Después de meses de estancamiento, el PSOE y el PP llegaron a un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) queda fuera de lo pactado, ya que los populares insisten en que el sistema de elecciones de jueces está politizado.
Los encargados de las negociaciones fueron el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Ahora esperan llevar la renovación al pleno del Congreso y del Senado en la última semana de octubre, con la promesa de proponer candidatos "de consenso", según ambas formaciones.
El trabajo que les espera puede prolongarse, en especial porque la mayoría de los órganos en cuestión llevan años esperando una resolución de los legisladores. Por ejemplo, el actual Defensor del Pueblo, el socialista Francisco Fernández Marugán, está en funciones desde julio de 2017. El mandato de un tercio de los miembros del TC y de la totalidad de la Agencia de Protección de Datos expiró en 2019.
El PP advirtió a los socialistas de que no será parte de la renovación del CGPJ sin antes modificar la ley de elección de los jueces. Este bloque responde, aseguran desde las filas de Pablo Casado, a los intentos del gobierno de promover jueces afines, como Victoria Rosell, de Unidas Podemos, o José Ricardo de Prada, magistrado del caso Gürtel.
El gobierno, en cambio, dice que ha demostrado voluntad de diálogo. Uno de los gestos ha sido la negociación directa entre Bolaños y Egea, sin la presencia de miembro alguno de la coalición de gobierno que haga parte de UP. Era una condición que pidieron los populares, aunque la formación morada propondrá nombres para los organismos a renovar, como integrante del Ejecutivo.
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Pero en concreto, los populares proponen que los jueces designen directamente a la mayoría de los magistrados del CGPJ, mientras los socialistas sospechan que este mecanismo podría perpetuar una mayoría conservadora. Por eso defiende que esa prerrogativa continúe en el ámbito del Congreso.
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