El PP sabe que no gobernará durante la próxima legislatura. Por primera, su líder, Alberto Núñez Feijóo, reconoció que no tiene los apoyos suficientes para formar un Ejecutivo y que, por lo tanto, prefiere mirar a la gente desde la oposición.

Asumida la derrota electoral, en Génova han trazado dos estrategias. La primera: agudizar las diferencias internas del PSOE respecto al pacto de gobernabilidad con el independentismo catalán. La idea es que el fuego amigo, que las voces díscolas, degaste un pacto que no convence a muchísimos socialistas, entre ellos barones de renombre. 

La segunda táctica pasa por utilizar "todos los instrumentos democráticos" (palabras textuales de Alberto Núñez Feijóo) para tumbar cualquier medida "anticonstitucional", a juicio de los populares, entre ellas una ley de amnistía.

Para ese fin, el PP usará la mayoría absoluta del Senado que consiguió el 23j: 120 representantes frente a los 72 de los socialistas.

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El Senado, como parte del Poder Legislativo, participa en el trámite parlamentario. Así pues, la Carta Magna señala que, aprobado un proyecto de ley en el Congreso, su presidente se lo comunicará -de manera «inmediata»- al presidente del Senado, que lo deberá someter a la deliberación de la Cámara, y en un plazo de dos meses esta puede oponer su veto o introducir enmiendas.

Para que una norma sea vetada se requiere de la mayoría absoluta, tras la cual el texto vuelve al Congreso; que podrá ratificar su proyecto inicial con mayoría absoluta, o mediante mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde la interposición del veto.

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En otros términos, el PP podrá trabar y ralentizar la amnistía, aunque no evitar su sanción. Una posibilidad es que PSOE y Sumar decidan tramitar la proposición de ley por el procedimiento de urgencia, lo que reduce los plazos a la mitad, según el Reglamento del Congreso.

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De ser así, la norma podría tener el visto bueno del Congreso en el plazo de un mes, aunque el trámite se demoraría un máximo de 20 días más por el rechazo del Senado (40 días si el proyecto se tramitase por procedimiento ordinario). Los populares confían que este "palo en la rueda" perjudique a Pedro Sánchez ante las exigencias de Carles Puigdemont.

El objetivo es entorpecer, desgastar, ganar tiempo y debilitar, le resume a LPO una fuente de Génova

El PP dispone de otras herramientas para dinamitar la ley socialista, como plantear a la Mesa de la Cámara Baja la inconstitucionalidad. Sin embargo, lo más probable es que el órgano de gobierno del Congreso rechace la impugnación al tener mayoría mayoría progresista.

Otra as bajo la manga es el presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional durante la tramitación de la ley, tal como hizo el PP en diciembre de 2022 contra la reforma del Código Penal. En aquella oportunidad, los conservadores, en mayoría, avalaron la postura opositora. 

Ahora, no obstante, los progresistas del TC son mayoría, por lo que el recurso no prosperaría. ¿Lo bueno para Génova? Seguir ganando tiempo.

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En el caso de que la amnistía se sancione y se apruebe en el Boletín Oficial, al PP le quedaría una última carta: presentar el recurso de inconstitucionalidad. Si el TC también lo rechaza, la presión se podría trasladar a Bruselas. 

Feijóo podría acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo argumentando que la ley viola derechos fundamentales. "El objetivo es entorpecer, desgastar, ganar tiempo y debilitar", le resume a LPO una fuente de Génova.