La guerra está abierta. De un lado, el Gobierno y su impuesto para "redistribuir las cargas" de una aguda y trepidante crisis económica. Del otro, el establishment (19 grandes empresas) y sus poderosos bufetes de abogados. La lucha de trincheras tiene rostros visibles (los ministros por el lado del Ejecutivo; los voceros por el lado de las empresas) y también manos ocultas e invisibles, como las de Manuel Lago, principal asesor económico de Yolanda DÃaz y uno de los redactores de la letra chica de este inédito tributo.
Formalizada la proposición de ley en el Congreso de los Diputados --los bancos pagarán el 4,8% de sus ingresos por intereses y comisiones; las grandes energéticas, un 1,2% de sus ingresos totales este año y el próximo-, en Moncloa resaltan el "buen trabajo" del equipo técnico de Hacienda, pero también el "firme liderazgo" de Lago, la sombra de la ministra de Trabajo.
La vicepresidenta segunda fue quien llevó a su principal asesor a las oficinas de la cartera que conduce MarÃa Jesús Montero. Lago, por ejemplo, fue quien pidió no seguir "el modelo italiano" a la hora de instrumentalizar la medida.
El paÃs vecino aplica desde hace meses un impuesto extraordinario a los "beneficios caÃdos del cielo" de las energéticas. Pedro Sánchez confÃo que España iba a "avanzar en la misma vÃa". Sin embargo, el Gobierno recaudará a través de "prestación patrimonial" a los ingresos (no a los beneficios) de las grandes compañÃas.
Una de las ventajas de esta otra vÃa -inédita en Europa- es el "menor margen de maniobra" que, a juicio de Hacienda, van a tener las empresas para recurrir la medida ante la Justicia. Un impuesto a los beneficios iba a ser "más fácil de tumbar" en un pleito judicial.
Lago fue quien más hizo hincapié en este punto. Tiene un perfil que no abunda en los equipos técnicos de los ministros. Mezcla la economÃa, su profesión (es especialista en polÃtica industrial y mercado de trabajo), con el sindicalismo, su puerta de entrada a la polÃtica.
Yolanda DÃaz lo conoce de chica por la amistad con su padre, Suso DÃaz, exsecretario general del sindicato de Galicia. Ambos fueron militantes del PCE y trabajaron juntos durante muchos años en el gabinete confederal de CCOO.
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En paralelo, Lago trabajó como profesor asociado de Estructura Económica y Social de Galicia en la Escuela de Relaciones Laborales y formó parte del Foro Económico de Galicia y del Consello Económico y Social. También fue director financiero de la Corporación de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG).
En 2018 fue elegido portavoz del Grupo Común da Esquerda en el Parlamento de Galicia, cargo que abandonó a principios de 2020 para sumarse al equipo de DÃaz en Moncloa. "Te quiero a mi lado", le dijo al ser nombrada como ministra de Trabajo. El rol de Lago ha sido "clave" en los grandes proyectos legislativos de la hoy lÃder de Sumar, como los Ertes y la Reforma Laboral.
Su carrera polÃtica tiene una única "mancha": su polémica designación en Navantia, sociedad pública española dedicada a la construcción naval civil y militar. Desde el año pasado es el representante del ministerio de Trabajo en el organismo de esta histórica compañÃa.
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DÃaz justificó la decisión argumentando que en los consejos de las empresas públicas siempre se han contratado a personas cercanas a los gobiernos. Sin embargos, algunos dirigentes de Podemos reprocharon la designación por la sensación de "puerta giratoria", una figura que los morados siempre le han criticado al PSOE y al PP.
El frente judicial
Más allá de los cuidados que el Gobierno adoptó para que el impuesto no sea tumbado en el frente judicial, los bancos y las eléctricas sostienen que hay resquicios legales para que el Tribunal Constitucional revierta la "arbitraria" medida.
Las grandes empresas ya han puesto la ofensiva legal en marcha. "Creo y pienso firmemente que vivimos en una jurisdicción segura. Y no tengo ninguna duda de que nuestro marco constitucional, el sistema legal español y la legislación europea, nos van a proteger de cualquier potencial iniciativa arbitraria", aclaró el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.
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El directivo de la petrolera dio a entender que la empresa irá a los tribunales: "Haremos todo lo que esté en nuestra mano para evitar que cualquier medida arbitraria impacte en nuestra compañÃa", adelantó.
En la misma sintonÃa, José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona y de Acciona EnergÃa, cargó contra la "creciente tendencia a demonizar la rentabilidad o a imponer cambios normativos cada vez que se produce un acontecimiento socioeconómico inesperado".
Más explÃcita fue la consejera delegada de Bankinter, MarÃa Dolores Dancausa: "Nos parece tremendamente injusto. Si hay resquicios para no pagarlo, lo pelearemos", advirtió.
La patronal de las grandes eléctricas Aelec -que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP- ya avisó que el impuesto puede suponer un "freno" a las inversiones de las energÃas renovables.
"La incorporación de un nuevo gravamen introducirÃa una incertidumbre adicional en las empresas, lastrando los ambiciosos planes de inversiones de las asociadas de Aelec para acelerar la descarbonización de nuestra economÃa y reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles del exterior", advirtió esta asociación a través de un comunicado.
Este viernes, el presidente Sánchez hizo su primera valoración pública sobre esta "guerra abierta": "Las entidades financieras pueden y deber ayudar al paÃs a salir de esta situación, como España ayudó a los bancos a salir de la crisis financiera, como hacen otros gobiernos de todo signo polÃtico, incluso algunos conservadores. Si protestan es porque vamos por buen camino", aseguró.
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