La aceleración de las inversiones renovables abren otra brecha al interior del Gobierno. El descontento social por un despliegue verde "sin condiciones", como exige la Unión Europea, empieza a extenderse por muchas comunidades autónomas. El rechazo al "modelo desregulado y especulativo" de quienes habitan los territorios en los que se instalarán 152 grandes parques de energía renovable (solar y eólica) tiene ya su eco político.
Los socios parlamentarios del Ejecutivo van a presentar enmiendas para recuperar los informes de impacto ambiental para macroproyectos de renovables -suprimidos en el último decreto anticrisis- dejando sola a la ministra Teresa Ribera en su plan de acelerar los macroproyectos verdes.
La titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico insiste en que la "agilidad no está reñida con la protección ambiental" y que España no va a relajar ningún control a la hora de autorizar las nuevas inversiones.
Sin embargo, los artículos 22 y 23 del real decreto anticrisis, votado y aprobado en diciembre, son claros respecto a la relajación de los informes y de la eliminación de la vigilancia ciudadana.
La semana pasada, el portavoz de BNG, Néstor Rego, adelantó que iba a presentar una proposición no de ley para restituir estos controles ambientales.
"El plan de este gobierno para fomentar las renovables no es un plan, es neoliberalismo puro y duro. Es un modelo al servicio del lucro del oligopolio. En vez de un modelo programado minimizando los impactos negativos ustedes optan por las autorizaciones dejando que sean las empresas las que elijan donde instalarse", denunció el parlamentario gallego.
En esta línea, Más País registrará este jueves dos enmiendas con la misma finalidad, según recoge el digital democrata.es. Lo mismo hará Unidas Podemos, que prepara una presentación similar para forzar retoques en el decreto.
La formación que lidera Iñigo Errejón reconoce que "la crisis climática obliga a acelerar la descarbonización de las economías empezando por nuestros sistemas de producción de electricidad", que se necesita un despliegue "ágil de las energías renovables", pero aclara que "el cambio climático es solo un aspecto de la crisis ecológica".
La degradación del suelo, la contaminación y la crisis de biodiversidad son aristas no menores a tener en cuenta, a juico de Más País. Y su bien las renovables "son imprescindibles", pueden tener "impactos locales sobre la biodiversidad que deben ser evaluados y, eventualmente, corregidos".
"Existe margen para una implantación de las renovables respetuosa o que incluso fomente en ocasiones la biodiversidad local reduciendo la presencia humana en determinadas zonas y, por este motivo, que los proyectos renovables estén obligados a someterse a una evaluación rigurosa de su impacto ambiental es fundamental para una mayor contribución local y global a resolver la crisis ecológica", se explica en el borrador de las enmiendas.
Se puede hacer un despliegue rápido de las renovables que respete la biodiversidad y revierta en el territorio. El Gobierno debe rectificar. @democrata_info @adrianlardiez https://t.co/S9wl4hFo9w— Íñigo Errejón (@ierrejon) March 2, 2023
"Abrir una vía a rebajar la evaluación ambiental o la participación ciudadana es un error. No va a agilizar nada y solo generará reticencias en el territorio. Se puede hacer un despliegue rápido y respetuoso de las renovables. Este no es el camino", resumió en Twitter el coordinador energético de Más País, Héctor Tejero.
En el caso de UP, el diputado Juantxo López de Uralde presentará una enmienda para, directamente, suprimir estos dos artículos de la ley.
"La eliminación de la evaluación ambiental no beneficiará a las renovables, sino que puede ser incluso perjudicial al dar vía libre a proyectos que generen más rechazo, afectando con ello al conjunto del sector", explicó Uralde días atrás sobre el tema.
Otros socios como ERC, Bildu, Compromís, y CUP también se oponen a las nueves directrices de Ribera. La posición más dura y férrea en el Congreso sigue siendo la de Teruel Existe. Su líder, Tomás Guitarte, denunció desde el atril que "el proceso exprés para la aceleración de renovables provocará la mayor regresión ambiental de la historia".
Sobre la postura de los socios minoritarios, que ahora empiezan a revelarse, ve "sensibilidad" pero "poca acción". "Muchos apoyaron el decreto, pero luego hicieron público el rechazo a estos artículos. No tuvieron la valentía suficiente para votar en contra. La justificación es que es difícil de votar no a decretos que son cajones de sastres, que tienen muchas cosas. Si hubiese habido una votación específica sobre ese artículo yo creo que no habría salido. Lo que es un hecho es que el problema va a seguir escalando, que va a ser difícil de ocultar y que se va a judicializar", se quejó Guitarte en diálogo con LPO.
La reacción de los aliados del PSOE se explica también por la coyuntura electoral. El descontento social por la "invasión" de renovables en suelos forestales y agrícolas puede llegar a repercutir en las urnas.
En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la revuelta social por un megaproyecto de energía solar ha unido a toda la política, de derecha a izquierda.
Difícilmente las enmiendas de los socios minoritarios logren modificar el decreto. Ribera insiste en cada disertación pública que el Gobierno "no elimina nada" y que se "mantiene el rigor medioambiental".
Estas formaciones parlamentarias sostienen lo contrario: la relajación de las evaluaciones ambientales provocará que "las grandes corporaciones no cumplan con los mínimos estándares medioambientales exigidos".
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