Las elecciones de mayo se acercan y los partidos que forman el Ejecutivo central comienzan a disputarse aquellos temas en los que compiten por los mismos votantes. Y la política de vivienda es uno de aquellos temas. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha llegado a un acuerdo hipotecario con la banca para aliviar las cargas, criticado por Podemos y Yolanda Díaz. Pero la ministra de Asuntos Económicos es enfática frente al fuego amigo.

La propuesta de congelar las hipotecas variables por un año "es una medida que tendría un impacto negativo sobre la estabilidad financiera y los balances bancarios, y sería injusto porque hay familias que no lo necesitan", apuntó Calviño, que no estaba respondiendo tanto a Pablo Echenique como a Díaz. Así como la ministra de Trabajo limitó la capacidad de acción de la socialista en la reforma laboral, Calviño no está dispuesta a dejar que Díaz se entrometa.

La vicepresidenta Yolanda Díaz este miércoles en la cumbre hispano-rumana en Valencia. 

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Las medidas están dirigidas a las familias de clase media más afectadas por la espiral inflacionista, aunque se enmarcan en una política más amplia. El gobierno pactó con Bildu la extensión del tope del 2% al incremento de los precios de los alquileres para 2023, que iba terminar en diciembre. La medida de contención es necesaria para una gran parte de los 3,5 millones de contratos en toda España, es decir, a los que serán revisados en el primer semestre. "La medida iba a prorrogarse más allá de los presupuestos", explican desde el gobierno a LPO. 

No es solo Unidas Podemos que presionan para que la norma vea la luz. Bildu y ERC también insisten en que sin una legislación específica los desahucios continuarán y la intervención en el mercado inmobiliaria es prácticamente imposible

Una encuesta de Simple Lógica publicada el lunes señalaba que el 66% apoyaba límites a los alquileres. La cifra asciende al 77,9% en el caso de los votantes socialistas y al 93,2% entre los de Podemos. "Nadia ha salido a jugar fuerte", aseguran desde el PSOE. Sin embargo, la ley de vivienda sigue esperando a su aprobación. Es una exigencia de los morados y los socialistas coinciden en que debe salir antes de fin de año, pero el ritmo lo marcará el socio mayor de la coalición.

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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a cargo de Raquel Sánchez ha incorporado 10.000 viviendas de alquiler asequible y ha prometido otras 60.000 para agrandar el parque público. El PSOE dice que la vivienda es una prioridad del gobierno progresista, si bien el proyecto de ley de vivienda está frenado desde hace dos años. 

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

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No es solo Unidas Podemos que presionan para que la norma vea la luz. Bildu y ERC también insisten en que sin una legislación específica los desahucios continuarán y la intervención en el mercado inmobiliaria es prácticamente imposible.

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"Nos juzgarán por lo que hagamos en esa cuestión", dijo Díaz en relación con la ley de vivienda. El PSOE ha desechado las enmiendas de UP y los partidos que apoyan al Ejecutivo en el Congreso gracias al respaldo del PP. Los socialistas alegaron que no era pertinente tratarlas en la comisión de Presupuestos y recuerdan que fue Pedro Sánchez quien prometió que la ley será consagrada el próximo mes y reivindicará la vivienda como un derecho. Es un triunfo que quieren apuntarse en Ferraz.