de inversiones y cooperación internacional forma parte de una estrategia para posicionar a Reconquista como un nodo logístico e industrial del norte santafesino, dijo el intendente.

"Cuando hablamos del puerto, del puente, de energía, de logística o de tecnología, estamos hablando de trabajo, producción y oportunidades para nuestra gente", sostuvo el intendente durante la misión que busca conseguir fuentes de financiamiento concreto para la obra.

El proyecto tiene realizado el plan de factibilidad

Según el dictamen la unión Jan De Nul-Servimagnus obtuvo el mejor desempeño en las etapas de evaluación técnica y antecedentes, alcanzando 66,20 puntos, mientras que la oferta de DEME logró 42,14 puntos.

La diferencia se produjo en la valoración técnica, ya que ambas empresas presentaron exactamente las mismas tarifas económicas para las tres etapas de la concesión y consiguieron el puntaje máximo en ese apartado.

La empresa ganadora acreditó experiencia por más de 210 millones de metros cúbicos dragados en la Hidrovía y otros proyectos internacionales, además de antecedentes en balizamiento y mantenimiento de vías navegables similares.

En cambio, gran parte de los antecedentes presentados por DEME fueron descartados durante el proceso de evaluación por no ajustarse a los criterios establecidos en el pliego.

Desde el Ministerio de Economía destacaron que el proceso atravesó tres etapas de análisis, que no recibió impugnaciones de las empresas participantes y que las denuncias judiciales presentadas contra la licitación fueron rechazadas.

El Gobierno sostiene que la nueva concesión permitirá una reducción inmediata cercana al 15% en los costos logísticos y una modernización integral de la tecnología de navegación.

La preadjudicación abre ahora una instancia final de siete días corridos para la presentación de eventuales impugnaciones al dictamen. Cumplido ese plazo, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación quedará en condiciones de avanzar con la adjudicación definitiva del contrato para la vía por la que circula alrededor del 80% del comercio exterior argentino.

En paralelo, las principales entidades usuarias del sistema, entre ellas la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara-CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Unión Industrial Argentina, celebraron el avance y pidieron rapidez para la adjudicación definitiva. 

La calificadora FIX SCR elevó la nota provincial de AA-(arg) a AA+(arg), una mejora de dos escalones que deja a la provincia a un paso de la máxima calificación posible dentro del mercado local.

"Endeudarse para invertir en obras" fue uno de los principales argumentos utilizados por el gobierno provincial para justificar la emisión internacional de bonos a fines de 2025 que le permitió avanzar en un ambicioso plan de infraestructura consideradas estratégicas para la producción y la logística.

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En su informe, FIX destacó la asignación de recursos a obras claves y remarcó que Santa Fe alcanzó durante 2025 el mayor nivel de inversión pública de los últimos años. El gasto de capital representó el 10% del gasto total provincial, muy por encima del promedio de 7,3% registrado entre 2020 y 2024.

 FIX destacó la asignación de recursos a obras claves y remarcó que Santa Fe alcanzó durante 2025 el mayor nivel de inversión pública de los últimos años. El gasto de capital representó el 10% del gasto total provincial, muy por encima del promedio de 7,3% registrado entre 2020 y 2024 

Todo ello a pesar del freno a la obra pública que impuso Milei que a tres años de no invertir en mantenimiento tiene detonada las rutas, situación que la sufre en grande el sur de Santa Fe donde se encuentra uno de los complejos portuarios más importantes del mundo.

En ese sentido, en las últimas semanas la provincia avanzó con nuevas obras para mejorar los accesos a los puertos del Gran Rosario con el objetivo de reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del sector.

Pablo Olivares, ministro de Economía de Pullaro

Según el informe, al cierre de 2025 la administración provincial registró un margen operativo equivalente al 8,6% de los ingresos corrientes, el mejor resultado de los últimos cinco años que refleja el fortalecimiento de las cuentas públicas

A su vez, la consultora proyecta para el 2026 un superávit cercano al 9%, consolidando una situación fiscal que la ubica entre las jurisdicciones con mejor desempeño del país.

 La consultora proyecta para el 2026 un superávit cercano al 9%, consolidando una situación fiscal que la ubica entre las jurisdicciones con mejor desempeño del país 

Otro de los puntos destacados por FIX fue la reforma previsional. El informe señala que los cambios en la Caja de Jubilaciones permitieron reducir significativamente la presión que el déficit previsional ejercía sobre las cuentas públicas y mejorar la sustentabilidad financiera de largo plazo, aunque generó tensión con los empleados públicos.

La calificadora también destacó la liquidez de Santa Fe, una de las provincias mejor posicionadas. En 2025, las disponibilidades netas representaron el 18,3% de los ingresos totales que permitieron cubrir 2,7 veces los pasivos corrientes.

En materia de deuda, FIX consideró que Santa Fe mantiene un nivel de endeudamiento bajo en relación con sus ingresos y con otras provicnias. Incluso después de la colocación internacional realizada para financiar obras, la provincia conserva capacidad suficiente para afrontar sus compromisos sin necesidad de recurrir a refinanciaciones.

 El reconocimiento es resultado de una política fiscal basada en el equilibrio de las cuentas públicas, la transparencia y el cumplimiento de los compromisos asumidos 

La mejora en la nota crediticia tiene efectos concretos sobre la capacidad de financiamiento y sobre todo, sobre las condiciones. Al reducir el riesgo, se facilita el acceso al crédito más beneficioso en plazos y costos.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que "el reconocimiento es resultado de una política fiscal basada en el equilibrio de las cuentas públicas, la transparencia y el cumplimiento de los compromisos asumidos".

En el gobierno sostienen que una mejor calificación permitirá ampliar las herramientas financieras disponibles para sostener el plan de infraestructura previsto para los próximos años, aunque desde Economía descartaron que se vaya a ampliar el margen para endeudamiento.

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Por ley, el gobierno de Santa Fe tenía la autorización para tomar endeudamiento de hasta 1000 millones y se utilizaron solo 800 millones. Por ahora, no está en los planes utilizar el saldo disponible, dijeron fuentes de Economía a LPO.

La decisión de FIX se suma además a la reciente mejora otorgada por Moody's en la calificación internacional de la provincia y fortalece el posicionamiento de Santa Fe frente a futuros procesos de financiamiento.

En la Casa Gris interpretan el resultado como una validación externa de un esquema que combina equilibrio fiscal, reducción del déficit previsional y una fuerte expansión de la obra pública. Una estrategia que Pullaro busca convertir en uno de los pilares centrales de su gestión y en una carta de presentación junto con las políticas de Seguridad en la pelea por la reelección.

El centro de esta imputación es la tutela que el grupo según los fiscales del caso le dieron al capitalista Leonardo Peiti para que accediera a licencias de juego con aval Legislativo y para que, en el plano judicial, no encontrara obstáculos a su actividad desplegada por más de 200 minicasinos y máquinas de juego desplegados por toda la provincia. Al ex automovilista y a uno de los abogados le adjudican haber actuado como prestanombres para el blanqueo del dinero ilícito con la creación de empresas simuladas.

Además de Scattaglini y Larrauri, los señalados en la audiencia de este lunes fueron los abogados José Francisco Fernández Chemes, Fernando Moschini y Alberto Tortajada.

Los fiscales Marisol Fabbro y José Luis Caterina señalaron este jueves que el senador Traferri, actor central de la gobernabilidad santafesina hace dos décadas, ejerció el liderazgo o fue el jefe de esta asociación ilícita, que dispensó cobertura a sus miembros incluso después de que algunos de ellos fueran detenidos.

Según plantearon los acusadores, la organización contaba con diferents miembros con roles específicos, que iban desde la gestión de juegos de azar y su recaudación -entre los que estaban Peiti, Fernández Chemes y Scataglini- a recaudación a nivel político -a cargo del ex secretario parlamentario del Senado Ricardo Paulichenco y de Armando Traferri y con la colaboración de Moschini-, y la gestión de la llamada pata judicial. 

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En esta última quedaron implicados el ya condenado ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad, el aludido fiscal regional Serjal y Anibal Porri y Tortajada. Los acusadores señalaron que en las tareas para ocultar o disimular el origen del dinero y su destino jugaron papeles el ex diputado Scataglini, José Fernández Chemes y Oscar "Popi" Larrauri. Lo hicieron ante los jueces Paula Alvarez, Alejandro Negroni y Eleonora Verón.

Pero un segmento de la política institucional queda en esta audiencia, una vez más, expuesta en el manejo de dinero ilegal, que el mismo Peiti declaró que aportaba para las campañas políticas, y también para comprar voluntades en el marco del Ministerio Público de la Acusación, para desestimar investigaciones hacia los implicados. La fiscal mencionó a Ricardo Héctor Paulichenco, secretario Legislativo del Senado desde 2009 a 2019, cuando falleció.

 Patricio Serjal 

Los fiscales sostuvieron que Paulichenco recibía dinero de Peiti. "Traeme plata", fue uno de los intercambios entre ambos, hecho público en varias audiencias. "Surge de la evidencia que era un hombre de mucha confianza del senador Traferri. Posiblemente, luego de su muerte, parte de sus tareas pudieran haber pasado a Darío Scataglini, de creciente gravitación dentro de la organización", indicaron los fiscales.

Sobre Scattaglini, lo señalaron como "parte fundamental del brazo político de la organización". El rol que le adjudican es haber canalizado las órdenes de Traferri, y controlar cuestiones relacionadas con Peiti y el juego ilegal al interior de la Cámara de Diputados. Y que habría reemplazado tras su muerte a Paulichenco, a quien describieron como "recaudador del sector político y de estrecha confianza con Peiti.

Le atribuyeron también al ex diputado del PJ santafesino haber aportado su posición, sus contactos y sus conocimientos al plan criminal.

El abogado José Francisco Fernández Chemes y Popi Larrauri jugaron para los fiscales como prestanombres "en las maniobras de interposición de personas y simulación patrimonial" para ocultar la verdadera titularidad de sociedades cuyo fin era explotar juegos de azar de forma legal y que "también eran utilizadas como instrumentos para la proyección del negocio ilícito"

Según el planteo, Fernández Chemes y Larrauri asumieron la propiedad ficticia de la sociedad Southgame SRL, que capitalizaba ingresos del juego clandestino, para lo que les achacaron tener pleno conocimiento de la finalidad encubridora de la maniobra societaria y del origen ilícito que generaba.

En la audiencia señalaron que el capitalista Peiti, por impulso de Traferri, pasó la empresa Southgame SRL a Fernández Chemes en un 55 por ciento del paquete accionario y a Larrauri en el 45 por ciento restante, "en una operación apócrifa de 200 mil dólares", en septiembre de 2020.

Una de las imputaciones que mayor sensibilidad generó, por la trascendencia en el trámite total e incluso en causas que ya tienen condena, es la del abogado Fernando Moschini. A este la endilgan haber prestado una colaboración fundamental para que Traferri otorgara deliberadamente fondos de subsidios que recibía como senador un destino ajeno a los motivos que se otorgaba.

Así, situaron a Moschini -que era amigo personal de Leonardo Peiti y abogado de su hermano Roberto Peiti-por haber contactado a una médica psiquiatra de la ciudad de Casilda que conocía, de nombre Liliana Moriconi, a la que le comentó que "había mucho dinero si le ayudaba con un paciente". Este era Leo Peiti para quien sugerían una internación por motivos de psiquiatría. A partir de esto la médica se contactó con psiquiatras forenses con el fin de realizar informes clínicos, con los que se atenuó la prisión preventiva de Peiti con na internación en la Clínica Residencial Mendoza de Rosario.

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La relación atribuida entre el abogado Moschini y el camarista penal Javier Beltramone fue planteada hace dos meses por el fiscal Caterina para recusar al magistrado de un trámite relevante. Que es la revisión de condena del ex fiscal regional Serjal. Caterina señaló que existen vínculos estrechos de amistad entre el camarista y Moschini. Y justamente Moschini forma parte, según Caterina, de la misma asociación ilícita en la que se encuentra Serjal, cuya condena está bajo revisión de Beltramone. Quien en forma tajante rechazó la recusación y dice que el vínculo señalado no afecta su imparcialidad.

En la audiencia de este jueves, los fiscales indicaron que el abogado Moschini se comunicó por whatsapp con Verónica García, secretaria Traferri, y le pidió que le diera su contacto a la psiquiatra Moriconi. "Es por una ayuda a una asociación civil de Casilda", le dijo. Moriconi le indica a Moschini que la persona que se contactó finalmente con la secretaria del senador fue su esposo, por correo electrónico, dirigido a "la secretaria Privada Senador Armando Traferri" y que le dieron los datos de la asociación civil "Palabra Mayor", de Casilda, destinada al cuidado de adultos mayores. Para los fiscales, fue la retribución a través de subsidios controlados por el senador para el dictamen que -gestionado por Moschini-permitió la internación de Peiti para que no estuviera en la cárcel.

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Para los fiscales, Moschini contribuyó a que Traferri distorsionase el objeto legítimo que la ley prevé para los subsidios de los senadores, a fin de beneficiar a Peiti y con ello evitar que siguiera declarando, "protegiendo así y en complicidad a toda la organización criminal". A Moschini lo imputaron por peculado de caudales públicos.

Otro abogado implicado es Aníbal Porri, a quien le atribuyen haber pedido a Peiti que destruya su teléfono y evidencia que podrían incriminarlo. Ambos eran amigos de la infancia. También lo señalaron a Porri por acompañar a Peiti en persona a pagar las sumas de dinero que éste entregaba a los fiscales Ponce y Serjal a cambio de protección judicial.

Lo que hizo Bailaque ahora, mientras transcurren audiencias en las que se decide la fecha para que lo juzguen, fue denunciar a Gabriel Mizzau por violación del secreto profesional. Esto no hace sino generar una nueva demora en el trámite de este caso que puede producir la prescripción y el cierre de la causa sin sentencia. Así lo entienden y lo dicen todo el tiempo los fiscales que lo acusan. 

Bailaque está imputado, con prisión domiciliaria, y a la espera de que se fije fecha para el juicio en tres causas penales. Una de las más sensibles es la que le atribuye haber omitido habilitar al menos ocho medidas de investigación que llevaban a Alvarado, con quien compartía asesor contable.

El contador de Bailaque aceptó ser arrepentido y hundió al ex juez 

Al revelar aspectos de la intimidad de su relación con Bailaque y con Rosa Capuano -que era la esposa de Alvarado y a quien él representaba como contador- Mizzau es un problema para el ex juez. Pero esta incomodidad le sirvió para contratacar en una causa que tiene poca pena pero que le genera una enorme mancha: la posibilidad de ser condenado por tener connivencia o favorecer a uno de los empresarios narco más fuertes de Rosario.

Paradójicamente esta causa que fue un escándalo tiene baja expectativa de pena. Los fiscales no tienen prueba para acusar a Bailaque de recibir algo a cambio de las medidas que no habilitó en contra del grupo de Alvarado. Solamente le pueden imputar incumplimiento de deberes de funcionario público, por lo que le podrían imponer no más de dos años de prisión. Si el proceso se dilata, el caso puede ir al archivo por el tiempo transcurrido desde la denuncia. Para los fiscales actuantes lo que busca Bailaque es que este caso, el más incómodo desde el plano de la reputación pública, quede impune por prescripción.

Paradójicamente esta causa que fue un escándalo tiene baja expectativa de pena. Los fiscales no tienen prueba para acusar a Bailaque de recibir algo a cambio de las medidas que no habilitó en contra del grupo de Alvarado. Solamente le pueden imputar incumplimiento de deberes de funcionario público

El defensor de Bailaque planteó el lunes que, con la presencia de Mizzau como arrepentido, se había generado para su cliente un cambio de escenario acusatorio, y que los fiscales no le habían dado tiempo de analizar esa nueva imputación para defenderse. Era justo la audiencia en la que se debía fijar fecha para el juicio del ex juez. Los fiscales saltaron. Primero Matías Scilabra dijo que eso no era cierto, que se había proporcionado la información.

Pero fue el jefe de la Procuración de Narcotráfico, Diego Iglesias, el que estalló de una indignación nada disimulada. Es porque el defensor del juez hacía planteos que evitaban entrar en discusión de fondo que es cuando empieza el juicio. Pasó el lunes y por dos veces el juez a cargo del trámite, Aníbal Pineda, ordenó cuartos intermedios para resolver.

"Hace tres horas que estamos discutiendo sin entrar en el tema", dijo Iglesias, caliente como una antorcha. "No puedo dejar de recordar que hubo una maniobra ingeniada por otro juez que en este momento está siendo juzgado también por conductas vinculadas a la corrupción en la administración de justicia para hacerse de esta investigación. Entonces, vamos a solicitar, señor juez, se rechace esta reiteración del planteo de incompetencia formulado por la defensa. Hacen siempre lo mismo".

Se estaba refiriendo a que en una de las causas de Bailaque hubo un pedido, insólito, para que se hiciera cargo del caso Gastón Salmain, que ni siquiera es juez penal. Algo que generó una discusión airada en su momento por la falta de competencia de este juez, que está a punto de ir a juicio político por dos causas que implican pedidos de coimas.

El juez Gastón Salmain

Ahora lo que hace Bailaque es denunciar a Mizzau. Sigue acumulando motivos que implican planteos que dilatan su causa. Pero al precio de reconocer algo significativo: que tenía el mismo contador que el narco al que investigaba.

En la presentación, el ex juez dice que Mizzau aportó información privilegiada en violación al secreto profesional, pero que con esos datos hizo manifestaciones falsas e inexactas. Dijo que Mizzau habló de la compra de un departamento de la familia del juez en la calle 3 de Febrero y que era inconsistente con los ingresos familiares porque se produjo nueve meses antes de adquirir otro departamento en calle Italia.

Para la defensa del juez esta es información privilegiada y protegida por el secreto profesional, y Mizzau la tergiversó para lograr un beneficio personal en el marco del acuerdo de colaboración, porque es contradicha por la documental objetiva presentada por Bailaque en la denuncia contra su contador, que era en el pasado un amigo personal y ex compañero del secundario en Rosario.

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Lo que hizo Bailaque fue negar, en la presentación contra su ex asesor contable, que haya adquirido dos departamentos en escasa diferencia temporal sin sostén legal de los fondos, lo que dijo probar con documentación. Dijo que los dos departamentos se adquirieron con ocho años de diferencia y de manera demostrable. Pero además que al hablar de esto Mizzau violó un deber de confidencialidad.

Mizzau revisó documentación a la que accedió en el marco del secreto profesional y armó un relato de inconsistencia inexistente para obtener un beneficio en la causa donde está acusado de favorecer ilegalmente a Alvarado en su actividad de lavado de dinero.

Bailaque tiene otras dos causas donde le pidieron en total 10 años de prisión. Una es por una extorsión contra dos empresarios para favorecerlo en una causa penal desvinculándolos, y la otra con el manejo de fondos inmovilizados de una cooperativa portuaria, en favor de un financista que era amigo personal, Fernando Whpei.

Pero es la pesquisa donde está acusado de favorecer a Alvarado la que no está lejos de prescribir. En Rosario hay contrariedad de parte del Ministerio Público Fiscal sobre cómo demoran los jueces en mandar las causas a juicio. Le decía otro funcionario judicial a LPO: "Nada impide llevar adelante la elevación a juicio sin que estén firmes recusaciones previas contra el pedido de revisión en Casación. En todo caso que lo haga Casación pero que avance el trámite. Sería una vergüenza que estas causa prescriban. Es la lógica de la impunidad. Esto ayuda a Busaniche y a Salmain".  

Se refería al lobista de la Justicia Federal Santiago Busaniche y al controvertido juez Salmain cuyos casos disciplinarios están a punto de ser analizados en el plenario del Consejo de la Magistratura, lo que puede implicar un jury. 

Sin embargo, la salida del proceso del Grupo México del magnate Germán Larrea llamó la atención. El holding mexicano era considerado el caballo del comisario de la administración libertaria para quedarse con el Belgrano Cargas, el ferrocarril más importante de la Argentina.

Ahora, el camino queda despejado para los grupos agroexportadores que siempre estuvieron interesados en quedarse con el sistema ferroviario: "Una vez que se publique el pliego veremos si están dadas las condiciones para presentarnos", dijo a LPO una fuente del polo portuario. "Como consorcio cerealero dependerá de esas condiciones", agregaron.

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Según especialistas al tanto del proceso, aún no existe información sobre las condiciones de la licitación y, sobre todo, la inversión que deberán asumir los futuros concesionarios ni el esquema de recuperación: "Hoy no hay nada, sólo un borrador", resumió una fuente técnica.

Entre los nombres que aparecen como potenciales interesados figuran la china Cofco, que tiene 9 plantas de acopio, tres de molienda y una de biodiesel. Por otro lado, asoma Aceitera General Deheza (AGD), la firma de la familia Urquía que actualmente administra el Nuevo Central Argentino (NCA), y los terceros interesados, un consorcio conformado por las terminales nucleadas en Ciara.

 El camino queda despejado para los grupos agroexportadores que siempre estuvieron interesados en quedarse con el sistema ferroviario: "Una vez que se publique el pliego veremos si están dadas las condiciones para presentarnos", dijo a LPO una fuente del polo portuario: "Como consorcio cerealero dependerá de esas condiciones" 

Pero uno de los problemas de fondo es el estado de la infraestructura ferroviaria que genera fuertes dudas sobre la viabilidad económica del negocio. Fuentes del sector describen al Belgrano Cargas como una red "inmanejable" y con amplios sectores prácticamente destruidos después de años de falta de inversión.

De hecho, la única sección que hoy mantiene niveles aceptables de operación es el tramo entre Güemes y Timbúes, reconstruido con financiamiento chino durante la gestión anterior. Fuera de ese corredor estratégico para el transporte de granos hacia los puertos del Gran Rosario, gran parte de la red presenta severos problemas de mantenimiento.

La situación tampoco es mucho mejor en las líneas San Martín y Urquiza. En el sector ferroviario recuerdan que ya pasaron doce años desde que el Estado decidió quitarle la concesión a América Latina Logística (ALL) y, desde entonces, tampoco logró recuperar ni modernizar de manera significativa la infraestructura.

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Ese deterioro explica parte de la cautela empresaria porque se debe determinar quién deberá financiar la recuperación de una red que requiere inversiones multimillonarias para volver a ser competitiva.

La licitación también abre una disputa política subterránea dentro del sector agroexportador. En la Libertad Avanza le tienen cierta desconfianza a la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), entidad que agrupa a los principales jugadores del negocio exportador.

En el oficialismo dicen que Ciara representa al "status quo" histórico que durante décadas mantuvo influencia sobre la política agropecuaria nacional: "Son los que manejaron el Ministerio de Agricultura durante años, más allá de los cambios de gobierno", dijo una fuente consultada por LPO al tanto de la interna.

Fue un cambio respecto de algo que en el mismo auditorio había expresado hace exactamente un año, después de que Caputo hiciera la primera invitación masiva a volcar los dólares a consumo. Entonces Litvin dijo que había cambios normativos que faltaban para seguir el consejo del gobierno y que existían riesgos penales. Ahora lo que dice es que estos se despejaron porque hubo reglamentaciones.

Asesor de especialistas, Litvin habló en un simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) ante una tribuna colmada de contadores, economistas y agentes del mercado de capitales sobre el escenario tributario actual tras la entrada en vigencia este año de la ley de Inocencia Fiscal. Lo hizo a días de ser parte de un grupo de economistas que se reunió con el ministro de Economía para analizar justamente cómo incentivar el uso de dólares no declarados, dado que el gobierno busca captar unos 170 mil millones de dólares en esas condiciones.

Dijo muy contundentemente que el régimen simplificado permite regularizar dólares no declarados provenientes de actividades lícitas sin consecuencias fiscales, siempre que se opte por este régimen. Se elimina el riesgo de incremento patrimonial no justificado, ya que la ley prohíbe a ARCA aplicar esa herramienta en estos casos. Es una oportunidad importante para quienes tienen dólares guardados y desean blanquearlos y usarlos legalmente.

El consejo de un tributarista top: "el que tiene los dólares en el colchón, que los tenga un tiempo más"

Habló de la diferencia entre plata sucia y plata negra. Dijo que el dólar sucio es el que viene de actividades ilícitas y el dólar negro es el que se compró en el mercado paralelo pero no con activos del delito. "Tal vez de gente que cobró el sueldo blanco, o un honorario o una venta que no se facturó y cuando quería, cuando había mucha inflación y mucha incertidumbre, al dinero blanco lo convertía en dólares, y como los dólares los compraban en una cueva, si los usaban violaban la ley penal cambiaria".

Son los de este origen los que se pueden usar ahora, dijo Litvin. "Aquel que los compró de este modo, no tomó la pastillita de la memoria y se olvidó de declararlos puede comprar lo que quiera ahora o consumirlo. Para operaciones inmobiliarias, puedo pagar en efectivo si el escribano certifica que el dinero se recibió en el acto; no sirve si dice que fue recibido antes. Para otros destinos, los dólares deben depositarse y usarse desde una cuenta bancaria", apuntó.

¿Qué seguridad le dan al que se manda a gastar de esta forma de que no habrá represalias desde el órgano fiscal? "En Arca es difícil que detecten este tipo de cosas, porque ya los escribanos no informan inmuebles, la venta de autos no se informa, los movimientos bancarios subieron mucho los umbrales, pero además, si Arca se entera, tiene prohibido aplicar el incremento patrimonial no justificado. Esto es lo importante. Ahora le moja la pólvora la ley, le dice que no se puede usar esta herramienta, con lo cual el que tiene dólares del colchón y lo usa está protegido si opta por el Régimen Simplificado de Ganancias".

En Arca es difícil que detecten este tipo de cosas, porque ya los escribanos no informan inmuebles, la venta de autos no se informa, los movimientos bancarios subieron mucho los umbrales

"Con la adhesión al régimen simplificado primero le muestro esto y después hago el depósito. La Alyc verifica la información, informa a la cuenta bancaria, el contribuyente realiza el depósito, envía el comprobante y los fondos se acreditan en la cuenta. Lo que hay que tener en cuenta es que los dólares del colchón tengan que provenir de actividades lícitas". ¿Por qué? Porque la UIF mantiene sus facultades intactas para perseguir delitos financieros y puede seguir investigando y producir denuncias, dijo Litvin.

Optar por el régimen simplificado tiene la ventaja, dijo Litvin, de que no debe exponerse el consumo personal de los contribuyentes. "A los que somos contadores a veces nos dan los datos para las declaraciones juradas y cuando llegamos a la cuestión del consumo da negativo, lo que hace pensar que el cliente vive de la caza y de la pesca. Por eso ahora no poner la ecuación patrimonial es más cómodo. No tengo que informar qué compré, qué vendí y con qué, qué es lo fundamental".

Según el especialista en impuestos, esto tiene como como beneficio importante que produce efecto liberatorio del pago, y la presunción de exactitud hacia todos los años no prescritos, lo que entre contadores llaman tapón fiscal. "Ahí es donde se asemeja un poco a los efectos de un blanqueo. Pero no hay que decir blanqueo. Es un blanqueo, pero no hay que usar esa palabra"

Dijo que el tapón fiscal el contribuyente lo pierde en el régimen simplificado si hay omisión de ingresos, deducciones procedentes o facturas apócrifas. Sostuvo que Caputo consideró analizar que ante cualquier discrepancia significativa entre aportante y ARCA Bueno, esto también fue planteado el ministro, y también se va a estudiar la posibilidad de que cualquier discrepancia significativa se paga la diferencia y no se pierden los beneficios. "La idea es que las discrepancias significativas se pueden arreglar", dijo el panelista.

Bioceres Crop Solutions presentó el miércoles pasado en fiscalía una denuncia penal para que se investigue una presunta estafa por 12 millones de dólares vinculada a la transferencia de 5,3 millones de acciones de la compañía que cotiza en Nasdaq.

La presentación apunta contra Gloria Montarón Estrada, una abogada especializada en propiedad intelectual que durante años integró el círculo de máxima confianza de Federico Trucco, el histórico presidente, y ocupó cargos estratégicos dentro del grupo.

Ahora, se investiga si la abogada impulsó la venta fraudulenta de acciones en octubre de 2025 cuando ya no era directora ni estaba vinculada a Bioceres Crop Solutions con el fin de vaciar la compañía y desplazar a Trucco de la compañía.

La denuncia sostiene que la maniobra se instrumentó mediante una ‘carta de indemnidad' presentada ante el Banco Continental de Nueva York, la entidad encargada de tener en custodia las acciones y una de las especializadas en sociedades que operan en Nasdaq.

 Se investiga si la abogada impulsó la venta fraudulenta de acciones en octubre de 2025 cuando ya no era directora ni estaba vinculada a Bioceres Crop Solutions con el fin de vaciar la compañía y desplazar a Trucco de la compañía 

Esa carta de indemnidad funciona como una especie de certificación de firma que le habría permitido a Montarón Estrada prescindir de la certificación de firmas para concretar la transferencia y además eximía al banco de cualquier responsabilidad futura derivada de la operación.

El punto más delicado de la denuncia es que la carta contenía una firma atribuida a Federico Trucco. El histórico presidente de Bioceres declaró que jamás firmó ese documento, que nunca autorizó a terceros a hacerlo en su nombre y que desconocía por completo tanto la carta como la transferencia posterior de las acciones.

Según la presentación judicial, esa documentación fue utilizada para mover 5,3 millones de acciones valuadas entonces en unos 12 millones de dólares desde Bioceres Crop Solutions -BIOX- hacia una sociedad vinculada al ecosistema de Moolec Science, la controlante por la cual el empresario uruguayo Juan Sartori se hizo de la tecnológica rosarina.

Una de las dudas que quedan flotando es si el traspaso opaco de las acciones integraba la estrategia empresaria de los nuevos directivos. En Bioceres apuntan a la ejecutora Montrón Estrada, fuentes de la startups dijeron a LPO que "es muy poco probable que Juan Sartori o personas de su entorno hayan estado al tanto de los hechos o los hayan aprobado".

Lo cierto es que la operación quedó concretada entre el 13 y el 25 de octubre de 2025. Para entonces, sostienen fuentes vinculadas a los fundadores de la compañía, Montarón Estrada ya había dejado Bioceres y trabajaba para Moolec. De hecho, aseguran que las comunicaciones vinculadas a la transferencia se realizaron desde correos corporativos de esta última firma.

 Los antiguos directivos vienen denunciando desde hace meses una estrategia para desplazar al directorio original y quedarse con el control de BIOX, la compañía que cotiza en Nasdaq. 

El episodio ocurre en medio de una feroz disputa por el control de la biotecnológica. Los directivos históricos sostienen que la denuncia expone apenas una parte de una secuencia de movimientos que terminó desplazando al grupo fundador del manejo de la empresa que se convirtió en uno de los principales emblemas de la innovación biotecnológica argentina orientada al agro.

La causa puede tener derivaciones internacionales con fuerte impacto en Wall Street donde aparecen interrogantes sobre los controles que se aplican en las entidades bancarias a la hora de concretarse operaciones y transferencias de acciones millonarias.

El trasfondo de la pelea excede ampliamente los 12 millones de dólares. Los antiguos directivos vienen denunciando desde hace meses una estrategia para desplazar al directorio original y quedarse con el control de BIOX, la compañía que cotiza en Nasdaq.

Al mismo tiempo, la controlante Moolec informó en sus balances ganancias superiores a los 90 millones de dólares mientras que Bioceres S.A., la firma histórica donde comenzó todo y consiguió progresos científicos muy relevantes en la agrotecnología terminó con un pedido de quiebra

Por eso, para los fundadores, la investigación penal podría transformarse en una pieza clave para reconstruir qué ocurrió durante el derrumbe del unicornio rosarino. Una pregunta sobrevuela toda la historia: cómo una empresa que llegó a convertirse en símbolo de la ciencia aplicada al agro terminó en quiebra mientras parte de sus activos estratégicos migraban hacia otras sociedades del mismo entramado corporativo.

La legisladora difundió la firma de un proyecto con la plataforma a través de un avatar creado con IA que la muestra hablando frente a una especie de rooftop parisino. La voz artificial, en delay y los movimientos del personaje llamaron rápidamente la atención de los usuarios que señalaban la mala calidad de la confección del avatar.

Uno de los que reaccionó fue Jorge Haddad, el comediante cordobés conocido por su personaje Hermana Beba, que suele ironizar sobre influencers, celebridades y referentes políticos desde una mirada ácida y provocadora.

"¿Estás rara, Ama, estás bien? ¿Estás durmiendo bien?", comienza preguntándose Beba en un reel que se volvió viral. Luego se detiene en detalles del avatar digital. "Le veo un pelo que se mueve solo", comenta mientras observa el video de Granata.

 ¿Estás rara, Ama, estás bien? ¿Estás durmiendo bien?", comienza preguntándose Beba en un reel que se volvió viral. Luego se detiene en detalles del avatar digital. "Le veo un pelo que se mueve solo 

El comediante fue todavía más lejos al sugerir que la diputada estaba "curseada", una expresión tomada del inglés cursed que suele utilizarse en internet para describir situaciones o imágenes extrañas, inquietantes o directamente bizarras.

"Ama, te han hecho un trabajo. Esta chica está curseada", bromeó antes de recomendar, entre risas, que la llevaran a ver a un cura.

Lejos de molestarse, Granata recogió el guante y respondió con humor. De hecho, fue una de las primeras en comentar la publicación de Hermana Beba. "TE AMO", escribió la diputada junto a un emoji de corazón.

En 2014 Strasser concursó para ser juez subrogante. En ese momento no consignó que cuando era secretario del juzgado federal 8 de la Seguridad Social había recibido una sanción de 30 días por un proceso disciplinario. El que recordó eso hace diez días fue el juez federal de Rosario Gastón Salmain. Que hizo lo mismo cuando concursó en 2017: omitió decir que en 2002 la Corte Suprema de la Nación lo dejó cesante de su cargo de empleado de la Justicia Federal por haber ofrecido una coima a una secretaria de tribunal para direccionar un expediente.

¿Por qué Salmain botoneó así a Strasser? Para tener un argumento defensivo. Lo que dijo es que el reglamento de concursos exige hacer constar antecedentes de los últimos diez años de la compulsa, y que cuando él era examinado había pasado más tiempo. Pero además dijo que otros candidatos habían tenido sanciones y eso no les había impedido ser designados. Ahí dio el ejemplo de Strasser. Sin nombrarlo, pero dando datos inequívocos de que hablaba de su caso.

 [Salmain delató a un colega que también llegó a juez pese a haber sido sancionado]

La referencia difícilmente ayude a Salmain, porque el Consejo de la Magistratura decidió el jueves llevar su caso al plenario, donde pueden suspenderlo e iniciar el proceso para su destitución. Pero los dichos pusieron en alerta a los consejeros, que dijeron que si se comprueba lo que dijo el polémico juez de Rosario, el Senado no deberá aprobar el pliego de Strasser.

Con buenas relaciones con el macrismo, ahora impulsado por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, Strasser es un magistrado oriundo de la ciudad de Buenos Aires con reiterados cuestionamientos de sectores políticos y jurídicos amplios que lo califican de tener un sesgo marcadamente contrario a los derechos de jubilados. Lo han llegado a llamar "el Bonadío de la seguridad social".

 Strasser fue cuestionado por sectores políticos y jurídicos que lo calificaban de tener un sesgo marcadamente contrario a los derechos de jubilados. Lo han llegado a llamar el Bonadío de la seguridad social

Lo que dijo Salmain implicó que esta semana le abrieran un expediente en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Fue a partir de una presentación de Yamil Castro Bianchi, abogado de Salmain, en referencia a la omisión del dato de la sanción del juez de Rosario. Y a las constancias del descargo de Salmain, donde señala que Strasser también pasó de largo en su momento de su primer concurso, cuando no dijo que lo habían sancionado.

Salmain conocía bien el ejemplo que daba. Antes de que lo echaran por ofrecer un soborno en 2002, trabajaba también, con el cargo de secretario, en el juzgado federal 8 de la Seguridad Social. Era el mismo donde sancionaron a Strasser con un mes de suspensión y el congelamiento de haberes. Según dos miembros la Justicia Federal y del Consejo dijeron a LPO, Salmain fue despedido en el mismo año cuando trabajaba allí.

El abogado de Salmain hizo algo más: pidió al Consejo la nulidad "absoluta e insanable" del concurso 253 con el que Strasser fue nombrado juez subrogante, por haber omitido las sanciones disciplinarias que tuvo.

En 2014 el Consejo fue advertido de esa omisión. Pero por una rosca de los consejeros, contaron desde adentro, todos menos uno consideraron que no haber dicho nada de que lo habían sancionado no sería motivo de objeción. Con eso terminó nombrado.

 [La Magistratura dejó al juez federal Salmain al borde del Juicio político y puede ir preso] 

Difícilmente este manotazo de Salmain --defenderse de una irregularidad señalando a alguien que cometió otra-- vaya a salvar al juez federal de Rosario. Pero su señalamiento sí dejó bajo análisis lo que hizo su colega y antiguo compañero de juzgado.

 Difícilmente este manotazo de Salmain --defenderse de una irregularidad señalando a alguien que cometió otra-- vaya a salvar al juez federal de Rosario. Pero su señalamiento sí dejó bajo análisis lo que hizo su colega y antiguo compañero de juzgado 

Sobre todo porque en 2023, cuando tuvo la entrevista en el Consejo de la Magistratura, a Strasser le volvieron a preguntar si había tenido sanciones. El que hizo la pregunta, directa, fue Guillermo Tamarit. Strasser respondió que no y así lo atestigua el registro en audio de esa sesión del organismo que evalúa a los jueces y a los que son candidatos a serlo.

Ahora el Consejo tiene en una carpeta la resolución 31 del Tribunal de Superintencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social que en 2001 sancionó por 30 días con suspensión sin goce de haberes a Strasser. Un año después la Corte ratificó la medida aunque excluyó afectarle su sueldo.

Si fuera por la letra estricta del reglamento 11 del reglamento de concursos, solo hay que mencionar antecedentes de los últimos diez años a la fecha de la prueba. El senador nacional y consejero Luis Juez descalificó este jueves la entidad de esa normativa y, sobre todo, su lógica política. "¿A ustedes les parece que da lo mismo que el Senado cuando evalúa a alguien que va a ser juez hasta los 75 años sepa que esa persona tuvo sanciones o no sepa?", fue su pregunta. Justamente lo decía porque él se comió la situación de avalar a Salmain en 2017 sin tener idea que lo habían echado 15 años antes del Poder Judicial por intentar armar un caso de fórum shopping.

Lo que pide el abogado de Salmain parece inviable porque el concurso está terminado. Sin embargo sí habilita la discusión política que probablemente se dé en el Senado si los pilegos se tratan este jueves. ¿Es viable nombrar a un juez que omite señalar una sanción disciplinaria que recibió? Es la misma pregunta que el Consejo, con Salmain, hace tres días consideró algo inaceptable.

Los hechos por los que Salmain está en la mira del Consejo son dos. Uno es la causa penal por haber autorizado a los tenedores de un fideicomiso Attilla a comprar diez millones de dólares mientras regía el cepo cambiario, a cambio de un pago del diez por ciento de la diferencia de cambio entre el dólar oficial y el dólar blue, lo que se considera un soborno que los fiscales del caso estimaron en 200 mil dólares. La pena en expectativa para el principal delito que le atribuyen es de prisión efectiva y va de cuatro a doce años.

El segundo hecho es el que más ruido causó desde que se escuchó el descargo del juez la semana pasada. Es porque omitió señalar en su CV al concursar que en 2002 la Corte Suprema lo echó de la Justicia Federal, donde era empleado, por ofrecer una coima a una secretaria de juzgado para direccionar un expediente. Ocho días atrás, ante una consulta del consejero y senador nacional Luis Juez, que le preguntó porqué escamoteó eso, Salmain dijo que no lo mencionó porque no se lo habían preguntado.

Salmain delató a un colega que también llegó a juez pese a haber sido sancionado 

Esa respuesta, que fue un latiguillo en redes durante días, la recogió Juez este miércoles antes de votar para impulsar el jury. No lo perdonó y habló bien en criollo. "El nunca dijo que había sido funcionario judicial y, cuando concursó, que había sido expulsado de la Justicia por un hecho gravísimo. A ver si podemos lograr que los jueces que van a venir a rendir ac{a entiendan lo que es la categoría de juez. ¿Va a ser juez federal hasta los 75 años y vas a hacer eso, hermano? Lo que tenés que hacer es decir siempre la verdad".

El argumento de Salmain es que el reglamento del concurso vigente pide reseñar los antecedentes del concursante en los últimos diez años. Y a Salmain la Corte lo echó por coimero hace veinticuatro.

Antes de la sesión de este miércoles, Salmain intentó un recurso a través de un abogado para que Juez no pudiera votar por mérito para ser recusado y que el expediente disciplinario se declarara nulo. No tuvo eco en ningún consejero.

La sesión siguió entonces adelante y el recusado tuvo su oportunidad. Suena tautológico, pero Juez despellejó al juez. "Después le exigimos al ciudadano común condiciones que no estamos dispuestos a cumplir cuando somos jueces", dijo. Siguió señalando que el sospechado hizo reproches sobre la cantidad de gente que a su criterio los fiscales que lo investigan deberían haber citado en su mismo caso y no lo hicieron. "Esta es la forma en que se defienden los delincuentes. Se defienden acusando a otros". Dijo por último que se imaginaba salir airoso si él fuera imputado en un caso e, indagado por su delito, le dijera a cualquier juez que no había hablado de eso "porque no me preguntó".

"El otro día lo teníamos acá a Salmain. No puedo creer que una persona esté más preocupada por la continuidad del salario y su cargo que defender su honor", dijo el senador cordobés. "Lo escuché con oído entrenado como abogado, hace 40 años que ejerzo la profesión, fue una defensa espantosa. Estamos hablando de un magistrado enormemente sospechado y la defensa del señor Salmain nos quería hacer creer que se confabuló toda la Justicia Federal de Rosario para ponerlo en este lugar procesal. Necesitamos jueces con honor. Y el honor no se defiende con artilugios, picardías o chicanas. Que vaya al jury para que podamos evaluar su conducta". Lo señalaba porque la defensa de Salmain intentó en reiteradas ocasiones, sin lograrlo, recusar a los jueces que actuaron en sus causas y también apartar a los fiscales.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade impulsó el dictamen que manda los antecedentes de Salmain al plenario del Consejo para decidir el jury. No estuvo de acuerdo en que se lo reproche por haber obviado que lo dejaron cesante por pedir una coima, porque efectivamente el reglamento de concurso no exige dar cuenta de antecedentes que excedan los diez años a la fecha de esa compulsa. Y sostuvo que el juez hizo una defensa técnica acorde cuando compareció, que deben analizarse en el jury. Pero alertó que Salmain tiene procesamiento confirmado por corrupción y sigue en su cargo.

"Es un juez con prisión preventiva que está tomando audiencias, es una situación inverosímil", observó Tailhade.

Procesan al juez Salmain por una coima: le prohíben salir del país y lo embargan por USD 200 mil

El consejero César Grau dijo que si estuviera vigente el reglamento de concursos que postulan ahora desde la Corte Suprema el artilugio atribuido a Salmain no habría prosperado y nunca habría llegado a juez. ¿Por qué? Porque se establece la conformación de un legajo digital único, unificado, público, transparente y permanente", afirmó Grau. "El sistema actual se basa en la buena fe, es una declaración jurada. Entonces, si miente el postulante, ¿qué pasa?" La respuesta que sugería es que un aspirante con un gravísimo antecedente irregular, como pasó con Salmain, puede llegar a juez. "La casta en algún momento tiene que perder", dijo.

Salmain está actualmente procesado por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. El plenario del Consejo sesionará sin fecha definida pero en breve para considerar si lo lleva a juicio político, lo que podría definirse con trece de los veinte votos. En caso de suspensión los jueces a cargo del caso en Rosario tendrán que decidir si tornan efectiva la prisión preventiva que le dictaron y que su inmunidad como magistrado dejó en suspenso.

El jefe municipal tiene previsto ausentarse 17 durante la primera mitad de junio para presenciar los partidos de la fase de grupos de la Selección Argentina, que enfrentará a Argelia, Austria y Australia. Mientras dure el viaje, el Ejecutivo quedará a cargo de Carlos Olmedo, presidente del Concejo Municipal.

 [El divorcio del intendente de Funes amenaza con detonar una "causa cuadernos" en Rosario] 

"Fui a seis mundiales: 98, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Tengo un grupo de amigos que cada cuatro años nos olvidamos de todo y nos vamos 10 o 20 días al Mundial. A este también voy porque no solamente me siento bien, cómodo, son creo que 17 días que me voy esta vez y estoy muy feliz porque me encuentro con ellos", dijo Santacroce en una entrevista por Cadena 3.

El intendente explicó que uno de sus amigos vive en Estados Unidos y los espera allá: "Siempre me pido licencia, como cuando fui a Qatar. Voy a la primera ronda. Lo necesito, me hace bien, trabajo mucho, no tuve vacaciones y estoy esperando ansiosamente poderme ir", agregó.

 Fui a seis mundiales: 98, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Tengo un grupo de amigos que cada cuatro años nos olvidamos de todo y nos vamos 10 o 20 días al Mundial. A este también voy porque no solamente me siento bien, cómodo, son creo que 17 días que me voy esta vez y estoy muy feliz porque me encuentro con ellos 

La decisión se conoce en medio del divorcio que tiene al círculo rojo de Rosario en vilo que amenaza con detonar una "Causa Cuadernos" donde estarían mencionados financistas y constructores importantes que se habrían beneficiado con importantes emprendimientos en la pujante ciudad.

"Las declaraciones del intendente son una vergüenza en medio de este caso", dijo a LPO la abogada Ana Rosenfeld, que representa a la ex esposa del intendente e investiga las derivaciones financieras.

Como la licencia supera los cinco días e implica una salida del país, Santacroce debió presentar el pedido formal ante el Concejo Deliberante de Funes, que deberá autorizar su ausencia.

Ahora, quien salió a cruzarlo Alexander Pérez, conocido en redes como AgroAlexander, un ingeniero agrónomo y productor agropecuario que se convirtió en un influencers del campo que suele defender a Javier Milei y al gobierno libertario pero esta vez estalló contra Iraeta.

"A ver si entendés algo Sergio Iraeta, cazafantasma, no hay nada que aplaudir. Si bajás retenciones por 5 dólares la tonelada y el costo de producción lo aumentás 50 o 100 no hay nada que aplaudir. No te das cuenta que sos medio pelotudo", lanzó en un video publicado en X.

El secretario de Agricultura se enojó porque no lo aplaudían los chacareros: "Pónganle onda y flow" 

"Siempre te hablamos bien pero parece que nos tratás de idiotas. Tenés que revisar el costo de producción y el costo impositivo que hay. Cinco dólares, Sergio Iraeta, bajaste de retenciones pero cuánto subiste los costos. ¿O te pensás que los tractores andan a energía eólica?", chicaneó el influencer libertario.

A ver si entendés algo Sergio Iraeta, cazafantasma, no hay nada que aplaudir. Si bajás retenciones por 5 dólares la tonelada y el costo de producción lo aumentás 50 o 100 no hay nada que aplaudir. No te das cuenta que sos medio pelotudo

El malestar en el sector no pasa solamente por la baja gradual de retenciones, sino por la fuerte suba de costos que enfrentan los productores en medio de la escalada internacional del petróleo y los fertilizantes por la guerra en Medio Oriente, como anticipó LPO.

El secretario de Energía, Sergio Iraeta.

En varias zonas productivas el litro de gasoil ya ronda los 2.200 pesos promedio por la elevada carga impositiva y el impacto de la suba internacional del crudo. A eso se suma el aumento de fertilizantes e insumos claves para la próxima campaña. Además, el gobierno excluye de "zona fría" a la gran mayoría de la zona núcleo que va a disparar el costo de la energía.

Desde Maizar, el titular de la agencia StringAgro explicó a LPO que el descontento en el campo se profundiza por el esquema oficial para la soja deja un sabor a poco porque la reducción será extremadamente lenta.

"A finales de 2027, con la baja gradual de 0,25 mensual, van a llegar al 15%. Y recién a fines de 2028, con el 0,5 mensual, van a estar en 15% en diciembre", explicó Leonardo Stringaro.

En el sector consideran que tomarse dos años para reducir nueve puntos de retenciones no alcanza para compensar la disparada de los costos productivos y la presión impositiva que enfrentan los chacareros.

A través de un comunicado difundido este martes, el grupo belga-argentino ratificó los lineamientos estratégicos, tecnológicos y operativos incorporados en su propuesta para la concesión de la Vía Navegable Troncal.

La propuesta técnica elaborada por el consorcio fue diseñada conforme a estándares internacionales de seguridad operativa, interoperabilidad tecnológica y protección de infraestructura crítica vinculada al comercio exterior argentino, incorporando soluciones tecnológicas provistas por compañías occidentales líderes a nivel global y proveedores especializados de reconocida trayectoria, priorizando principalmente soluciones provenientes de los Estados Unidos, dijeron en la empresa.

Además señalaron que la estructura societaria, el esquema de financiamiento y los proveedores estratégicos previstos para operar la concesión "no contempla participación de empresas chinas, financiamiento soberano extranjero ni injerencia estatal externa".

La definición aparece en el tramo final que derivaron en acusaciones de parte de su competidora Deme que los acusó de una alianza con empresas del Estado chino. Representantes de Jan de Nul se reunieron personalmente con el embajador norteamericano Lamelas para negar esas versiones "maliciosas", dijeron.

En el texto, Jan De Nul y Servimagnus remarcan que la propuesta técnica fue elaborada bajo "estándares internacionales de seguridad operativa, interoperabilidad tecnológica y protección de infraestructura crítica vinculada al comercio exterior argentino", con prioridad para soluciones tecnológicas provenientes de compañías estadounidenses.

Además, el consorcio sostuvo que en caso de quedarse con la concesión priorizará "proveedores y soluciones tecnológicas confiables alineados con los intereses estratégicos de Occidente" y con la política exterior impulsada por el gobierno argentino.

Uno de los puntos centrales del comunicado está vinculado al futuro sistema de monitoreo y gestión de la Hidrovía, denominado SiMon. Según explicaron, la arquitectura tecnológica será "Cloud Native" y contará con elevados estándares de ciberseguridad y procesamiento de datos. También prometieron transferir el código fuente de los sistemas al Estado nacional para garantizar "capacidad de auditoría, transparencia y soberanía tecnológica".

Jan De Nul recordó sus más de 30 años de presencia en la Hidrovía y en distintos puertos argentinos y ratificó su compromiso con el desarrollo de infraestructura estratégica para el país.

Joaquín de Grazia es el dueño de Granja Tres Arroyos y una de las espadas empresarias que defiende el modelo de Javier Milei y fue un acérrimo defensor de la reforma laboral que impulsó en gobierno y que está frenada en la justicia.

 El grupo avícola le atribuyó la decisión de cerrar la fábrica a los "continuos conflictos sindicales" y a medidas de fuerza que, según denunciaron, paralizaron la operación y rompieron la cadena productiva de la región.

[El mayor frigorífico avícola del país quedó al borde del cierre por la importación de pollo brasileño]

Sin embargo, la compañía venía arrastrando desde hacía meses una fuerte crisis financiera que afectó a todas sus plantas, con deudas a proveedores, criadores de pollos y trabajadores. La situación llegó a un punto crítico cuando las quincenas comenzaron a pagarse primero en dos cuotas, luego en cinco y finalmente en 10 veces y con incumplimientos permanentes en los cronogramas acordados.

"Se pactaba una fecha de pago y cuando llegaba el día la plata no aparecía", contó un trabajador del grupo que habló con LPO. La crisis también obligó a reducir jornadas laborales en distintas plantas de manera rotativa y los días que estaban parados, esa jornada se pagaba al 60% del convenio.

 La crisis también obligó a reducir jornadas laborales en distintas plantas de manera rotativa y los días que estaban parados, esa jornada se pagaba al 60% del convenio. 

El deterioro financiero de Tres Arroyos arrastró también a las plantas de la ex Cresta Roja que integran el grupo. La empresa ya había cerrado y desmantelado la Planta 1 de Ezeiza para concentrar toda la producción en Esteban Echeverría.

 [La crisis en Granja Tres Arroyos arrastra a la ex Cresta Roja, que bajó 30% su producción]

Cresta Roja llegó a tener unos 3500 trabajadores cuando comenzó su crisis en 2015. Hoy, en toda la cadena productiva que incluye producción de huevos, incubación, granjas de cría, molinos y frigoríficos, no llegan a 800 empleados.

En el sector atribuyen buena parte de la crisis a la apertura de importaciones de pollo brasileño, que golpeó con fuerza el mercado interno en un contexto de caída del consumo y pérdida de competitividad para la industria local, como adelantó LPO.

  A eso se sumaron las restricciones para exportar a principios de año por los problemas derivados por un brote de gripe aviar, que afectó a la producción destinada al mercado internacional. Ahora, el tema sanitario está resuelto, pero continúa el problema financiero que generó, dijeron a LPO fuentes que conocen bien la estructura productiva del grupo.  

 En el sector atribuyen buena parte de la crisis a la apertura de importaciones de pollo brasileño, que golpeó con fuerza el mercado interno en un contexto de caída del consumo y pérdida de competitividad para la industria local 

En el comunicado difundido este miércoles, la empresa admitió además atravesar una "delicada situación financiera" producto de la caída exportadora, la pérdida de competitividad y el deterioro económico del sector.

En el comunicado, la empresa sostuvo que debió ingresar en un proceso preventivo de crisis, implementar retiros voluntarios y afrontar pagos salariales "de manera escalonada y en cuotas".

De todos modos, la compañía responsabilizó principalmente al gremio por el cierre de la planta de Concepción del Uruguay y denunció "paros constantes", "trabajo a desgano", ausentismo y situaciones de bloqueo contra empleados que querían continuar trabajando.

"Luego de agotar todas las instancias posibles de diálogo y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para operar, la compañía se vio forzada a tomar la difícil decisión de cerrar la planta por tiempo indeterminado", señaló la firma.

Federico Angelini tras su renuncia al gobierno nacional adelantada en exclusiva por LPO, se sumará al Ministerio de Seguridad santafesino, una de las áreas de mayor relevancia política del gobierno provincial. Si bien, el ex funcionario nacional asegura que concentrará su trabajo en la gestión, en el macrismo aseguran que volverá a jugar fuerte en la reconstrucción partidaria, integrado a la alianza que lidera Pullaro.

En el gobierno provincial niegan que se trate de un acuerdo entre Pullaro y Bullrich y afirman que la integración de Angelini "se venía charlando" desde antes que estallaran las tensiones entre la senadora y Karina Milei. 

En el entorno de Pullaro niegan que la incorporación de Angelini, hombre de Patricia sea parte de un acuerdo político con la senadora. Pero un dato llama la atención: el gobernador estuvo reunido con Paolo Rocca por más de tres horas. El encuentro se produjo hace un mes aunque no trascendieron detalles de la conversación.

Paolo Rocca trata de convencer a Macri de que apoye una candidatura presidencial de Bullrich

Como reveló LPO, Rocca impulsa la candidatura presidencial de Bullrich y está tratando de darle volumen político. Le pidió a Macri que se amigue con su ex ministra y la respalde y también busca sumar a las viudas de Milei: Guillermo Francos, Ramiro Marra y Diana Mondino, entre otros. 

En el gobierno provincial niegan que se trate de un acuerdo entre Pullaro y Bullrich y afirman que la integración de Angelini "se venía charlando" desde antes que estallaran las tensiones entre la senadora y Karina Milei. 

El inminente desembarco de Angelini en el gabinete de Pullaro también generó revuelo en el PRO santafesino y preocupación en el entorno de Gisela Scaglia, que hasta hace poco repetía a sus más allegados sus intenciones de volver a ser la vice en la fórmula para la gobernación en 2027.

La incorporación de un peso pesado del macrismo santafesino al gabinete provincial, sacudió a la ex vicegobernadora Scaglia, presidenta del partido de Macri en la provincia. Para completar su regreso pleno a la política santafesina, Angelini retomó el ritual semanal del pádel que reúne a gente de la política y empresarios. 

El gobernador Maximiliano Pullaro.

"El partido necesita conducción", afirmó sin vueltas a LPO un dirigente del PRO que cuestiona el liderazgo de Scaglia. En el partido todavía le facturan a la ex vicegobernadora haber renunciado para ir de candidata a diputada nacional. Es que Scaglia mantuvo durante años una relación de extrema tensión con Angelini.

Por eso, ahora en el PRO de Santa Fe relativizan las posibilidad que Scaglia vuelva a integrar la fórmula provincial en la boleta por la reelección de Pullaro: "Gisela fue candidata a vice porque enfrente una parte del aparato jugaba con Losada, pero ahora el panorama es otro", explicó otro dirigente del partido amarillo, que reconoció que no hay en la alianza oficialista un rival al actual gobernador.

En el PRO de Santa Fe  tampoco descartan que Angelini termine disputando la candidatura a intendente de Rosario, aunque en su entorno por ahora relativizan esa opción.

Hasta ahora, el nombre que se repetía como precandidata a intendente por el PRO era el de Anita Martínez, que insiste en que sostendrá su postulación hasta el final. Tiempo atrás estuvo cerca de ganar el municipio y ahora busca la revancha. 

La novedad produjo conmoción dentro y fuera de la sala de la Cámara Federal de Rosario donde el vocal Aníbal Pineda presidía el acto. El fiscal jefe de la Procuración de Narcotráfico, Diego Iglesias, reveló que Mizzau había suscripto horas antes un acuerdo pleno donde se reconoce la culpabilidad y con pena definida y a homologar más adalenta, además de un convenio de colaboración como imputado, en el marco del artículo 41 ter, que admite el aporte de información a cambio de una moderación en la condena a aplicar. Ese acuerdo fue admitido por el juez federal de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz

Bailaque está en prisión domiciliaria y no se presentó personalmente a la audiencia. Está imputado en tres causas distintas. La que más interesó este miércoles, que formalizó el fiscal federal Matías Scilabra, es haber generado una omisión inaceptable al rechazar tres medidas pedidas en 2013 contra Esteban Alvarado, que recién sería condenado por narcotráfico en 2022. Lo que se remarca en esa causa es que el juez tenía como contador a Mizzau, un amigo que había sido su compañero de colegio, quien era a la vez contador en al menos dos empresas del grupo de Alvarado.

El reproche a Bailaque es haber negado medidas cruciales, hacia 2013, contra actores del grupo delictivo de Alvarado, en una causa que resultó paralizada en el juzgado federal que controlaba. Parte de los datos que se acumularon en ese expediente, que no avanzó, sirvieron en la Justicia provincial de Santa Fe para condenar a Alvarado y miembros de su organización a penas de prisión siete años después.

Milei le aceptó la renuncia al juez Bailaque y lo salvó del juicio político 

Mizzau es el tercer imputado en causas ligadas a Bailaque que se convierte en lo que en jerga extrajurídica se llama arrepentido. Los anteriores fueron el ex director regional de la AFIP en Santa Fe y Rosario Carlos Vaudagna, y el financista rosarino Fernando Whpei. Sus revelaciones sobre causas que conciernen a ellos y a Bailaque comprometen al ex juez federal de Rosario, al que le fue aceptada su renuncia el año pasado.

"Mizzau aportó información de carácter patrimonial que nos permite avanzar en casos conexos. Reconoció los hechos, la calificación jurídica y se postergó el dictado de la pena. Entendemos que la audiencia de control de acusación a Mizzau ha devenido abstracta", dijo el fiscal Iglesias. Lo hizo porque ahora, tras la admisión de su conducta, lo único que resta para Mizzau es que le fijen el monto de la condena.

Mizzau es el tercer imputado en causas ligadas a Bailaque que se convierte en lo que en jerga extrajurídica se llama arrepentido. Los anteriores fueron el ex director regional de la AFIP en Santa Fe y Rosario Carlos Vaudagna, y el financista rosarino Fernando Whpei

El contador público Mizzau era quien firmaba los estados contables de Logística Santino, empresa de Alvarado. Según fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (MPA) también fue él quien gestionó el pedido de habilitación municipal para el instituto geriátrico Sagrado Corazón de María SRL, una empresa integrada por Viviana Alvarado y Daniel Martín. Según los fiscales provinciales, y para los jueces que condenaron, este geriátrico era una firma de Esteban Alvarado, quien figuraba como empleado para simular ingresos legales.

El hijo de este contador que certificó balances o gestionó permisos comerciales para el grupo de Alvarado se llama Sebastián Mizzau y es empleado de la Justicia Federal de Rosario. Mizzau hijo entró en 2017 como empleado del juzgado federal a cargo de Marcelo Bailaque sin rendir concurso, como una buena cantidad de empleados, en base a la relación de amistad que su padre mantiene con el magistrado federal. Trabajó en ese juzgado hasta 2024, momento en que fue ascendido como integrante de la dotación del Tribunal Federal Oral 3 de Rosario.

Fernando Whpei

Mizzau era también, como lo reconoció el mismo juez, quien llevaba las cuentas personales de Bailaque, quien dijo jamás haber sabido de la relación de su contador y amigo con el grupo de Alvarado. La intervención de Mizzau como asistente profesional de Alvarado aparecía en anexos que estaban en la causa que el mismo Bailaque llevaba contra el narcotraficante que está condenado a perpetua por comercio de droga y como ideólogo de homicidio.

Además de este caso Bailaque está acusado en otros dos legajos. Otra imputación es haber participado junto al entonces director de la AFIP Vaudagna y el financista Whpei del armado de una causa, a partir de un anónimo genérico, contra dos empresarios bursátiles, Claudio Iglesias y Jorge Oneto, a fin de pedirles dinero para cesar la persecución. Esta acusación la generaron los fiscales Juan Argibay Molina y Diego Velasco de la Procuración contra el Lavado de Activos (Procelac).

Cómo fue la maniobra de Bailaque y Fernando Whpei para manejar los fondos millonarios de una cooperativa

El tercer hecho es haber orquestado una transferencia de mil millones de pesos en 2021 hacia la mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, bajo la esfera del grupo financiero Unión que controlaban dos empresarios, los hermanos Guillermo y Fernando Whpei. Esos fondos eran de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín y habían quedado inmovilizados por una causa de lavado de dinero contra sus directivos. El juez Bailaque resolvió transferir ese monto multimillonario a la mutual, contra lo usual que es que entidades oficiales cautelen fondos judiciales bajo litigio. El argumento que les dio Fernando Whpei a miembros de la cooperativa enfrentados a su conducción fue, según estos, que Bailaque era su amigo y que el dinero manejado en la mutual reportaría mejor interés. Esta imputación es del fiscal federal Federico Reynares Solari.

El gobierno de Milei aceptó la renuncia de Bailaque en julio del año pasado cuando el Consejo de la Magistratura, tras una demora de dos años, estaba a punto de girar su caso al plenario, lo que podía llevarlo a un juicio político con destitución. 

Los fiscales que investigan una trama de corrupción que incluye actores institucionales pidieron diez años de prisión para Bailaque por acciones que le atribuyen y que implican extorsión, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, recepción de dádivas y lavado de dinero. También solicitaron cinco años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, multa equivalente a cinco veces el monto de la operación de lavado y a tres veces el de las dádivas.

El rasgo de esta solicitud es un efecto que, como mensaje político, busca ser aleccionador. Y es que por cambios en la nueva legislación si se confirma el pedido con la firma del gobernador Maximiliano Pullaro, los policías señalados perderán el beneficio jubilatorio.

Entre los apuntados por la solicitud del subsecretario de Control del Ministerio de Seguridad está el funcionario que al momento de desubrirse el fraude manejaba la Jefatura de Rosario. Es Daniel Acosta, quien está imputado de asociación ilícita, y había solicitado el retiro el año pasado, lo que le fue otorgado el 26 de febrero de este año. El subsecretario de Control, Lucas Covacich, pide que se readecue su condición de retiro voluntario a destitución, con lo que pierde el haber jubilatorio. 

Cómo fue el robo de combustible que terminó con 12 policías presos en Rosario

Lo que se investiga desde 2024, por una denuncia del propio Pullaro, es una asociación ilícita compuesta por policías jerárquicos con mando que en Rosario se organizaron para robar dinero del Estado de manera explícita y con continuidad en el tiempo que incluye a 25 uniformados. Se valieron, según el fiscal José Luis Caterina, de una medida de emergencia legislativa para una situación de particular gravedad que dotaba a la Jefatura de Rosario de 400 millones de pesos en 2024. Con eso generaron un esquema de retornos sistemáticos basados en sobrefacturación de combustible.

Se robaban durante un año como promedio 45 millones de pesos por mes. El entrecruzamiento de información permitió saber que en julio de 2024 un total de 85 patrulleros de Rosario que figuraban fuera de servicio en el parque automotor de la Jefatura de la ciudad realizaron cargas de combustible. Los funcionarios encargados del combustible desviaban los recursos y mentían en las rendiciones de cuenta, firmando y elevando planillas o tickets con información falsa acorde a lo facturado apócrifamente y no a lo efectivamente cargado en los móviles. A su vez, los responsables y auxiliares de la estación de servicio eran engranaje clave del desvío, y están bajo proceso judicial.

  Daniel Acosta, jefe relevado de la policía de Rosario.  

El pasado viernes Covacich le elevó al ministro de Seguridad de Santa Fe la destitución de varios oficiales superiores, entre ellos el considerado engranaje central del fraude, el subdirector de Policía Rodrigo Sebastián Domínguez, que era secretario privado del jefe de Unidad Regional de Rosario Daniel Acosta. Domínguez fue señalado como el articulador de la defraudación y en juicio se revelaron detalles bizarros, como que estaba a cargo de de un sistema de multas internas para los uniformados que tardaran en subir a los superiores la plata que se llevaban en sobres de la estación de servicio por el maneje. Los que se salían de plazo, tenían que pagar por la mora con costillares, botellas de Jonnhy Walker Blue Label o también dinero en efectivo. La dureza de las sanciones generaba mucho malestar entre los policías que participaban del robo.

El insólito sistema de "multas" que cobraban los comisarios acusados del robo de nafta en Rosario

También pidieron echar de la fuerza al comisario supervisor Gerardo Fabián Ramírez, que fue el arrepentido que permitió implicar a oficiales de mayor mando en una segunda tanda de la investigación. Otros involucrados para ser dejados cesantes según el pedido son Héctor Saucedo, Roberto Blanco, Diego Santamaría, Fabián Fantín, que son todos comisarios.

Asimismo están con igual pedido el inspector Juan Villordo, Fabián Becerra, Sergio Daniel Plomer y Nanci Plomer, el subcomisario Mario Brest, los subinspectores Juan Manuel Herrera, Manuel Delgado y Gustavo Bazán.

Esta resolución disciplinaria, que está a la firma de Pullaro, implica en lo inmediato el corte de haberes, lo que implica que se corta el sueldo para los efectivos involucrados. Esto se define en base de modo automático por el artículo 113 de la ley de Personal Policial, según dijeron a LPO de modo coincidente fuentes de la Policía de Santa Fe y del Ministerio de Seguridad de la provincia.

El artículo 37 de la nueva ley previsional que la Legislatura sancionó por amplia mayoría el año pasado indica que el retiro voluntario con derecho a haber de retiro será para el personal que acredite como mínimo 25 años de servicios policiales o penitenciarios. "El personal que fuera destituido de las fuerzas policiales o exonerado del servicio penitenciario como resultado de un procedimiento disciplinario, no tendrá derecho a haber.

El impulso administrativo a la cesantía se aceleró luego de que el fiscal Caterina, el 11 de este mes, presentara acusación hacia el juicio oral y público de todos los policías implicados. Este trámite va a adquirir mayor peso este martes ya que tres policías implicados confesaron su responsabilidad y recibieron condena en un juicio abreviado. Son Sergio López, Marcelo Delgado y Gerardo Ramírez.

Según la investigación, la máxima jerarquía organizó un arreglo entre la Unidad Regional II de Rosario y la estación de servicio "Gas Auto Tiferno", proveedor principal del combustible utilizado por los móviles policiales de las Secciones de Cuerpos de Rosario. El acuerdo consistía en una sobrefacturación o facturación fantasma de cargas de combustible donde luego de que hubieran entrado esos caudales a la estación de servicio, sus dueños entregaban retornos en dinero en efectivo, con periodicidad quincenal y a cada una de las secciones, que los retiraba directamente. Estos retornos consistían en un porcentaje sobre la ganancia ilegítima que recibía Tiferno, cuatro de cuyos responsables fueron detenidos e imputados. 

El año pasado, Rozín no tuvo mejor idea que poner plata de su bolsillo para reparar un tramo de la colectora de la Autopista Rosario-Córdoba porque su deterioro incomodaba el ingreso vehicular de los clientes. Sin embargo, Vialidad Nacional lo intimó a deshacer el arreglo en los próximos diez días.

Lo que debía ser un caso ejemplar de iniciativa privada fue aplastado por funcionarios de Milei que obligaron al empresario a remover la mejora y que la autopista vuelva a estar abandonada a su suerte hasta que sea adjudicada a un concesionario.

 Lo que debía ser un caso testigo de iniciativa privada fue aplastado por funcionarios de Milei que obligaron al empresario a remover la mejora y que la autopista vuelva a estar abandonada a su suerte hasta que sea adjudicada a un concesionario 

Sin embargo, en Funes deslizan sospechas sobre un posible vuelto político porque la obra sobre la colectora se realizó durante la campaña electoral del año pasado cuando el hotel alojó una actividad encabezada por la ex vicegobernadora Gisela Scaglia, entonces candidata de Unidos.

Según el portal InfoFunes, la mejora se hizo para ordenar el movimiento vehicular de aquel acto político y terminó beneficiando también a clientes, trabajadores, proveedores y otros establecimientos de la zona que utilizan diariamente ese acceso deteriorado sobre la Ruta 9.

Es que la delegación santafesina de Vialidad Nacional está conducida por Gastón Bruno que fue secretario de Obras Públicas durante la gestión del ex intendente del PRO Diego León Barreto pero tuvo que renunciar al cargo en medio de una polémica licitación que fue adjudicada a una empresa de la que formaba parte.

El encuentro se produjo luego de las denuncias que agitó la competidora DEME, que había puesto bajo sospecha la oferta de Jan De Nul al advertir supuestas relaciones comerciales con firmas chinas, aprovechando la tensión geopolítica alrededor de la privatización de la vía navegable.

Como reveló LPO en su momento, el gobierno nunca tomó en serio las acusaciones y desestimó las presentaciones llevando a la licitación a su etapa final.

 [El Gobierno desestimó la denuncia de Deme contra Jan De Nul y la privatización entra en su etapa final]

La reunión entre los representantes de la empresa y el diplomático ocurrió horas después de una nota de una nota publicada por el diario La Nación que habló de una supuesta "influencia maligna" de China en la Hidrovía.

Según el artículo, el republicano Brian Mast, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, habría alertado al secretario de Estado Marco Rubio sobre presuntos vínculos chinos detrás de la licitación.

En consecuencia, para despejar cualquier duda, este mismo jueves representantes de la compañía se reunieron con Lamelas quien "escuchó de primera mano los planes del consorcio belga-argentino que Jan De Nul integra junto a ServiMagnus para una eventual nueva concesión de la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay", señaló Jan de Nul a través de un comunicado.

Los directivos dieron detalles de las obras proyectadas, las características de las dragas y herramientas de balizamiento que utilizarían en caso de ganar la licitación y la tecnología prevista para reforzar la seguridad de la navegación, el control del contrabando y la lucha contra el narcotráfico.

 La empresa ratificó ante la embajada estadounidense que todos los insumos y sistemas tecnológicos incluidos en su oferta "provienen de países occidentales" y particularmente de proveedores norteamericanos, como las cámaras VTS. 

Pero el eje del encuentro pasó por el intento de despegarse de cualquier sospecha de influencia china. La empresa ratificó ante la embajada estadounidense que todos los insumos y sistemas tecnológicos incluidos en su oferta "provienen de países occidentales" y particularmente de proveedores norteamericanos, como las cámaras VTS.

En ese marco, Jan De Nul habló de "afirmaciones maliciosas" difundidas en medios de comunicación para adjudicarle relaciones comerciales o contractuales con empresas estatales chinas y sostuvo que esas operaciones "solo buscan entorpecer el desarrollo del proceso licitatorio".

La compañía interpretó esas acusaciones como una muestra de la "impotencia" de sus competidores para superar su propuesta técnica y económica, en una disputa que ya escaló mucho más allá de lo comercial.

Por último, los directivos reivindicaron los 30 años de trabajo de la empresa en la Hidrovía y se comprometieron a desarrollar futuros proyectos junto a compañías estadounidenses vinculadas a la concesión.

Del encuentro participaron funcionarios de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Formosa, junto a dirigentes de la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, CIARA, la Cámara de Puertos Privados, el Centro de Navegación y otras entidades ligadas al comercio exterior.

La reunión se produjo luego de la apertura de la última etapa de ofertas de la licitación para privatizar y modernizar la Hidrovía. Según difundió la ANPYN, las provincias y los usuarios privados respaldaron las evaluaciones técnicas realizadas hasta ahora y destacaron la "solidez técnica y transparencia" del proceso.

En paralelo, las entidades empresarias reclamaron que el Gobierno avance rápidamente hacia la adjudicación definitiva para evitar mayores costos logísticos y mejorar la competitividad exportadora. "No se puede perder más tiempo", señalaron en un comunicado conjunto difundido esta semana.

 Tras completar la tercera etapa de la licitación donde compitieron las belgas Jan De Nul y DEME, la primera se impuso en antecedentes luego de presentar ofertas económicas muy similares y ahora resta la adjudicación. 

La resolución fue tratada en la 79° Asamblea Mundial de la Salud, donde se recomendó reconocer el retiro argentino con efecto a partir del 17 de marzo de 2026. La comunicación original había sido enviada por la Cancillería argentina ante la ONU y luego derivada a la OMS para su formalización.

El proceso tuvo una complejidad adicional porque, a diferencia de Estados Unidos, Argentina no tenía previsto en el estatuto de la OMS una cláusula de salida. Esto obligó a negociaciones previas dentro del organismo para habilitar una vía formal que permitiera aceptar el retiro del país.

 [Médicos viajan de urgencia a Ginebra para frenarle a Quirno la salida de Argentina de la OMS]

Según fuentes que siguieron de cerca las tratativas, en reuniones previas se acordó impulsar una recomendación para destrabar la situación. La iniciativa propuesta por Israel terminó convirtiéndose en una suerte de atajo político y administrativo y permitir la renuncia.

El pedido argentino fue respaldado activamente por los funcionarios de Netanyahu que fueron los que diseñaron la estrategia para destrabar el vacío reglamentario. En la vereda de enfrente, se pronunciaron las delegaciones de China, Costa Rica, Argelia y Australia quienes cuestionaron duramente la decisión de Javier Milei de abandonar el organismo sanitario internacional.

 El pedido argentino fue respaldado activamente por los funcionarios de Netanyahu que fueron los que diseñaron la estrategia para destrabar el vacío reglamentario. En la vereda de enfrente, se pronunciaron las delegaciones de China, Costa Rica, Argelia y Australia quienes cuestionaron duramente la decisión de Javier Milei de abandonar el organismo sanitario internacional. 

Incluso circuló una contrapropuesta para rechazar la salida argentina, aunque con el correr de las negociaciones el tema terminó perdiendo dramatismo.

La resolución final fue presentada formalmente bajo el documento A79/B/CONF./2 y contó con enmiendas impulsadas por Bélgica, Brasil, Croacia, Francia, Alemania, Japón, Países Bajos, Noruega y Corea del Sur. Allí se reconoce la comunicación enviada por el ministro de Relaciones Exteriores argentino y se deja constancia de que la OMS "siempre dará la bienvenida" a una eventual reanudación de la cooperación plena con Argentina.

En paralelo, la avanzada libertaria contra la OMS generó repercusiones internacionales. La médica argentina María Fernanda Boriotti, que viajó a Ginebra en representación de distintos sectores sanitarios críticos de la decisión fijó posición durante las reuniones y logró visibilidad en medios extranjeros: "Dejamos sentado que los sectores de la sanidad estamos en contra de la decisión del gobierno argentino", dijo.

La decisión de Milei profundiza el alineamiento geopolítico con Donald Trump aunque tensa con China en medio de la negociación por la renovación del swap.

El planteo de Salmain dejó con la boca abierta a más de un integrante del Comisión de Acusación del Consejo que escuchaba su descargo. En un momento dado el juez procesado por cohecho no negó que él omitió informar en su CV que había sido dejado cesante en 2002 por la Corte Suprema por ofrecer un soborno. Solo apuntó a que un juez federal que tiene su pliego actualmente considerado para un ascenso también fue sancionado en la misma época que él y sin embargo sigue adelante su concurso.

Se refería al juez federal de la Seguridad Social Fernando Strasser. Es uno de los magistrados que impulsa el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques para lograr un ascenso entre la última tanda de pliegos remitidos al Senado este mes. "Un concursante sí habría omitido en el concurso 253 declarar dos sanciones que había tenido. El Consejo no resolvió excluirlo. De hecho después lo ponen en terna, y después lo nombran juez. Y hoy está propuesto para camarista y no creo que en el futuro le hagan un expediente en el Consejo porque omitió haber tenido dos sanciones", dijo Salmain en su alusión directa.

La insólita salida hacia adelante de Salmain es llamativa porque no implica negar que, efectivamente, a él mismo lo echaron del Poder Judicial de la Nación en 2002 por ofrecer una coima un año antes, como en su momento dio a conocer LPO. Lo que hizo este mediodía fue mostrar que un colega también está incurso en una acción de ocultamiento de datos que son de obligatoria mención para quien participa en un concurso.

El juez electoral de Santa Fe que nombró Alberto Fernández había sido echado por ofrecer coimas

Un poco azorado, algunos consejeros murmuraban tras la audiencia de dos horas que lo que hace Salmain difícilmente lo exima de sus responsabilidades. Pero es cierto que debería implicar para Strasser, que ya es juez, consecuencias disciplinarias si efectivamente nunca dio cuenta de que había sido sancionado.

Algo que este medio ya confirmó que fue así: el 26 de febrero de 2002 la Corte Suprema le impuso una sanción por dos sumarios, lo que implicó una suspensión de un mes sin goce de haberes, cuando se desempeñaba como secretario del juzgado federal de primera instancia de Seguridad Social en la ciudad de Buenos Aires. El máximo tribunal dejó firme la sanción al rechazar revisarla pero no le impuso recorte en su sueldo.

Algo significativo: esto que ocurría hace 24 años sucedió en el mismo fuero donde trabajaba Salmain como empleado y en la misma época que resultó echado por la Corte. Por lo que, se comentaba este miércoles, era lógico que conociera el caso, y mucho más al camarista que señaló como Quico al Chavo del 8.

No obstante, desde el Consejo le dijeron a LPO que en 2013, al postularse como juez, Strasser informó de esa sanción al organismo que lo controlaba. Por mayoría de consejeros, menos uno que se opuso, Strasser fue habilitado para seguir en el concurso. Pero esta vez, al ser entrevistado para ser promovido a camarista, este magistrado dijo no haber tenido sanciones.

Una cosa significativa es que la botoneada de Salmain más que seguro tendrá consecuencias en las aspiraciones de su colega. Ocurre que la semana pasada, en la audiencia que el Consejo de la Magistratura realizó para entrevistar a postulantes a jueces, a Strasser le preguntaron si había tenido sanciones disciplinarias. Y expresamente este magistrado lo negó. Si se constata que efectivamente recibió una represalia tras un sumario su pliego podría reprobarse.

Cuando el consejero Luis Juez le preguntó a Salmain sobre el asunto, dijo que jamás ocultó que había trabajado en el Poder Judicial de la Nación, pero que no lo consignó porque nadie le preguntó si había sido despedido. Juez le preguntó cómo suponía que la comisión de Acuerdos del Senado habría valorado la viabilidad de aprobar su pliego si allí se sabía que lo habían echado por ofrecer una coima. El juez sostuvo que por reglamento solo tenía que dar a conocer sanciones en los últimos diez años. "Tampoco hice saber que trabajé en una AFJP".

Salmain está actualmente procesado por presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. Es por haber autorizado a los tenedores del fideicomiso Attilla, administrado por el financista Whpei, a comprar diez millones de dólares mientras regía el cepo cambiario, a cambio de un pago del diez por ciento de la diferencia de cambio entre el dólar oficial y el dólar blue, lo que se considera un soborno que los fiscales del caso estimaron en 200 mil dólares.

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Buena parte del descargo Salmain lo destinó a cuestionar los dichos de Whpei, que está procesado junto con él, pero que como imputado colaborador comprometió al juez en la maniobra. Whpei dijo que había participado en el ilícito junto al Salmain y al escribano santafesino y lobista judicial Santiago Busaniche. Salmain lo llamó "falso arrepentido".

En un descargo lleno de alusiones a terceros y mensajes encriptados, el juez dijo que era objeto de una persecución y un avasallamiento permanentes, que incluyó el allanamiento a su despacho sin justificación.

El informe de la entidad sostiene que, pese a que la Argentina atraviesa uno de los mejores escenarios hídricos de la última década para arrancar la siembra, los costos impactan en la producción: "Las reservas hídricas con las que arranca el ciclo es la gran carta a favor del trigo, pero tiene un enorme adversario: el precio actual de los fertilizantes nitrogenados", advirtió la BCR en un informe.

La urea ya cotiza cerca de los mil dólares por tonelada, niveles similares a los alcanzados en 2022 tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero ahora el problema es doble: el trigo vale mucho menos que en aquel momento y los productores ya no cuentan con el colchón financiero que tenían hace cuatro años.

[La guerra dispara los costos del campo y de la industria y presiona los objetivos inflacionarios de Caputo]

Por eso, la Bolsa proyecta una caída interanual del 7% en la superficie sembrada, unas 500 mil hectáreas menos que la campaña pasada, luego de dos ciclos récord para el cereal.

La situación pega especialmente en la región núcleo y el centro del país, donde el trigo depende de altos niveles de fertilización para sostener rindes elevados. Allí se esperan recortes importantes de área sembrada y una fuerte reducción en la aplicación de tecnología que impactan en la calidad de la producción.

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En la región núcleo, por ejemplo, la caída proyectada es del 17%, equivalente a unas 300 mil hectáreas menos en Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. En el sudeste bonaerense, uno de los grandes bastiones trigueros del país, estiman bajas cercanas al 20%.

La Bolsa advierte además que el ajuste no será solo en superficie sembrada sino también en productividad. Por el menor uso de fertilizantes, el rinde promedio nacional caería y la cosecha se ubicaría entre 18 y 19 millones de toneladas, más de 10 millones por debajo de la campaña récord anterior.

En ese contexto, fuentes de Federación Agraria dijeron a LPO que en el sector circulan versiones sobre posibles beneficios fiscales para la importación de urea y fertilizantes, aunque por ahora no hubo anuncios oficiales del gobierno nacional.

"Si existiera algún beneficio debería ser sustancioso para tentar a muchos productores que ya desestimaron la siembra fina, pero además tendría que garantizar disponibilidad del producto", señalaron desde la entidad. En el sector advierten que el problema no solamente es por el precio sino también el abastecimiento ante la incertidumbre internacional.

 Si existiera algún beneficio debería ser sustancioso para tentar a muchos productores que ya desestimaron la siembra fina, pero además tendría que garantizar disponibilidad del producto 

En Federación Agraria agregaron que el agro necesita además otras señales económicas para recuperar inversión. "No alcanza solamente con aliviar el costo de los fertilizantes. El sector de granos y oleaginosas necesita que siga la baja de retenciones, una reforma impositiva y acompañamiento crediticio para sostener la inversión", afirmaron.

Mientras tanto, en Europa los gobiernos ya empezaron a intervenir para evitar una rebelión de productores agropecuarios por el aumento de costos. El presidente español Pedro Sánchez anunció un paquete de 80 medidas que movilizará 5 mil millones de euros para amortiguar el impacto de la guerra sobre el aparato productivo.

"Situaciones extraordinarias exigen medidas extraordinarias", afirmó Sánchez al presentar el programa y agregó que "las guerras cuestan vidas, cuestan refugiados y además, en estos primeros meses, a los españoles nos va a costar 5 mil millones que podríamos destinar a becas o sanidad, pero vamos a tener que proteger a nuestro tejido productivo, el campo, la industria y las pequeñas y medianas empresas".

La preocupación de los gobiernos europeos se disparó este martes por las primeras protestas de ruralistas frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia que se replicó en distintos países en protesta a la escalada de los costos que acelere la tensión inflacionaria.

Los gobiernos buscan evitar una escalada del conflicto con un sector que no se anda con chiquitas a la hora de hacerse oír. En los últimos años, las protestas de productores se multiplicaron en Francia, Alemania, Bélgica y España con cortes de rutas, bloqueos a puertos y tractorazos contra las políticas ambientales de Bruselas y el aumento de costos productivos.

La relación de los productores con la Unión Europea viene tensionada por el acuerdo con el Mercosur. Los agricultores aseguran que el tratado comercial los va a perjudicar por el ingreso de alimentos sudamericanos de menor costos y exigencias regulatorias.

Ahora, el panorama se complica por la suba de insumos y en consecuencia, los gobiernos europeos buscan contener al campo para evitar que la crisis termine de quebrar el vínculo político. En definitiva, un triunfo de los sectores más proteccionistas que se vienen imponiendo en la discusión pública.

La fiscalía rechazó el pedido de medida cautelar presentado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad que pretendía suspender de manera inmediata el avance de la licitación de la Vía Navegable Troncal, el plan del gobierno nacional para privatizar el dragado y señalización de la Hidrovía.

La organización, representada por Jonatan Baldiviezo, había solicitado que se ordene a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación frenar todo acto de avance, consolidación o ejecución de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°1/2025, justo antes de la apertura de las ofertas económicas prevista para este martes.

El pedido estaba basado en el informe elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), donde se advertían presuntas irregularidades en el procedimiento licitatorio, entre ellas deficiencias ambientales, restricciones a oferentes, cuestionamientos sobre la audiencia pública y problemas en distintas cláusulas del pliego.

Sin embargo, el fiscal Guillermo Marijuán explicó que el expediente actual "se ciñe" a investigar una posible deuda de la ex Administración General de Puertos con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados y un supuesto direccionamiento vinculado a una licitación anterior, correspondiente al año 2024.

  El fiscal explicó que el expediente actual "se ciñe" a investigar una posible deuda de la ex Administración General de Puertos con la empresa Compañía Sudamericana de Dragados y un supuesto direccionamiento vinculado a una licitación anterior, correspondiente al año 2024 

Por ese motivo, consideró que el informe de la PIA sobre la licitación 2025 "no encuentra correspondencia con la investigación que aquí se lleva adelante" en relación a esta compulsa y remarcó que ese no es donde debe discutirse el planteo de la ONG.

Además, el fiscal cuestionó la fuerte repercusión mediática que tuvo el informe de la PIA. "Tampoco resulta comprensible la inusitada difusión y trascendencia que los medios periodísticos otorgaron al mencionado informe", sostuvo en el dictamen refiriendo a una nota publicada por La Nación el 15 de mayo. Según indicó, el documento todavía no había sido incorporado al sistema informático cuando comenzó a circular públicamente.

El Ministerio Público también concluyó que no estaban acreditados los requisitos legales necesarios para frenar el proceso licitatorio mediante una cautelar contra el Estado. En ese sentido, afirmó que no se logró demostrar ni la "verosimilitud del derecho invocado" ni la existencia de una "manifiesta arbitrariedad" por parte de la administración pública.

Tampoco consideró probado un "peligro concreto, actual e inminente" que justificara suspender la licitación antes de una sentencia definitiva.

En el dictamen (ver abajo) también se recordó que la misma organización ya había impulsado una acción similar en los tribunales federales de Santa Fe, donde también fueron rechazadas medidas cautelares para intentar detener el proceso de privatización de la Hidrovía.

Pullaro parte de la idea de que hay que avanzar con medidas de restricción de garantías frente a la vigencia de un contexto de amenazas provenientes de actores criminales complejos. Por eso postula un segundo paquete de cambios al Código Procesal Penal que su gestión ya impulsó, con aval legislativo mayoritario, al asumir. Solamente que esta vez los cambios son tan duros en algunos casos que provocan una conmoción clara en ámbitos académicos del Derecho, en el campo de los jueces, de defensores penales y hasta de fiscalías.

La reforma busca reponer la figura de la declaración informativa y el interrogatorio policial inicial, algo que no existe desde el cambio al sistema acusatorio en 2014 en Santa Fe, y elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.

Esto es una práctica que hace 40 años, en 1985, penalistas de Rosario como Héctor Superti, que fue ministro de Justicia de Hermes Binner, Daniel Erbetta, hoy miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, o Ramón Ríos, docente de ambos y ex camarista penal, cuestionaban abiertamente a dos años de la recuperación democrática, por considerar metodologías distintivas de la dictadura.

El cambio propuesto también incluye el allanamiento automático por secuestro de armas en vía pública, sin orden judicial, bajo la idea de que la espera de una autorización de juez implica demoras que dan lugar a ocultamientos y posible pérdida de la evidencia.

Otro planteo buscado por el equipo jurídico de Pullaro es que se incorpore un procedimiento por decreto, sin participación del juez, para dictar resoluciones por contravenciones o delitos de bajo impacto, donde un magistrado sí puede revisar a pedido del condenado la sentencia.

Los puntos aludidos provocan una reacción todavía muy inicial pero ya muy expresiva. "Espantoso", "cruel", "inconstitucional", "regresión premoderna", son las referencias más reiteradas ya en el seno de entidades que agrupan jueces, abogados penalistas y docentes de Derecho Penal. Los objetores indican que es además una reforma que abre puertas a la corrupción policial.

El Ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni. 

"Es fácil imaginarse lo que puede pasar si un policía encuentra o planta un arma, y luego queda facultado para allanar un domicilio a 40 cuadras de ahí. ¿Qué juez puede validar eso?", le dijo a LPO un magistrado de Rosario que se declara perplejo por la temeridad que atribuye a la reforma. "Un retroceso de treinta años. Esto va más atrás del sistema de jueces de instrucción porque con sistema escrito ya no regía", añadió otro juez a este medio.

Magistrados de muy diversas tendencias plantean una inquietud coincidente. "Nos preocupa este proyecto de reforma y esperamos un escenario de diálogo con los actores del campo político", le dijo a LPO el camarista penal Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Jueces de Rosario.

La Justicia pone un límite a la política de Pullaro de ubicar a presos en aislamiento

José Nanni, presidente de la asociación de abogados penalistas de Rosario, dice que cuando recibió la declaración que el gobierno remitió este viernes a la Legislatura pensó que era una broma. "Lo que abre esta reforma es muy grave y autoritario. Tiene la lógica del discurso penal del enemigo y aniquila principios básicos de nuestro enjuiciamiento penal. Hay artículos muy peligrosos como los que habilitan inteligencia preventiva sin comunicación al juez. En general se piensa que es no importa si es contra Los Monos o Esteban Alvarado. Pero esta herramienta le abre la puerta a actos de espionaje que después van contra abogados, políticos, periodistas, empresarios. Todos sabemos bien cómo funciona", dijo a LPO.

Con esto último, el abogado alude a otro de los cambios solicitados por el gobierno a la Legislatura. Según el texto, consiste en incorporar expresamente las actividades de espionaje digital y electrónico al repertorio de fuentes del sistema de inteligencia. "La medida pretende fortalecer las capacidades estatales anticipatorias en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad colectiva, aplicando las herramientas tecnológicas disponibles y sujetándolas a las correspondientes autorizaciones judiciales", según la fundamentación del proyecto.

Lo que creen variados defensores e inclusos jueces es que esto habilitará la penetración sin garantías sobre correspondencia o intercambios de mensajes privados.

El mensaje legislativo del gobernador apunta a imponer el juicio penal en rebeldía, que implica en la idea de los impulsores en que no hay violación del derecho de defensa si la persona es notificada de la causa en su contra, y que si el implicado no comparece debe asumir las consecuencias de su decisión.

En el gobierno sostienen que la marcada baja en los índices de violencia que distinguían a Rosario hasta 2023 precisa ser resguardada con herramientas normativas que además implique no solamente contener el delito en la calle, sino con un régimen agravado para los reclusos que ordenan delitos desde la cárcel, para lo cual busca habilitar medidas de aislamiento extremo y suspender privilegios de visita física, garantizando el contacto familiar por medio de correspondencia por carta, sujeta a fiscalización.

Pullaro considera haber construido un activo en su política de seguridad, que tiene una fuerte apelación contra el delito, y procura reforzarla, lo que es un capital para la búsqueda de adhesiones. Al iniciar su mandato ya logró una reforma procesal penal. Ya entonces se habilitaron facultades policiales y de fiscales más plenas, se concedieron allanamientos excepcionales en casos de delitos flagrantes y se prolongaron hasta 30 días los plazos para presentar un detenido en una audiencia ante un juez.

El 2025 tuvo un repunte de los homicidios en Rosario, pero siguen a niveles previos al estallido narco

En ese momento, en un marco crítico sobre todo en Rosario, con homicidios que habían rozado las 300 muertes en 2022, la aprobación legislativa de estas medidas excepcionales no encontró resistencia ni los planteos iniciales de reprobación que aparecen ahora. Por entonces miembros del gobierno provincial reconocieron a este medio: "Presentamos un proyecto tan ambicioso que imaginamos iba a costarnos mucha negociación y muchos cambios. Pero no hubo que suavizar nada. Nos aprobaron casi todo".

En la coalición oficialista, los socialistas insinuaron algún tipo de incomodidad ante el proyecto, aunque moderada. "Estamos recién en el análisis inicial del texto. Se va a trabajar seriamente, sin apuros y el proyecto va a tener modificaciones", dijo un portavoz de la bancada de ese partido. Entre los radicales y los miembros del PRO no surgió ninguna voz de objeción.

Desde el gobierno, cuestionan los planteos de antemano. "No hay garantía efectiva sin capacidad estatal para hacerla cumplir. Por tal motivo se introducen reformas para lograr un equilibrio entre las garantías individuales, la eficacia del sistema penal y la protección de la comunidad", indica la fundamentación de la reforma.

Pero el gobernador no solo cuestionó el recorte a la provincia sino también se mostró con un intendente peronista Roly Santacroce. El centro logístico para repartir los medicamentos está anclado en el Parque Industrial de Funes. Desde allí, se distribuirán remedios e insumos a más de 700 centros de salud y hospitales públicos de toda la provincia.

Durante el acto, el gobierno exhibió una caja vacía del programa nacional Remediar como símbolo del retiro de Nación: "Mientras yo sea gobernador, a ningún santafesino le va a faltar medicamento o alimento, pero lamentablemente tenemos permanentemente recortes del gobierno nacional que nos hace difícil sostener la eficiencia en los servicios públicos", afirmó Pullaro.

 La definición política es seguir aportando para que ningún santafesino la pase mal. Y también demostrar que hay un Estado eficiente que compra más barato y que puede resolver los problemas de la gente 

"La definición política es seguir aportando para que ningún santafesino la pase mal. Y también demostrar que hay un Estado eficiente que compra más barato y que puede resolver los problemas de la gente", agregó el mandatario provincial.

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, reforzó de Pullaro y apuntó directamente contra el ajuste nacional: "La caja de Remediar que proveía Nación con medicamentos esenciales, hoy está vacía. Y nosotros hoy tenemos nuestra propia caja provincial llena de medicamentos esenciales. Esto no se da en ninguna parte de la República Argentina", sostuvo.

El gobernador mostró una caja del Plan Remediar vacía

En la Casa Gris aseguran que la caída de los envíos nacionales obligó a la provincia a rediseñar todo el esquema de abastecimiento sanitario. Según datos oficiales, Santa Fe recibió cerca de 2 millones de tratamientos del programa Remediar en 2024, cifra que cayó a 920 mil durante 2025 y que en el primer cuatrimestre de 2026 apenas alcanzó 175 mil tratamientos antes del cierre del programa.

Ahora, el nuevo sistema provincial demandará una inversión anual de 2.334 millones de pesos e incluye almacenamiento, trazabilidad, monitoreo satelital, cadena de frío y distribución especializada hacia 50 farmacias y droguerías públicas desde donde se completará el reparto territorial.

 Según datos oficiales, Santa Fe recibió cerca de 2 millones de tratamientos del programa Remediar en 2024, cifra que cayó a 920 mil durante 2025 y que en el primer cuatrimestre de 2026 apenas alcanzó 175 mil tratamientos antes del cierre del programa 

El gobierno provincial sostuvo además que las compras centralizadas permitieron adquirir medicamentos hasta un 82 por ciento más baratos que el precio de lista durante el primer año de gestión y que en las últimas licitaciones el ahorro llegó al 90 por ciento.

Pullaro aprovechó además para reivindicar el rol del Estado provincial frente al ajuste libertario. "Hay un gobierno austero, honesto y eficiente que piensa y diseña políticas públicas", afirmó el gobernador, que viene escalando el enfrentamiento con Nación por fondos, rutas, transporte y ahora también por salud pública.

La provincia también apuesta a fortalecer el Laboratorio Industrial Farmacéutico -LIF-, que este año incrementará un 26 por ciento su producción para sostener el abastecimiento de medicamentos esenciales, tratamientos oncológicos e insumos estratégicos. Según datos oficiales, la inversión provincial acumulada en medicamentos entre 2024 y 2026 supera los 64 mil millones de pesos.

La resolución oficial establece que el próximo 19 de mayo se abrirá el Sobre N°3 con las ofertas económicas, una instancia clave porque terminará de definir quién se quedará con la concesión del dragado y balizamiento de la principal vía de exportación de la Argentina.

Como reveló LPO, Jan De Nul logró una ventaja importante en la evaluación técnica y de antecedentes. En la compañía destacan que le sacaron 24 puntos de diferencia a DEME sobre un total de 80 puntos posibles en esa etapa, un margen que consideran determinante teniendo en cuenta que las propuestas económicas podrían ser muy ajustadas.

En la resolución difundida este viernes, el Gobierno resaltó que el proceso avanzó "sin impugnaciones", aunque reconoció que ambas empresas realizaron presentaciones cuestionando aspectos de la evaluación técnica. Sin embargo, la comisión evaluadora concluyó que esos planteos no constituían impugnaciones formales porque no fueron acompañados por la garantía exigida en el pliego.

Además, el organismo sostuvo que los cuestionamientos "no aportan nuevos elementos técnicos" que justifiquen modificar las calificaciones asignadas y ratificó íntegramente el orden de mérito definido en la evaluación.

La licitación abarca la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y dragado de la Vía Navegable Troncal desde Confluencia hasta la salida al Río de la Plata. El proceso quedó en el centro de fuertes tensiones empresarias y políticas por tratarse de una concesión estratégica para el comercio exterior argentino.

El relevamiento realizado en toda la provincia también muestra un empeoramiento marcado del humor económico. El 59,6% calificó la situación económica del país como "mala" o "muy mala", mientras que apenas el 36,3% la evaluó positivamente.

Además, el 52,9% consideró que el gobierno nacional va en una dirección incorrecta y solo el 36,9% cree que Milei lleva el rumbo adecuado. La percepción sobre el futuro tampoco ayuda: el 38,4% cree que la economía estará peor dentro de seis meses contra apenas un 23,3% que espera una mejora.

En Doxa se despegaron de la idea de un derrumbe libertario: "Milei acusa caída pero no un derrumbe. A pesar de todo, todavía está sólido aunque en una situación más crítica", analizó una fuente de la consultora en diálogo con LPO.

Además, según la fuente de Doxa, el oficialismo todavía conserva competitividad porque "la situación económica aún no llegó al ápice de necesidad de cambio generalizado". En ese sentido, sostienen que "la gente está aguantando, más cuando todavía no hay nada atractivo enfrente".

Los números electorales parecen confirmar esa hipótesis. Si las presidenciales fueran hoy, Milei obtendría el 31,6% de intención de voto en Santa Fe y seguiría liderando cómodamente sobre Axel Kicillof, que aparece segundo con 22,4%. Incluso La Libertad Avanza continúa siendo el espacio con mayor identificación partidaria en la provincia con el 23%, apenas por encima de los independientes.

De todos modos, la encuesta revela señales de alerta para la Casa Rosada. El 50,7% de los santafesinos preferiría un cambio de signo político en 2027, mientras que apenas el 36,3% optaría por la continuidad de Milei o un dirigente cercano al presidente.

El estudio también muestra una baja de la imagen de Pullaro aunque el gobernador mantiene saldo positivo: su aprobación cayó al 48,8% frente a un 47,4% de desaprobación. En Rosario Pullaro tiene 43% de aprobación y 52,6% de rechazo, mientras que Milei llega a 57,2% de desaprobación.

En Doxa creen que el escenario todavía está abierto y que la estabilidad macroeconómica sigue funcionando como contención política para Milei: "El clímax electoral todavía no arrancó y aún se percibe cierta estabilidad macro. Lo que pueda ocurrir en el segundo semestre es otra cosa", advirtieron.

La detección del aterrizaje inminente hizo que se ordenara a un grupo de Gendarmes en la zona apostarse en el lugar del destino. Allí ya estaba la avioneta posada con 321 kilos de cocaína. Los que la habían esperado, sorprendidos, treparon a dos vehículos. Con uno de ellos le pasaron por encima a un uniformado que intentaba frenarlos, que está internado en terapia intensiva en Rosario, con fractura de cráneo y pronóstico reservado.

Con datos de la DEA, decomisaron una avioneta con 442 kilos de cocaína en Santa Fe

Este viernes al menos cuatro personas conectadas con este último vuelo serán imputadas en la Justicia Federal por contrabando de cocaína. Dos son los hermanos Juan Cruz y Santiago Emanuel Borras, considerados por la Procuración de Narcotráfico (Procunar) los encargados de la logística de la operación: la definición del lugar de llegada y el traslado de la carga de cocaína. Los otros dos detenidos son el piloto y el copiloto de la avioneta, ambos bolivianos.

En el origen de este caso también hay un seguimiento y una avioneta. El 11 de noviembre del año pasado en un campo en Arequito, también Santa Fe, se encontró abandonada una Cessna 210 con una avería aparente por un aterrizaje obligado. Adentro del habitáculo se encontró un teléfono celular. La extracción de su contenido disparó una pesquisa que se centró en algunos contactos de agenda. Entre ellos los hermanos Borras, uno de los cuales tiene domicilio en las afueras de Rosario, en la ciudad de Roldán, y tuvo una condena por drogas en 2014, por la que debía estar en prisión domiciliaria. Ninguno de los dos hermanos tiene antecedentes por actos violentos.

Siguiendo ese teléfono este martes un equipo liderado por el fiscal federal Matías Scilabra de Procunar Rosario recibió la información de un súbito aterrizaje y las coordenadas de la zona. Allí los que recibían a la avioneta fueron sorprendidos en mitad del campo, cerca del límite con Córdoba, y en la huida los hermanos Borras atropellaron a uno de los gendarmes, que está internado grave en el sanatorio Laprida de Rosario. Fueron detenidos cerca de Melincué, en el sur santafesino, y este viernes serán imputados de contrabando de estupefacientes y, se analizaba, el que manejaba de tentativa de homicidio. Los dos pilotos bolivianos también intentaron huir pero fueron apresados. Al costado de la avioneta quedó la carga que no alcanzaron a movilizar.

En la investigación sobre este grupo hay varias cosas en definición y una certera. Esta última es que esta línea de droga boliviana no tiene que ver con Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo detenido hace dos meses en Santa Cruz de la Sierra y extraditado a Estados Unidos, que tiene fuertes conexiones con Paraguay y presuntamente socio del diputado Lalo Gomes de ese país, asesinado en su casa en 2024. Se está definiendo si uno de los hermanos Borrás tiene conexiones con Alejandro Zamudio, un hombre detenido en 2024 sospechado de estar en la trama de la organización del homicidio de Andrés Pillín Bracamonte, jefe de la barra brava de Rosario Central asesinato a tiros en noviembre de ese año. También llamó la atención que uno de los hermanos trabaja en una terminal portuaria del Gran Rosario, en tanto aparece ligado a la logística del narcotráfico, dado que la movilidad de los cargamentos hacia ultramar se define en ocasiones probadas a través de la hidrovía del río Paraná.

"Los Borrás como la inmensa mayoría de los logísticos no son los dueños de la droga. Lo que hacen es lo que caracteriza a muchos operadores de esta zona. Que tienen, ya no hablando de estos hermanos, como función la unión del comprador con el vendedor: bajan la mercadería, la ponen en un puerto y la sacan a despachos de Europa u otros destinos continentales", le dijo a LPO uno de los que trabajó en esta investigación.

Un punto notorio que tienen estas dos detecciones de avionetas con cocaína boliviana y que aparece como una novedad es el hecho de que los traslados aéreos ya no necesitan la etapa de una escala previa para la que en general se utilizaba suelo paraguayo, en especial el área del Chaco. La autonomía del Cessna 210 como los ahora localizados en estas pistas santafesinas, que son caminos rurales, es de unos dos mil kilómetros que se reduce por el peso de la carga. No obstante fuentes de Gendarmería Nacional contaron a este medio que los transportadores, para evitarse la escala, están reabasteciendo en vuelo las avionetas. No mediante el método de los aviones militares sino de modo más casero: Utilizan bidones de importante porte con una manguera conectada al tanque y por eso es necesario un segundo ocupante que se suma al piloto: para que realice esta tarea.

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El pasado 5 de mayo, con datos de la agencia norteamericana DEA, la Procunar había esperado con agentes federales la llegada de una avioneta a un campo llamado Don Julio en adyacencias de la ciudad de Vera, 440 kilómetros al noroeste de Rosario, que se posó allí con 442 kilos de cocaína. La avioneta era una Cessna 210. Seguían esta operación desde septiembre del año pasado.

El dueño de ese cargamento, por las interceptaciones de teléfonos, era el boliviano José Pedro Rojas Velazco, conocido como "Pepa", quien era un miembro comprobado de la red de Marset. El tráfico se organizó con Pepa en vida, quien no se enteró de la detención de sus pilotos en Santa Fe: lo mataron a tiros hace veinte días, el pasado 26 de abril, mientras disputaba una carrera de rally. Pero Pepa tenía entre sus interlocutores a un abonado argentino que fue crucial para detectar los pasos de la banda narco sobre la preparación del arribo del vuelo.

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Hace diez días los detenidos en Vera por este cargamento fueron llevados a audiencia de imputación en la Justicia Federal de Rosario, donde el juez de garantías Eduardo Rodrigues da Cruz les impuso 180 días de prisión preventiva.

Rojas Velasco mantenía contacto con Brian Bilbao, un narcotraficante de Rosario que en noviembre pasado fue detenido en Pavón, en el sur santafesino, en un operativo en el que le secuestraron 956 kilos de cocaína en su vehículo, también procedente de Bolivia.

La extradición de Marset además tiene impacto en la reconfiguración del mapa narco en la parte sur de Sudamérica. El uruguayo Marset no era un simple capo: controlaba importantes segmentos del tráfico por la hidrovía y operaba como el gerente de una multinacional con sede en Bolivia. Su deportación a Estados Unidos en marzo de 2026 rompió la unidad de mando y fragmentó su estructura.

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) organizó de urgencia un viaje a Ginebra para participar de la Asamblea Mundial de la Salud y denunciar ante el organismo que la decisión de Javier Milei "no representa al pueblo argentino".

Como reveló LPO, el canciller dio instrucciones a los representantes argentinos ante organismos internacionales en Ginebra para hacer lobby y bajar el rechazo diplomático que genera la salida de Argentina de la OMS, en un contexto delicado por el brote internacional de hantavirus.

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En respuesta, la presidenta de Fesprosa, María Fernanda Boriotti, viajará a Suiza como integrante de la delegación de la Internacional de Servicios Públicos, la Federación Global de Trabajadores Sanitarios, para entregar una carta dirigida al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, firmada por más de 3 mil referentes del sistema de salud argentino.

Abandonar la OMS compromete seriamente la capacidad del país para proteger la salud de su población. La cooperación sanitaria internacional salva vidas.

"La voluntad de Argentina va a estar representada en la Asamblea Mundial", afirmó Boriotti en diálogo con LPO y agregó "no lo hará el Estado argentino, sino un conjunto de organizaciones del campo sanitario que elaboraron una carta pública manifestando la voluntad de continuar dentro de la OMS".

 Secretario General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus 

Cuando la movida de Cancillería busca morigerar el rechazo del organismo internacional a la retirada de Argentina, el secretario general de la OMS exhortó públicamente al gobierno argentino a suspender la salida del organismo por la crisis sanitaria vinculada al hantavirus, dijeron en la federación gremial.

La Asamblea Mundial de la Salud se realizará entre el 18 y el 23 de mayo en Ginebra y tendrá como telón de fondo el conflicto diplomático abierto por la decisión de Milei de abandonar la OMS siguiendo el alineamiento político con Donald Trump.

En la carta que llevarán a Ginebra, médicos, investigadores, universidades y organizaciones sociales sostienen que la decisión del gobierno fue tomada "sin debate público, sin consulta a la comunidad científica y sin participación de los actores sanitarios".

 Romper el vínculo con la OMS no fortalece ninguna soberanía. Debilita la capacidad del Estado para garantizar derechos.

Además, advierten que abandonar la OMS "compromete seriamente la capacidad del país para proteger la salud de su población" y denuncian que la ruptura forma parte de "un proceso más amplio de debilitamiento de la salud pública y desarticulación de capacidades técnicas construidas durante décadas".

"Romper ese vínculo no fortalece ninguna soberanía. Debilita la capacidad del Estado para garantizar derechos", afirma el documento que será presentado ante la Asamblea Mundial.

La nota también remarca que "la cooperación sanitaria internacional salva vidas" y concluye con una frase dirigida directamente al gobierno de Milei: "La Argentina sanitaria no se retira de la OMS".

Frente al ajuste que amenaza con desguazar todo el instituto, empresarios pyme industriales y directivos de cámaras sectoriales iban a congregarse en el Parque Tecnológico Miguelete, pero no pudieron entrar porque el gobierno desplegó gendarmes para impedir el acto.

La actividad, convocada por mandos medios del INTI bajo el lema "Argentina productiva, con el INTI de pie", terminó realizándose en la puerta del organismo luego de que las autoridades libertarias cerraran el acceso al predio. Según los organizadores, participaron más de cien empresarios y otros industriales del interior siguieron la jornada de manera virtual.

Trabajadores del organismo contaron a LPO que muchos de los empresarios que se acercaron al acto admitían haber votado a Javier Milei, pero coincidían en que el ajuste sobre el INTI y otras áreas del Estado, "excede cualquier posición ideológica" por el impacto directo que tendría sobre la industria, las exportaciones y los sistemas de certificación técnica, como en este caso.

"La gran convocatoria los obligó a ceder y permitir la realización del encuentro previsto en la puerta", señalaron desde la organización, que denunció un operativo con "decenas de gendarmes" rodeando el auditorio del instituto.

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El encuentro se realizó en medio de la crisis que atraviesa el organismo luego de la eliminación de servicios técnicos, el cierre del Servicio Argentino de Calibración y el desmantelamiento del sistema de Metrología Legal. Además, las autoridades anunciaron más de 700 despidos que se sumarían al recorte del 30% del personal que ya sufrió el instituto desde la llegada de Javier Milei al gobierno.

Durante el acto hablaron empresarios de distintos sectores industriales que defendieron el rol estratégico del INTI para la producción y las exportaciones. Marco Meloni, vicepresidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), sostuvo que "los países que admiramos crecen porque están apoyados en el desarrollo tecnológico, industrial y social".

En la misma línea, Luciano Galfione, presidente de Fundación Pro Tejer, advirtió que "sin el INTI no hay industria y sin industria no hay Nación" y cuestionó que el gobierno pretenda reemplazar los controles públicos por laboratorios privados "más caros" y que muchas veces ni siquiera existen en la Argentina.

También hubo advertencias sobre el impacto en áreas sensibles como seguridad, salud y comercio. Fernanda Mettini, directora técnica de El Balancero SRL, alertó que la disolución del área de Metrología Legal afecta controles sobre balanzas, etilómetros y cinemómetros utilizados en todo el país.

Desde el sector empresario insistieron además en que el INTI cumple un rol clave para certificar productos y permitir exportaciones industriales bajo estándares internacionales.

El gobierno de Maximiliano Pullaro cruzó con dureza el comunicado de la Sociedad Rural de Rosario contra el fideicomiso que la provincia negocia con municipios portuarios y la Bolsa de Comercio para financiar el mantenimiento de las rutas a los puertos.

Como contó LPO, la idea que impulsa la Casa Gris es crear un fondo específico financiado con un cargo por tonelada transportada para sostener la infraestructura vial en la región portuaria, luego de inversiones por más de USD 400 millones en accesos, autopistas y rutas provinciales.

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La respuesta oficial llegó luego de que la Sociedad Rural de Rosario denunciara que el fideicomiso representa "nuevas retenciones encubiertas" y rechaza el cobro de una tasa de 1,5 dólares por tonelada.

"Para el gobierno esta es una manifestación política de La Libertad Avanza", dijeron a LPO cerca de Pullaro. En la Casa Gris sostienen que la posición de la entidad "no representa a Carsfe -Confederación de Asociaciones Ruralistas de Santa Fe-" y recuerdan que varios dirigentes de la entidad rosarina fueron candidatos libertarios en la elección constituyente.

 Para el gobierno de Pullaro esta es una manifestación política de La Libertad Avanza 

En el comunicado, la entidad sostiene que el impuesto del 30% a los combustibles líquidos alcanza para financiar la infraestructura vial, sin embargo, esa caja la recauda el gobierno de Javier Milei que no reparte un peso a las provincias ni tampoco presta los servicios de mantenimiento de los caminos que están detonados y en muchos lugares casi intransitables.

En ese marco, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, aparece como uno de los funcionarios más confrontativos con la Casa Rosada por la paralización de fondos para infraestructura.

Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de Santa Fe

Mientras sectores del PRO y de la UCR dentro de Unidos presionan para avanzar en un acuerdo político con La Libertad Avanza, Enrico viene reclamando públicamente que Nación transfiera los recursos que le corresponden a Santa Fe para rutas y obras públicas.

En la provincia remarcan que gran parte de la red vial que conecta a los puertos quedó bajo responsabilidad santafesina luego del retiro de Nación y advierten que el crecimiento del tránsito pesado aceleró el deterioro de corredores estratégicos para la exportación agroindustrial que necesitan de un esquema institucional para el mantenimiento.

Por eso, ahora Pullaro abre las negociaciones que comenzaron con intendentes portuarios y la Bolsa a los agroexportadores y entidades agrícolas para acordar la manera de sostener la inversión de los accesos a terminales cerealeras.

Lorenzetti dijo el domingo en una entrevista con Clarín que hay un puente entre integrantes de un gobierno que luego pasan a su máxima magistratura. "Lamentablemente se va a generalizar como una costumbre. Por ejemplo en Santa Fe que nunca tuvo ese problema, hubo una fuerte presión sobre la Corte Provincial, ya que el gobernador designó seis de los siete miembros. ¡Seis de los siete! No es normal", declaró.

En distintos ámbitos de la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe las ironías explotaron. "Qué interesante que Lorenzetti descubrió la discrecionalidad en las designaciones. Lástima que no le pasó antes. Su última esposa es secretaria del juzgado federal de Rafaela, de donde él es oriundo, y en esos tribunales hay unos cuantos allegados que ingresaron por su influencia", dijo a este medio un funcionario de la Justicia Federal.

En el gobierno provincial manifestaron no tener ningún deseo de responder a Lorenzetti. "Que diga lo que quiera", señaló un ministro del gabinete a LPO. Más cerca del despacho de Pullaro desacreditan el shock moral y son más directos. "La calentura de Lorenzetti es por otra cosa. El ministro hizo unos cuantos movimientos para que uno de los candidatos a la Corte de Santa Fe fuera su hijo Pablo. Y no ocurrió". Pablo Lorenzetti es camarista civil, comercial y laboral en Rafaela de la Justicia provincial.

 El juez Mahiques recibió fuertes presiones para evitar un fallo de Casación contra el lobbysta Busaniche

Es curioso como se dan las cosas, Lorenzetti impulsó junto a Rosenkrantz un proyecto para modificar la selección de jueces como una  iniciativa que se interpretó en tribunales, en parte, como una jugada para dejar en una situación incómoda al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, por el envío del pliego de su hijo Emilio para que sea juez en Santa Fe. Ahora es su hijo el que aparece en discusión. No es una novedad la perpetuidad de dinastías familiares en cargos claves de la justicia, como sucede con el clan Mahiques.

La calentura de Lorenzetti es por otra cosa. El ministro hizo unos cuantos movimientos para que uno de los candidatos a la Corte de Santa Fe fuera su hijo Pablo. Y no ocurrió.

Como sea, los que más revisan lo influyente que es Lorenzetti en Rafaela son funcionarios de la Justicia Federal que están en circunscripciones santafesinas. Hace un mes se difundió el proyecto de reglamento para concurso de jueces elaborado por Rosenkrantz y Lorenzetti, con el propósito declarado de que evite que se digiten nombramientos. Pero en Rafaela indican que en la prosecretaria administrativa del juzgado federal de esa ciudad es Mara Perrén, la esposa del ministro desde 2016. Perrén, según refieren allí a LPO, ingresó en marzo de 2014 y fue efectivizada en 2018.

También aseguran que Tomás Vietto que ingresó en marzo de 2014 es amigo de Pablo Lorenzetti, el hijo mencionado del cortesano. El juzgado federal de Rafaela fue habilitado en febrero de 2014 mientras Lorenzetti era presidente de la Corte.

El gobernador Maxi Pullaro en una visita a los integrantes de la Corte Suprema de Santa Fe.

En la coalición oficialista santafesina piensan que si Lorenzetti se molesta porque Pullaro remitió seis candidatos a la Corte provincial él mismo debería haber dicho no a su postulación en su momento. Refrescando la memoria indican que Lorenzetti fue designado en la Corte nacional por Néstor Kirchner en el año 2004. De los siete integrantes del máximo tribunal argentino, afirman, Kirchner había nombrado cinco.

Lorenzetti niega que la reforma de la elección de jueces sea un proyecto del establishment

Un ministro de Pullaro que prefiere el off dice que le parece llamativo que Lorenzetti haya salido a cuestionar al procedimiento de renovación de la Corte de Santa Fe en dos medios el fin de semana. "En la provincia todo se hizo con el máximo consenso, con una aprobación de amplias mayorías legislativas, que incluyeron a la oposición". Dicen también que sin los escándalos de designaciones recientes en la Justicia Federal que tuvo a dos jueces de Rosario al borde del jury en los últimos 16 meses.

En la provincia todo se hizo con el máximo consenso, con una aprobación de amplias mayorías legislativas, que incluyeron a la oposición.

También recuerdan que el muy cuestionado juez federal Gastón Salmain fue designado sin haber tenido más antecedentes en el campo judicial que haber sido echado por unanimidad por la Corte Suprema de la Nación en 2002 por haber ofrecido un soborno a una secretaria para direccionar un expediente al tribunal laboral donde él trabajaba. Y que tras ser designado Lorenzetti se hizo presente en Rosario en su ceremonia de jura.

La semana pasada la Cámara Federal de Casación rechazó el pedido del lobista judicial Santiago Busaniche, implicado en causas de corrupción junto a los jueces federales Bailaque y Salmain, para anular las causas en su contra. Este medio reveló el fin de semana que Carlos Mahiques recibió fuertes presiones para votar en favor del planteo de Busaniche de parte del entorno de Lorenzetti. La votación fue por mayoría, por dos votos a uno, y desniveló Mahiques.

El domingo Lorenzetti declaró que conceder la prórroga que Mahiques pide para permanecer otros cinco años más en su cargo en Casación, ya que superó los 75 años, es ilegítimo e ilegal.

La actividad estuvo encabezada por la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente rosarino Pablo Javkin. También participaron los hijos del ex mandatario, Federico y Yasmín Lifschitz, además de dirigentes socialistas, radicales y referentes de Unidos.

Durante el homenaje, García recordó a Lifschitz como "un líder necesario" y destacó su visión estratégica para impulsar proyectos vinculados a la infraestructura, la innovación y el desarrollo urbano. "Fue un hombre anticipado a su época", afirmó la dirigente socialista.

Por su parte, Pullaro sostuvo que Lifschitz "trascendió al Partido Socialista y al Frente Progresista para convertirse en una figura de toda la sociedad santafesina". Además, recordó que el ex gobernador "le dedicaba todo el día a la gestión pública con una pasión inmensa".

Pullaro sostuvo que Lifschitz "trascendió al Partido Socialista y al Frente Progresista para convertirse en una figura de toda la sociedad santafesina". Además, recordó que el ex gobernador "le dedicaba todo el día a la gestión pública con una pasión inmensa

El secretario general del Partido Socialista de Santa Fe, Joaquín Blanco, remarcó que Lifschitz "construía con los diferentes" y valoró su capacidad para recorrer toda la provincia y mantener contacto con distintos sectores sociales.

En tanto, Federico Lifschitz aseguró que el legado de su padre "no está en las obras ni en las placas, sino en el recuerdo y el cariño de la gente que vio mejorar su vida a partir de alguna acción de gobierno".

El homenaje se realizó en el Polo Tecnológico Rosario - Zona i, un espacio que Lifschitz acompañó desde sus orígenes y que hoy el socialismo reivindica como una muestra de articulación entre el sector público y privado.

El intendente de Funes dice que quiere competir por la gobernación de Santa Fe y cuestiona a la vieja guardia del peronismo local. Por estos días, se mueve entre distintas tribus del PJ donde plantea la necesidad de renovar el PJ local lanzando críticas contra la conducción partidaria.

[El divorcio del intendente de Funes amenaza con detonar una "causa cuadernos" en Rosario]

Santacroce viene agitando desde hace meses la posibilidad de competir por la gobernación en 2027 y busca posicionarse como referencia de un peronismo territorial apoyado en intendentes y presidentes comunales.

"Los intendentes son los que ponen la cara y se hacen cargo del desastre social y económico porque al gobernador y al presidente no los ve nadie", planteó. En ese andarivel compite con el alcalde de Pérez, Pablo Corsalini, que tiene el sello "Vamos" en el que participan varios jefes comunales con vínculos con Kicillof.

Santacroce junto a Enrico, la presidenta de Aguas Santafesinas, Renata Ghilotti del PRO y el senador Ciro Seisas 

Este viernes, Santacroce participó de la reunión de intendentes junto a Enri Vallejos, Carlos De Grandis, Horacio Compagnucci, Miguel Vázquez, Mariano Cominelli y Daniel Cinalli. Del encuentro participó el diputado y presidente del Frente Renovador nacional, Diego Giuliano, que también está anotado para la pelea por la Casa Gris.

Sin embargo, algunos sectores del peronismo miran con desconfianza los movimientos del funense y sus vínculos con el gobierno provincial de Maximiliano Pullaro. Este viernes, recibió al ministro más importante del gabinete, Lisandro Enrico, en la apertura de sobres para una obra de distribución de agua potable que abastecerá a más de 50 barrios.

"Nos decían que el agua potable no podía llegar", afirmó Santacroce durante el acto junto a Enrico, la presidenta de Aguas Santafesinas, Renata Ghilotti del PRO, y el senador Ciro Seisas, del partido de Javkin.

En el entorno del intendente destacan que la obra, junto al futuro Hospital Samco Eva Perón, busca mostrar capacidad de gestión y volumen político de cara a la discusión provincial que empieza a abrirse en el PJ.

La recesión económica empujó a miles de trabajadores hacia las aplicaciones para complementar ingresos o directamente sobrevivir tras perder el empleo formal. Profesionales, empleados, jubilados: la cadetería dejó de ser una changa juvenil y se convirtió en refugio laboral de la crisis.

El fenómeno se aceleró mientras cae el consumo y las aplicaciones consolidan su negocio. En Rosario calculan que hay unos 9 mil repartidores trabajando para las plataformas. Nicolás, secretario general del gremio, asegura que cada vez son más los cadetes que reclaman condiciones mínimas frente a jornadas extenuantes, accidentes sin cobertura y comisiones que ahogan tanto a repartidores como a comerciantes.

La ciudad se llenó de repartidores, ¿a qué se debe? ¿La crisis hizo que se convierta en el trabajo principal de mucha gente?

Sí, totalmente. Es una actividad que históricamente estuvo precarizada y muy golpeada, pero en los últimos años explotó por la crisis económica. Mucha gente que perdió el empleo formal o no llega a fin de mes termina recurriendo a las plataformas porque tiene una moto o una bicicleta.

La cadetería no es algo nuevo; trasladar mercadería en moto o bicicleta existe hace más de 30 años. Lo que se sumó desde 2019 son las aplicaciones, empresas multinacionales que trabajan a través de plataformas tecnológicas y se escudan en eso para decir que no son empleadoras y que nosotros no somos trabajadores, sino "colaboradores" o nuestros propios jefes.

Entonces tenés cada vez más gente haciendo esto por necesidad, pero sin derechos laborales, sin aportes y sin cobertura. Por eso planteamos la necesidad de sindicalizarse. Nuestra pelea es para que se reconozca la relación laboral y que las empresas se hagan cargo de sus trabajadores.

¿Hay una resistencia de los propios cadetes a organizarse?

Hay algunos casos, pero vemos que la crisis económica nos pegó muy fuerte. En esta etapa se perdieron cerca de 300 mil puestos de trabajo formales y muchos terminan en las plataformas porque tienen un vehículo.

También se suma mucha gente a la que no le alcanza el dinero y recurre al pluriempleo. Hay cada vez más personas haciendo esto por necesidad.

Tenés una explosión de gente volcándose a "cadetear" por la precarización, pero baja el consumo y hay menos laburo para los cadetes.

Exactamente. Eso nos precariza más porque hay compañeros trabajando 14 o 15 horas por día para hacer la misma cantidad de pedidos que antes hacías en 8 horas y para llevarse el mismo sueldo de hace dos o tres años.

Esto lleva a que los compañeros se organicen de distintas maneras; muchos se afilian y otros realizan acciones autoconvocadas, como los que cortaron en Roca y Córdoba (microcentro de Rosario) porque la Municipalidad los multa por estacionar o por usar las bicis públicas para trabajar. En Córdoba hubo un paro de Pedidos Ya, acciones que antes no se veían.

En Rosario también hay mucha disconformidad de parte de los comerciantes con PedidosYa.

Sí, tienen tarifas abusivas del 30%. Monopolizaron el mercado. Si comprás una hamburguesa, al comercio le descuentan el 30% y además al usuario le cobran el envío; el cadete solo recibe un costo por kilómetro que es ínfimo y que además paga el cliente, no la empresa.

Frente a esto, las hamburgueserías aprovecharon Burguerland, el festival gastronómico que se organiza en Rosario a principios de abril, para organizarse y amenazar que se pasaban a Rappi y ahora están negociando la tarifa con PedidosYa.

Nosotros planteamos que el Estado debe intervenir con reglas claras y obligar a las empresas a hacerse cargo de sus trabajadores. Ya hay fallos, como el de la Corte Suprema de Buenos Aires, que reconoció la relación laboral y multó a estas aplicaciones con 20 millones de pesos a cada una por relación laboral encubierta. También hay experiencias internacionales, como en España, porque este es un fenómeno mundial.

¿Tienen algún tipo de diálogo con la patronal?

No. En Rosario ni siquiera tienen sede física, incumpliendo la ordenanza local que exige un local habilitado. Son empresas que no pagan impuestos municipales, provinciales ni nacionales; se llevan toda la plata afuera y nadie las controla.

Es un claro caso de inutilidad del Estado. Son empresas con ganancias extraordinarias que operan sin regulaciones ni tributan como pagamos todos.

Trabajar en la calle es un riesgo muy grande, ante un accidente, ¿cuál es el protocolo?

No se hacen cargo de nada. Las app te obligan a pagar un seguro de accidentes personales que ellos eligen, pero no brindan información. Cuando los compañeros chocan, no saben qué tienen que hacer ni a qué teléfono llamar porque la empresa no da esos datos.

Tampoco tenemos obra social ni aportes jubilatorios, a pesar de ser miles de trabajadores que podríamos aportar al sistema previsional que tiene tantos problemas de desfinanciamiento. Acá hay una fuente muy importante que tendría que estar aportando.

Por eso creemos que es fundamental contar con un sindicato y le venimos reclamando al gobierno nacional que nos reconozca la personería gremial para avanzar en un convenio colectivo con reglas claras que seguramente será mucho más flexibles que otras ramas.

¿Ustedes pertenecen a alguna central obrera?

Estamos en la CATT, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Nos reunimos con el triunvirato de la CGT porque peleamos contra artículos de la reforma laboral que pretendían considerarnos trabajadores independientes para dejarnos fuera de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora lo estamos discutiendo en la Justicia.

También presentamos un proyecto para actualizar la ordenanza municipal, que tiene 26 años. Queremos que las empresas tengan un local, que registren a los trabajadores, que estemos bajo la órbita de las áreas de Producción y que haya identificación con código QR porque el único registro que existe hasta ahora es realizado por el Ministerio de Seguridad para diferenciarnos de los delincuentes que se disfrazan de cadetes.

¿Cuánto gana hoy un cadete?

Se desvirtuó todo por la crisis. Un pedido promedio está, como mucho, en 3 mil pesos. Se pueden sacar unos 10 mil pesos la hora entregando 3 o 4 pedidos, pero a eso hay que restarle el desgaste de la moto: aceite, cubiertas y transmisión, que ponemos nosotros.

Además, el sistema usa un algoritmo que te presiona: si no llegás rápido, te bajan de categoría y cobrás menos. Eso empuja a los compañeros a andar a 200 kilómetros por hora, cruzar en rojo y arriesgar la vida. Según el municipio, en Rosario hay cerca de 9 mil repartidores trabajando prácticamente a la deriva.

Por eso nosotros también planteamos que tiene que haber reglas claras y mayor profesionalización de la actividad. No solo porque reclamamos derechos laborales, sino porque manejamos alimentos, medicamentos y productos sensibles. Es una responsabilidad muy grande.

Yo trabajo de cadete desde los 18 años y vi cómo cambió todo: las aplicaciones lo venden como un trabajo cool o flexible, pero con la crisis hoy hay empleados, profesionales y hasta jubilados haciendo repartos para sobrevivir.

El Estado todavía no les reconoce la personería gremial, pero igual lograron construir una organización propia.

Sí. Como hace tres años que venimos gestionando la personería gremial y el Estado demora la respuesta, decidimos institucionalizarnos de otras maneras. Creamos la única mutual de cadetes del país, donde ofrecemos descuentos del 50% en farmacias, la proveeduría de los Empleados de Comercio, convenios con clínicas, mecánicos, repuestos y hasta campings mediante acuerdos con otros gremios.

Hace 10 años desarrollamos CoopExpress, una cooperativa donde trabajan más de 100 compañeros de forma autogestiva. Es la contracara de las aplicaciones: en vez de competir entre nosotros por un algoritmo, trabajamos de manera colectiva. 

A través de un comunicado oficial, la entidad expresó su "profunda preocupación" por la situación que atraviesan las pymes y reclamó medidas urgentes para evitar cierres y preservar el empleo formal.

"Dichas medidas permitieron en su momento preservar el capital de trabajo, evitar cierres de empresas y sostener el empleo formal, objetivos que hoy recobran plena vigencia frente a la coyuntura actual", señalaron desde la entidad en referencia a la crisis del 2001 que impactó de lleno en Rosario.

 [Recesión: Se derrumban las ventas en los comercios de Rosario]

Además del freno a juicios y embargos, la Federación Gremial pidió que ARCA diseñe regímenes de regularización acordes a la capacidad real de pago de las empresas que al igual que un gran porcentaje de la población se endeudó a tasas astronómicas para enfrentar necesidades urgentes.

El planteo se da en un contexto crítico para el comercio rosarino. Como publicó LPO, las ventas vienen en caída y crece la cantidad de locales vacíos en el centro y macrocentro de la ciudad. Según datos del Observatorio Económico de la Federación Gremial, ya hay unos 325 locales desocupados sobre un universo de 4.000, lo que representa cerca del 8% de vacancia.

 La entidad expresó su "profunda preocupación" por la situación que atraviesan las pymes y reclamó medidas urgentes para evitar cierres y preservar el empleo formal 

Miguel Rucco, vocero del Observatorio Económico de la Federación Gremial, describió un escenario de fuerte deterioro del poder adquisitivo que golpea especialmente a los rubros no esenciales:

"La inflación, sobre todo en alimentos, se llevó puesta la capacidad de consumo de las familias", explicó. Según detalló, las ventas en unidades físicas cayeron en promedio un 6,5%, aunque algunos sectores muestran desplomes de hasta el 10%.

El titular de la Federación Gremial junto a Miguel Tessandori, secretario general de la Intendencia de Rosario y Cervio de la Bolsa de Comercio

A la caída de ventas se suman costos operativos cada vez más difíciles de sostener. De acuerdo al relevamiento de la Federación Gremial, un pequeño comercio con un empleado necesita facturar alrededor de 8 millones de pesos mensuales sólo para cubrir gastos básicos.

Los alquileres en el macrocentro oscilan entre 3 y 20 millones de pesos, empujando a muchos comerciantes a consumir ahorros o directamente abandonar locales para pasar a esquemas informales de venta desde el hogar.

La situación financiera también es alarmante y los comerciantes ya hablan de una ruptura de la cadena de pagos con aumento de cheques rechazados y mayor morosidad en cuentas corrientes.

 La situación financiera también es alarmante y los comerciantes ya hablan de una ruptura de la cadena de pagos con aumento de cheques rechazados y mayor morosidad en cuentas corrientes 

A eso se suma que la mora en tarjetas de crédito se triplicó porque muchas familias comenzaron a utilizarlas para comprar alimentos o afrontar gastos fijos en lugar de consumir bienes.

En ese marco, desde la Federación Gremial advirtieron que la presión impositiva terminó de asfixiar al sector. Los comerciantes deben afrontar impuestos nacionales como el IVA y cargas laborales, además de tributos provinciales y tasas municipales, en un contexto donde las pymes generan cerca del 72% del empleo privado.

La novedad más importante es que la histórica operadora belga del dragado del Paraná logró una diferencia de 24 puntos sobre su competidora en la evaluación técnica y de antecedentes, una ventaja que en el sector consideran clave para definir el resultado final.

Según informó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Jan De Nul obtuvo 66,2 puntos mientras que DEME alcanzó 42,14. La brasileña DTA Engenharia ya había quedado descalificada por incumplimientos en las garantías.

Una de las dragas que operan en el río Paraná

Aunque el pliego otorga mayor peso relativo a la oferta económica, en el mercado creen que las cotizaciones estarán "muy finas" porque la misma licitación determinó márgenes acotados para definir precio.

"Las ofertas económicas van a estar muy cerca. Hay números de referencia internacionales y nadie puede ir demasiado lejos. Por eso los 24 puntos técnicos pueden terminar siendo determinantes", explicaron a LPO una fuente al tanto del proceso.

En esta etapa el gobierno evaluó antecedentes, capacidad operativa, plan de dragado, equipamiento técnico y metodología de trabajo para operar la Vía Navegable Troncal durante los próximos 25 años.

 Las ofertas económicas van a estar muy cerca. Hay números de referencia internacionales y nadie puede ir demasiado lejos. Por eso los 24 puntos técnicos pueden terminar siendo determinantes 

La diferencia conseguida por Jan De Nul fortaleció la posición de la empresa belga que controla el dragado del Paraná desde los años noventa y que busca retener el negocio frente al avance de DEME, la otra gigante europea que venía cuestionando el proceso licitatorio.

La pelea entre ambas compañías escaló en los últimos meses con acusaciones cruzadas y presiones diplomáticas alrededor de una concesión estratégica para el comercio exterior argentino.

DEME había intentado instalar cuestionamientos sobre supuestos vínculos chinos con Jan De Nul en Argentina pero los funcionarios nacionales no le dieron entidad a las acusaciones y mantuvieron la licitación.

En paralelo, desde Santa Fe siguen reclamando mayor participación provincial en el control de la futura concesión. El gobierno de Maximiliano Pullaro impulsa la creación de un organismo técnico con sede en Rosario para monitorear dragado, balizamiento y cumplimiento contractual sin crear una nueva estructura burocrática pero tampoco cobra mayor atención de parte de Nación.

De hecho, durante el gobierno de Alberto Fernández se designó una señorial casona, frente a la Plaza 25 de Mayor, en el corazón del casco histórico de Rosario, como sede de la Ecovina, el organismo federal para administrar la hidrovía con representación de distintas provincias ribereñas y los sectores agroexportadores.

Ahora, La Libertad Avanza echó por tierra ese organismo y el control del río se realizará desde Buenos Aires aunque no descartan que el palacete céntrico se recupere y se utilice como una especie de coworking para asuntos fluviales.

Por lo pronto, la definición de la licitación quedó atada a la apertura del sobre económico, donde el gobierno buscará cerrar una de las primeras privatizaciones de peso tras los años '90.

El episodio generó temor entre exportadores por posibles rechazos y un endurecimiento de controles que termine afectando el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE que después de décadas comenzaba a formalizarse.

En el sector agroexportador reconocen que desde hace semanas agricultores, acopios y terminales portuarias trabajan para aislar la soja HB4 del circuito destinado a Europa y evitar una contaminación cruzada que complique operaciones multimillonarias.

Sin embargo, detrás de la alarma aparece un tema recurrente que tiene que ver con el vaciamiento de los controles estatales en los puertos y la creciente privatización de las inspecciones sanitarias.

 [Toto Caputo le dio el control de los puertos a un ex funcionario de Dietrich señalado por permitir un festival de empresas fantasmas]

El problema salta en medio del desguace de los controles estatales impulsado por el ministro de desregulación Federico Sturzenegger. Por ello, el SENASA dejó de realizar los controles físicos en puertos y buques y las tareas fueron delegadas a empresas privadas sin ningún tipo de auditoría.

En rigor, desde el gobierno de Mauricio Macri que se comenzó con el plan de desregulación estatal se le fue reduciendo el campo de acción al SENASA. En ese momento aparecieron en la zona portuaria muchas empresas privadas que buscaban entrar en el jugoso negocio donde la tarifa por la inspección de cada bodega de barco supera los cuatro mil dólares.

 Desde el gobierno de Mauricio Macri que se comenzó con el plan de desregulación estatal se le fue reduciendo el campo de acción al SENASA. En ese momento aparecieron en la zona portuaria muchas empresas privadas que buscaban entrar en el jugoso negocio donde la tarifa por la inspección de cada bodega de barco supera los cuatro mil dólares 

En el gobierno de Alberto Fernández el SENASA recuperó las tareas de supervisión y se obligó a los privados a inscribirse en el RITE -Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades- dependiente de la Oficina Anticorrupción. El registro era obligatorio para todas las operadoras en puertos que realizaban tareas de control, certificación o asistencia sanitarias.

Pero con la panacea libertaria se profundizó el vaciamiento de organismos de controles y "el Estado terminó convertido en un convidado de piedra", resumió un especialista en comercio exterior que habló con LPO.

Previo al desguace, los inspectores del SENASA subían a las bodegas de los buques y verificaban las condiciones sanitarias de las bodegas, los olores, restos de mercadería, contaminación, limpieza y estado general del compartimiento. Todo quedaba asentado en actas oficiales y registrado en el sistema del organismo.

En caso de controversias entre el capitán del barco, exportadores y el inspector estatal, las diferencias se resolvían en instancias administrativas con documentación respaldatoria y trazabilidad de cada inspección: "Si una bodega estaba sucia, tenía restos o no cumplía condiciones, quedaba asentado. Hoy eso prácticamente desapareció", sostuvo una fuente del organismo.

Ahora, el problema es que el Estado emite certificados sobre controles que ya no realiza en un esquema donde los controladores son empresas privadas contratadas por quienes deben ser auditados.

En el complejo agroexportador temen que el episodio HB4 podría convertirse en un caso testigo sobre los riesgos de flexibilizar controles en un mercado internacional cada vez más exigente.

Los defensores de Busaniche buscaban que se declaren nulas todas las causas judiciales en su contra, entre ellas las que tiene implicado por extorsión al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, y que se apartaran de las investigaciones a todos los fiscales federales intervinientes.

Según las posiciones de un caso que implica una interna judicial al más alto nivel, la salida se interpretó como la decisión o de bajarle el pulgar o bien de soltarle la mano a Busaniche, un lobista que gravitó en designaciones de empleados a partir del intercambio de influencias y favores con funcionarios de jerarquía en la Justicia Federal, un hombre ligado al aparato de inteligencia estatal que tiene domicilio en el Palacio Paz, y estrecho conocimiento de magistrados de Comodoro Py, Santa Fe y Rosario.

Busaniche, el carismático rugbier de 120 kilos que puede hundir a Lorenzetti

Con su decisión de este martes, Casación mantuvo la pesquisa iniciada por los investigadores aunque con el voto en disidencia del camarista Mariano Borinsky que tuvo planteos a favor de Busaniche, por considerar que la acción penal está extinguida. Los que desnivelaron fueron los vocales Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, quienes dieron importancia a que la investigación de la que Busaniche supone corrupción institucional y que Argentina es suscriptor de pactos internacionales que imponen perseguirla.

Uno de los casos que más comprometen a Busaniche es el que lo liga a Bailaque, juez federal que el año pasado renunció a su cargo acorralado por una denuncia por extorsión contra dos agentes de bolsa de Rosario, a uno de los cuales exigieron 200 mil dólares para frenar una causa en su contra por lavado de dinero. En esa trama delictiva, según los fiscales del caso, estuvieron también el financista Fernando Whpei y el ex director regional de la AFIP en Santa Fe Carlos Vaudagna. Los tres están con una causa penal. Los dos primeros en prisión domiciliaria y el último en libertad bajo medidas restrictivas.

Uno de los casos que más comprometen a Busaniche es el que lo liga a Bailaque, juez federal que el año pasado renunció a su cargo acorralado por una denuncia por extorsión contra dos agentes de bolsa de Rosario, a uno de los cuales exigieron 200 mil dólares para frenar una causa en su contra por lavado de dinero. 

Los defensores de Busaniche Carlos Pirotta y Débora Lichtmann señalaban que no hay razones para considerar un caso complejo esta investigación y que los fiscales tuvieron una conducta selectiva al formular sus imputaciones "por razones políticas". Para justificar esto dijeron que los acusadores obviaron citar por ejemplo a Héctor Daniel Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, quien según el antiguo director de la AFIP Carlos Vaudagna instigaba a Busaniche a impulsar las extorsiones a los empresarios.

Los audios que revelan la presión de un lobista judicial para extorsionar a un agente bursátil de Rosario

Esa posición chocó contra los argumentos de los jueces que prevalecieron. "En el caso se encuentra involucrado al menos un funcionario público e integrante del Poder Judicial de la Nación, lo que impone reparar en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en punto a la lucha contra actos de corrupción, que imponen un deber de debida diligencia reforzada en su investigación, juzgamiento, sanción y erradicación de este tipo de criminalidad en el ámbito público", afirmó Mahiques.

Para el magistrado es un imperativo "habilitar el avance en el juzgamiento de personas sospechadas de haber intervenido en presuntos hechos de corrupción conforme la obligación asumida en compromisos internacionales por el Estado Argentino en relación con dicha materia".

El ex juez federal, Marcelo Bailaque.

En coincidencia con su colega, el camarista Yacobucci sostuvo que las decisiones objetadas, que habían sido validadas en las instancias judiciales previas, "cuentan con fundamentos válidos y suficientes y los agravios de la defensa sólo muestran una mera disconformidad con lo resuelto, habiéndose garantizado en el caso la doble conformidad judicial".

Imputan al rugbier ligado a los servicios por el caso que acorraló al juez Bailaque

Los fiscales federales cuestionan a Busaniche en diferentes causas. Una es la aludida que tiene implicados también a Bailaque, Vaudagna y Whpei. Bailaque tiene un pedido de de diez años de prisión y a Busaniche le solicitan seis años de pena.

"Los hechos atribuidos fueron originariamente subordinados legalmente a los tipos penales de prevaricato, en concurso ideal con allanamiento ilegal, a su vez en concurso material con falsedades ideológicas de documento público reiteradas, todos ellos en calidad de partícipe necesario. En tales condiciones y a tenor de la imputación efectuada por el acusador público, no merece reparos la modificación a ‘complejo' del presente proceso. En efecto, en este legajo se investiga a una pluralidad de sujetos, algunos de ellos funcionarios públicos de alto rango, por hechos de significativa entidad criminógena, que conllevan además significativa proyección y gravedad institucional", sostuvo Mahiques.

El segundo hecho analizado por Casación es la gestión atribuida a Busaniche para que el juez federal Gastón Salmain ordenara al BCRA el pago de 10 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario para que el administrador de un fideicomiso, el ya mencionado Whpei, pagara una deuda con el exterior. A cambio de esa infrecuente resolución, cuestionada por el BCRA, Salmain habría solicitado un retorno del diez por ciento.

Es importante saber que al inicio de los hechos que se investigan, agosto 2019, Busaniche no era funcionario del poder Judicial de Santa Fe ni del Ministerio Público ni de AFIP. Mantenía un vínculo laboral con la Cámara de Senadores de Santa Fe. Ejercitó este rol por fuera de relaciones laborales.

Al imputarlo, el fiscal Juan Argibay Molina sostuvo que Busaniche, es el escribano con la matrícula 320 de la provincia de Santa Fe que está ubicada en Hipólito Yrigoyen 2600 de la ciudad de Santa Fe. Según el fiscal desde 2023 la actividad principal declarada al fisco es servicios notariales. Busaniche estuvo en relación de dependencia en distintos poderes del Estado. Entre 1995 y 1997 en el Consejo de la Magistratura Nacional. Luego en relación de dependencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Posteriormente en la Cámara de Senadores de Santa Fe. Está casado con una hija del ex diputado santafesino Julio Gutiérrez, que es primo político del ex gobernador Carlos Reutemann y fue su armador en la Legislatura provincial en los 90. Es hermano del camarista federal de Paraná Mateo Busaniche.

"Es importante saber que al inicio de los hechos que se investigan, agosto 2019, Busaniche no era funcionario del poder Judicial de Santa Fe ni del Ministerio Público ni de AFIP. Mantenía un vínculo laboral con la Cámara de Senadores de Santa Fe. Ejercitó este rol por fuera de relaciones laborales", indicó Argibay Molina en audiencia.

El fiscal Juan Argibay Molina.

En este sentido es significativa la relación que Busaniche construyó según los investigadores con la Justicia Federal donde acredita notoria influencia sin ser ni empleado ni funcionario.

La defensa de Busaniche pedía apartar a los fiscales Federico Reynares Solari, Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra, Sergio Leonardo Rodriguez y Esteban Venditti, que pertenecen a distintas procuradurías y jurisdicciones.

Nuevo revés del lobista Busaniche, que buscó tumbar en Casación a los fiscales que lo investigan por corrupción

El camarista Borinsky entendió que no es Casación la instancia donde recurrir como hacen los defensores pero sí le reconoce que hubo de parte del trámite acusatorio una "anormal forma de proceder respecto a Busaniche" y que eso "conllevó a que se continuara con el desarrollo de la imputación ampliándose los plazos legalmente previstos -que como se viene explicando la defensa no tuvo la oportunidad real de cuestionar y de recibir una respuesta jurisdiccional adecuada". Quedó en minoría.

La licitación se lanza en el marco del plan de obras para reconstruir las rutas provinciales y en medio de una discusión incómoda con el agro: cómo financiar el mantenimiento permanente de la infraestructura que sostiene al principal complejo exportador del país.

La provincia negocia con la Bolsa de Comercio de Rosario y los intendentes del cordón industrial la creación de un fideicomiso que se financie con el cobro de una tasa al transporte de cargas para sostener las obras viales que demandan los accesos a los puertos: "el que rompe paga", dicen en el equipo de Pullaro para aclarar que solo se aplicaría al transporte pesado.

Sin embargo, la iniciativa ya generó resistencia entre los agroexportadores y la Sociedad Rural, que advirtieron que se trataría de "un nuevo impuesto" sobre la producción. La Bolsa de Comercio de Rosario respaldó la necesidad de acordar un esquema nuevo para sostener la infraestructura y la pidió a Pullaro que se siga negociando con todos los actores, incorporando a exportadores y productores.

Lisandro Enrico, ministro de Obra Pública de Santa Fe

En el gobierno santafesino explican que el modelo actual es inviable y ponen como ejemplo los sistemas de financiamiento permanente que existen en grandes zonas portuarias del mundo. "Son obras muy costosas donde la provincia invierte muchos millones pero que si no tienen mantenimiento vuelven a romperse en poco tiempo", explican en el entorno del gobernador.

Mientras tanto, Pullaro avanza en la licitación del Camino a la Cremería que tiene un presupuesto cercano a los 15 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de ocho meses e incluye la construcción de una rotonda en el cruce de la ruta provincial 25 con la A012, además de la repavimentación de más de nueve kilómetros en uno de los tramos más deteriorados de la zona.

La idea del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, es iniciar en julio, cuando esté terminando el grueso de la cosecha y llegar con los trabajos lo más avanzado posible para marzo de 2027, cuando el flujo de camiones se vuelca nuevamente a las rutas.

El Camino de la Cremería es uno de los accesos más críticos al cordón industrial: casi el 76% del tránsito corresponde a camiones pesados y por esa traza circula buena parte de la producción que luego se exporta por los puertos del Gran Rosario donde se concentra cerca del 80% de los despachos de granos.

 El Camino de la Cremería es uno de los accesos más críticos al cordón industrial: casi el 76% del tránsito corresponde a camiones pesados y por esa traza circula buena parte de la producción que luego se exporta por los puertos del Gran Rosario 

La intervención apunta a ordenar ese flujo y reducir los cuellos de botella que se generan en la A012, una ruta que ya quedó desbordada frente al crecimiento del volumen transportado en los últimos años.

La licitación se da en paralelo a un plan más amplio que el gobierno de Maximiliano Pullaro puso en marcha para sostener la red vial provincial. Este martes, la provincia abrió ofertas para intervenir más de 4.500 kilómetros de rutas con una inversión superior a los 52.000 millones de pesos y 12 frentes de obra en simultáneo.

Es una noticia importante que queremos que la sociedad santafesina conozca. Sabemos que hay problemas en las rutas, pero también hay una decisión clara de invertir para repararlas", afirmó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, durante el acto en Casa de Gobierno.

El funcionario aprovechó para marcar diferencias con la Nación: "Mientras padecemos el abandono de Nación, la Provincia destina recursos para sostener su red vial", dijo, y agregó una frase con fuerte tono político: "Esto contrasta con el abandono del Estado Nacional, y demuestra que cuando no se roba se puede hacer obra pública".

En el gobierno provincial insisten en que el problema ya no es solo construir, sino sostener. "Son obras muy costosas que si no tienen mantenimiento vuelven a romperse en poco tiempo", explican fuentes cercanas a Pullaro.

El grupo investigado se dedica, según dijeron a LPO fuentes judiciales, a la importación de cocaína desde Bolivia mediante narco vuelos en Santa Fe, ligada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenido hace dos meses en Santa Cruz de la Sierra para ser extraditado a Estados Unidos.

La carga había sido despachada desde Bolivia por la organización de un narcotraficante de esa nacionalidad que fue asesinado hace diez días, el pasado 26 de abril. Autoridades de la Procuración de Narcotráfico (Procunar) indicaron a LPO que se estima que el vuelo se habría hecho en dos etapas y que la avioneta había partido desde Paraguay tras una escala hasta ingresar a espacio aéreo argentino.

Las tareas de seguimiento se habían iniciado hace 45 días con información aportada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. También brindó apoyo logístico la Fuerza Aérea Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, y actuó la Policía Federal.

El arribo de la aeronave se detectó en un campo en inmediaciones del establecimiento "Don Julio" en la zona rural de Vera, 440 kilómetros al norte de Rosario. En el lugar se incautaron dos camionetas -una Toyota Hilux y una Ford Ranger--, dos camiones -un Ford Cargo y un Fiat Iveco--, equipos de comunicación, una antena satelital Starlink, teléfonos celulares y bidones de combustible, utilizados para la logística de la organización criminal.

La estructura que organizó el tráfico respondía a un hombre que fue asesinado hace diez días: José Pedro Rojas Velasco, un piloto de rally boliviano que murió tras ser acribillado a tiros el domingo 26 de abril en Santa Cruz de la Sierra.

El lugar al que llegó la avioneta tiene una pista de aterrizaje clandestina. La organización había sido detectada tras seguimientos y escuchas a dos de sus logísticos, de apellidos Espinosa y Díaz. La organización, bajo presión de un líder externo apodado "El Patrón", aceleró sus operaciones entre abril y mayo de 2026, y terminó con la inminencia de un aterrizaje el 5 de mayo.

La pesquisa se inició el 16 de septiembre de 2025, con información de la DEA sobre vuelos de un grupo narcotraficante provenientes de Bolivia. En la pesquisa se aportó el teléfono de un abonado argentino, aparentemente contactado desde el exterior por Rojas Velasco, un eslabón fundamental de la organización narco de Marset.

Rojas Velasco mantenía contacto con Brian Bilbao, un narcotraficante de Rosario que en noviembre pasado fue detenido en Pavón, en el sur santafesino, en un operativo en el que le secuestraron 956 kilos de cocaína en su vehículo, también procedente de Bolivia.

El grupo investigado se dedica a la importación de cocaína desde Bolivia mediante narco vuelos en Santa Fe, ligada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenido hace dos meses en Santa Cruz de la Sierra para ser extraditado a Estados Unidos

De acuerdo a la información recogida por Procunar, Rojas Velasco habría efectuado personalmente el transporte de la droga a la Argentina por lo menos entre en siete y diez ocasiones.

Por el análisis integral de las comunicaciones, la policía contaba con indicios elocuentes del sitio acondicionado para el aterrizaje y la fecha, a partir de la interceptación de los logísticos argentinos Espinosa y Díaz, que tenían teléfonos con características de la zona de Vera.

Hace veinte días, el pasado 17 de abril, se registró una extensa comunicación donde ambos hombres analizaban el estado del establecimiento rural "Don Julio" y aludían a condiciones climáticas adversas que habían dejado intransitables los caminos internos, con barro profundo y sectores anegados, lo que impedía el desplazamiento de vehículos de gran porte, en particular un camión Ford Cargo de Espinosa, al que denominan "el grandote".

El pasado 3 de mayo a la tarde Díaz refirió que había nuevos inquilinos en el campo lo que generaba preocupación. Ese día hubo una comunicación de relevancia: Espinosa indicaba que que "vienen tres, una se va y dos quedan", lo que fue interpretado por los investigadores como aeronaves o cargamentos. Díaz le replicó que una persona apodada "El Gordo" contaría con un depósito dentro del monte, en el campo, donde podrían resguardarse las cargas. 

Espinosa era seguido por el Grupo Especial de Operaciones Federales gracias al GPS incorporado en su camioneta. Ese día la policía advirtió que el grupo hacía maniobras compatibles con el acondicionamiento de una pista de aterrizaje clandestina, incluso registrando imágenes fílmicas del lugar.

Al día siguiente se verificaron desplazamientos de Díaz y Espinosa hacia el campo. Finalmente, este lunes los investigadores advirtieron una comunicación decisiva: "Ya están, ya vinieron", lo que fue interpretado como la llegada de la avioneta.

La pesquisa la orientaron los fiscales de Procunar Diego Iglesias y Matías Scilabra, en Rosario, y quien validó los allanamientos fue el juez de garantías Carlos Vera Barros.  

En paralelo, el gobierno boliviano destituyó al director de Inteligencia de la Policía, Oscar Fernando Moreno, por haber ocultado la caja fuerte hallada en la casa que Marset ocupaba en Santa Cruz al momento de su captura. Se trataba de una de las cuatro cajas incautadas, y su paradero supuso un golpe al operativo encabezado por las autoridades de Bolivia. Luego de su detención, a mediados de marzo, la Policía boliviana detuvo a 55 personas ligadas al capo uruguayo. 

La discusión se reactivó en la comisión de Planeamiento donde expuso Luciano Agüero, uno de los propietarios de la casona de Belgrano 548. El empresario planteó que la vivienda arrastra años de deterioro, no pudo venderse ni alquilarse y que los costos de mantenimiento se volvieron imposibles de afrontar.

"La casa quedó presa, de alguna manera, de algunas normativas. Se puso en venta, se puso en alquiler y no hubo interesados", explicó ante los concejales. "Nadie quiere más esa casa que nosotros, tiene un valor emocional enorme para toda la familia", agregó.

[El Colegio de Arquitectos rechaza el proyecto de Javkin para habilitar una torre junto al Monumento a la Bandera]

Agüero también describió el deterioro del inmueble y los problemas de seguridad. "Tuvimos seis usurpaciones, es una situación muy desagradable, hay que entrar con la policía", relató. Según dijo, ese proceso terminó por vaciar la vivienda y acelerar su degradación.

Frente a ese escenario, defendió el proyecto que impulsa la familia como única salida viable: preservar íntegramente la casona y construir un edificio en el fondo del lote: "La complejidad de la obra es construir atrás de una casa donde no se deja solo la fachada, se deja la casa completa. Creo que sería el único caso", sostuvo.

 La casa quedó presa, de alguna manera, de algunas normativas. Se puso en venta, se puso en alquiler y no hubo interesados. Nadie quiere más esa casa que nosotros, tiene un valor emocional enorme para toda la familia

Es que en otros casos similares autorizados en Rosario se preservó el frente de la propiedad de valor patrimonial pero el resto se demolió casi por completo. En este caso, enfatizó Agüero, se mantiene en pie toda la casona y el edificio de once pisos se construye en lo que era el patio de la vivienda.

La iniciativa contempla una torre de unos 35 metros, retirada de la línea municipal y sin intervenir la estructura original. "No es una solución para nosotros solamente, es una solución para la ciudad", insistió, y pidió que "la pelea política no obstaculice el sentido común ni el futuro".

Luciano Agüero, uno de los propietarios de la casona

El tema escaló en la tensión política y parecía anticiparse al clima electoral del año próximo. El concejal oficialista Fabrizio Fiatti es el encargado de defender el proyecto y explicó en diálogo con LPO que el desarrollo "no genera ningún impacto sobre el Monumento a la Bandera, ni su desarrollo arquitectónico ni a la altura del eje simbólico".

 No es una solución para nosotros solamente, es una solución para la ciudad. Que la pelea política no obstaculice el sentido común ni el futuro 

En la Municipalidad recuerdan la construcción de la torre Aqualina de 130 metros a pocos metros del Monumento "que está integrada a la visual, a diferencia del proyecto que se discute ahora que está en un lote interno que además contempla un corrimiento de más de cuatro metros a la línea de edificación", dijeron fuentes al tanto del expediente.

La mención de la Aqualina no es casual. Fue autorizada durante la intendencia del socialista Miguel Lifschitz en medio de una gran polémica porque nunca se requirió estudio de impacto ambiental. Además, recordaron que el presidente del Colegio de Arquitecto, Rubén Palumbo, tuvo que renunciar como secretario de Planeamiento de Binner por el escándalo por el derribo de la casa Tiscornia, de altísimo valor patrimonial e histórico.

"Ahora se hace el defensor del patrimonio de la ciudad", ironizaron en el Palacio de los Leones donde sospechan que Palumbo cercano al socialismo juega en tándem con Monteverde.

Fabricio Fiatti es el concejal del oficialismo que defiende el proyecto en la comisión de Planeamiento 

Por su parte, Juan Monteverde marcó objeciones a la iniciativa y volvió a cuestionar las excepciones urbanísticas en áreas sensibles. El referente de Ciudad Futura se alineó con arquitectos y vecinos que advierten sobre el riesgo de alterar el entorno del Monumento.

La posición de Monteverde le dejó la pelota picando a Javkin que habló de un "club de defensores de ruinas" para referirse a quienes rechazan este tipo de proyectos sin ofrecer alternativas de financiamiento para la preservación.

Fuentes del peronismo admitieron ante LPO la incomodidad por la posición de Monteverde: "si no se presentan proyectos alternativos, esas propiedades terminan abandonadas esperando a ser demolidas como único destino".

Fuentes al tanto de las negociaciones explicaron a LPO que el gobierno busca trasladar el costo del desgaste de la infraestructura al dador de carga, es decir, los productores, acopiadores y exportadores, mediante una tasa que se calculará en función del peso transportado.

Hasta ahora, cada localidad portuaria le cobraba una tasa vial para hacer frente a los servicios de mantenimiento. Para los intendentes significó una fuente de recursos que en muchos casos superaba lo recibido por coparticipación. Ahora, la idea es unificar los criterios de cobro en toda la región y terminar con la dispersión de esas tasas.

 La idea no es la del peaje tradicional, sino una tarifa variable de acuerdo al peso transportado por camión. El tránsito pesado genera un desgaste sobre la infraestructura vial extraordinario que requiere acondicionamiento permanente. 

La idea no es la del peaje tradicional, sino una tarifa variable de acuerdo al peso transportado por camión. El tránsito pesado genera un desgaste sobre la infraestructura vial extraordinario que requiere acondicionamiento permanente.

Solo en épocas de cosecha ingresan alrededor de dos millones de camiones a los puertos santafesinos, lo que acelera el deterioro de rutas y accesos y obliga a un mantenimiento mucho más intensivo que el de una red vial convencional.

En ese contexto, en el gobierno advierten que la inversión de 400 millones de dólares en los caminos portuarios necesitará nuevas obras accesorias y requerirá fondos para su mantenimiento que quieren sostener con este nuevo fideicomiso.

Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas Santa Fe

En el plan de inversión que sostiene Pullaro se incluye la ampliación de trazas, construcción del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, intervención en cruces críticos y refuerzo de banquinas.

"El sistema vial no resiste más este nivel de tránsito sin un esquema de financiamiento estable", admitió un funcionario que sigue de cerca las obras, y agregó que la discusión técnica gira en torno a cómo modelizar la tasa en función del peso transportado y del nivel de inversión requerido para sostener la red.La idea no es la del peaje tradicional, sino una tarifa variable de acuerdo al peso transportado por camión. El tránsito pesado genera un desgaste sobre la infraestructura vial extraordinario que requiere acondicionamiento permanente..

El acuerdo incluye a los intendentes de las localidades portuarias, "son parte de la solución", dijo un funcionario provincial y aseguran que buscan garantizarle esos ingresos y que el nuevo esquema contemplará mecanismos de compensación.

 El acuerdo incluye a los intendentes de las localidades portuarias, "son parte de la solución", dijo un funcionario provincial y aseguran que buscan garantizarle esos ingresos y que el nuevo esquema contemplará mecanismos de compensación

El proyecto tiene que pasar por la Legislatura provincial, donde el oficialismo cuenta con mayoría cómoda hasta el próximo año. Por eso en la Casa Gris apuran las negociaciones para enviar la iniciativa en los próximos meses.

En el gobierno de Pullaro no descartan las críticas de La Libertad Avanza y defienden el esquema: "es el mismo principio que plantea el propio Milei, que el que usa, paga. Para las rutas nacionales proponen un peaje cada 100 kilómetros".

La diferencia es que en Santa Fe se plantea una tasa específica sobre la carga que permita sostener la infraestructura clave para el principal complejo exportador del país.

Los cambios se dan en un marco de alta conflictividad. La litigiosidad laboral en Santa Fe más que duplica el promedio nacional. En el primer semestre de 2025 la provincia registró 142 juicios cada 10 mil trabajadores cubiertos por ART cuando en Córdoba, una provincia semejante en geografía económica y humana, los pleitos son 68 cada 10 mil trabajadores.

La controversia sobre el efecto que tendrá la nueva norma no cedió tras aprobarse, pese a contar con el apoyo mayoritario de la Legislatura. Para sectores de magistrados, asesores del campo gremial y la oposición, la reforma termina siendo un traje a medida de las aseguradoras, dejando tanto a trabajadores como a pequeñas y medianas empresas bajo un laberinto de incertidumbre y costos que se pretendían solucionar, como sintetizó el ex ministro de Trabajo provincial Juan Manuel Pusineri, que actuó en el gobierno de Omar Perotti.

Un punto central del cambio es la creación de un cuerpo de peritos oficiales dependiente del Poder Judicial de Santa Fe, integrado por especialistas, que será encargado exclusivo de efectuar las pericias en procesos vinculados a riesgos del trabajo. Sus profesionales serán empleados judiciales designados por concurso de oposición y antecedentes.

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En la actualidad los peritos particulares para intervenir en incidentes cobran honorarios en base a la magnitud del hecho en que intervienen, lo que para el gobierno de Maximiliano Pullaro es un incentivo a agravar el daño del incidente, ya que a mayor compensación para el damnificado, mayor honorario para el perito. Los impulsores de la ley dicen que la remuneración del perito no quedará ligada ahora a la cuantía del juicio ni al porcentaje de discapacidad que se dictamine.

"Es una ley que viene a resolver y a ordenar el sistema de reclamos por accidentes y enfermedades laborales. Partimos de la base de que la Justicia laboral de la provincia de Santa Fe tiene un problema muy grande y es que somos una de las provincias con más juicios laborales del país por trabajador asegurado", dice el diputado provincial oficialista Martín Rosúa.

Tenemos la misma cantidad de siniestros que tiene Córdoba pero el doble de juicios laborales. Tenemos un sistema que no resuelve nada en sede administrativa y que judicializa casi todo y un sistema que hace eso es un sistema que no está funcionando bien.

La reforma salió por unanimidad del Senado y solo tuvo el rechazo de tres sobre cincuenta en Diputados. fue celebrada por entidades de Rosario como la Federación Gremial, Grupo Trascender, Foro Regional Rosario, Sociedad Rural Rosario y Fundación Apertura, por responder a la demanda de "reducir el fraude procesal y la especulación litigiosa, sin resignar en ningún caso la tutela genuina de los derechos de los trabajadores".

"Tenemos la misma cantidad de siniestros que tiene Córdoba pero el doble de juicios laborales. Tenemos un sistema que no resuelve nada en sede administrativa y que judicializa casi todo y un sistema que hace eso es un sistema que no está funcionando bien", planteó al sancionarse la ley la semana pasada.

Pusineri le responde que es cierto. Según la Secretaría de Riesgos del Trabajo, en todo 2025 hubo 13.864 juicios en Santa Fe contra los 6.085 de Córdoba. Pero el ex ministro le marca que a pesar de esa diferencia abismal, las empresas santafesinas pagan un 4%, apenas un 0,4% más que las cordobesas, con 3,6%. Su conclusión: "La litigiosidad no es el factor determinante del costo del sistema. La menor cantidad de demandas en Córdoba se explica por una justicia laboral más robusta y con oralidad que desalienta la judicialización por la rapidez para resolver los conflictos. Hay más del doble de juicios pero costos casi iguales. La litigiosidad no explica la alícuota".

El diputado Martín Rosúa.

Rosúa dice que la reforma del procedimiento laboral evitará en Santa Fe que un mismo caso genere varios juicios unificando pleitos de un mismo accionante en un solo juzgado, fortalece las instancias previas para no llegar a tribunales, define plazos más cortos y evita pericias que fijen montos excesivos al descalzarlas de la remuneración del perito.

"Se habla de la industria del juicio, no de la industria del incumplimiento", dice a LPO Lucía Aseff, ex camarista laboral de la Justicia de Rosario y docente de Derecho Laboral en la UNR. La ex magistrada entiende que la calificación es despectiva para trabajadores que judicializan sus necesidades. "Si la gente estuviera en blanco, si las comisiones médicas no estuvieran dominadas por las ART, si hubiera un sistema más protector de la salud de los trabajadores no habría tanta litigiosidad", analiza.

"Hay que ver cuántos peritos van a nombrar, cuándo y sobre todo cómo van a ser seleccionados", dice Aseff. "La idea no dicha es que esos peritos van a ser restrictivos en el sentido de no fijar incapacidades altas. En Santa Fe hay litigiosidad más alta que en Córdoba porque aquí dan incapacidades cero en sede administrativa lo que hace que al trabajador no le quede más opción que acudir a los jueces. En Córdoba las comisiones médicas fijan incapacidades más reales, con lo que quien se accidenta o se enferma tiene menos motivación para litigar".

En Santa Fe hay litigiosidad más alta que en Córdoba porque aquí dan incapacidades cero en sede administrativa lo que hace que al trabajador no le quede más opción que acudir a los jueces. En Córdoba las comisiones médicas fijan incapacidades más reales.

Esto coincide con la mirada de Juan Manuel Pusineri, el ex ministro de Trabajo, para quien el cambio de código no bajará la conflictividad porque no se modifica la prevención ni de enfermedades ni de accidentes laborales.

"La nueva ley no ataca las verdaderas causas de los juicios, solo pone restricciones a los que están ya en trámite. No mejora el funcionamiento de las instancias administrativas previas al juicio ni garantiza más respuestas adecuadas", dice Pusineri.

En 2020 la Legislatura de Santa Fe aprobó la adhesión a la ley nacional de las ART. La norma creó las comisiones médicas, que son la instancia administrativa obligatoria, antes de recurrir a la Justicia Laboral, para desmotivar juicios. Pero desde entonces ni bajó la conflictividad ni el número de accidentes. En Santa Fe hay un promedio de 40 mil por año en la provincia. Entre 2021, ya con las comisiones médicas, y el año pasado

Hubo 370 muertes por año de entonces al presente debido a ellos. Más que prevención de causas, dicen los críticos, solo aparece la pretensión de reducir costos empresariales ante las consecuencias.

"No hay estadísticas que demuestren que la litigiosidad se deba exclusivamente a la ética de abogados y peritos. Lo que las comisiones médicas rechazan por parámetros formales, la Justicia lo acepta por evidencias médicas reales. Y sobre el impacto en pymes hay que ver que el sistema actual desvía la atención del problema estructural y exime de responsabilidad a las ART", observa Pusineri, para quien el verdadero motor de los juicios son los rechazos sistemáticos en alta proporción de las enfermedades profesionales.

Los jueces de la Corte Suprema de Santa Fe, Balistocco y Baclini.

En Argentina, dice el ex ministro, la cobertura de estas patologías por parte del sistema es menor al 10%, mientras que la OIT estima que representan entre el 35% y el 40% de las contingencias.

"¿Por qué sucede esto? Las ART y las Comisiones Médicas se limitan a un listado rígido de enfermedades. Si la dolencia no está en el "manual", se rechaza por una cuestión formal, sin analizar la relación real entre la tarea y el daño. Cuando el caso llega a la Justicia, los jueces -siguiendo criterios de la Corte Suprema y la OIT- suelen reconocer la lesión, lo que explica por qué tantos casos "administrativamente rechazados" terminan en sentencias favorables al trabajador", dice Pusineri.

Este mecanismo genera un perjuicio directo para las empresas porque al rechazar el siniestro, indica el ex ministro, la ART se desentiende, el siniestro pasa a ser una enfermedad sin responsables pero la empresa debe hacerse cargo del salario del legislador durante la licencia.

"La reforma actúa sobre los síntomas (los juicios ya iniciados) pero ignora la enfermedad: un sistema que empuja al trabajador al juzgado al negarle cobertura básica", detalla.

El diputado radical Rosúa indica que Santa Fe paga 100 millones de dólares más que provincias semejantes por pleitos laborales. Y que provincias como Salta o Río Negro con una modificación similar lograron bajar cinco o seis veces la cantidad de juicios en relación a los tribunales santafesinos.

Los reproches en el campo del trabajo son variados. Para Luciana Censi, abogada asesora de sindicatos como Aceiteros y Docentes Universitarios, esta norma es la culminación de un plan de demandas histórico de la Unión de las ART. "Entronca en la saga de reformas nacionales al sistema de riesgos del trabajo, las cuales funcionan para trasladar costos de las ART al Estado provincial , para esquiva la raíz del problema: el sistemático incumplimiento de las ART en sus obligaciones legales de prevención".

Para Censi, "con la baja de costos mediante altas médicas sin reconocimiento de incapacidades reales, las aseguradoras fomentan la suba de la litigiosidad, que no es más que el reflejo de una mayor siniestralidad, provocada por la casi absoluta ausencia de control y medidas preventivas eficaces en los ámbitos laborales".

"Esto no puede verse sin el ajuste: primero, las ART redujeron costos prestatarios y desconocieron incapacidades evidentes. Después avanzaron sobre los honorarios de los profesionales en las comisiones médicas y objetaron la honestidad de los abogados laboralistas. Ahora, el foco se desplazó hacia los peritos oficiales, a quienes se acusa infundadamente de inflar porcentajes de incapacidad para percibir más honorarios. Algo que ignora que las pericias se sustentan en pruebas clínicas y en la experticia técnica de auxiliares de la Justicia. Eso es molesto para el lucro de las aseguradoras, que ahora buscan librarse de las costas de las pericias oficiales".

En una reciente reunión con legisladores, integrantes de la Corte Suprema de Santa Fe señalaron que el cambio al procedimiento laboral será inaplicable tal como fue aprobado. Según el portal Rosario3, uno de los ministros, Roberto Falistocco, sostuvo que no se necesitan más peritos sino más jueces: en promedio hay 2500 causas por cada juzgado. Otros ministros piensan que la forma de aliviar no es cargar más juzgados con expedientes sino que estos no lleguen al tribunal por una mejor resolución en la instancia administrativa. Acá está la mayor incógnita sobre el problema de la nueva norma. Si las comisiones médicas siguen con escasa flexibilidad para aceptar incapacidades por accidentes o enfermedades el sistema no se descomprimirá y los trabajadores seguirán buscando a un juez.

En ese contexto, la industria de la miel aparece como un caso testigo de la importancia del INTI en la estructura productiva. Hasta 2018, el sector enfrentaba rechazos recurrentes en aduana por problemas de contaminación de los tambores utilizados para exportación y por la falta de una normativa clara que garantizara estándares sanitarios.

La situación se estabilizó recién con el trabajo conjunto del INTI y el SENASA, que fijaron un sistema de certificación para los envases que permitió ordenar la trazabilidad y reducir los rechazos en mercados exigentes como la Unión Europea.

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En ese esquema, el INTI auditaba los procesos, realizaba ensayos físicos y químicos y certificaba que los tambores donde se embazaba de hasta 340 kilos donde se embazaba la miel cumplieran con los estándares internacionales. Era un control clave para evitar contaminación por residuos o metales pesados, uno de los principales motivos de rechazo en destino.

Ahora ese sistema quedó en el aire. Según fuentes del sector que hablaron con LPO, el Gobierno dio de baja esos servicios dentro del INTI y trasladó las certificaciones al Organismo Argentino de Acreditación (OAA), una entidad privada. En las empresas advierten que el cambio implica mayores costos a la industria y genera incertidumbre sobre la capacidad técnica.

Los tambores diseñados y controlados por INTI

Argentina es el cuarto exportador mundial de miel y concentra casi el 90% de sus ventas en tres mercados: Estados Unidos, Alemania y España. En especial Alemania, uno de los principales destinos que aplica controles extremadamente rigurosos sobre calidad y residuos.

Por eso, en la industria temen que el desarme del sistema que funcionaba desde 2018 reabra un nuevo frente de conflicto para los mercados internacionales: "Se había logrado un estándar que nos permitió competir. Volver atrás en eso es jugar con fuego", sostuvo para LPO un especialista en producción de miel de Santa Fe.

Argentina es uno de los principales jugadores del mercado global de miel: en 2024 exportó más de 78 mil toneladas y se consolidó como el cuarto proveedor mundial, detrás de China, India y Ucrania aunque en el sector sospechan que Ucrania es una plaza que triangula con China.

 En la industria temen que el desarme del sistema que funcionaba desde 2018 reabra un nuevo frente de conflicto para los mercados internacionales: "Se había logrado un estándar que nos permitió competir. Volver atrás en eso es jugar con fuego

La actividad involucra a unos 22 mil apicultores en todo el país y tiene fuerte presencia en provincias como Entre Ríos y Santa Fe, donde la cadena productiva genera empleo y divisas en economías regionales que dependen casi exclusivamente de la exportación.

El negocio, además, está altamente concentrado en mercados externos exigentes: Estados Unidos absorbe cerca del 70% de los envíos, mientras que Alemania y España completan el grueso de las ventas.

Esa dependencia vuelve al sector particularmente sensible a cualquier falla en estándares sanitarios o de calidad. En ese contexto, la pérdida de controles técnicos como los que garantizaba el INTI no solo genera ruido en la industria, sino que pone en juego una de las economías regionales que sostiene volumen exportador de manera constante, o sea, en términos de la escuela austríaca, es muy competitiva.

La iniciativa surge en medio del parate económico y el endeudamiento endémico de los empleados formales que hacen malabares para llegar a fin de mes. En la Casa Gris detectaron que este fenómeno fue determinante del malestar salarial de policías y docentes en las protestas de febrero pasado:

"Muchos trabajadores decían públicamente que ganaban 800 mil pesos cuando en realidad el sueldo superaba el millón, pero tenían una parte importante retenida por código de descuento", explicó a LPO un alto funcionario. "Terminábamos con los laburantes puteando por el sueldo mientras las financieras seguían haciendo su negocio", agregó. 

Muchos trabajadores decían públicamente que ganaban 800 mil pesos cuando en realidad el sueldo superaba el millón, pero tenían una parte importante retenida por código de descuento.

Según datos oficiales, el 33% de los empleados estatales tiene descuentos por créditos en sus recibos y, dentro de ese universo, unos 12 mil en situación delicada porque le retienen más del 25% del salario. A eso se suman unos 7 mil jubilados y cerca de 60 mil trabajadores privados y autónomos en situación similar. 

Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe

El problema afecta principalmente a los sectores de menores ingresos y en algunos casos extremos hay empleados que tienen comprometidos hasta cinco sueldos en créditos acumulados, señalaron desde Economía. 

Frente a ese escenario, el plan oficial fija un cambio clave: el tope de descuentos sobre el salario bajará del 50% al 25%, lo que obligará a reordenar el sistema de créditos vigente.

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Para lograrlo, la provincia avanzará con un reempadronamiento de las entidades que operan con códigos de descuento. 

El mayor problema se detecta en las mutuales e importantes financieras a las que se les pedirá que refinancien las deudas de sus clientes bajo nuevas condiciones. Formalmente no es obligatorio, pero en el gobierno diseñaron un esquema que les mete presión. 

 El mayor problema se detecta en las mutuales e importantes financieras a las que se les pedirá que refinancien las deudas de sus clientes bajo nuevas condiciones. Formalmente no es obligatorio, pero en el gobierno diseñaron un esquema que les mete presión. 

Si las entidades no aceptan adecuar los créditos al nuevo límite, la provincia podrá restringirles el acceso a nuevos clientes dentro del sistema, una señal que en el pullarismo consideran suficiente para forzar acuerdos, aunque confían en q no hará falta. 

En paralelo, el Ejecutivo también se reserva la posibilidad de intervenir directamente en los casos donde no haya acuerdo, ofrecerá asistencia financiera a tasa cero para cubrir la diferencia hasta que las cuotas queden por debajo del 25% del salario del trabajador. 

De las financieras que funcionan con códigos de descuento en el ámbito estatal, o sea que trabajan a cero riesgo prácticamente, se destacan las mutuales sindicales "que prestan a un interés más bajo del mercado y cumplen una función social muy importante", admitieron los funcionarios. 

El problema se detectó con un prestamista importante que opera en cinco provincias; Red Mutual que es manejada por Walter Grenón, un financista que montó su imperio desde Santa Fe y suele invertir millones en las campañas de distintos partidos. Su nombre saltó a la pública por sus negocios en Entre Ríos con la polémica familia Etchevehere.

Ahora, en el gobierno de Pullaro observan atentamente a la financiera que concentra la mayor cartera crediticia entre los empleados estatales. Confían en un acuerdo razonable que aliviará la situación de los trabajadores, dicen los funcionarios. 

Por otro lado, el plan incluye herramientas para el sector privado, con líneas de crédito del sistema financiero para consolidar deudas a plazos de hasta cinco años y tasas por debajo del promedio del mercado, además de acuerdos con cámaras empresariales. 

La apuesta del gobierno es doble: aliviar el ingreso disponible de los hogares en el corto plazo y, al mismo tiempo, ordenar un sistema de financiamiento que, según admiten en la provincia, se volvió un factor importante en la conflictividad salarial.

La iniciativa, que requiere una excepción urbanística, reabrió el debate sobre los límites entre preservación y desarrollo en una de las zonas más sensibles de la ciudad como la avenida Belgrano que corre pegada al río, frente al Monumento a la Bandera, y combina arquitectura monumentalista de principios del siglo XX, como el edificio de la ex Aduana y los ex almacenes Rosental, con casonas de valor patrimonial que sobreviven entre edificios más altos.

En esa señorial avenida, el proyecto busca conservar el frente de una de esas viviendas históricas y levantar una torre de once pisos en el fondo del lote, una intervención que no solo impacta urbanísticamente, sino que deja sentado antecedentes que podrían terminar cambiando un sector fundamental del caso histórico.

Javkin impulsa un Parque Acuático frente al Paraná para jerarquizar la costa

El expediente, impulsado por el intendente Pablo Javkin y actualmente en tratamiento en la comisión de Planeamiento, propone conservar la fachada de la casona histórica y construir un edificio de hasta 35 metros de altura en el fondo del lote. La normativa vigente en esa área de protección histórica fija una altura máxima cercana a los 14 metros, por lo que el proyecto depende de una habilitación especial del Concejo.

Sería el peor antecedente que el Concejo aprueba una excepción y se cargan el área de protección histórica del Monumento a la Bandera. Si eso ocurre sería que todo vale y si todo vale, nada vale.

El argumento oficial se apoya en las particularidades de la cuadra. Según plantearon desde el municipio y concejales del oficialismo, el frente sobre avenida Belgrano tiene una lógica urbana distinta a la del casco histórico más cercano al Monumento, con edificios más altos que permitirían "indicadores especiales" para el desarrollo.

Rubén Palumbo, presidente del Colegio de Arquitectos de Rosario

Además, desde el Ejecutivo defendieron el enfoque durante la comisión. El subsecretario de Planeamiento, Pablo Florio, sostuvo que "el gran problema es cómo sostener el patrimonio" y remarcó que las excepciones representan una porción minoritaria de los permisos de obra.

Del otro lado, el rechazo de vecinos y profesionales: El Colegio de Arquitectos advirtió que el proyecto contradice directamente la normativa vigente y alertó sobre el riesgo de abrir un precedente en el área más protegida de la ciudad. El titular de la institución, Rubén Palumbo, afirmó que "sería el peor antecedente" y advirtió que "si las excepciones se convierten en norma, la norma deja de tener sentido".

Son el Club de Defensores de Ruinas, prefiere que las propiedades se caigan antes que generar soluciones.

Desde el Colegio remarcaron objeciones urbanísticas y legales que flexibilizar las alturas en zonas de protección histórica "debilita la política de preservación" y lleva a resolver los proyectos caso por caso, desdibujando el criterio general.

Los vecinos, algunos nucleados en la vecinal Monumento a la Bandera, sumaron una batería de cuestionamientos y denunciaron problemas estructurales en la zona, con cañerías de más de un siglo, baja presión de agua y fallas eléctricas, además del impacto directo sobre la calidad de vida.

Fabricio Fiatti, concejal por el oficialismo

También advirtieron que una torre de esa escala generaría pérdida de luz y ventilación en las viviendas linderas y cuestionaron la compensación económica prevista por el exceso constructivo.

Incluso propusieron una alternativa para evitar la excepción: que el propietario no construya esos metros en ese lote y pueda usarlos en otro proyecto, de modo de preservar el inmueble sin romper la escala del barrio. 

Al momento de la Comisión, el debate público ya estaba al rojo vivo por fuertes cruces en declaraciones públicas. El intendente Pablo Javkin cuestionó a quienes se opusieron al desarrollo.

El autoritarismo del gobierno es increíble.

Días atrás llamó "Club de Defensores de las ruinas" a quienes se oponían al proyecto y dijo que es "el club que prefiere que las propiedades se caigan antes que generar soluciones" y defendió la necesidad de avanzar en el Concejo. Lo dijo en el atril de la Cámara Argentina de la Construcción que la semana pasada hizo su congreso en Rosario.

Con ese clima de fondo, concejales opositores denunciaron presiones y cuestionaron el tono del oficialismo. El concejal Juan Monteverde afirmó que "el autoritarismo del gobierno es increíble".

El caso de Belgrano 548 expresa una tensión que excede a esta obra puntual porque es muy parecida a otros casos: los dueños de esas mansiones no las pueden sostener y se quedan sin herramientas para generar valor económico y el patrimonio se vuelve inviable y la única salida que encuentran los propietarios es abandonarlas hasta su demolición. La gestión Municipal busca flexibilizar las condiciones de protección con planes alternativos e intermedios.

Por otro lado, arquitectos y vecinos advierten que habilitar excepciones en el entorno del Monumento puede abrir una puerta difícil de cerrar. Y en ese equilibrio, el Concejo tiene ahora que tomar una decisión que puede marcar un precedente urbanístico para la arquitectura de Rosario.