La Comunidad de Madrid ya elaboró el recurso que presentará ante el Tribunal Constitucional para no tener que acatar el plan de ahorro que diseñó el Gobierno para reducir el consumo energético. El documento, de 35 folios, contempla diez aspectos que la administración de Isabel Díaz Ayuso considera "inconstitucionales". La estrategia, sin embargo, tiene una punta de lanza: el comercio. El argumento es que el decreto de Moncloa atenta contra la "libertad" de los locales, amparados por una normativa autonómica.

Para la Puerta de Sol, los escaparates sin luz "colisionan directamente" con la ley autonómica de libertad de horarios comerciales, que permite abrir y atender al público las 24 horas del día. "¿Se puede cumplir esta norma con escaparates apagados?", se pregunta el PP madrileño en su informe. 

Según la Ley 16/1999 de comercio interior de la Comunidad de Madrid, "cada comerciante determinará libremente los días y el horario de apertura y cierre de sus establecimientos en el conjunto de los días laborables de la semana". 

El Gobierno amenaza a Madrid con un "conflicto de competencias" en caso de no acatar el ahorro energético 

Para el gobierno de Madrid, esta disposición autonómica "choca" con el decreto que este miércoles entra en vigencia para ahorrar el 7% de energía que exige la Unión Europea ante la escasez de gas que sufrirá el continente en el invierno. 

El plan de Moncloa tienen varias restricciones que afectan al comercio:

• Los edificios públicos, comercios infraestructuras de transportes, hoteles y espacios culturales deberán limitar la temperatura del aire acondicionado a 27 grados y la de la calefacción a 19.
• Los escaparates deben apagar la luz a partir de las 22.00 horas y los edificios públicos deberán apagar las luces de los espacios no utilizados.
• Los comercios y locales tendrán que cerrar las puertas cuando estén en funcionamiento sus sistemas de aire condicionado o calefacción.

El gobierno de Ayuso pretende con su recurso judicial que Madrid sea el primer punto geográfico de "rebelión" de los comercios de toda España. Este martes, el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, se reunió con empresarios de la región para analizar "el impacto que la medida va a tener en comercios y hostelería".

 Enrique Ossorio junto a empresarios madrileños.

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La Cámara de Comercio de Madrid admite la situación de emergencia energética, pero exige "medidas consensuadas" para evitar pérdidas económicas. "Pensamos que todas estas medidas han de estar consensuadas con los sectores implicados, sin perjudicar a aquellos sectores que más van a sufrir, como la industria, el comercio o la restauración entre otros", señalan desde esta asociación.

La estrategia de la Comunidad de Madrid tiene una punta de lanza: el comercio. El argumento es que el decreto de Moncloa atenta contra la "libertad" de los locales, amparados por una normativa autonómica   

Ossorio aclaró que si bien el recurso ya está redactado, no se va a presentar hasta que el decreto se convalide en el Congreso, ante la posibilidad de que la normativa puede sufrir modificaciones.

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Moncloa cree que el recurso de Madrid es más una "jugada política" que una "puerta judicial viable". La ministra de Justicia, Pilar Llop, adelantó que "va a ser muy difícil" que el plan sea declarado inconstitucional. En su opinión, la Comunidad de Madrid "tiene las herramientas para recurrirlo", pero va a tener que hacer "contorsiones jurídicas" para echarlo por tierra.

El objetivo por estas horas es el de "aislar a Madrid" del resto de CCAA. En este sentido, el Gobierno alcanzó acuerdos con Cataluña, Canarias, Galicia y Murcia para evitar nuevos recursos ante el Constitucional. 

Las otras "inconstitucionalidades" que ve Ayuso

La injerencia de competencias a nivel comercial es la principal inconstitucionalidad que observa la Comunidad de Madrid en su afán de tumbar el decreto del gobierno de coalición. El equipo jurídico autonómico entiende que hay más razones para que el TC se expida a favor de la región capital.

Ossorio y su jefa política, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso.

Europa Press

1. La contradicción de "invadir competencias autonómicas" argumentando la escasez de gas cuando el decreto afirma que España no tiene ese problema. "Consideramos que no se pueden establecer mínimos ni máximos en las temperaturas de aire acondicionado y calefacción".
   
2. De la misma forma, ese carácter básico es "cuestionable". Madrid entiende que "el acuerdo europeo que no es obligatorio".
   
3. El cierre de puertas de los locales y centros de trabajo choca, a juicio de Ayuso, "con la normativa de Salud Pública dictada con ocasión de la pandemia por COVID-19 y que establece la necesidad de la ventilación".
   
4.  La obligación de instalar cartelería, pantallas, etc. para informar de las medidas de ahorro energético no contribuye directamente a dicho ahorro energético, "por lo que invade competencias autonómicas sin justificación".
5.  Â¿Por qué se prohíbe la iluminación basada en otras fuentes de energía?, se pregunta el PP madrileño si el objetivo es la reducción de gas. "La extensión de las prohibiciones a energías renovables o de autoconsumo excede la necesaria proporcionalidad del RDL".
6.  Otro argumento: "el apagado de edificios públicos chocaría con la competencia del cuidado y utilización de los edificios propios de la Comunidad de Madrid y con el desarrollo turístico".
7.  Madrid también entiende que "el adelanto puntual de la próxima inspección de eficiencia energética en instalaciones podría exceder las bases estatales, toda vez que la periodicidad de estas inspecciones no tiene carácter básico".
8.  El aspecto temporal también aparece en el recurso de Ayuso: "Se produce una discrepancia entre la duración prevista de las medidas entre la normativa europea -1 año- y la indicada en el RDL -hasta octubre de 2023-".
9.  Por último: "La defectuosa configuración del régimen sancionador puede llevar aparejada vicios de legalidad o constitucionalidad en las sanciones que puedan imponerse, tal y como sucedió en las derivadas de los estados de alarma durante el COVID".