Desde agosto de 2013, la suerte en el llamado “Juicio del Siglo” estuvo sellada para Argentina. En aquel momento la Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó todas las defensas de nuestro país, y poco después, la Corte Suprema Norteamericana, sepultó las esperanzas de obtener algún milagro judicial.

Poco tiempo después, el país entró en una acalorada discusión sobre si pagamos nuestra deuda, si no lo hicimos, disputa que quedó sellada con la llamada ley de “pago soberano” alias, default total de toda la deuda, pero en cámara lenta, situación que se va confirmando a cada vencimiento de bonos que nadie retira, o como pudo verse, con el malogrado intento de producir un canje al que el mundo en general no pareció prestarle atención.

Este miércoles se sumaron nuevos bonos a los incumplimientos argentinos de la deuda, que se producen pues seguimos manteniendo la decisión política de no cumplir las sentencias de todos los tribunales, primera instancia, apelación ordinaria, y apelación extraordinaria, que nos ordenaron pagar al mismo tiempo a los hold-outs que a los “hold-in”

Este hecho, si tuvo un mérito, sería el de producir el sugestivo silencio del habitualmente locuaz Ministro Kicillof, quien ha mantenido en la defensa argentina al Estudio Cleary & Gottlieb, un verdadero caso de estudio forense: no sólo no ha logrado una sola victoria para el bando argentino en 8 años de litigio, sino que además ha producido el extraño efecto de multiplicar la deuda original de U$ 1300 millones, a reclamos por casi 4 veces ese valor, en el mismo juzgado.

Pero tal vez no conformes con este paradojal logro, ahora hemos sumado la derrota en los recursos “Discovery”, es decir, aquellas medidas judiciales que están destinadas a producir entrega de información sensible a quien precisamente, es el acreedor más vehemente y feroz de Argentina.

Tal vez las únicas buenas noticias para Argentina en este proceso hayan venido de parte de terceros ajenos al Gobierno: la reciente apertura de un frente judicial londinense tal vez termine consiguiendo sumarle puntos a la estrategia diplomática argentina de lograr que nuestro país quede instalado en un lugar de víctima de un perverso sistema financiero internacional, del que previamente intentó valerse.

Ahora bien, judicialmente, el 2014 se va sin ninguna buena noticia. Es el procedimiento normal ante la justicia norteamericana, en trazo grueso, que acreedor y deudor, una vez establecido el monto de la deuda, acuerden algún tipo de forma de pago, para evitar que se produzcan ejecuciones forzosas.

Despejada la amenaza fantasma de la cláusula RUFO, ¿Argentina negociará o no? No parece que estemos en la mejor situación para hacerlo; precisamente, por el propio camino diplomático elegido en el campo externo, como por la circunstancia de que el año electoral represente una tentación de traspasar el problema a quien suceda a Cristina Fernández en la primera Magistratura.

Aunque hayan disminuido los acalorados debates sobre si estamos o no en default, lo cierto es que ninguna cosa está bien, hasta que está terminada. Bajo esa definición, el campo de la incerteza judicial del país, sigue, tal vez, peligrosamente abierto.