"Eso es una locura de algún funcionario nacional que desde un escritorio deroga de un plumazo con un decreto algo que viene protegiendo a la producción bananera a nivel fitosanitario", alertó el gobernador de Salta.

El mandatario se refiere a la resolución 114, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que el lunes 20 de julio eliminó ocho normativas de regulación de diferentes actividades agropecuarias al considerarlas obsoletas o que ya han cumplido con el objetivo por los cuales habían sido dictadas.

El secretario de Agricultura es Sergio Iraeta y su área depende del ministerio de Economía de Luis Caputo. Sin embargo, trascendió que la resolución podría haber sido firmada por presión de Federico Sturzenegger.

Rovira, Sáenz y Figueroa le dieron quórum a Milei para que trate la extranjerización de la tierra

Esta mañana, Sáenz recordó por radio Mitre que en su provincia tienen "3 mil hectáreas que producen bananas para todo el país" y explicó que si a esa zona llega la sigatoka, una enfermedad foliar generada por un hongo que afecta a bananos y plátanos, "la tierra se convierte en improductiva durante mas de 30 años".

"Hay que defender a los productores y a la tierra", sostuvo el mandatario. Y, en ese sentido, arremetió contra los funcionarios que buscan la desregulación estatal e impulsan las denominadas leyes hojarascas a que se interioricen de los temas con las autoridades y productores de las provincias.

"Hay que decirle a los que están en Buenos Aires que de una vez consulten" con las provincias. Esto fue una falta de respeto y un desconocimiento total de lo que es la Argentina y las necesidades que tiene la producción", dijo Sáenz.

Las 16 sociedades rurales del sudeste bonaerense nucleadas en Carbap se reunieron esta semana para tratar el tema y salieron con un duro comunicado en el que advierten que la medida del Gobierno "desarma el sistema sanitario que controló y erradicó la fiebre aftoso en el país".

La resolución 201/2026 del Senasa, que permite desde 2027 la libre elección de veterinarios privados para la vacunación antiaftosa y antibrucélica, barriendo así con el control que en este esquema vienen manteniendo las fundaciones sanitarias.

El campo rechazó el plan de Sturzenegger para desguazar el Instituto de la Carne

Para las rurales del sudeste, con esto se desarma el sistema por el cual las campañas de vacunación son auditables por Senasa y atomiza de forma "incontrolable" su operatividad, impidiendo llevar un orden y control para su efectivo cumplimiento.

Además, advirtieron que la nueva normativa "hará imposible auditar y garantizar la cadena de frío, condición fundamental para mantener la eficacia de las vacunas".

 En caso de entrar en vigencia la Resolución 201/2026, queremos deslindar todo tipo de responsabilidades ante cualquier fracaso sanitario futuro 

La medida había sido fuertemente celebrada por Sturzenegger que, en un posteo en X sostuvo que esa decisión "revoluciona la aplicación de la vacuna aftosa en argentina, respondiendo a una demanda de años del sector ganadero".

"La resolución también sube al ruedo a los veterinarios que podrán registrarse libremente para ellos también ofrecer el servicio, quizás comprando las vacunas a un distribuidor nacional, al ente o directamente a los laboratorios. Los entes seguirán, pero ahora estarán obligados a competir en un ecosistema mucho más diverso", dijo el ministro de Desregulación.

La discusión por la potestad en el manejo de la vacunación anti aftosa se desató desde el arranque del gobierno de Javier Milei y genera tensiones internas en la Mesa de Enlace.

Fuerte interna en la Mesa de Enlace por el fin del monopolio de la vacuna antiaftosa

Ya en 2024, LPO contó que la Sociedad Rural Argentina (SRA) comenzó a impulsar la libre elección del productor al momento de vacunar.

A 32 años del último foco de fiebre aftosa y libre el país de esa enfermedad, en la Rural hay quienes creen que el sistema de fundaciones se "desvirtuó" y plantean que los productores puedan vacunar si necesidad de pagarle a estos entes. Pero en CRA y Carbap salieron fuerte en defensa de las fundaciones.

En esa línea fue el mensaje de las rurales del sudeste: "Esta nueva norma atenta contra el cumplimiento de las campañas establecidas por el SENASA, que deben realizarse en tiempo y forma para lograr una inmunidad en bloque", advirtieron.

Reunión de las rurales del sudeste esta semana en Ayacucho, donde manifestaron un fuerte rechazo a la desregulación sanitaria.

Frente a eso, le propusieron al Senasa "rever la medida dictada" y establecer un "sistema de control conjunto (Estado/privados) que permita monitorear, evaluar y eventualmente corregir costos, teniendo en cuenta que la fortaleza de este sistema se ha basado en el financiamiento y manejo de los recursos por parte de los propios interesados, que son los productores ganaderos".

"En caso de entrar en vigencia la Resolución 201/2026, queremos deslindar todo tipo de responsabilidades ante cualquier fracaso sanitario futuro", señalaron en las rurales del sudeste. 

La Sociedad Rural, Federación Agraria, Coninagro y CRA se unieron a las cámaras de frigoríficos y avisaron que están en contra de cualquier cambio en el ente de promoción de la carne, justo en momentos en que el sector atraviesa una fuerte crisis por la caída del consumo y el ingreso de carne del exterior.

Según trascendió, Sturzenegger está trabajando en una reforma del IPCVA que básicamente consistiría en quitarle la obligatoriedad a los aportes que hacen productores y la industria para financiar el instituto. Actualmente, los productores aportan al IPCVA el 0,07% por animal que va a faena y la industria el 0,02%. 

El plan del ministro desregulador consistiría en que esos aportes sean voluntarios, una idea impulsada por matarifes y productores chicos. Para la Mesa de Enlace y las cámaras frigoríficos hacer los aportes voluntarios sería un golpe letal para el IPCVA y lo dejaría sin capacidad de funcionamiento.

El ingreso de carne barata de Brasil no para de crecer frente al derrumbe de la faena local

El tema fue debatido el martes durante un almuerzo de Federico Sturzenegger en la Rural con Nicolás Pino y otros representantes. El resultado evidentemente fue malo porque un día después la Mesa de Enlace y los frigoríficos salieron muy duro contra el plan del ministro.

En un comunicado destacaron el "rol fundamental" del IPCVA "como herramienta estratégica para el desarrollo y posicionamiento de la cadena bovina argentina", y agregaron que "ha demostrado ser un instrumento eficaz para llevar adelante estudios técnicos, generar información estratégica, y promover la carne vacuna argentina tanto en el mercado interno como en el internacional".

"Es fundamental mantener el actual esquema de pago obligatorio para sostener el funcionamiento virtuoso del IPCVA", sostiene el comunicado, que explica a Sturzenegger que los principales países productores tienen sus propios institutos de promoción. "Las propuestas de implementar un arancelamiento voluntario significarían, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA", afirman.

Las propuestas de implementar un arancelamiento voluntario significarían, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA

"Rechazamos cualquier intento de alteración de las actuales condiciones de funcionamiento del IPCVA que ponga en riesgo la continuidad de su labor técnica e institucional, la cual ha sido clave para consolidar acuerdos comerciales, abrir nuevos mercados internacionales, sostener relaciones sanitarias con países compradores (entre un 3% y un 5% del presupuesto anual del Instituto se aporta al SENASA), y posicionar la marca Carne Argentina como un producto premium a nivel global", dice el texto.

"Degradar la credibilidad y la capacidad operativa del IPCVA implicaría retroceder en logros construidos con años de trabajo conjunto, inversión privada y esfuerzo sostenido de todo el sector", finaliza.

Concretamente, las complicaciones persisten en las producciones de yerba, arroz, vino, leche, maní, hortalizas, algodón y mandioca.

De las 19 economías regionales medidas por el clásico semáforo de la entidad que nuclea a las cooperativas agropecuarias, solo cuatro aparecen en verde: bovinos, ovinos, granos y miel. El semáforo analiza tres componentes: negocio, productivo y mercado.

Un caso paradigmático es el de la lechería, donde los productores están afrontando el precio real del litro más bajo de la última década (518 pesos por litro para junio 2026)  

Dentro de las economías regionales golpeadas, son muy complejos los casos del vino y la yerba, con prolongados períodos de crisis. La vitivinicultura acumula 41 meses consecutivos en rojo, desde enero de 2023. Por su parte, los yerbateros sufren 26 meses seguidos en rojo, desde abril de 2024.

También, un caso paradigmático es el de la lechería, donde los productores están afrontando el precio real del litro más bajo de la última década (518 pesos por litro para junio 2026) en un contexto de suba de costos y, sobre todo, del gasoil.

"Los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos. Esto termina deteriorando la rentabilidad y dificulta la recuperación de estas actividades", advirtieron en Coninagro.

Cae en picada el consumo de leche y avanzan los sustitutos lácteos más baratos

Entre las actividades en amarillo permanecen el forestal, tabaco, cítricos dulces, peras y manzanas, aves, porcinos y papa. En estos casos, los precios no lograron acompañar la inflación, la demanda se mantuvo estable o con poca dinámica y los costos continuaron elevados.

En los cuatro sectores favorecidos se observó un buen componente de negocio, con precios que crecieron por encima de la inflación, aunque con alerta en el caso de granos por la disparada de precios de los fertilizantes nitrogenados y el gasoil.

En un nuevo encuentro regional, esta corriente del peronismo de centro -que había hecho su presentación en Parque Norte el pasado 1 de mayo- reunió a 1600 participantes en Concepción del Uruguay, en el marco de un debate sobre el vínculo con el sector agroindustrial y las economías regionales.

De la jornada formaron parte más de 40 intendentes de distintas provincias, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios, dirigentes políticos, representantes del sector productivo, universidades y organizaciones sociales.

El documento denominado "Programa Federal por la Competitividad Agropecuaria" se orienta a impulsar una agenda integral para el desarrollo del sector agroindustrial argentino.

Kicillof: "hablamos con Llaryora y tenemos que encontrar coincidencias"

La propuesta plantea la necesidad de revisar los factores que afectan la competitividad de la producción, avanzar en mejoras de infraestructura logística, promover la innovación y el desarrollo tecnológico, debatir una nueva ley de semillas y una ley de riego, así como fortalecer las cadenas de valor vinculadas al agro y las economías regionales.

Durante el encuentro, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz destacó la importancia de que "las decisiones del peronismo que viene se tomen en función de representar y reflejar a la Argentina federal".

Nosotros pensamos una Argentina productiva, donde el trabajo sea el eje central de la organización económica y de la vida de los argentinos.

En ese sentido, remarcó que el espacio busca profundizar el debate iniciado en Parque Norte sobre "los principios de orden económico, equilibrio fiscal y equilibrio social con la gente adentro", y sostuvo que resulta imprescindible discutir la relación del peronismo con el sector agroindustrial y las economías regionales como motores del desarrollo nacional.

Por su parte, el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, sostuvo que el desafío del peronismo es ofrecer una alternativa frente a "un modelo de país financiero y primario" impulsado por el Gobierno nacional.

"Nosotros pensamos una Argentina productiva, donde el trabajo sea el eje central de la organización económica y de la vida de los argentinos", afirmó.

Además, cuestionó que mientras el oficialismo "defiende un solo empleo, el del Jefe de Gabinete" (Manuel Adorni), el peronismo debe defender "a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que están perdiendo el trabajo por culpa de Milei".

Finalmente, Guillermo Michel advirtió que el debate que atraviesa hoy a la Argentina "no es solamente sobre un programa económico, sino sobre el modelo social que se quiere construir".

En ese sentido, cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei al sostener que busca "peruanizar la economía argentina", consolidando una sociedad cada vez más desigual, con una clase media debilitada y una creciente pérdida de capacidades industriales y de movilidad social ascendente.

En el encuentro denominado "El Peronismo Debate para ser Alternativa Nacional" también fueron parte el intendente de Pilar, Federico Achával, y la diputada nacional de Unión por la Patria Kelly Olmos, ambos integrantes de este nuevo sector del peronismo federal.

Fuentes de distintas entidades consultadas por LPO coincidieron en analizar el anuncio como una reacción del Gobierno a perspectivas de siembra que ya hablaban de 20% menos de superficie cultivada para el trigo y la cebada con relación a 2025, algo que encendía alarmas en Economía en materia de recaudación.

En el campo recordaron que el año pasado Milei avanzó con una medida similar y se obtuvo una cosecha récord. Sin embargo, en la Federación Agraria ven que, aunque persisten buenas condiciones de humedad, el escenario es otro ya que ahora juegan múltiples factores económicos que complican la siembra, más allá de las retenciones.

"Este tipo de cultivos necesitan mucha urea y los valores se fueron a las nubes por la guerra por lo tanto", dijo a LPO el vice de Federación Agraria Argentina (FAA), José Luis Volando que analizó como "insuficiente" el anuncio de Milei. "No es significativo el impacto que esto va a tener. Es bueno pero poco", agregó.

Respecto de la soja, en FAA sostienen que es "muy poco" el porcentaje que el Gobierno prevé bajar por mes ya que, con ese mecanismo, llegarían a la próxima campaña con más de veinte puntos de retenciones.

 En cuanto a la soja, no dudan que Milei cumplirá con su anuncio dentro de siete meses: "Por promete tan poco", deducen en la Mesa de Enlace 

En el campo ven estos anuncios como intento del Gobierno por retomar la iniciativa política y una necesidad de "mostrar buenas noticias".

Más allá de eso, los productores consultados analizan que la administración libertaria no arriesga nada con esta medida. "No es gravitante fiscalmente y va a ser compensado con más producción", señalaron en otra de las entidades de la Mesa de Enlace.

En cuanto a la soja, no dudan que Milei cumplirá con su anuncio dentro de siete meses: "Por promete tan poco", deducen en la Mesa de Enlace, donde creen que el Gobierno no pondrá en riesgo la relación con entidades como la Sociedad Rural, que fungen de virtuales aliados del libertario.

Sturzenegger será parte del panel central de la jornada nacional de la Confederación Rurales Argentinas (CRA), que se realizará el 12 de mayo. Lo acompañarán el titular de la entidad, Carlos Castagnani, el ministro Diego Santilli, la senadora Patricia Bullrich, el secretario Sergio Iraeta, y los otros integrantes de la Mesa de Enlace.

Fuentes del campo dijeron a LPO que hay "mucho malestar" entre los productores e integrantes de CRA por la invitación a Sturzenegger a abrir la jornada y le apuntan a Castagnani.

"Es el responsable de los achiques y desmanejos del INTA y SENASA, y quien está destruyendo el sistema sanitario público", dijo un productor a este medio, que viene dando cuenta de la preocupación por las medidas de Sturzenegger que debilitaron los controles y encendieron alarma en otros países que compran carne argentina.

Alarma por casos de "oveja loca" en Argentina en medio del desguace del Senasa

El propio Castagnani brindó días atrás una entrevista en Canal E y reconoció la preocupación por la Resolución 201 del Senasa, que promovió Sturzenegger para desregular la vacuna contra la aftosa.

"Creemos que esta medida puede debilitar el sistema sanitario", afirmó el titular de CRA. "No podemos arriesgarnos a volver a la fiebre aftosa, no solamente por el momento que está viviendo la ganadería, sino que somos un país ganadero, somos un país exportador, y eso crearía un desastre sanitario y económico", agregó Castagnani.

Una fuente del sector definió como "extraño" el alineamiento del titular de CRA con el gobierno de Javier Milei y agregó que en la interna de la Mesa de Enlace Castagnani eligió acercarse al titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino.

Por otro lado, señaló que entre los productores hay malestar porque los números del sector no son buenos y están sufriendo el aumento de los costos, mientras el tipo de cambio sigue planchado. "No hay rentabilidad para la próxima campaña de trigo en los campos arrendados", ejemplificó la fuente, que mencionó también la crisis en las economías regionales y el desastre de la infraestructura por el abandono de la obra pública.

Frente a eso, en la dirigencia rural acusaron que el gobierno de Javier Milei desfinanció el Fondo Hídrico Nacional que se nutre de un porcentaje del Impuesto a los Combustibles, por lo que contabilizaron 189 mil millones de pesos sin ejecutar en 2025 por ese concepto.

"Qué buen momento para dejarse de joder con la estupidez de ‘no obra pública'. Si no la vas a hacer deja de cobrarla al menos", dijo en X la dirigente de Federación Agraria de Nueve de Julio Patricia Gorza, que expuso en un video la situación crítica en la localidad de Quiroga.

 "El agua llegó adentro de los pueblos. La emergencia hídrica lleva ya 13 meses, aunque a nadie le importe demasiado", agregó.

Gorza detalló que hay 343.000 millones disponibles proyectados para 2026 en materia de Fondo Hídrico. Los números de los montos no ejecutados por el Gobierno contrastan a simple vista con los 1.900 millones que en noviembre prometió Patricia Bullrich, cuando las inundaciones llevaban nueve meses en la zona.

Esos recursos que fueron considerados "una tomada de pelo" por los afectados, tardaron dos meses en llegar y no modificó la parálisis de obras estructurales, desaprovechándose la ventana del verano para mejorar caminos troncales, alcantarillas y limpiar canales.

En el campo denuncian que el Gobierno aún no reactivó obras que prometió en el Salado

"No hicieron nada, los municipios siguen cobrando tasas. Y esos fondos de Nación eran tres mangos, unos miles de litros de gas oil nomás. Puro humo", dijo a LPO en una fuente del sector que advirtió que otro año de inundación similar a 2025 sería "intolerable".

Además de Nueve de Julio, en Casares también vuelve a impactar el avance del agua. Productora de ese distrito, la tambera Andrea Passerini, dijo: "De nuevo el aislamiento y la pelea diaria por sacar la leche. Las vacas enterradas en el barro. La angustia permanente. Cosechas por levantarse. Caminos rurales y rutas detonados. Ah pero el boom del agro. La ignorancia indigna, la indiferencia MÁS".

Se desinfla la ayuda que anunció Bullrich para los inundados y hay bronca en el campo: "Es una tomada de pelo"

Según establece la Ley 23.966, Nación está obligada a destinar el 28,58% de esa recaudación al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte. Y la mitad de ese fondo específicamente a rutas. Nada de eso sucede.

En tanto, el Gobierno viene incrementando sistemáticamente el monto fijo que grava a los combustibles, que pasó de representar el 10% del precio final de la nafta en 2022 al 20% en marzo de 2026. De un litro a 2.000 pesos, cerca de 400 son carga tributaria interna. 

La sentencia dictada por Pablo Germain, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, no está firme y será recurrida ante instancias superiores por la gestión municipal a cargo de María Serra, que reemplaza a Esteban Acerbo, que asumió en diciembre en la Cámara baja provincial.

Más allá de eso, en el campo ven que se refuerza la jurisprudencia sentada en 2023, cuando la tambera y referente de lechería de Carbap, Andrea Passerini, le ganó un juicio al municipio de Carlos Casares, que tuvo que pagarle el equivalente a tres años de tasa por no demostrar contraprestación.

Con el precedente de aquel fallo, varios grupos de productores iniciaron el proceso de judicialización de la tasa vial. Al momento, la mayoría de las presentaciones se hicieron en municipios administrados por el peronismo.

Ya se hicieron planteos judiciales en Baradero, Henderson, Necochea, General Alvarado y Azul, donde los ruralistas demandaron la anulación de "sobretasas" aplicadas en el tributo por mantenimiento de caminos.

 Con el fallo de Daireaux, varias rurales apuraron las reuniones de productores para avanzar en presentaciones judiciales contra las tasas viales en sus distritos. 

Esta semana, la Justicia hizo lugar a un amparo colectivo de productores azuleños y ordenó a la gestión local de Nelson Sombra a que entregue información "completa, veraz y adecuada" sobre el destino de los fondos recaudados por tasas viales.

El de Azul es un conflicto que se arrastra del año pasado y con el que salió al cruce de intendentes el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino: "Pagar una tasa implica recibir un servicio y eso no está pasando. En algunos casos, la tasa vial que se paga al municipio incide más que el impuesto inmobiliario", dijo.

  Más productores se van a animar a hacer estos reclamos porque hasta ahora muchas veces se hicieron sin resultados favorables

Ahora, con el fallo de Daireaux, varias rurales apuraron las reuniones de productores para avanzar en presentaciones judiciales contra las tasas viales en sus distritos.

"Con la Mesa de Enlace local estamos teniendo reuniones para hacer algo parecido a lo que están haciendo en otros distritos porque los caminos rurales están destruidos. Estamos en tratativas con abogados para avanzar", dijo a LPO el titular de la Rural de Rojas, Alberto del Solar Dorrego.

Y agregó que el objetivo es "pedirle explicaciones a la Municipalidad, qué han hecho con lo que han cobrado de la tasa vial, que no se ve reflejado en los caminos".

 El criterio adoptado en algunos tramos del fallo -que pretende exigir una relación estricta y directa entre lo que paga cada contribuyente y una prestación individualizada- no refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales 

En esa línea, el dirigente de la Rural de San Pedro, Raúl Victores, adelantó a LPO que en la entidad tienen definido "ir a la instancia judicial" contra el municipio por esa tasa.

El tema preocupa en varios municipios donde, frente al derrumbe de la coparticipación y de la cobrabilidad de las tasas en general, advierten un panorama de emergencia financiera que se agravaría sensiblemente de agregarse erogaciones por juicios perdidos por este tema.

"Más productores se van a animar a hacer estos reclamos porque hasta ahora muchas veces se hicieron sin resultados favorables", dijo a LPO el ex titular de la Sociedad Rural de Junín, Rodrigo Esponda.

El productor juninense analizó que empieza a haber "una tendencia en la Justicia de entender que las tasas tienen que tener contraprestación de servicio y que no son impuestos".

En el campo alertan que Milei aún no canceló deudas para reactivar obras que prometió en el Salado

"El problema de los caminos rurales es del 90% de los distritos, con lo cual es importante que el productor vuelva a tener el coraje de reclamar lo que en su momento hizo y la justicia no le daba lugar y que los intendentes entiendan que las tasas tienen que volver en servicios", sentenció Esponda.

En el caso de Daireaux, la demanda fue los ejercicios 2022 y 2023, cuando Acerbo estaba al frente de la comuna. El juez sentenció que en 2023 el 17% del presupuesto de la tasa se destinó a mantener la red vial y que en 2022 apenas el 10% fue aplicado a caminos rurales.

 Al momento, la mayoría de las presentaciones de los ruralistas se hicieron en municipios administrados por el peronismo. 

"El criterio adoptado en algunos tramos del fallo -que pretende exigir una relación estricta y directa entre lo que paga cada contribuyente y una prestación individualizada- no refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales, que son generales, continuos y organizados en función del interés colectivo", cruzó el municipio de Daireaux, que apelará el fallo.

Al señalar que presta un servicio "razonable", la gestión municipal sostuvo que el mantenimiento de la red vial rural "no responde a una lógica matemática ni individual, sino a una planificación permanente que busca garantizar la circulación, la producción y la conectividad de todo el distrito". 

De acuerdo a datos revelados este jueves por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), el tambo promedio facturó un 9,1% menos en el primer bimestre del año, debido a una baja en el precio de 18,9% pero con una mejora de producción del 12,1%.

En el sector vienen denunciando la brecha cada vez más grande entre el precio que percibe el productor y lo que percibe el resto de la cadena.

Esa distorción la grafican haciendo la comparación interanual tomando los datos de febrero de 2026. Ahí, el precio de la leche al tambo subió apenas 7,5% ($481 por litro), mientras que el Índice Lácteo Mayorista subió 16,4% y productos al consumidor como el yogur firme escalaron 26%.

Frente a esee cuadro quee golpea directo en los márgenes de rentabilidad, en la cuenca lechera del oeste bonaerense, advirtieron que "cada vez más productores están en rojo".

"La rentabilidad de los tambos no ha parado de caer, en un contexto macro complejo y poco contemplativo con la micro, hasta un momento como éste, en que la necesidad de leche, de a poco vuelve a insinuarse", señalaron en la Cámara de Productores de Leche de la Cuenca Oeste de Buenos Aires (Caprolecoba) .

Esa entidad detalló que las empresas más grandes tienen ociosas una parte significativa de sus instalaciones a raíz de un mercado interno débil, mientras se preparan para atender las exportaciones. Las pyme, en tanto, se mueven con cautela.

 La rentabilidad de los tambos no ha parado de caer, en un contexto macro complejo y poco contemplativo con la micro, hasta un momento como éste, en que la necesidad de leche, de a poco vuelve a insinuarse 

En ese contexto, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, advirtió que en los últimos dos años se registró el cierre de más de mil tambos, lo que representa cerca del 10% de los establecimientos existentes.

"El cierre de tambos no es casualidad: es la consecuencia directa de un modelo que desprotege a quienes producen", dijo.

Esta situación también se encuadra en una crisis que repercute a industrias históricas del sector como Verónica o ARSA, firma que hacía los postres Shimmy de Sancor y que quebró, dejando 400 trabajadores en la calle. 

La Nación reveló días atrás que Pereda y sus hermanos vendieron unas 24 mil hectáreas de campos y miles de cabezas de ganado que tenían en la provincia de Buenos Aires, en las zona de Olavarría e Hipólito Yrigoyen. Según esa versión la venta se habría cerrado en unos 100 millones de dólares.

La operación llamó mucho la atención entre los dirigentes del campo porque se trata de un activo descomunal, del que según Pereda se desprende por una "decisión familiar". El trasfondo no está claro y disparó especulaciones.

Fuentes del campo explicaron a LPO que la venta de Pereda provocó una subida fuerte de las tierras de la zona y además señalaron que la operación no pudo haberse cerrado por menos de 200 millones de dólares. 

El comprador de las tierras es el grupo Faro Verde, con sede en Tandil y que además de negocios rurales tiene negocios en hoteles y real estate. Su director y cara visible es José María Larocca, conocido por haber participado en dos Juegos Olímpicos en la disciplina salto ecuestre.

Larocca nació en Suiza, pero se crío en Argentina. Hasta 2024 fue director ejecutivo de Trafigura, la tercera mayor comercializadora mundial de minerales y petróleo del mundo. Desde algunos años Trafigura se metió fuerte en el negocio energético en Argentina y en el sector recuerda que Larocca tuvo buen vínculo con la gestión de De Vido. 

Nicolás Pino

La interna de la Rural se calentó esta semana con un posicionamiento publicado por un importante grupo de socios contra el intento reeleccionista de Pino, que irá por un cuarto mandato avalado por la IGJ de su amigo Javier Milei.

En el comunicado se califica la maniobra como una "violación del estatuto" y un "retroceso institucional". "No podemos criticar a los políticos que se atornillan al poder si replicamos esas mismas prácticas", dice la nota que recuerda que el propio Pino limitó los mandatos a tres. LPO reveló meses atrás que en el sector ya bromean con que Pino es "el Insfrán del campo".

"Debemos evitar que nuestra institución sea cuestionada desde el plano ético. No podemos convertirnos en un ejemplo más de aquello que criticamos: dirigentes más preocupados por aferrarse a un sillón que por promover nuevas voces en el sector que representamos", sostiene el comunicado de los socios.

Pino respondió a esto con un comunicado de la Comisión Directiva que avala su postulación a un cuarto mandato, con el argumento de que la reforma se hizo con su gestión ya empezada por lo que la limitación no es retroactiva, una artimaña típica de los caudillos provinciales que espantan a los socios de la SRA.

Frente a eso, desde el consejo asesor que integran las entidades del campo para monitorear las obras en esta cuenca denunciaron la parálisis y exigieron "la reactivación plena y total" de las obras.

"Hay que aprovechar la actual bajante del río, que brinda las mejores condiciones para reactivar todo ya, sin más demoras", dijo a LPO el titular del Consejo Asesor del Plan Maestro del Salado, Alberto Larrañaga.

En esa línea, el también coordinador de la Comisión de Aguas de Carbap sostuvo que, de ocurrir más adelante una nueva crecida, "se complicaría toda la logística necesaria para el despliegue de maquinarias y construcción de recintos, entre otras tares previas al dragado".

El titular del Consejo Asesor del Plan Maestro del Salado, Alberto Larrañaga, advirtió que se está desaprovechando la bajante del río para avanzar en el dragado. 

 En el campo preocupan las complicaciones que la salida del verano podría acarrear para el avance de esta obra, pero también inquieta que la persistente ausencia de obras vuelva a reflejarse en inundaciones similares a las desatadas durante 2025. 

En concreto, el Gobierno solo reinició el trabajo de dos dragas en uno de los tres sectores del Tramo IV.2 que prometió reactivar de inmediato a finales de septiembre de 2025. Todo el tramo abarca 30 kilómetros del Salado entre Lobos y Roque Pérez.

En el campo alertan que Milei aún no canceló deudas para reactivar obras que prometió en el Salado

Hacia mediados de octubre pasado, LPO reveló que la administración de Javier Milei todavía no había cancelado las deudas con las contratistas para poder retomar con la mayor parte de los trabajos paralizados desde el año pasado. 

Al momento, en el Consejo Asesor no tuvieron novedades del Gobierno sobre la puesta en marcha de los dos subtramos pendientes, más allá de las versiones extraoficiales de conversaciones con las contratistas. 

Por otro lado, en el gobierno bonaerense destacaron la puesta en marcha del proceso licitatorio de las obras que la gestión de Axel Kicillof tiene previsto hacer en el tramo V del Plan Maestro Integral de la cuenca.

El gobierno de Kicillof licitó un tramo clave de las obras del río Salado con fondos propios

Con el llamado a licitación ya realizado el 2 de enero pasado, el próximo 26 de febrero se hará la apertura de sobres con las ofertas para lo que definieron como "una de las obras hidráulicas más emblemáticas de la Provincia".

En el Ministerio de Infraestructura a cargo de Gabriel Katopodis contrastaron con el panorama de parálisis de las obras a cargo del gobierno de Milei y detallaron que los trabajos de adecuación, ensanche y profundización del cauce del río Salado que hará la Provincia permitirán recuperar 400 mil hectáreas productivas.

Se trata de las etapas 1 y 2 del tramo V del Plan Maestro Integral, que todavía no se habían intervenido y que atraviesan distritos del noroeste bonaerense (Alberti, Bragado y Chacabuco).

Esa obra demandará a la Provincia una inversión estimada de USD 138 millones y recibirán financiamiento mixto, a través de un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión (BEI) por USD 110 millones, y del Tesoro Provincial.

De acuerdo a lo que se desprende del acta de la reunión de Consejo Directivo de Carbap de diciembre pasado, a la que tuvo acceso LPO, en ese encuentro se expuso la preocupación por el panorama financiero de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad madre de Carbap.

Según consta en esa acta, en la charla de ruralistas de Carbap se señaló que "CRA ha estado económicamente a pérdida todos los meses, cerrando el año con ingresos de último momento relacionados con las exposiciones".

Siempre de acuerdo a la transcripción de esa reunión, dirigentes de Carbap señalaron que CRA analiza vender oficinas en desuso. "Muchísimas entidades tienen problemas porque cuesta sostener una entidad en general", dijo a LPO un alto dirigente del campo.

Fuentes cercanas a la cúpula de Carbap consultadas por LPO confirmaron que en la entidad que enrola a las rurales de Buenos Aires y La Pampa evalúan la posibilidad de vender oficinas que no usan y por las que pagan altas expensas. Más allá de eso, buscaron descomprimir la preocupación expuesta en las actas y señalaron que CRA "cerró positivo" el año tras varios meses a pérdida.

Como fuere, la inquietud por el "problema financiero" de CRA fue uno de los temas centrales de la reunión de Carbap. Ahí, se planteó una reforma del estatuto de CRA que modifique el actual esquema de aportes económicos que, por cuota, hacen cada una de las 16 confederaciones miembro, las que agrupan a cerca de 300 sociedades rurales en todo el país.

En ese punto, dirigentes de Carbap expresaron fastidio, al argumentar que en Buenos Aires y La Pampa pagan de cuota más del doble que la segunda confederada que más aporta, Cartez (Córdoba, La Rioja y Catamarca).

Por esa razón, ruralistas bonaerenses ponen el acento en la distribución de fondos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), al advertir que muchas confederadas reciben más dinero del IPCVA de lo que pagan de cuota a CRA.

Subyace en la Mesa de Enlace una pelea territorial entre la Sociedad Rural y CRA 

Fundada en 1943, el crecimiento de CRA se detuvo en los últimos tiempos e incluso su representación territorial está siendo fuertemente desafiada por la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Como contó LPO, desde la llegada de Javier Milei al Gobierno subyace una disputa territorial en la que dirigentes de CRA denuncian una creciente injerencia de la SRA en sus ateneos y rurales de base, en tiempos donde Nicolás Pino se impone la cucarda de ser el único interlocutor del campo con diálogo directo con el Ejecutivo.

En paralelo, los problemas financieros también se cruzan con fricciones internas. La renovación de autoridades en noviembre pasado, que revalidó la conducción de Castagnini, no fue acompañada por Carbap, que acusó ausencia de discusión previa en torno a la elección de los candidatos.

En Carbap reclaman mayor injerencia, no solo por ser la confederación que más aporte económico hace a la actualidad, sino también por su gravitación territorial.

Fuerte interna en la Mesa de Enlace por el fin del monopolio de la vacuna antiaftosa

Hay dirigentes bonaerenses que exigen un cambio de estatuto que dé cuenta del eso de la confederación de Buenos Aires y La Pampa.

Hoy, las tres confederaciones que controlan CRA son Carsfe (Santa Fe) con Castagnini, Farer (Entre Ríos) con el vice primero José Ignacio Colombatto y Cartez (Córdoba) con el vice segundo Javier Rotondo.

Por otro lado, preocupa en Carbap la baja participación de sus rurales. Un estudio encargado a la Facultad de Agronomía de la UBA expuso estadísticas que muestran una tendencia a la baja en la participación presencial de las rurales.

En Carbap,  solo el 20% de las rurales tiene una participación superior al 75%. Además, 82 rurales (el 67%) prácticamente no participan de las reuniones de Comisiones.

Aunque la asistencia total (virtual y presencial) se mantiene alrededor de 48 rurales por consejo, pero solo 25 de manera presencial. Así, el 58% de las rurales prácticamente no participa de manera presencial en los consejos, asistiendo menos de una vez cada cinco reuniones en los últimos cinco años.

Al sumar la virtualidad, el 40% de las rurales no se conectó a una de cada cinco reuniones de Consejo y 18 rurales nunca se conectaron. En suma, solo el 20% de las rurales tiene una participación superior al 75%. Además, 82 rurales (el 67%) prácticamente no participan de las reuniones de Comisiones.

Frente a eso, en Carbap ven que las posibles causas de la baja participación incluyen "una dinámica institucional obsoleta, un cambio generacional en el productor, o una falta de compromiso real".

Así, estiman que la baja participación "podría significar un aval silencioso o una señal de desapego y descreimiento hacia la herramienta gremial".

Según se expone en un documento de las últimas reuniones del Consejo Directivo del organismo que circula en las entidades del campo y al que tuvo acceso LPO, el Gobierno también buscará avanzar con un shock de retiros voluntarios para reducir la dotación.

Ante eso, los gremios del Inta protestarán frente a la sede central este jueves, en paralelo a la última sesión del año del Consejo Directivo, momento en el que -creen en los sindicatos- "se avanzará fuertemente en el desguace y la liquidación".

El texto que alarma a los trabajadores y técnicos del organismo plantea modificaciones del Reglamento de Estructura del Inta a partir del recorte de 11 centros regionales, el cierre de 293 agencias y la eliminación de 82 programas.

En noviembre de 2024, LPO reveló un documento que especificaba la intención de vender 24 campos experimentales que, en total, sumaban 27 hectáreas. Ahora, ese número creció, semanas después de que técnicos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realizara mediciones en predios del Inta.

Se buscará reducir los programas nacionales activos de los actuales 134 a 52. En varios se proyectan fusiones y en otros directamente se plantea el cierre. Un caso paradigmático es el desmantelamiento de los 19 programas de Agricultura Familiar

En concreto, la avanzada inicial sería sobre 17 hectáreas que califican "en desuso, sin fines de experimentación ni producción". En tanto que se analizarán otras 25 mil hectáreas "en uso pero pasibles de ser desafectadas".

Como había contado LPO, buena parte de los campos del Inta que el Ejecutivo busca comercializar radican en la provincia de Buenos Aires (Balcarce, Pergamino, Maipú, Ayacucho, Villarino, Puan y San Pedro). También, en Córdoba (Marcos Juárez, Río Segundo), Entre Ríos (Paraná y Concepción del Uruguay) y Santa Fe (Rafaela y Reconquista).

El Gobierno mandó a medir terrenos del INTA y los gremios alertan por inminentes remates

Por otro lado, se buscará reducir los programas nacionales activos de los actuales 134 a 52. En varios se proyectan fusiones y en otros directamente se plantea el cierre.

Un caso paradigmático es el desmantelamiento de los 19 programas de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, ya que el Gobierno los considera de "escaso impacto productivo".

También se planifica derogar los dos programas que se desarrollaban en la Estación del AMBA, que el Gobierno decidió cerrar y donde envió técnicos de AABE a medir terrenos.

Se trata de 34 hectáreas ubicadas en Parque Leloir, una de las zonas más cotizadas del conurbano, por lo que los gremios con representación en el INTA denuncian "un gran negocio inmobiliario" y que el Gobierno tiene previsto un remate inminente de esos terrenos.

Como reveló LPO hace un año, el plan del Gobierno contempla la venta y concesión de más de 27 mil hectáreas repartidas en más de una veintena de estaciones experimentales del Instituto.

De acuerdo al documento de carácter confidencial al que tuvo acceso LPO, la intención del gobierno libertario es llegar al primer semestre de 2027 con el remate de 24 inmuebles del INTA repartidos en diversos puntos del país, además del cierre de cientos de agencias del ente, con sus consecuentes despidos.

El gobierno quiere rematar 27 mil hectáreas del Inta y echar a 1.500 técnicos

Específicamente sobre el predio del INTA AMBA en Ituzaingó, el gobierno inició meses atrás su avanzada con el anuncio de cierre, a pesar del rechazo incluso de las entidades rurales que destacaron el rol de esa estación experimental en todo el área frutihortícola de la región.

 Esta semana, ATE y APINTA se manifestaron en el Congreso. Ahí, advirtieron que el Gobierno ya ejecutó sobre el organismo un ajuste del 12% entre personal e investigadores. 

En el gobierno de Kicillof advirtieron que el cierre del INTA AMBA  deja a unos 10.000 productores sin acompañamiento técnico.

En el gobierno de Axel Kicillof, en tanto, el ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez repudió en las últimas horas el cierre del INTA AMBA, al advertir que el desmantelamiento de esa estación experimental deja a unos 10.000 productores sin acompañamiento técnico. 

Por lo pronto, el próximo miércoles está prevista una reunión del Consejo Directivo Nacional del INTA. En ese marco, los gremios tienen previsto denunciar la avanzada del Gobierno para el remate de campos del organismo.

En la Confederación de Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Carbap, calculan que alrededor de 1.5 millones de hectáreas quedarán improductivas en esta campaña frente al avance del agua, que atribuyen directamente a la falta de obras hidráulicas, sobre todo en la Cuenca del Salado.

En la entidad alertan que "la ventana de siembra de soja y maíz se cierra aceleradamente" y que si la superficie afectada tenía previsto sembrar un 60% de soja y un 40% de maíz, "están en juego alrededor de 2.000 millones de dólares que dejarían de ingresar al circuito económico en 2026".

Además del impacto que tendría directamente en los productores y la cadena de pago, en Carbap señalaron que también golpeará a la recaudación estatal. "La conclusión es simple: todos perdemos, mientras las obras siguen sin aparecer", acusaron.

Como contó LPO, en la región afectada crece el malestar de productores inundados con el gobierno de Javier Milei, no solo por las obras frenadas en la Cuenca del Salado, sino también por la escasa ayuda en materia de maquinaria y recursos, mucho menor a la prometida por Patricia Bullrich cuando visitó la zona.

Se desinfla la ayuda que anunció Bullrich para los inundados y hay bronca en el campo: "Es una tomada de pelo"

Ahora, la bronca se expande porque el presupuesto nacional 2026 no incluye obras hidráulicas en el Salado. En Carbap señalaron que, sólo en la región de esa cuenca, Nación recauda más de 1.000 millones de dólares anuales en retenciones.

Además, recordaron que Milei sigue cobrando el impuesto a los combustibles creado justamente para financiar obras de control de inundaciones. "Sin embargo, el Presupuesto Nacional 2026 no asigna ni un peso para las obras del Salado. Una omisión incomprensible y de un impacto económico gigantesco", acusó Carbap.

En Carbap alertan que "la ventana de siembra de soja y maíz se cierra aceleradamente" y que si la superficie afectada tenía previsto sembrar un 60% de soja y un 40% de maíz, "están en juego alrededor de 2.000 millones de dólares que dejarían de ingresar al circuito económico en 2026". 

Y agregaron: "Frente a quienes repiten que ‘no hay plata', la respuesta es simple y contundente: En esta cuenca sí hay plata: la generan los productores y la recaudan los tres niveles del Estado todos los años".

Estimaciones realizadas por la entidad a partir de imágenes satelitales tomadas la semana pasada, exponen que, en la actualidad, hay 2 millones de hectáreas inundadas y casi 3.8 millones afectadas, o sea, que quedaron fuera de producción.

Bolívar es el distrito más golpeado, con casi 170 mil hectáreas afectadas por el agua. Le siguen 9 de julio (con más de 136 mil hectáreas), Pehuajó (casi 110 mil), 25 de mayo, Lincoln y Casares (los tres distritos con cerca de 105 mil hectáreas afectadas).

Carbap también le reclamó a los intendentes por la falta de mantenimiento de los caminos rurales a pesar de cobrar "la tasa vial -crecientemente onerosa-, las guías de traslado y además reciben el 12% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural".

Al gobierno bonaerense, en tanto, le cuestionaron que el presupuesto 2026 "propone un aumento del 100% en el impuesto inmobiliario (mas de 70 millones de dólares adicionales), pero destina poco mas de 4 millones de dólares al Plan Maestro". "La desproporción es evidente y, sobre todo, inaceptable", acusaron.

Frente a eso, en Carbap exigieron como "objetivo concreto, urgente e innegociable" que, para 2030, las obras del Plan Maestro del Río Salado "deben estar terminadas en su totalidad". "No se trata de un slogan ni de una expresión de deseo. Es una obligación moral, productiva y social", señalaron. 

Sin especificar la letra chica de sus anuncios, la ministra de Seguridad (propietaria de un campo de 4 mil hectáreas en la región) habló de un fondo de 1.900 millones y una fuerte asistencia en términos de maquinaria.

Sin embargo, en la reunión de la mesa de coordinación de este lunes (la primera en la que participó el Gobierno nacional), el emisario de Bullrich, el titular de la Agencia Federal de Emergencias Santiago Hardie, detalló en concreto cuál será la ayuda y desató acusaciones que tensaron el encuentro con las entidades del campo.

"Del anuncio a la realidad, hay una decepción muy grande acá", dijo a LPO Patricia Gorza, productora de 9 de Julio y dirigente de Federación Agraria que participó de la reunión de este lunes en donde las entidades desataron su bronca con el emisario de Bullrich: "Nos parece una tomada de pelo", sostuvo.

En las entidades creían que los 1.900 millones anunciados por Bullrich (monto que ya consideraban menor) era a distribuir entre los cinco municipios que estuvieron representados por sus intendentes en la asamblea del último sábado con la ministra.

Se generó demasiada expectativa con el despliegue que se hizo el sábado con la ministra. No se condice con lo que van a hacer.

No obstante, esa cifra será a repartir entre 20 comunas. "Es una cisterna de combustible para diez días de trabajo", graficó Gorza que definió esa asistencia como una "vergüenza" para distritos como 9 de Julio, que tiene el 80% de su red vial intransitable.

En detalle, la maquinaria prometida por Bullrich consta de una retroexcavadora, una motopala, una motoniveladora y dos camiones volcadores de Vialidad Nacional. Eso, sumado a dos unimog y una ambulancia 4x4 del Ejército.

En la mesa de emergencia de Nueve de Julio (conformada hace meses por las entidades, el gobierno bonaerense y el municipio) calculan que esa maquinaria apenas sirve para asistir dos accesos a localidades.

En suma, estiman que el paquete de asistencia que dará la Nación para 20 municipios es lo que estaría necesitando cada uno de ellos para atender el desastre de las inundaciones.

Además, el emisario de Bullrich confirmó este lunes que las máquinas que llegarán la semana que viene no estarán en territorio por 120 días, como pretendían las entidades. "La gravedad de esta situación requiere atenderla durante la única ventana que tenemos en el año, que es el verano", dijo Gorza.

Y agregó: "Donde arranquemos en marzo con la lluvia del otoño sin solucionar nada, vamos a tener un problema gravísimo el invierno que viene, como en este".

Productores inundados preparan protestas y denuncian que el gobierno de Milei no responde

Este año, el impacto del agua en la región se tradujo en una drástica reducción del área sembrada. Por caso, en trigo, se logró sembrar el 30% de lo que en general se siembra. De ese porcentaje, solo se va a poder cosechar el 20%, el resto se perdió.

La siembra de gruesa, que se debería estar en desarrollo, no se hizo aún porque no hay caminos para llegar a las zonas altas aptas para sembrar. "No se está trabajando, con lo cual todo el mundo se está comiendo el capital para vivir", describió Gorza.

 Estiman que el paquete de asistencia que dará la Nación para 20 municipios es lo que estaría necesitando cada uno de ellos para atender el desastre de las inundaciones. 

En ese contexto, los productores inundados refuerzan el reclamo al gobierno de Javier Milei para que acelere las obras de dragado de uno de los tramos que el mes pasado reactivó en la Cuenca del Salado pero que avanza a paso muy lento.

También en la zona definen como clave los trabajos en el Nodo Bragado, una obra anexa que permite que desemboquen todos los canales de aguas arriba para empalmarse con el Salado. "Esa obra la puso el gobernador en el presupuesto 2026, esperemos que se apruebe", dijo Gorza. 

En Nueve de Julio, donde el 45% del municipio está bajo agua y el 83% de sus caminos de tierra están intransitables, la Sociedad Rural local armó una mesa de coordinación con el Municipio y la Provincia, pero sin la parte nacional.

"Lamentablemente desde Nación no hemos tenido ningún tipo de respuesta", dijo Hugo Enríquez, presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, distrito donde, en la última elección, La Libertad Avanza se impuso con el 56% de los votos.

En la zona sur de 9 de Julio la situación está desmadrada a partir de canales desbordados que llegan aguas arriba de Casares y Pehuajó. "La gente empezó a evacuar e irse de los campos. Hoy estamos tapados de agua", dijo Enríquez.

El avance del agua también golpea fuerte en Carlos Casares, donde productores inundados se manifestarán este lunes frente al municipio, en una acción de protesta de similar tenor a la que realizaron en Nueve de Julio el mes pasado.

 En Nueve de Julio, donde el 45% del municipio está bajo agua y el 83% de sus caminos de tierra están intransitables, los productores acusan: "Desde Nación no hemos tenido ningún tipo de respuesta"

LPO contó las quejas a Milei por frenar el Plan Maestro del Salado, reclamos que había escuchado semanas atrás el secretario de Agricultura Sergio Iraeta, cuando visitó Nueve de Julio por primera vez en seis meses de inundaciones.

"Hay gente aislada que ya no puede salir ni en tractores", dijo el productor casarense Pablo Zavala que exigió un plan de acción inmediato a la comuna para atener lo urgente.

Productores inundados estallaron contra una intendenta PRO y Milei por paralizar obras

Lo mismo sucede en Bragado, donde productores le enviaron una carta documento al intendente peronista Sergio Barenghi por el estado de la red vial del municipio. Si en el plazo de 72 horas no tienen una respuesta oficial del plan de acción, prometen iniciar acciones legales por incumplimiento de los deberes de funcionario público

La desesperación genera una reacción inmediata de protesta a los municipios de la región, pero la bronca también empieza a hacerse pública por la ausencia de intervención del gobierno de Milei, que paralizó obras de dragado claves para minimizar el impacto de las fuertes lluvias. 

La administración de Javier Milei todavía no canceló las deudas con las contratistas para poder retomar con la mayor parte de los trabajos paralizados desde el año pasado. Eso, a pesar de que en las entidades aseguran que el Gobierno cuenta con los recursos para regularizar la situación de forma inmediata.

En el Consejo del Salado que integran las entidades del campo y la UIA señalaron a LPO que el Gobierno ya recaudó cerca de 180 mil millones de pesos del Fondo Hídrico que se nutre con gravámenes a las cargas de nafta y GNC, y que solo con el 20% de ese monto podría cancelar las deudas que mantiene con las contratistas.

En medio del drama de las inundaciones que golpea fuerte al noroeste provincial y a días de las elecciones, el Gobierno salió con el anuncio de reactivación de obras en el Salado que en el campo le venían reclamando hace meses.

Pero, en concreto, el Gobierno solo reinició el trabajo de una draga en uno de los tres sectores del Tramo IV.2 que prometió reactivar de inmediato y que comprende 30 kilómetros del río Salado entre Lobos y Roque Pérez. Para los dos sectores restantes, en el Consejo del Salado no tienen novedades.

Productores inundados estallaron contra una intendenta PRO y Milei por paralizar obras

"Estamos a la espera de precisiones para que se pueda cumplir con los plazos", dijo a LPO Alberto Larrañaga, titular del Consejo del Salado y coordinador de la Comisión de Aguas de Carbap.

Larrañaga advirtió que, más allá del subtramo iniciado, es necesario tener certezas del resto ya que "esto debe reactivarse en su conjunto y a la brevedad". Y agregó: "Para que los plazos efectivamente se concreten, no debe haber dilaciones en la regularización de la situación con las empresas".

 El titular del Consejo del Salado dijo que el Ejecutivo cuenta con "holgados recursos del Fondo Hídrico", que hoy superan los 180 mil millones de pesos: "Con menos del 20 por ciento de esa cifra se podría regularizar de inmediato la situación", dijo.

Es que el gobierno nacional mantiene deudas por trabajos ejecutados y certificados, lo que devino primero en la ralentización de la obra hacia fines de 2024 y su paralización total en marzo de este año.

En este sentido, el titular del Consejo del Salado dijo que el Ejecutivo cuenta con "holgados recursos del Fondo Hídrico", que hoy superan los 180 mil millones de pesos: "Con menos del 20 por ciento de esa cifra se podría regularizar de inmediato la situación, sin ningún tipo de afectación al equilibrio fiscal", sostuvo Larrañaga.

Por otro lado, en los últimos días intendentes de municipios del noroeste bonaerense se reunieron con funcionarios provinciales que adelantaron que el gobierno de Axel Kicillof se hará cargo del tramo de la Cuenca del Salado que abarca lo que se conoce como "Nodo de Bragado" y que en la región consideran central para evitar que se provoquen inundaciones como las que padecen actualmente.

 Es muy importante que la Provincia logre rescatar los recursos que el Estado Nacional adeuda y con eso poder realizar esta obra que tiene mucha trascendencia y todavía no se pudo concretar

Según señaló a medios locales el intendente de Bragado Sergio Barenghi esa obra estará incluida en el presupuesto provincial 2026.

"Es muy importante que la Provincia logre rescatar los recursos que el Estado Nacional adeuda y con eso poder realizar esta obra que tiene mucha trascendencia y todavía no se pudo concretar, lo que produjo varias inundaciones y pérdidas muy importantes", dijo el intendente de Bragado a Cadena Nueve.

Las obras del Nodo Bragado abarcan la canalización aguas abajo del Saladillo, el dragado de la laguna del parque, la conexión con la laguna municipal y la ampliación del canal San Emilio.

Por eso, bajo el lema "Somos productores, no esclavos del saqueo", reeditarán los tractorazos, método de protesta que acompañó los reclamos del campo durante los gobiernos del peronismo.

Autoconvocados que también vienen siendo críticos del rol de la Mesa de Enlace organizan para este sábado a 11 protestas en las rotondas de acceso de localidades del interior bonaerense de neto perfil agropecuario.

Por lo pronto, la convocatoria a manifestarse con los tractores en ruta ya comenzó a difundirse en San Andrés de Giles, Salliqueló, Pigué y Chacabuco, pero ruralistas consultados señalaron que también se preparan en más municipios de la provincia.

"Contra la estafa de Caputo y las cerealeras", dice el flyer de uno de los tractorazos de "productores autoconvocados contra la estafa". Y agregan: "El campo se defiende. Sin campo no hay país".

El malestar del sector por la quita fugaz de retenciones había complicado el inicio de la campaña de La Libertad Avanza.

En Tres Arroyos, donde estaba prevista la visita de José Luis Espert (que se bajó a última hora), la Sociedad Rural local le hizo el vacío a esa actividad a pesar de haberle alquilado el salón a los libertarios.

En paralelo a las retenciones, otro foco de discordia estalló por una situación mucho más crítica aún: las inundaciones, que golpean fuerte en el noroeste bonaerense. En 9 de Julio, por caso, productores inundados prendieron fuego cubiertas frente al municipio, con pases de factura a la intendenta y quejas a Milei por falta de obras.

"Se te burlan en la cara. No hay plata para continuar las obras de la Cuenca del salado o en rutas, caminos y te estafan de esta forma porque no tienen las exportadoras todo el cereal y ahora salen a comprar con el 26%. El productor la vio pasar", dijo a LPO una fuente de Federación Agraria.

En la Sociedad Rural Argentina el tema retenciones recrudeció la interna de la entidad y la oposición profundiza las acusaciones contra Nicolás Pino: "Se tiene que definir si representa a los productores o al Gobierno", dijo a LPO un dirigente opositor a la conducción de la SRA.

En ese contexto, el rol de la Mesa de Enlace vuelve a estar en cuestión por autoconvocados que, ahora, sacarán por primera vez los tractores para protestar contra Milei. 

Acusaron de inacción a la gestión local del PRO a cargo de María José Gentile pero también expusieron la bronca con el gobierno de Javier Milei por la parálisis de obras para mitigar el impacto de las lluvias.

Desde marzo, las inundaciones golpean fuerte al noroeste bonaerense, donde los productores vienen reclamando a los municipios obras parche para atender lo urgente y, a la vez, llevar un reclamo unificado a la Nación para que Milei reactive el Plan Maestro del Salado, clave para evitar catástrofes como la actual.

Hartos de no tener respuestas, el estallido se dio este lunes. "¿A dónde mierda están? Pongan los huevos sobre la mesa", increpó desbordado un productor de la localidad de Naón al secretario de Obras Públicas local. "Basta carajo, no jueguen con los seres humanos", dijo.

Y agregó cara a cara con el funcionario, en un video registrado por El Regional Digital que se viralizó en redes: "Te rascás todo el día, estás todo el día tomando mates. Vayansé a la mierda, con todo respeto se los pido".

Tras una mañana de fuerte tensión, los ruralistas fueron recibidos a la tarde por la intendenta Gentile. "No tuvimos respuestas, sí promesas de cambiar la metodología de trabajo. Es lamentable que hayan tenido que pasar ocho meses para cambiar la estrategia", dijo a LPO el dirigente local de Federación Agraria (FAA) Mariano Mateo.

  Frente a la bronca del campo por las 72 horas de quita de retenciones que benefició a las cerealeras y tras la protesta de productores inundados en 9 de Julio, este lunes el Gobierno le anunció a la Mesa de Enlace que reactivaría las obras de dragado del Salado

El reclamo central es por presencia permanente de maquinaria en las zonas más afectadas por el agua, que abarcan las localidades de La Niña y Naón. "Cansados de vivir en la desidia, tomamos la determinación de hacernos escuchar", dijo Mateo, que habló de una "situación extrema" y una "gestión política muy mala".

La administración de Gentile recibió en las últimas elecciones un duro revés en 9 de Julio: la lista que apoyaba terminó en cuarto lugar, a más de diez puntos de distancia del tercero.

En paralelo, los productores expusieron el reclamo a la Nación: "Nosotros dependemos mucho del Nodo Bragado, un cauce del Río Salado. De esa manera 9 de Julio haría más obras para sacar el agua de tránsito. Es muy importante que el Gobierno reactive la obra de la Cuenca del Salado", dijo Mateo.

Sospechan que Pino le hizo una emboscada al secretario de Agricultura porque quiere reemplazarlo

Las quejas a Milei por frenar el Plan Maestro del Salado las había escuchado hace dos semanas el secretario de Agricultura Sergio Iraeta, cuando visitó 9 de Julio por primera vez en seis meses de inundaciones.

Su llegada profundizó el malestar de productores que escucharon al funcionario excusarse de su demora en la visita al señalar que se informa del drama por parientes. A la vez, esquivó hablar de obras.

El tramo del Plan Maestro del Salado que paralizó este Gobierno se financia en gran parte con el Fondo de Infraestructura Hídrica que sigue recaudando el 9% del impuesto al GNC y el 5% a las naftas y que la plata la tienen secuestrada en el Gobierno Nacional

Ahora, frente a la bronca del campo por las 72 horas de quita de retenciones que benefició a las cerealeras, este lunes el Gobierno le anunció a la Mesa de Enlace que reactivaría las obras de dragado del Salado.

Los ruralistas dudan del cumplimiento efectivo de ese anuncio y hay quienes creen que solo se trata de una promesa para bajar la espuma de la bronca por las retenciones.

En el campo denuncian que Milei paralizó una obra clave para mitigar inundaciones a pesar de tener los fondos

"Hay un tramo, el A3, que está detenido desde que paralizó las obras este gobierno y eso se financia en gran parte con el Fondo de Infraestructura Hídrica que sigue recaudando el 9% del impuesto al GNC y el 5% a las naftas y que la plata la tienen secuestrada en el Gobierno Nacional", dijo a LPO Andrea Passarini, de Carbap.

Así está la situación en la localidad de Hortensia, Carlos Casares.

Productora de Carlos Casares, Passerini habló de situación de "catástrofe" y también reclamó obras paliativas de Hidráulica provincial: "Todo Casares está bajo agua y los pueblos rurales virtualmente aislados, se cortaron las pocas pasadas que quedaban", detalló.

Al señalar que los municipios "subestimaron el problema", Passerini dijo: "Los municipios son los que tendrían que haber presionado a la Provincia y, a la vez, municipios y Provincia, presionar a la Nación. Ahora ya tenés que actuar sobre comité de crisis, catástrofe y después ver". 

Como contó LPO, el enojo del campo se debe a que las cerealeras liquidaron los granos que le habían comprado a los productores descontando las retenciones, o directamente declararon ventas de granos que no tienen y que comprarán más adelante cobrándoles a los productores las retenciones. El gobierno les dio un año para realizar las operaciones.

La bronca creció el jueves por la noche cuando el titular de ARCA, Juan Pazo, reconoció en un streaming que las cerealeras no tienen los granos de las DJVE que presentaron entre lunes y miércoles, y le recomendó a los productores que ahora ellos especulen. "Los productores están teniendo un beneficio de esta medida, se ve en el precio. Y si no están contentos con el precio, no vendan, defiendan el producto. Las exportadoras van a tener que comp... cumplir con sus compromisos de venta así que tienen una oportunidad enorme de hacer valer más lo que tienen", declaró, casi cometiendo un furcio y mencionando la palabra "comprar".

Apenas concretada la maniobra con las cerealeras, en el campo empezó a circular la idea de aplicar la ley 26351, conocida como "ley Martínez Raymonda", que obliga a los exportadores a demostrar que tienen el grano antes de declararlo. En la oposición se hicieron eco de esta norma diputados como Rodrigo de Loredo y Esteban Paulón, que pidió citar a Pazo.

Esa ley aprobada en 2007 apuntaba a evitar que ante una inminente suba de las retenciones las exportadoras declaren ventas sin tener comprado los granos. En caso de detectar que así lo hicieron, el Estado podría cobrarle la alícuota modificada. En el campo recuerdan que la ley se aplicó durante el gobierno de Macri cuando Dujovne restableció las retenciones. 

Furia del campo por el pacto Caputo-cerealeras: "Diez tipos se llevaron 2.000 millones de dólares"

Fuentes del sector confirmaron a LPO que el tema está en análisis en las entidades que integran la Mesa de Enlace, donde estudian si es factible pedirle al gobierno que aplique esta ley y castigue a las exportadoras. Sería una forma de intentar calmar la presión de las bases, donde están furiosos con el gobierno.

Pero el tema va más allá de las entidades y también se busca una presión por vía judicial. LPO accedió en exclusiva a una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas donde se denuncia "la connivencia" entre Milei, Caputo y las cerealeras, mencionando como parte del maniobra la publicación de una resolución donde se les da vigencia de un año a las DJVE y otra donde se les habilita a incluir embarques que hicieron antes del anuncio de retenciones cero.

En la denuncia a la que accedió LPO se menciona que los funcionarios podrían estar ser acusados de incumplimiento a los deberes de funcionario público por no aplicar la ley Martínez Raymonda.

El tema está en análisis en las entidades que integran la Mesa de Enlace, donde estudian si es factible pedirle al gobierno que aplique esta ley y castigue a las exportadoras

En declaraciones al portal Agrofy News, el presidente de CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales), Gustavo Idígoras, dijo que la Ley 26.531 no es aplicable porque "no existe un cambio formal de alícuotas, solo suspensión temporal".

Fuentes del campo admitieron a este medio que la norma apunta a cuando se produce una suba de las alícuotas y no a una suspensión como en este caso, pero ante el evidente beneficio de las cerealeras podría interpretarse que la maniobra afecta al espíritu de la ley. "Es una norma compleja y habitualmente judicializada. Hay que estudiar si es aplicable", dijo una fuente del sector, que agregó que "hubo mala praxis y negociados".

"El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo", anunció Manuel Adorni, luego de que se cerrara el beneficio para las ventas de granos.

Para esa hora, ya arreciaban en redes las críticas de productores rurales y sectores del campo por el cierre del cupo para exportar granos sin retenciones, que fue aprovechado únicamente por las grandes cerealeras.

Furia del campo por el pacto Caputo-cerealeras: "Diez tipos se llevaron 2.000 millones de dólares"

Los productores de carnes avícolas y bovinas además habían quedado afuera del beneficio porque por cuestiones logísticas no podían cumplir con los plazos establecidos por el gobierno para liquidar las exportaciones, a diferencia de las cerealeras.

El anuncio del gobierno buscó calmar la bronca, pero estuvo lejos de lograrlo. En el campo están en llamas porque Caputo les regaló un negocio formidable a las cerealeras, que compraron granos con retenciones a los productores y la vendieron exentos. "Diez tipos se llevaron 2.000 millones de dólares", explotaron desde una de las entidades que integra la Mesa de Enlace.

Como contó LPO, las cerealeras nucleadas en la poderosa CIARA taparon de órdenes de liquidación de divisas al Banco Central y en apenas 72 horas agotaron el cupo para vender con retenciones cero. El decreto publicado el lunes estableció que una vez que se llegaba a ese tope las retenciones volvían a su porcentaje anterior.

Esto despertó una furia total en el campo donde, con algo de demora, se dieron cuenta que Caputo había armado el negocio con las cerealeras y los productores no iban a tener tiempo de vender la poca cosecha que conservaban algunos. 

Los exportadores inundaron al Banco Central con órdenes para liquidar USD 7.000 millones en 72 horas

Un primer cálculo indica que el negocio quedó en manos de once cerealearas, que tuvieron la espalda que no tuvieron los productores para presentar las declaraciones juradas con granos que compraron o comprarán sin retenciones. La mayor tajada del negocio fue para Bunge, LDC, Cofco y Cargill.

"Fue un acuerdo en una mesa con 10 personas. Si hacés la cuenta se ganaron 2.000 millones de dólares en tres días. El Gobierno buscó esto", dijeron a LPO desde lo más alto de una de las entidades que integra la Mesa de Enlace.

"Federación Agraria dijo que el grano estaba en manos de los exportadores. Más vale que uno se siente usado porque mientras hablaban con nosotros, sectores del gobierno ya habían arreglado toda la cuenta con los exportadores. Imagínate que en tres días hayan cubierto ese cupo es porque ya estaba hablado de antemano y estaba todo en poder de terceros. Es decir, el campo la vio pasar", señalaron a LPO desde FAA.

Uno se siente usado porque mientras hablaban con nosotros sectores del gobierno ya habían arreglado toda la cuenta con los exportadores. Imagínate que en tres días hayan cubierto ese cupo es porque ya estaba hablado de antemano. El campo la vio pasar

La bronca llega hasta algunas sedes del interior de la Sociedad Rural a pesar del alineamiento de Nicolás Pino con Milei. Desde la seccional Rosario sacaron un duro comunicado en el que denunciaron que el negocio quedó "en manos de un grupo reducido de grandes exportadores" y la mayoría de los productores "quedó al margen". "En lugar de ser un 'guiño al campo', la medida generó desequilibrios, exclusión y malestar en quienes sostienen la producción", denunció la SRA Rosario.

Entre los productores la sensación es que las cerealeras liquidaron sin retención los granos que le habían comprado a los productores descontándole las retenciones. O peor, las exportadoras declararon ventas de granos que no tienen y que comprarán más adelante a los productores descontándoles también las retenciones. 

El gobierno estima que el campo liquidará USD 6 mil millones y perderán USD 1500 millones de recaudación

Un gobernador reconoció a LPO que la medida traerá malestar en el campo, un sector al que Milei necesitaba recuperar de cara a las elecciones de octubre. Este mandatario provincial fijo que "fue una medida desesperada" por la necesidad de dólares y cuestionó la medida al afirmar que "toda baja circunstancial atenta contra una baja permanente de las retenciones".

Es por eso que en las redes muchos recuerdan los planes "dólar soja" de Sergio Massa y reconocen que por lo menos en ese caso el beneficio llegó a los productores. "Dice Massa que se les fue la mano. Al menos le hubiesen dicho que dure una semana más", ironizó el exministro de Agricultura Ricardo Buryaile. "Ni Massa se animó a tanto, al final terminó teniendo más palabra", se quejó el productor y diputado bonaerense Lucho Bugallo.

El productor rural Carlos Milicevic, exvicepresidente del Senasa, dijo a LPO que "fue una medida de política cambiaria y no agropecuaria". "Lamentablemente no pudo ser aprovechada por los productores. Tienen toda la razón para estar enojados o desencantados, esto solo beneficio a los exportadores", agregó Milicevic.

Nicolás Pino y Juan Pazo 

El negocio con las cerealeras también recuerda que Caputo y dos de sus funcionarios más cercanos, el titular de ARCA, Juan Pazo, y el viceministro coordinador de Energía, Daniel González, tienen muchos negocios en el campo. Pazo y González ya quedaron marcados por dos negocios que hicieron ruido en el sector: el titular de ARCA por empujado el negocio del chip para las vacas y González porque la empresa Adecoagro en la que es director se quedó con Profertil, la mayor productora de fertilizantes del país.

Las diferencias van se la mano con quiénes se verán beneficiados y qué sectores pueden verse golpeados por la medida que el Gobierno extenderá hasta el 31 de octubre en su desesperación por el ingreso de dólares al Central hasta las elecciones.

En Federación Agraria y Coninagro dicen que la quita temporal no alcanza a los pequeños y medianos productores, que ya liquidaron para pagar alquileres, deudas y costear los insumos de la próxima campaña.

También Carbap e incluso opositores a Nicolás Pino en la Sociedad Rural aseguran que la medida responde a las urgencias del Gobierno y no a una demanda del sector. Sólo la conducción de la SRA salió a defender plenamente la baja temporal.

 Para el pequeño y mediano productor no va a tener ningún efecto porque el grano de soja y maíz ya casi no lo tenemos. Eso está en manos del productor grande y de los exportadores 

En todas las entidades admitieron que la medida fue inconsulta. Incluso, el jueves pasado estuvo en el congreso de Coninagro el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, que no dio la más mínima señal de la decisión tomada este lunes.

"Para el pequeño y mediano productor no va a tener ningún efecto porque el grano de soja y maíz ya casi no lo tenemos. Eso está en manos del productor grande y de los exportadores", dijo a LPO el vice de Federación Agraria, José Luis Volando.

Además, alertó sobre el impacto en las producciones que usan maíz y pellets de soja para la alimentación: "Van a estar más complicados porque aumenta el precio y no van a poder trasladarlo a góndola porque está muy deprimida la demanda", dijo.

Más allá de eso, Volando mantiene reparos sobre la meta de liquidación que hacen en el Gobierno: "Plantear que esto se haga en 30 días es desconocer cómo es la actividad agropecuaria, con lo cual no creo que van a lograr el efecto que están buscando de hacerse de dólares ni el apoyo del sector agropecuario", sostuvo.

 Decir que el productor ha vendido y que esto llega por una decisión meramente electoralista, es un error. De base, es lo que estábamos pidiendo. Lo que tenemos que lograr es que esta baja no sea temporaria 

En la Mesa de Enlace admiten que quienes cuentan con los granos tienen la suficiente espalda para especular sobre la conveniencia de vender ahora o esperar a una devaluación en un futuro próximo. "Muchos piensan que lo que se pierden ahora por el descuento lo ganan después por el salto del tipo de cambio", dijo a LPO un encumbrado dirigente que prefirió la reserva.

Como fuere, en la conducción de la Sociedad Rural Argentina bancaron: "La medida es positiva. Nadie puede oponerse ni decir lo contrario a esto, sería ir en contra de lo que hemos pedido durante años", dijo a LPO Marcos Mathé, director del Distrito I (Buenos Aires) de la SRA.

El gobierno estima que el campo liquidará USD 6 mil millones y perderán USD 1500 millones de recaudación

 Y agregó: "Podría haber sido a la inversa y haber aumentado las retenciones en un momento difícil para el Gobierno, podrían haber creado un nuevo impuesto. Es totalmente lo contrario de lo que habría hecho otro Gobierno". 

Mathé salió al cruce de quienes critican la medida dentro del sector: "Decir que el productor ha vendido y que esto llega por una decisión meramente electoralista, es un error. De base, es lo que estábamos pidiendo. Lo que tenemos que lograr es que esta baja no sea temporaria sino que se mantenga en el tiempo", señaló.

Puesto como una medida temporaria, no es algo que incentive más producción, sino que es una clara necesidad de dólares del Gobierno

En la SRA cuentan más de 55 millones de toneladas de granos por vender. Entre soja y maíz, hablan de USD 15 mil millones. Con esos números, dan por descontado que el Gobierno alcanzará su meta de 7 mil millones de liquidación en un mes.

De todos modos, Mathé puso reparos: "La medida es positiva. El único tema es que hay que dejarla que decante, ver qué pasa en los mercados y cómo evoluciona", dijo.

En la oposición a Pino, el ex director de la Sociedad Rural Santos Zuberbuhler es más escéptico. "Es muy corto el tiempo hasta el 31 de octubre como para que el Gobierno pueda llegar a percibir los beneficios de dejar retenciones cero", dijo a LPO.

Fue primicia de LPO: Milei baja las retenciones a cero para que el campo liquide

Al marcar que el Gobierno toma esta medida para sortear la incertidumbre cambiaria, Zuberbuhler acusó: "No está pensada a largo plazo. Ojalá empiecen a ver al campo como un aliado estratégico y no como una caja de recaudación".

En tanto, el titular de Carbap, Ignacio Kovarsky dijo que toda quita es positiva pero tendrá un alcance limitado en el sector: "No va a incentivar la producción porque es una medida cortoplacista", dijo a LPO.

 El cereal, esa moneda que los productores guardan en el acopio, en nuestro caso en la cooperativa, ya la cambiaron para pagar alquileres, insumos, fitosanitarios, el paquete tecnológico con el que acompañás la campaña 

Por esa línea también van en Coninagro: "Si fuera permanente, diría que es una respuesta al reclamo del campo. Al ser temporaria, es el reclamo del campo y una necesidad inmediata del Gobierno", dijo a LPO Mario Raiteri, secretario General de la entidad que agrupa a las cooperativas.

Y agregó: "No sé si todos van a poder utilizar esta ventana, si todos van a ser beneficiados. El cereal, esa moneda que los productores guardan en el acopio, en nuestro caso en la cooperativa, ya la cambiaron para pagar alquileres, insumos, fitosanitarios, el paquete tecnológico con el que acompañás la campaña".

Raiteri consideró que la quita de retenciones tiene que ser de forma permanente para que prospere: "Si lo hubieran hecho antes, seguramente hoy no sería tan grave la situación, que suma a la hora de tomar la decisión por parte del Gobierno", señaló. 

Con más de 3 millones de hectáreas afectadas por las inundaciones en la provincia, las entidades del campo profundizan la presión a Javier Milei para que reactive las obras en la cuenca del río Salado que su gobierno paralizó apenas asumió.

La bronca del sector con el Gobierno por este tema creció tras la visita del secretario de Agricultura Sergio Iraeta a Nueve de Julio, uno de los puntos más afectados. Ahí, el funcionario no dio respuestas a los reclamos de obras y dijo estar al tanto del drama del agua por parientes.

Ahora, hay alerta máxima en el noroeste bonaerense frente al colapso latente de puentes que cruzan el crecido río Salado. Ya colapsó un puente ferroviario en desuso en Chivilcoy y hay temor de que suceda lo mismo con otro que es central en la región: el puente de la Ruta Nacional N°5.

Por eso, en las últimas horas, Carbap envió una nota al secretario de Coordinación de Infraestructura de la Nación, Martín Maccarone, para reclamarle al Gobierno "su urgente intervención y eventual adopción de medidas preventivas".

Las alarmas dan cuenta del riesgo de socavamiento anterior y retrógrado de las estructuras de sostén del puente sobre el río Salado de la Ruta Nacional N° 5. Carbap expuso "muestras de alarma y preocupación" de las rurales de Bragado y Alberti.

Frente a la crecida del río, colapsó un puente ferroviario en la zona de Chivilcoy (Foto: Bichos de Campo).

En la zona de Bragado, incluso, hay productores que temen quedar incomunicados frente a la ausencia de las obras y la destrucción del agua.

"¿Van a esperar que se derrumbe la Ruta Nacional 5? ¿Que el interior bonaerense literalmente colapse mientras retienen recursos de afectación específica? Las pruebas del riesgo están a la vista", dijo la productora tambera y dirigente de Carbap, Andrea Passerini.

Todo eso se da en un contexto donde, desde hace meses, las entidades vienen reclamando la reactivación de las obras de dragado de la Cuenca del Salado.

 ¿Van a esperar que se derrumbe la Ruta Nacional 5? ¿Que el interior bonaerense literalmente colapse mientras retienen recursos de afectación específica?  

LPO contó que el reclamo se focaliza en un tramo de dragado de 30 kilómetros que comprende los municipios de Lobos, 25 de Mayo y Roque Pérez, sin el cual se complica el avance del resto de las obras que hacen al Plan Maestro del río Salado, proyecto que en el campo consideran central para mitigar el impacto de las inundaciones en la provincia.

"Al día de la fecha no tenemos respuestas ciertas respecto de lo que estamos reclamando que es la reactivación de estas obras", dijo a LPO el titular del Consejo del Salado y coordinador de la comisión de aguas de Carbap, Alberto Larrañaga.

En el campo denuncian que Milei paralizó una obra clave para mitigar inundaciones a pesar de tener los fondos

Frente a esa falta de respuestas, Larrañaga dijo que las entidades están desarrollando una serie de acciones de caracter gremial que implican reuniones itinerantes para llevar el reclamo por distintas localidades.

"Si bien es un tramo de 30 kilómetros, su paralización en el tiempo significa que se atrasa todo. El freno del conjunto porque el dragado debe continuar unos años más para poder completarse", dijo el dirigente ruralista. 

"Tengo muchos parientes y amigos que están afectados por todo esto, así que estoy perfectamente informado de lo que ocurre", dijo Iraeta para justificar su tardía visita a productores inundados, en una charla que organizó Nicolás Pino en la Cámara de Comercio de 9 de Julio.

También recordó que campos familiares estuvieron bajo agua en 1987. "Entiendo perfectamente lo que es el drama". Sin embargo, Iraeta congeló la reactivación de obras que los ruralistas vienen reclamando, sobre todo en la Cuenca del Salado.

"Lo tenemos en agenda, es un tema complejo porque es un tema de plata, pura y exclusivamente, es un tema de presupuesto. Pero bueno, quiero escuchar", dijo.

 Tengo muchos parientes y amigos que están afectados por todo esto, así que estoy perfectamente informado de las inundaciones

La presentación de Iraeta provocó más discordia que su ausencia en estos seis meses. "Todavía estoy intentando saber para qué vino. De lo único que habló es de homologar las emergencias, burocracia", dijo a LPO un productor del noroeste provincial.

En el campo denuncian que Milei paralizó una obra clave para mitigar inundaciones a pesar de tener los fondos

Frente a eso, en el sector hay quienes creen que Nicolás Pino organizó esa actividad para exponer a Iraeta y su falta de respuestas en una maniobra tendiente a acelerar una dimisión de Iraeta que le permita al hoy titular de la Sociedad Rural asumir al frente de la Secretaría de Agricultura.

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.

Dentro de la Mesa de Enlace, Pino es el único que mantiene línea directa con el Gobierno y desde junio es tanteado como posible miembro del gabinete de Milei. En medio del temblor interno post derrota, hay quienes creen que es el momento para que Pino asuma el control formal de las políticas para el sector.

Como fuere, en el campo persiste el reclamo por la reactivación de obras clave en la Cuenca del Salado.

Como contó LPO, se trata de un tramo de dragado de 30 kilómetros que comprende los municipios de Lobos, 25 de Mayo y Roque Pérez, sin el cual se complica el avance del resto de las obras que hacen al Plan Maestro del río Salado, proyecto que en el campo consideran central para mitigar el impacto de las inundaciones en la provincia.

Como contó LPO, el martes trascendió desde el gobierno y la Sociedad Rural que el "anuncio" que Milei prepara para su discurso de la inauguración oficial de la Exposición de Palermo era la emisión de Bopreales para los productores. La Casa Rosada buscaba así calmar los ánimos de una visita en la que no está claro cuál será el clima con el Presidente.

Pero a las pocas horas del trascendido desde el gobierno se esforzaron en desmentir la versión, aunque siempre en off the record. No hubo ninguna voz oficial que negara la versión que se instaló a partir de un supuesto cable de la agencia Reuters, que luego se dijo que era falso. Llamó la atención lo bien hecho que estaba ese cable, algo muy sofisticado para instalar una supuesta fake news.

Milei tantea a Pino para ministro de Producción y designó a su vocero al frente de los medios públicos

Fuentes de la Sociedad Rural habían confirmado el martes a LPO que les llegó la propuesta supuestamente elaborada por Luis "Toto" Caputo e incluso afirmaron que la giraron a sus economistas y estos devolvieron la siguiente evaluación: "de las que vimos es la mejor elaborada". 

El proyecto de devolver parte de las retenciones con un bono, es una vieja idea de la Sociedad Rural que en su momento trabajaron con Macri y luego también acercaron a Alberto Fernández.

En efecto, se trata de una vieja iniciativa de la SRA que el gobierno viene trabajando desde octubre del año pasado. En ese momento, los principales diarios informaron que el equipo económico ya evaluaba seriamente el mecanismo e incluso se hablaba de reuniones con técnicos del sector para pulir el diseño. La misma idea le acercaron en su momento a Mauricio Macri y después a Alberto Fernández.

Nicolás Pino con el titular de ARCA, Juan Pazo

En realidad, lo que sucedió es que la idea del bono cayó pésimo en el resto de la Mesa de Enlace. Apenas se filtró la posibilidad, el resto de las entidades lo rechazaron de plano. En lugar de una "reparación histórica", vieron una promesa enredada en papeles y dólares futuros que podrían licuarse antes de llegar a destino. El mensaje fue claro: prefieren efectivo en mano antes que poesía financiera. 

Con este rechazo de sus pares, Pino salió a desmarcarse con un prolijo "yo no fui", aunque se trata de una vieja idea de los técnicos que lo asesoran. Se sabe que el oficialismo ciego le está trayendo problemas a Pino con sus pares de la Mesa de Enlace y también con su vice en la SRA, Marcos Pereda. 

Lo que sucedió es que la idea del bono cayó pésimo en el resto de la Mesa de Enlace. Apenas se filtró la posibilidad, el resto de las entidades lo rechazaron de plano. En lugar de una 'reparación histórica', vieron una promesa enredada en papeles y dólares futuros que podrían licuarse antes de llegar a destino.

Aunque el reclamo del campo está centrado en el 33% que el Estado retiene de las exportaciones a la soja, ahora el gobierno de Milei filtró que el anuncio sería una eliminación de la alícuota del 6,75% de los novillos. Se trata de una medida de un costo fiscal mucho menor, unos 100 millones de dólares.

La Bolsa de Cereales de Córdoba detectó que aunque "el aumento en la alícuota de los derechos de exportación fue compensado por el aumento del tipo de cambio en alrededor del 6% en lo que va de julio, lo que permitió mantener la nominalidad en pesos de los precios pizarra; en dólares el poder adquisitivo de la soja cayó alrededor de un 7% durante el periodo mencionado".

Gonzalo Agusto, el economista jefe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, explicó a LPO que esta caída de la rentabilidad de la soja se da en el contexto internacional de precios bajos, contexto que pone en jaque a la próxima campaña: "Al analizar la rentabilidad para el año que viene, analizamos que en soja podría ser negativa en gran parte de la provincia, por lo que producir soja con los actuales derechos de exportación es bastante complicado y los resultados para la próxima campaña son bastante ajustados".

Agusto explica que el valor de la soja en pesos "ha subido un poquito" por una compensación de la suba en el tipo de cambio, "pero el productor recibe en dólares menos", por lo que estima que las próximas ventas (tras el aumento de las retenciones) serán a "cuentagotas".

La caída de la rentabilidad sojera afectará inversiones de producción, de compra de insumos, de recambio de maquinaria e inmobiliarias, que son un refugio tradicional de los productores tras la cosecha. "La menor disponibilidad se hará sentir", dice Agusto, quien advierte que la caída de la rentabilidad se combina con "tasas muy altas de interés que dificultan los proyectos de inversión en la cadena de valor y menor inversión en tecnología", lo que termina dañando la productividad del suelo.

Aunque a mediano plazo podría haber una recomposición del precio internacional, el contexto es incierto debido a que Estados Unidos hará una fuerte apuesta a la producción biodiesel en base a aceite de soja. El mismo proceso industrial implicará el aumento en la producción estadounidense de harina de soja, el principal producto que exporta Argentina. Es decir, podría haber una mejora en la exportación de poroto de soja, pero, al mismo tiempo, afectarse al complejo productivo sojero nacional por la sobreabundancia global de harina de soja.

Según pudo saber LPO, ya hay una fecha preliminar para la movida: jueves 17 de julio. La excusa es un nuevo aniversario del voto no positivo de Julio Cobos que volteó las retenciones móviles. Pero también la coyuntura juega en esa elección.

El 17 comenzará la 137° Exposición Rural en el predio ferial de Palermo, donde, hace un año, Milei definió las retenciones como un "saqueo". Aún no hay un esquema definido de acciones, pero hay quienes hablan de reclamar "en la ruta".

En las bases hablan de "decepción" con el libertario pero el peso de las críticas también caen en Nicolás Pino que, precisamente en la presentación de la Expo, pidió "templanza" frente a la suba de retenciones.

Incluso, el reciente comunicado que sacó la Mesa de Enlace criticando la medida fue a instancias de la presión de las bases y de los dirigentes con posiciones más duras dentro de las entidades. "Hubo que negociar con la Sociedad Rural porque no quería salir con nada", dijo a LPO un alto dirigente de una de las entidades de la Mesa.

Crece el malestar en el campo contra Milei por la suba de las retenciones a la soja

Lo concreto es que la movida de protesta que empieza a circular por los chats de WhatsApp de productores agropecuarios también cuenta con el apoyo de algunos dirigentes opositores a Pino dentro de la Sociedad Rural.

"Por mucho menos, a Alberto le hicimos un tractorazo y ahora (en la Mesa de Enlace) no hacen nada", sostuvo un dirigente consultado que habló de "tibieza" de la ahora Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA).

"Si no hay un liderazgo claro de la dirigencia, lo encabezaran y lo harán las bases", dijo en X Santos Zuberbuhler, ex directivo de la Sociedad Rural.

 El próximo jueves la FAA tendrá su reunión de consejo Directivo Central, donde puede llegar a salir un documento muy duro contra el Gobierno y lejos de la templanza que sigue pidiendo Pino 

El rol de virtual vocero e interlocutor con el Gobierno que ejerce Pino en la CEEA dispara tensiones en la interna de otras entidades, donde los sectores más duros empiezan a sumar voluntades en el reclamo por desmarcarse del posicionamiento oficialista que promueve la conducción de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Esa es una discusión que por estos días cruza la Federación Agraria Argentina (FAA), que el próximo jueves tendrá su reunión de consejo Directivo Central, donde puede llegar a salir un documento muy duro contra el Gobierno y lejos de la templanza que sigue pidiendo Pino.

El oficialismo de Pino divide a la Mesa de Enlace ante la posible suba de las retenciones

Según pudo saber LPO, hay muchas corrientes de federados que están pidiendo diferenciarse de la Mesa de Enlace, pero eso aún no cuenta con el eco de su titular, Andrea Sarnari.

Hay quienes dentro de la FAA también defienden la persistencia en la CEEA: "Si te salís, te aíslan y no podés gestionar", dicen y exponen como un ejemplo positivo de la articulación de las cuatro entidades las reuniones con gobernadores para que presionen por el fin de las retenciones y el caso del INTA: "Logramos que no se desguace", sostienen.

Por lo pronto, en los federados está la posibilidad concreta de coincidir en moldear un perfil más combativo de la entidad que representa a los medianos y pequeños productores, sin cortar relaciones con la CEEA.

La ahora llamada Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA), que integran la Sociedad Rural, Federación Agraria, CRA y Coninagro, se expresó este lunes luego de críticas sueltas que habían vertido los dirigentes y las entidades. Como contó LPO, quien frenaba los pronunciamientos conjuntos era el presidente de la SRA, Nicolás Pino, amigo de Milei.

"Venimos reclamando, desde hace meses y años, medidas urgentes y definitivas que atiendan los graves problemas de competitividad que arrastra el sector", sostuvo la Mesa de Enlace. "No hay más margen para medidas discrecionales de corto alcance, que solo profundizan la incertidumbre y la desazón. El campo argentino necesita reglas claras, previsibilidad y una Argentina sin retenciones", dicen en el párrafo más duro.

Las entidades indicaron que las retenciones "son un impuesto distorsivo, anacrónico y perjudicial que ha generado un inevitable retraso social, tecnológico y productivo". "La presión fiscal asfixiante, inequitativa e injusta ataca la competitividad del sector", agregaron.

El oficialismo de Pino divide a la Mesa de Enlace ante la posible suba de las retenciones

El malestar del campo es cada vez mayor y en el gobierno hay incertidumbre por lo que pueda suceder en la feria rural de Palermo, que comienza a mediados de julio. Milei está invitado como la figura central y en el campo esperan algún gesto para calmar a las bases.

El tono más duro lo expresó el presidente de Carbap, Ignacio Kovarsky, que declaró que Milei incumplió su promesa de eliminar las retenciones. "El presidente dijo que al asumir las iba a sacar. No sólo no lo hizo, sino que después las bajó parcialmente y ahora posterga la baja", indicó. "Este gobierno todavía no cumplió nada", agregó.

Este gobierno todavía no cumplió nada

Según el consultor agrario Javier Preciado Patiño el alza al 33% de la alícuota a la soja representará cerca de 40.000 pesos menos por tonelada para los productores, en un contexto que ya era complicado para el sector.

Estimaciones privadas estiman que el campo liquidó 12 millones de toneladas en junio, ante la decisión de Milei de no prorrogar la rebaja de retenciones. En los primeros cinco meses del año, la liquidación había sido de 13 millones de toneladas. Las ventas récord no se tradujeron en una acumulación de reservas para el Banco Central.

Los privados estiman que al campo le queda por liquidar el 50% de la actual campaña, que con las cotizaciones actuales podrían implicar casi 9.500 millones de dólares. 

El gobierno nacional publicó este viernes un decreto que extiende hasta el 31 de marzo de 2026 la rebaja de las retenciones para el trigo y la cebada, que seguirán pagando un 9,5 por ciento. También la harina de trigo seguirá en 5,5 por ciento.

Esta decisión sugiere la confirmación de que el gobierno de Milei no extenderá la rebaja temporaria a la soja, maíz, girasol, sorgo y otros productos que a partir del 1° de julio pagarían una retención más alta. Así lo había afirmado el presidente semanas atrás y ahora parece confirmarse.

Caputo ahora patea la baja de retenciones para cuando la Argentina crezca un 6 por ciento

La novedad causó un fuerte impacto en la conducción del agro, pero desde la Sociedad Rural buscaron mostrarse cautelosos y dicen que hay que esperar hasta la semana que viene, cuando se cae el decreto de la rebaja. En la SRA se aferran a la última esperanza de que Milei escuche el campo y extienda la baja. Pino pidió este viernes la eliminación definitiva de las retenciones, pero resaltó "el esfuerzo" que hizo el gobierno para la rebaja temporaria de los últimos meses.

Otra versión que circula por estas horas es que el Gobierno deja correr la noticia de la inminente suba de la soja al 33%, para que Milei "sorprenda" y anuncie en los próximos días que mantiene la rebaja al 26%. Ese anuncio podría estar reservado para la inauguración de la Exposición Rural de Palermo, a mediados de julio. El presidente esquivaría así un clima posiblemente hostil.

Otra versión que circula es que el Gobierno deja correr la noticia de la suba de la soja, para que Milei sorprenda y anuncie en los próximos días que mantiene la rebaja. Ese anuncio podría estar reservado para la inauguración de la Exposición Rural de Palermo, a mediados de julio

Pero el resto de las entidades del agro no comparten la mesura de Pino y salieron a cuestionar la decisión del gobierno. La presidenta de la Federación Agraria, Andrea Sarnari, dijo que las retenciones son "distorsivas, regresivas y de manejo discrecional por parte del Gobierno Nacional". Desde la seccional Entre Ríos de la FAA advirtieron que esta nueva suba llevará la quiebra a muchos productores.

Desde Coninagro señalaron que la decisión del gobierno "genera suma preocupación y desigualdad en todo el campo". La seccional de Córdoba de la entidad reclamó que "la libertad también alcance" al campo y calificó la nueva suba de retenciones como "un severo golpe al corazón productivo". "No pedimos privilegios, sino reglas claras. Es inaceptable que se penalice con impuestos a quienes generan divisas genuinas", agregaron.

Por su parte, CRA sostuvo que "el escenario actual -caracterizado por precios internacionales en baja, costos internos elevados y márgenes de rentabilidad mínimos o nulos- exige medidas urgentes y concretas". "Lejos de generar los ingresos esperados, las retenciones están provocando consecuencias regresivas para toda la cadena de valor agroindustrial", advirtieron.

Finalmente, CARBAP indicó que "una medida de estas características resulta regresiva y desacertada, continuando con el estancamiento en la producción de los últimos años, y agrava la situación de un sector agobiado por la presión impositiva".

Las autoridades de Speedagro se presentaron ante la Justicia para iniciar un proceso judicial -ante la imposibilidad de saldar sus deudas- y buscar un acuerdo con sus acreedores que le permita evitar la quiebra.

Desde la compañía señalaron que la decisión responde a un contexto adverso para el sector. "Speedagro busca reestructurar sus compromisos y mantener la continuidad operativa", explicaron.

Además, para explicar las causas de la insolvencia destacan las condiciones climáticas desfavorables y los problemas en la cadena de suministro, dos factores que -según la compañía- afectaron a las empresas del sector agropecuario en los últimos años. "Esta combinación impactó en la capacidad de pago de Speedagro, motivando la convocatoria", dicen desde Speedagro.

Cae un 30% la facturación del campo a pesar de la quita de retenciones 

El procedimiento prevé la convocatoria a una junta de acreedores, instancia en la cual se presentarán y votarán las propuestas de pago. El resultado de esa negociación determinará si la empresa logra reestructurar su deuda o si debe avanzar hacia un proceso de liquidación.

Speedagro es una compañía que se dedica a la elaboración de coadyuvantes (herbicidas o pesticidas) y fitosanitarios para el agro. Fue fundada en 2001 en la localidad de Coronda, Santa Fe.

En 2016 la compañía incorporó la unidad de negocios de siembra, donde se dedica a la producción de commodities (maíz, trigo, soja, girasol y algodón). Opera en casi 100.000 hectáreas, de las cuales 6.000 son de producción propia ubicadas en el norte de Santiago del Estero y el resto, se trabajan en producción asociada mayoritariamente con productores de la zona de Quimili (Santiago del Estero), en el sur de la provincia de Santa Fe y norte de Buenos Aires.

"No hay épocas difíciles, yo creo que la época difícil es dar el paso hacia adelante," afirmaba Víctor Escalas, el fundador de SpeedAgro. "Nosotros nacimos en el año 2001, crisis terminal de Argentina y bueno, en esas crisis son momentos de decisión son épocas de oportunidades". El futuro fue más oscuro de lo que el empresario esperaba.

Se agrava la crisis del campo: piden el concurso Los Grobo, Agrofina y SanCor

El mismo destino que Speedagro tuvieron empresas importantes del sector agroindustrial como Los Grobo Agropecuaria, Agrofina, Surcos y SanCor, que también arrancaron con concursos preventivos de acreedores.

En el caso de Los Grobo había entrado en default en diciembre pasado por una deuda de apenas 100 mil dólares y arrastró a su controlada Agrofina, que produce agroquímicos. A mediados de enero, se sumó el default de unos 30 millones de dólares. La deuda total ascendería a algo más de 200 millones de dólares.

En tanto, Surcos -otro gigante del sector- anunció el default de una deuda de 300 millones de pesos, una cifra que parece insignificante para una empresa de esa magnitud.

La crisis se da en un contexto en que el gobierno nacional bajó las retenciones y presiona para que el campo liquide unos 3 mil millones de dólares.

En marzo, un artículo del periodista Matías Longoni aseguraba que la facturación de las empresas que proveen insumos químicos a los productores agropecuarios de la Argentina retrocedió nada menos que 27,4% en dólares en 2024 respecto del año anterior. Esto es, cayó de 4.320 millones de dólares en el año 2023 a 3.143 millones el año pasado.

En las últimas horas, la confederación de rurales de Buenos Aires y La Pampa, Carbap, reveló en un informe que las pérdidas productivas ya se estiman por más de USD 5.000 millones y que el impacto económico acumulado supera los USD 40.000 millones.

Como contó LPO, al asumir el gobierno libertario se frenó el dragado del Río Salado en la zona de Lobos, 25 de Mayo y Roque Pérez. Aunque en 2024 figuró dentro de las 300 obras "prioritarias" para seguir, a la fecha están paralizados los trabajos.

Al marcar que la Cuenca del Salado atraviesa cuatro provincias (Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe), en Carbap señalaron que "el financiamiento nacional resulta no solo lógico, sino indispensable".

Y agregaron: "El Estado Nacional debe asumir su rol protagónico en la culminación de las obras. No se trata de una demanda provincial, sino de una inversión estratégica con impacto nacional. La inacción ya ha generado un costo demasiado alto".

En el campo denuncian que Milei paralizó una obra clave para mitigar inundaciones a pesar de tener los fondos

La Cuenca del Salado tiene 17 millones de hectáreas de extensión, en las que se concentra el 75% del stock vacuno bonaerense (representa el 28% nacional) y entre el 60 y 70% de los granos que produce la provincia (20-25% de la producción nacional).

En Carbap agregaron que la cuenca concentra el 40% de la producción nacional de cebada y girasol y ahí se produce un 20% de la leche nacional.

"Hay recursos, pero están durmiendo la siesta", dijo a LPO el titular del Consejo del Salado y coordinador de la comisión de aguas de Carbap, Alberto Larrañaga, que sostuvo que, para esa obra, existen los recursos del Fondo Hídrico Nacional.

 La Cuenca del Salado tiene 17 millones de hectáreas de extensión, en las que se concentra el 75% del stock vacuno bonaerense (representa el 28% nacional) y entre el 60 y 70% de los granos que produce la provincia (20-25% de la producción nacional). 

Se trata de un fideicomiso de infraestructura hídrica formado tras las inundaciones de 2002, con el objetivo concreto de realizar obras de mitigación y que se nutre con conceptos que se gravan en la carga de nafta y GNC.

"Es una obra que se había declarado prioritaria y hay recursos afectados. Ese fideicomiso siguió recaudando dinero y que están los fondos para darle continuidad a la obra, pero no se están usando para nada", dijo Larrañaga.

En Carbap señalaron que 2025 ha sido un año "particularmente crítico", con tres eventos climáticos significativos en la cuenca alta y media del Salado, inundaciones que se podrían haber mitigado de haber avanzado las obras.

La primera inundación del año, entre febrero y marzo, afectó la zona de las lagunas encadenadas y el arroyo Vallimanca, importantes pérdidas forrajeras y daños en cultivos de girasol.

 El Estado Nacional debe asumir su rol protagónico en la culminación de las obras. No se trata de una demanda provincial, sino de una inversión estratégica con impacto nacional. La inacción ya ha generado un costo demasiado alto 

El segundo episodio, en abril, golpeó el centro y oeste bonaerense. En Carbap sostienen que esa región "sufrió pérdidas millonarias por la imposibilidad de cosechar soja y maíz" tras esas inundaciones.

El último fue en mayo, con lluvias superiores a 350 mm en el norte y centro bonaerense, lo que hace prever una disminución en la siembra de trigo y cebada debido al anegamiento.

"Se estima que unos 2 millones de hectáreas están actualmente inundadas o anegadas", detallaron en Carbap y agregaron: "No se trata solo de una obra pública inconclusa: se trata de una región estratégica para la economía nacional que sigue expuesta a daños evitables".

Durante la muestra realizada en la primera semana de junio en Armstrong (Santa Fe), ambas entidades pusieron a disposición de los productores financiamiento para la compra de maquinaria, insumos, bienes de capital y capital de trabajo.

Lo hicieron con las tasas más bajas del mercado, plazos extendidos y condiciones adaptadas a las necesidades del sector más dinámico de la economía de las dos provincias.

"Nuestra participación en Agroactiva 2025 fue un éxito rotundo. Superamos las 3.800 solicitudes de crédito por más de 465 mil millones de pesos y 144 millones de dólares y generamos acuerdos clave con proveedores líderes del sector agroindustrial", destacaron en ambas entidades.

Y agregaron: "Esto demuestra que el productor valora nuestra propuesta integral, con herramientas financieras sólidas, atención personalizada, con beneficios y condiciones exclusivas que acompañan los ciclos productivos".

En ambos bancos destacaron que la participación en Agroactiva 2025 "fue un éxito rotundo", superando  las 3.800 solicitudes de crédito por más de 465 mil millones de pesos y 144 millones de dólares

El Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos desplegaron un imponente stand de 900 metros cuadrados y oficiales de negocios en cada uno de los fabricantes y concesionarios de maquinaria, desde el cual ofrecieron asesoramiento especializado y exhibieron su amplia batería de líneas crediticias en pesos y dólares.

Además, las dos entidades financieras consolidaron alianzas comerciales estratégicas con las principales marcas de insumos y maquinaria agrícola, lo que permitió ofrecer beneficios exclusivos y operaciones más ágiles a través de convenios que contemplan bonificaciones de tasa, mayor flexibilidad y procesos simplificados.

Las entidades ratificaron así su rol como socios estratégicos del agro, fortaleciendo su compromiso con el desarrollo regional.

Agroactiva fue el escenario ideal para demostrar que ambos bancos regionales cuentan con soluciones concretas y ágiles para acompañar al sector que sigue siendo el motor clave de la economía argentina, promoviendo el progreso de los sectores productivos con propósito de "agilizar el crecimiento para el desarrollo regional". 

"Avísenle al campo que si tienen que liquidar, liquiden ahora, porque en junio les vuelven las retenciones", dijo Milei a radio El Observador.

Esos dichos cayeron como una bomba en dirigentes de la Mesa de Enlace que tenían expectativas de extender las reducciones de retenciones que, en enero pasado, el Gobierno anunció hasta junio. Incluso, aseguran que mantenían por ese tema una agenda de charlas con funcionarios de la cartera de Economía.

"Milei se embaló, patinó. Si es una estrategia comunicacional, se equivocó", dijo a LPO el vicepresidente de la Federación Agraria (FAA), José Luis Volando, que señaló que en las entidades agropecuarias entendían que existía un compromiso del Gobierno de extender esas rebajas "si se daban las condiciones de superávit fiscal".

"Ahora el partido cambió a mitad del camino, sorprendido por esto que dijo el presidente", dijo Volando, que negó que exista una actitud especulativa. "El productor de acá al 30 de junio siempre venden entre el 40 y 60% del cereal, no importa si gobierna Milei o Alberto Fernández, es por una necesidad, para pagar las deudas. Y el resto, el pequeño y mediano lo retiene para iniciar el próximo ciclo", agregó.

Milei presionó al campo para que liquide, clave para sostener la apertura del cepo

En Coninagro, en tanto, apuntaron contra la ausencia de comunación oficial para abordar el tema y auguraron un panorama de quiebra en algunos sectores.

"Esto deja a más de la mitad del maíz por trillar fuera del beneficio de rebaja de retenciones, con lo cual, seguramente esa cantidad de hectáreas de zonas periféricas, prácticamente van a estar trillándose a quebranto", dijo el titular de Coninagro, Lucas Magnano.

En la Sociedad Rural sacaron este viernes un informe que marca que en la campaña 2024/25 se lleva vendiendo un 34% más que el año pasado.

 "Milei se embaló, patinó. Si es una estrategia comunicacional, se equivocó" 

"La realidad contada con datos", señalaron en la entidad que comanda Nicolás Pino, que sostuvo: "El campo no va a liquidar porque lo hacen los exportadores".

En esa línea fue Volando: "La actitud especulativa la tiene el exportador. Como productor voy al acopio, digo que vendo 300 toneladas y el acopio se da vuelta y le dice al exportador, que es el que carga el grano en el barco y quien cobra los dólares es el intermediario. El que hace la operación y cuando tiene que liquidar los dólares hace la especulación financiera y espera que el dólar aumente un pcoo más. Esto el Gobierno lo sabe".

Se trata de un tramo de dragado de 30 kilómetros que comprende los municipios de Lobos, 25 de Mayo y Roque Pérez, sin el cual se complica el avance del resto de las obras que hacen al Plan Maestro del río Salado, proyecto que en el campo consideran central para mitigar el impacto de las inundaciones en la provincia.

En el Consejo del Salado que integran Carbap, Coninagro, Federación Agraria, la Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina, denuncian que la obra no sólo había sido definida como "prioritaria" por el gobierno de Javier Milei, sino que, además, están los fondos para hacerla.

"Hay recursos, pero están durmiendo la siesta", dijo a LPO el titular del Consejo del Salado y coordinador de la comisión de aguas de Carbap, Alberto Larrañaga, que sostuvo que, para el avance de esa obra, existen los recursos del Fondo Hídrico Nacional.

Se trata de un fideicomiso de infraestructura hídrica formado tras las inundaciones de 2002, con el objetivo concreto de realizar obras de mitigación.

 Con la llegada de Javier Milei, todas las obras quedaron en suspenso pero esa obra en la cuenca del Salado quedó dentro de las 300 consideradas "prioritarias" para su continuidad. Así, en junio de 2024 se retomaron los trabajos. Pero meses después volvió la parálisis. 

"Es una obra que se había declarado prioritaria y hay recursos afectados. Lamentablemente, somos conscientes que ese fideicomiso siguió recaudando dinero y que están los fondos para darle continuidad a la obra, pero no se están usando para nada", dijo Larrañaga.

El dirigente agropecuario detalló que el fondo en cuestión se nutre con conceptos que se gravan en la carga de nafta y GNC.

En 2021, el Gobierno nacional se hizo cargo del financiamiento del dragado del río Salado en ese tramo, que va desde la Ruta Nacional 205 en dirección norte hasta el puente entre las localidades de Ernestina y Elvira. Se licitó en 2022 y se adjudicó el mayo de 2023, con un plazo de ejecución de dos años.

Viaje al dragado del Río Salado, la obra de movimiento de suelo más importante del país

Con la llegada de Javier Milei, todas las obras quedaron en suspenso pero esa obra en la cuenca del Salado quedó dentro de las 300 consideradas "prioritarias" para su continuidad. Así, en junio de 2024 se retomaron los trabajos. Pero meses después volvió la parálisis.

"Hacia fin de año comenzamos a tener noticias de que las empresas estaban discontinuando los trabajos porque no recibían los pagos correspondientes. Comenzamos las gestiones ante distintos estamentos del Gobierno, pero no tuvimos respuestas. Tuvimos diálogo, todo muy lindo pero el poncho no aparece, la solución no llegó", dijo Larrañaga.

 Es una obra que se había declarado prioritaria y hay recursos afectados. Lamentablemente, somos conscientes que ese fideicomiso siguió recaudando dinero y que están los fondos para darle continuidad a la obra, pero no se están usando

La bronca del campo creció luego de las recientes inundaciones que -por fuera de la tragedia presentada en Bahía Blanca- impactaron en miles de hectáreas y que en Bolivar también registraron víctimas fatales días atrás.

Es que, parte de las obras complementarias del Plan Maestro del Salado, involucra esa zona de Bolivar, fuertemente golpeada por el agua.

Mapa de las obras del Plan Maestro del Río Salado. En el campo le reclaman a Milei el freno del dragado en el Tramo IV, en la zona de Lobos, 25 de Mayo y Roque Pérez.

"Sin duda se hubiesen mitigado esas inundaciones con las obras", dijo el titular del Consejo del Salado. Y agregó: "Cuando llueve semejante cantidad de milímetros en un área tan grande, son inevitables los desbordes. Pero, con estas obras, lo que se apunta es que las inundaciones duren menos en el tiempo".

Ante eso, sostuvo: "No podemos ser tolerantes con que las obras se paralicen. Ya esta obra tuvo demasiadas marchas y contramarchas. Como política de Estado, las obras deben tener continuidad. Si nos callamos la boca y dejamos pasar estos parates, vamos a ser responsables de que la gente del oeste y noroeste de la provincia tenga que esperar 50 años para que les lleguen esas obras".

El dragado del Río Salado en 2021.

 El plan maestro del Río Salado divide los casi 700 kilómetros del río en cinco tramos. En 2021, cuando se reactivaron los trabajos en el tramo IV, LPO contó que, hasta ese momento, se llevan excavados casi 265 millones de metros cúbicos de tierra. 

Para dimensionar del tenor superlativo de estos trabajos, en Panamá se sacaron 183 millones de metros cúbicos de tierra a lo largo de 80 kilómetros para unir el océano Pacífico con el Atlántico.

Empresas como Syngenta que producen fertilizantes vio caer su facturación por encima del 50% anual, pasó de comercializar mas de USD 860 millones a poco mas de USD 414 millones.

 El combo explosivo de caída de precios internacionales, retenciones, dólar planchado y aumento de insumos y energía, dejó al sector agroexportador al borde de una crisis de dimensiones desconocidas. Empresas que ahora ahora lograban sacar la cabeza del agua gracias al rulo financiero del carry trade.

Rurales de la zona núcleo cruzaron a Pazo y Caputo por sugerirles hacer carry trade

La baja de retenciones que anunció Luis "Toto" Caputo a regañadientes y de manera improvisada pretendía conseguir del campo 3 mil millones de dólares de la liquidación de soja pero por ahora el ritmo del despacho de soja es muy diferente al que imaginó el ministro.

Es que en la letra chica, la reducción de los derechos a exportación "se recontra licuó", dijo a LPO una fuente del sector que explicó que "las expectativas siguen siendo muy malas" en el campo por los precios internacionales y los anuncios proteccionistas de Trump. "No vamos a ver mejoras en soja, trigo y maíz", afirmó a LPO el directivo de una empresa cerealera.

A la caída de los precios internacionales y la pérdida de competitividad del tipo de cambio, se suma un factor no menor que le sube el volumen a los reclamos del campo. Las dudas acerca de la continuidad del crawling peg del 1%  echan por tierra las ganancias obtenidas a partir del carry trade. 

Y esto desincentiva la liquidación de la cosecha que debería comenzar ahora. "Sin los incentivos a mantener posiciones en pesos por un mayor riesgo cambiario, la baja de retenciones se vuelve un premio menor y los exportadores empiezan a retacear las liquidaciones. Desde el viernes pasado las ventas en el MULC promediaron USD 80 por día, 25% menos que a principios de mes", señalaron desde la consultora LCG. 

Ahí, abordaron una agenda relativa a la actualidad del campo a nivel provincial y nacional. "Los sectores agrícola y ganadero son claves para el desarrollo económico de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina", dijo el intendente y titular del PJ en Esteban Echeverría.

"El campo, además de producir y brindar alimentos, genera importantes y muy necesarias divisas a la economía argentina", agregó.

Por eso, consideró que al sector se lo debe acompañar "creando condiciones favorables e iniciativas que busquen fortalecer y aumentar su producción".

Durante el encuentro, el intendente Gray estuvo acompañado por el presidente de la Sociedad Rural de Magdalena, Horacio García Urrutia; el tesorero, Javier Landa; el protesorero, Ricardo Vergara; y los vocales Santiago Zubieta y Matias Gallo. 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca publicó este viernes una resolución en la que establece que el sistema de los chips en el ganado se comenzara a implementar a partir del 1 de enero de 2026 y no del 1° de marzo, como estaba previsto. 

El "chip de las vacas" fue un negocio ideado por Pazo cuando estaba a cargo del área y que era rechazado por el campo, razón por la cual el entonces viceministro tomó un crédito del Banco Mundial para subsidiarles a los productores la incorporación. 

La incorporación de los chips también había sido resistida por el entonces vicepresidente del Senasa, Sergio Robert, por lo que Pazo operó fuerte para echarlo.

Todo este súbito interés de Pazo en el sistema despertó suspicacias en el campo y sembró la idea de un negocio en el que se mencionaba a su fondo Invernea, que entre otras cosas invierte en cabezas de ganado. "Es un negocio de segundas líneas con algunos lobbystas", denunció el año pasado Guillermo Martínez, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Chaco y Formosa.

Explotaron los ruralistas contra el negocio de los chips de vacas: "Pazo es un soberbio y una desgracia para el campo"

La compra de 23,5 millones de caravanas electrónicas finalmente fue adjudicada al consorcio integrado por la suiza Datamars y una filial local llamada Farm Tech Argentina SA, desconocida en el sector. 

Según el portal especializado Bichos de Campo, Datamars tenía que entregar 10 millones de caravanas en el primer trimestre, pero todavía no lo hizo y la imposibilidad de cumplir con los plazos del contrato fue lo que obligó a posponer la puesta en marcha del sistema.

Ese medio también reveló que el dispositivo digital que resultó ganador de la licitación es el mismo que emplea Invernea, la empresa de Pazo en la que trabajan el hijo de Luis "Toto" Caputo y un familiar del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. También es parte de Invernea el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

La empresa fundada por la familia Grobocopatel había entrado en default en diciembre pasado por una deuda de apenas 100 mil dólares y arrastró su controlada Agrofina, que produce agroquímicos. A mediados de enero, se sumó el default de unos 30 millones de dólares. La deuda total ascendería a algo más de 200 millones de dólares.

Los Grobo, que es controlada por el grupo Victoria Capital Partners (VCP), informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que pidió la apertura del concurso preventivo "para posibilitar la continuación del negocio y el mantenimiento de la fuente de trabajo".

La situación de Los Grobo y Agrofina, afectadas por la caída de las ventas y de los precios internacionales y los altos costos en dólares, es el reflejo de una situación muy complicada en el campo y se teme que pueda generar un efecto arrastre en otras empresas del sector. 

LPO informó el viernes del caso de Surcos, otro gigante del sector que anunció el default de una deuda de 300 millones de pesos, una cifra que parece insignificante para una empresa de esa magnitud.

Otro gigante del agro defaultea una deuda, pese a la baja de retenciones

Todo esto se da después del anuncio de Luis Caputo de una baja de retenciones y la presión para que el campo liquide unos 3 mil millones de dólares. Pero en el sector calculan que la baja de retenciones no logra mejorar significativamente el precio de venta y prefieren esperar, según dijo un especialista consultado por LPO. En Argentina eso significa olfatear una devaluación.

Gustavo Grobocopatel

La crisis también se siente en la cooperativa láctea SanCor, que ya arrastra años de serios problemas económicos, y este lunes se presentó en concurso de acreedores en un juzgado de Rafaela. Se estima que la firma tiene deudas por alrededor de 400 millones de dólares.

La semana pasada SanCor anunció el despido de 300 trabajadores en sus plantas de Córdoba y Santa Fe. La cooperativa tenía hasta ese momento casi 1400 empleados, por lo que se trata de una reducción muy significativa y que todo indica que podría continuar. 

La cooperativa recordó en un comunicado que en 2017 inició un proceso de reestructuración, que incluyó la venta y cierre de varias áreas, y que permitió "una paulatina estabilización". Pero no consiguió la inyección de fondos para continuar el proceso y a fines de 2023 entró en un serio conflicto laboral que paralizó su producción durante varios meses.

"SanCor continuó dialogando con nuevos interlocutores interesados en participar del negocio, logrando progresos significativos en dichas gestiones. Sin embargo, antes de avanzar con cualquier iniciativa concreta, la cooperativa debe resolver los problemas derivados de sus deudas y otras circunstancias que podrían frustrar futuras negociaciones. En este contexto, y con el objetivo de ofrecer una solución a todos los interesados, SanCor decidió dar este paso judicial", indicó la empresa en un comunicado.

Tras reunirse este lunes, el Consejo Directivo Central de FAA sostuvo que la medida anunciada la semana pasada no apunta a las necesidades de los productores pequeños o medianos, "sino en la urgencia de que quienes tienen espalda liquiden lo que tengan".

Y agregaron: "Es un paso en relación con el alivio fiscal que venimos pidiendo. Pero nosotros vendemos cuando cosechamos, así que el negocio siempre lo hacen otros sectores. Que la medida tenga un plazo de vigencia sigue dando inseguridad para los productores".

Hasta el 30 de junio, las retenciones de la soja bajarán del 33 al 26% y el trigo y el maíz del 12 al 9,5%, mientras que los derivados de la soja bajarán del 31 al 24%.

Este lunes, se publicó el decreto en donde se aclararon condiciones: para poder acceder al beneficio, se deberá liquidar el 95 por ciento de lo declarado en los últimos 15 días hábiles.

Caputo bajó las retenciones por 6 meses para que el campo le suelte los dólares

"El anuncio cayó bien en el 98 % de los productores. El tema es después con el decreto de hoy. Ahí cambió un poco la situación porque te obligan a vender casi todo o te aplican el 33%", dijo a LPO una dirigente de FAA.

En el Consejo Directivo expresaron "honda preocupación" por el momento "crítico y difícil que atraviesan cientos de pequeños y medianos productores y señalaron que las medidas anunciadas por el Gobierno "dan algún alivio aunque no resuelven la situación de los federados".

Al marcar que en el último año los insumos subieron entre 300 y 400%, también contaron el agravante de que en muchas zonas del país el clima castigó muy duro a los productores más pequeños.

La baja transitoria de retenciones no está enfocada en las necesidades de los productores pequeños o medianos, sino en la urgencia de que quienes tienen espalda liquiden lo que tengan.

Por eso, insistieron en avanzar con un proyecto de eliminación paulatina y gradual de las retenciones "que incorpore una base similar a un mínimo no imponible, que permitiría que en muy corto plazo la mayor parte de los productores se vean beneficiados".

También, consideraron importante plantearle a Caputo temas que influyen sobre la producción como infraestructura, la hidrovía y proyectos que tienen que ver con semillas, arrendamiento, economías regionales y seguro multirriesgo.

La bronca apunta al ARCA (ex Afip) que conduce Juan Pazo, funcionario que ya venía registrando numerosas tensiones con el sector cuando controlaba las políticas agropecuarias por instrucción de Luis Caputo.

En Carbap denunciaron que desde el 15 de noviembre pasado no les devuelven el 80% del IVA que el ARCA retiene tras cada operación de venta de cereal y que, tras los procesos administrativos de control, tiene que devolver en la cuenta de cada empresa agropecuaria.

Expirado el plazo máximo de 60 días para esa devolución, en el confederación de rurales bonaerenses y pampeanas salieron duro al cruce.

"Esta inadmisible demora no solo agrava de manera alarmante la ya insostenible carga fiscal y financiera que pesa sobre el sector agropecuario, sino que además genera un clima de incertidumbre que afecta directamente a la viabilidad y operatividad de los productores", acusaron.

El campo le exige a Milei bajar las retenciones a la mitad para no quebrar: "Perdemos 80 dólares por hectárea"

Tras apurar a Pazo para que regularice las devoluciones pendientes, en Carbap alertan sobre la posibilidad de "un daño irreparable al sector agropecuario".

"Es mucha plata para el productor. El 8% de tus ventas te retienen y es plata que, en un contexto de poco precio y alta presión fiscal, que a su vez hay algo que te tienen que dar y no te lo devuelven, termina aumentando tu presión financiera y fiscal", dijo a LPO el secretario de Carbap, Pablo Ginestet.

En el campo destacan que esta situación no sucede desde el gobierno de Cristina Kirchner: "En 2013 y 14, como la Afip no les devolvía la plata, los productores hacían presentaciones judiciales. Pero era todo un engorro porque había que ir a la Justicia", dijo Ginestet.

 La rentabilidad del sector hoy no está, se esfumó. Al contrario, es negativa y todos los productores empiezan a alarmarse porque las reservas de plata se van agotando y frente a una perspectiva de cosecha que no es la mejor, el nerviosismo empieza a preocupar 

Y agregó: "Ahora, no hicieron más devoluciones y no explicaron el por qué. Es a todo el mundo, entonces empezamos a preguntarnos qué pasó acá, volvimos con viejas prácticas".

Para el secretario de Carbap son extrañas las demoras, más cuando se trata de sistema de control y chequeo "bastante automático"

"No sabemos si es porque el cambio de Afip a Arca afectó el funcionamiento o qué, pero, más allá de eso, es una locura que tengan al productor de rehén. Estaría bueno que Afip aclare si es una manera de que dé el superávit o qué es lo que está pasando", dijo.

En el sector empiezan a levantar el tono por una baja de retenciones en medio de alertas por los efectos inmediatos de los precios bajos y su perspectiva de continuidad, la falta de lluvias y la disparada de los costos en dólares.

Los Grobo ahora defaultearon USD 30 millones y temen quiebras masivas en el campo

"No hemos visto ninguna baja de impuestos, que eso es lo más preocupante. La rentabilidad del sector hoy no está, se esfumó. Al contrario, es negativa y todos los productores empiezan a alarmarse porque las reservas de plata se van agotando y frente a una perspectiva de cosecha que no es la mejor, el nerviosismo empieza a preocupar", sostuvo Ginestet.

Y agregó: "Por eso, los reclamos al Presidente para que cumpla su promesa de eliminación de los derechos de exportación porque ya pasó un año y es una realidad que el sector está mucho más complicado que hace un año atrás".

Sin baja de retenciones en el corto plazo, en Carbap advierten que quebrarán varios productores. "Hay que tomar alguna medida, si no, los quebrantos de acá a los próximos tres o cuatro meses, van a ser muy grandes. Vamos a empezar a ver cosas que no se veían hace mucho en el sector agropecuario", dijo Ginestet.

La cuenta que hacen en el campo es muy simple. Si un productor tiene la suerte de no perder todo con la sequía y llega a cosechar 35 quintales por hectárea, tiene un quebranto de 80 dólares por hectárea mientras que el Estado se lleva 475 dólares en impuestos de los cuales 430 son de retenciones y el resto de cargas provinciales y municipales.: "Producir no es rentable, para sobrevivir tenemos que meternos en negocios financieros y eso no es sano", agregó a LPO un dirigente rural de la zona núcleo.

En la asociación de exportadores (CIARA), tienen un estudio que indica que con los actuales precios de la soja las retenciones deberían bajar a la mitad para que el campo no quiebre. La caída de Los Grobo y la situación crítica de las otras tres grandes del sector, es la prueba más evidente del mal momento del campo, que pone en riesgo contratos por 8.300 millones de dólares, como reveló LPO.

Los Grobo ahora defaultearon USD 30 millones y temen quiebras masivas en el campo

La situación pone en evidencia que el modelo de Milei y Caputo no contempla al campo, a pesar de ser uno de los principales proveedores de dólares. "Si no te apalancas en el mercado financiero vas a pérdida", agregó la productora consultada.

En la asociación de exportadores (CIARA), tienen un estudio que indica que con los actuales precios de la soja las retenciones deberían bajar a la mitad para que el campo no quiebre.

De hecho, el campo no encuentra interlocutores de peso en el gobierno a pesar de ser uno de los pilares del voto libertario. Este jueves, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, se tuvo que conformar con que lo reciba Eduardo Serenellini. Una ofensa. El secretario de Prensa no tiene peso político ni trabajo conocido y está lejísimos de las decisiones, permanentemente al borde del despido. El comunicado pareció una burla: "se escucharon las necesidades del sector, destacando los logros obtenidos del gobierno nacional".

"Los productores ahorran en cereales pero con los precios por el piso y la carga impositiva perdés si no te apalancas financieramente", agregó la productora consultada, que reveló que muchos productores grandes tuvieron que vender tierras para enfrentar obligaciones de pago en las últimas campañas afectadas por la sequía.

El ministro Toto Caputo no muestra interés por abordar los problemas del campo.

 Ahora peligra la cadena de pago que empezó a visibilizarse con la caída de Surcos, Los Grobo y su controlada Agrofina que esta semana no pudieron hacer frente a créditos bancarios por 30 millones de dólares.

Pero esto puede ser solo el prólogo. "Este desastre tiene la potencialidad de impactar en contratos por 8.300 millones de dólares", estimó el directivo de una empresa agrícola consultado. Dato que fue confirmado a este medio por dirigentes de la Mesa de Enlace.

Adorni minimizó el deterioro de las rutas nacionales: "no hay de qué preocuparse"

En el sector temen que la nueva crisis sea mucho peor que la generada con el descalce de Vicentín, Guardati Torti y otros brokers que dejaron el tendal. Hoy con producir no alcanza, dicen con desazón en la zona núcleo porque el sector financiero es una fiesta y en medio de la ola de calor miran al cielo y no se forma una nube.

 Si un productor tiene la suerte de no perder todo con la sequía y llega a cosechar 35 quintales por hectárea, tiene un quebranto de 80 dólares mientras que el Estado, en sus tres niveles, y por la misma superficie, se lleva 475 dólares en impuestos de los cuales 430 son de retenciones y el resto de cargas provinciales y municipales 

En efecto, desde el campo insisten en que es fundamental una baja de retenciones y aliviarle la carga impositiva a los productores que en su gran mayoría fue seducido por el discurso de Milei que prometía eliminar impuestos.

De hecho, uno de los productores consultados recordó que el agro siempre estuvo subsidiado en Estados Unidos, sobre todo en circunstancias como las actuales de derrumbe de precios internacionales porque China está comprando menos y hay sobreoferta por excelentes campañas en otras zonas agrícolas del mundo:

"Estados Unidos subsidia a la actividad agrícola porque es la que genera alimentos y combustibles y cualquier gobierno necesita garantizar alimentos y combustibles", explicó con sentido común un importante productor vinculado a la Sociedad Rural de Rosario.

Lo cierto es que el gobierno no demuestra demasiado interés en apuntalar al sector que más dólares aporta. Otro de los reclamos más escuchados de los gobernadores de la zona núcleo es por la falta de obra pública para infraestructura vial. Las rutas nacionales que conectan el campo con los puertos son un desastre y Milei no quiere poner un peso.

El anuncio que emitieron Los Grobo días atrás admitiendo que no podían hacerse cargo de vencimientos de apenas 100 mil dólares ahora se entiende. Fue el anticipo de un default por deudas que en esta primera etapa alcanzan los 30 millones de dólares, según la nota que enviaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a la que accedió LPO.

 [La caída de Los Grobo: Se derrumba el precio de la soja y empuja los pedidos de devaluación]

Entre las entidades afectadas aparecen Banco Galicia, Santander, HSBC, Hipotecario, Macro y Banco Provincia. La situación de este gigante del agro que fundó la familia Grobocopatel y que ahora está mayoritariamente en manos del fondo de inversión Victoria Capital Partners (VCP), es un reflejo de un quebranto generalizado del campo.

Red Surcos, Agrofina, Los Grobo, Campo de Avanzada, son cuatro grandes que están tecleando, imaginate el resto. Si no bajan las retenciones a la mitad la ola de quiebras puede ser muy grande.

Un directivo de una de las entidades más importantes del sector, estimo que el Gobierno debería bajar las retenciones a la mitad si no quiere enfrentar una ola de quiebras. "Red Surcos, Agrofina, Los Grobo, Campo de Avanzada, son cuatro grandes que están tecleando, imaginate el resto", agregó a LPO el directivo del sector.

"Este desastre tiene la potencialidad de impactar en contratos por 8.300 millones de dólares", agregó el directivo consultado.

La situación de Los Grobo, que hizo recordar al caso Vicentín, agitó el pánico y muchos productores se concentraron este miércoles en las puertas de la sede de la empresa en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte, en reclamo al pago de sus deudas. 

Los productores temen quedar en los últimos puestos en el ranking de acreedores atrás de los bancos y terminar cobrando poco y nada.

El bloqueo plantea un desafío directo a Patricia Bullrich porque el año pasado se terminó de reglamentar la Ley Antibloqueos que aumenta las penas contra quienes impiden el ingreso y egreso de las empresas.

Claro que la norma impulsada por los libertarios y el PRO estaba pensada contra los sindicatos y el bloqueo de empresas en contexto de huelgas y reclamos obreros. Ahora, esta norma obliga a la ministra Bullrich a actuar rápidamente. En el caso de Los Grobo, deberá activar el protocolo antibloqueos contra los productores agropecuarios.

En el clip se ve a otros productores que comparten la misma decepción y se burlan diciendo irónicamente que la motosierra de Milei dejó de funcionar cuando tiene que cortar la carga impositiva y los derechos a las exportaciones.

 "Acá, trigo y maíz 12% y soja 33%", comienza describiendo un productor sobre los porcentajes de retenciones de cada grano y agrega "ahora vamos a agarrar la motosierra para ir a cero". 

Pero la motosierra nunca enciende: "parece la motosierra de Milei, no arranca. Asi no vamos a cortar nunca las retenciones", se quejó. A su turno, Alexagro se sube a la crítica e imita el sketch "como anda la gente, la motosierra a las retenciones y la impositiva no arranca. Parece que no, no va, chau", dijo el influencer. 

Al finalizar, el creador digital concluye con una frase inquietante: "Vamos a tener que cambiar de motosierra o de políticos", poniendo de manifiesto que en el campo que apoyó masivamente a La Libertad Avanza, están perdiendo la paciencia.

En noviembre de 2023 el día del balotaje, Alexagro subió un video festejando el triunfo del libertario al grito de "tiemblen zurdos de mierda" y "chau peroncho, chau" mientras se escuchaba de fondo el himno interpretado en la cancha de Ferro por Ciro el cantante de Los Piojos.

 En la descripción del video había escrito en la descripción: "todo los peronchos en cana, vamos por ustedes".

Ese cuerpo de asesores estará integrado por cuatro miembros, entre ellos la ex candidata del PRO en Salta, Inés Liendo, quien viene de ejecutar casi mil despidos en el Instituto Nacional de Agricultura Familiar.

Los gremios con representación en el organismo aseguran que el principal promotor de esta Unidad es Juan Pazo, mano derecha de Luis "Toto" Caputo, que venía oficiando como su emisario en el tablero de control de las políticas agropecuarias hasta su llegada al ARCA.

"Juan Pazo es el que trajo a estos asesores que no pueden asesorar en nada, porque no son especialistas. Son una policía política, poniendo en el listado todo lo que merece ser despedido y cerrado", dijo a LPO el delegado del Inta José Luis Perea.

 En ATE acusaron que los asesores van a cobrar sueldos entre 4 y 5 millones, equiparados a los investigadores y científicos de larga trayectorias y con perfiles de especialistas nacionales e internacionales, aunque, en un caso, solo tiene secundario completo

Además de Liendo, la nueva Unidad Consultora es integrada Luis Negruchi (cercano a Aapresid, entidad vinculada a Pazo, con varios representantes en el Inta), Matías Nardello (ex funcionario del Senada con Macri) y Gustavo Abaurrea.

"Van a cobrar altísimos sueldos, entre 4 y 5 millones, equiparados a los investigadores y científicos de larga trayectorias y con perfiles de especialistas nacionales e internacionales, aunque, en un caso, solo tiene secundario completo", acusaron en ATE Inta en alusión a Abaurrea.

Al acusar que esas designaciones fueron violando la normativa relativa a la designación de cargos remunerados al nivel de directores nacionales, en ATE concluyeron: "Los que vienen a echar trabajadores y reducir gastos dan muestras de despilfarro y corrupción".

Como contó LPO, el Gobierno tiene previsto rematar alrededor de 27 mil hectáreas de estaciones experimentales del Inta en diversos puntos del país, a la vez que pretende avanzar con cerca de 1.500 despidos. Incluso, este lunes se rematará el edificio del Inta en Palermo.

El gobierno quiere rematar 27 mil hectáreas del Inta y echar a 1.500 técnicos

Con el reclamo de los gremios y las dudas planteadas por algunas entidades de la Mesa de Enlace que integran el directorio, ese plan de ajuste fue postergado para el año que viene. Pero, según señalan voces del organismo, Pazo bajó la directiva de Caputo de ejecutar los recortes antes del segundo semestre de 2025.

Dato no menor es que son 180 los días que tendrá de vigencia esta Unidad, destinada a "relevar el diseño, organización, funcionamiento y procesos de las diversas áreas que integran la estructura organizativa del INTA con el objeto de definir una estrategia para su modernización".

El jueves, desde ATE Inta marcharon a la sede central para protestar mientras se realizaba la reunión del Consejo Directivo que aprobó esta creación: "Es un verdadero abuso de poder", acusaron. Ante eso, los gremios tienen previsto hacer una fuerte movilización a la sede central del Inta durante la última semana del año.

En la entidad señalaron que los asaltos a punta de pistola se repiten con mayor recurrencia en la zona sur del Gran Buenos Aires.

"Esta situación no solo pone en riesgo la integridad física del personal y afecta los vehículos y la mercadería transportada, sino que además compromete un aspecto crucial para la industria y los consumidores: la trazabilidad de la carne", acusaron en la Cámara de Matarifes.

Según detalló el vice de la entidad, Sergio Pedace, al programa Bichos de Campo, calculan que en los últimos dos meses se robaron alrededor de 500 medias reses, lo que podría traducirse en más de 220 millones de pesos de pérdida.

El precio de la carne se planchó, pero el consumo sigue cayendo por la pérdida de poder adquisitivo

En la cámara del sector denunciaron que la ola de robos se produce bajo un modus operandi similar, en la que los asaltantes cruzan al camión con una 4x4 y, mientras realizan el robo, mantienen secuestrado al chofer.

Los matarifes reclamaron al Gobierno "tomar medidas concretas y contundentes para combatir esta problemática". Y advirtieron que la pérdida de trazabilidad "impide conocer el destino y la finalidad de los productos robados, lo que genera incertidumbre sobre su seguridad y salubridad".

Un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra) reveló que el consumo interno de carne vacuna este año fue un 10,1% inferior a la del mismo lapso de 2023.

La situación denunciada por los matarifes se da en un contexto en el que no se revierte la caída del consumo de carne vacuna.

Según un reciente informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra) reveló que el consumo interno de carne vacuna fue 10,1% inferior a la del mismo lapso de 2023. "Éste es el registro más bajo de los últimos 22 años", señala el informe.

En esa línea, el estudio de la cámara que preside Miguel Schiariti detalló que, en enero-noviembre el consumo de carne vacuna por habitante habría sido equivalente a 47,4 kilos/año, ubicándose 11,1% por debajo del promedio de enero-noviembre de 2023.

En tanto, en los primeros 11 meses de 2024, la faena disminuyó 5,7% en términos interanuales.

El ministro de Economía se hizo el picante por Twitter y terminó enojando a diez entidades rurales bonaerenses que sacaron un inédito comunicado en su contra, calificando de insolente su comentario contra un productor al que mandó a ver polo.

"Yo soy productor agropecuario y no puedo zafar de que ustedes me roben vía retenciones. No son una empresa privada, son el estado. Cómo hago para que me dejen de robar de una vez?", le preguntó el usuario Attila a Caputo.

"Hay muchos impuestos que no tienen que estar. No solo las retenciones. Para tratar de solucionarlo, algunos vinimos al sector público. Claro que corregir décadas de despilfarro lleva algo más que 10 meses de gestión. Si en 4 años estás disconforme, vas a poder votar otra alternativa. Mientras tanto, no te queda otra que seguir viendo Chapaleufú y corriendo carreras!", le respondió el ministro en modo ironía ya que en su biografía Attila se declara hincha del equipo de polo Chapaleufú y de la marca de autos Toyota.

El mensaje del ministro recibió muchas críticas y también apoyo de parte de libertarios que ahora defienden las retenciones al campo, en un inesperado giro kirchnerista. 

Pero lo más significativo fue un comunicado de delegaciones de la Sociedad Rural y asociaciones de productores de San Pedro, Rojas, Baradero, Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Colón, Lincoln y San Antonio de Areco.

El campo cruzó a Francos por acusarlos de retener la cosecha

"Lamentable comentario por parte del ministro de Economía de la Nación, una insolencia improcedente a quienes estoicamente sostienen con divisas genuinas el recupero de la nación", dice la nota. "Se equivoca si el justo reclamo nos convierte en enemigos del proyecto de su gobierno, todo lo contrario quienes producen son el mayor aliado que pueden tener", continúa.

"No merecemos semejante insulto y le recordamos palabras de nuestro presidente: las retenciones son un gran robo del Estado hacia los productores agropecuarios", remarcaron las asociaciones. "No podemos dejar pasar este agravio, y parece una constante, cuando en menos de una semana se puso en dudas la legitimidad de las reservas en silobolsas, propiedad de quienes arriesgan capital y trabajo cultivando sus campos", completaron las entidades, que le pidieron a Caputo que rectifique su "agravio".

"Veníamos recorriendo desde Río Cuarto hasta aquí (La Carlota), toda una enorme zona productiva del agro... muchas silobolsas vimos, ¿no?", ironizó el funcionario nacional durante un acto de inauguración de la reversión del gasoducto norte. "Vimos gente que todavía no liquidó. Pero, bueno, no importa, es un detalle", agregó Francos con sarcasmo.

Los dichos del jefe de Gabinete no pasaron de largo y desde la Mesa de Enlace de Córdoba le salieron al cruce.

"El Jefe de Gabinete de Ministros estuvo en Córdoba al pasar, en un acto que no tenía vínculo con el sector, y cuando hizo alusión a la riqueza hizo referencia a que existen granos almacenados en los campos, que están pendientes de liquidar. Habló de los silobolsas y nos hizo volver a esos tiempos y modos que su Gobierno dice haber venido a desterrar", sostuvieron en un comunicado.

"Un simple comentario fue suficiente para que reaparecieran los mismos miedos que antes eran cotidianos y que, creíamos, habían desaparecido", afirmaron en clara referencia a las tensiones con el kirchnerismo.

Un simple comentario fue suficiente para que reaparecieran los mismos miedos que antes eran cotidianos y que, creíamos, habían desaparecido

"Pensamos que con un Gobierno que se autodenomina libertario, no era necesario justificar cómo usamos nuestra propiedad o qué destino damos a nuestros bienes de cambio. Creímos que de eso se trataba el respeto irrestricto de la propiedad privada que este Gobierno pregona. Pero vemos que no. Que la propiedad, cuando está en manos de productores agropecuarios, es distinta de la de los demás", ironizaron.

Los productores fueron un paso más allá con la ironía contra Francos: "Nosotros tenemos que vender nuestros productos cuando el Gobierno de turno quiere y al precio que decide, por supuesto como desde hace 20 años, a un precio disminuido por los derechos de exportación".

Por último, desde el campo cordobés se quejaron de la falta de incentivos para hacer inversiones y la falta de regímenes especiales para el sector, una clara referencia al RIGI del gobierno. "Nadie nos da un régimen especial, aún cuando invirtamos anualmente 10 veces más que los que reciben los incentivos", indicaron.

"Sería bueno que el Jefe de Gabinete de Ministros aclare su comentario. La situación económica del sector, por varios motivos que no viene al caso explicar, está siendo de una complejidad inusual; y no solo no recibimos ayuda ni incentivos, sino que el Gobierno, incumpliendo sus promesas, continúa con el mismo esquema extractivo de las anteriores administraciones. Y no hay, siquiera, un mínimo atisbo de que algo vaya a cambiar en el futuro", finaliza el comunicado.

La Mesa de Enlace de Córdoba está conformada por Federación Agraria Argentina, Coninagro, Sociedad Rural Argentina y la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez).