La ley de Amnistía vuelve e empiojarse. Cuando parecía que el PSOE y Junts retomaban las negociaciones para aprobar en una segunda votación la normativa - hay15 días para que la comisión de Justicia elabore un nuevo dictamen-, los fiscales del Tribunal Supremo han acordado pedir la imputación de Puigdemont por terrorismo.
En una tensa reunión de más de cuatro horas, la mayoría de la junta de fiscales de la sección penal del Tribunal Supremo ha decidido tumbar el informe redactado por su compañero Álvaro Redondo, quien no veía pruebas ni indicios de delito de terrorismo.
Para la mayoría de estos fiscales, se debe investigar al ex presidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo por su presunta implicación en los disturbios desatados por Tsunami Democràtic en el otoño de 2019 en señal de protesta por la sentencia del procés.
De esta manera, el criterio de la mayoría se ha impuesto provocando un vuelco en la postura de Fiscalía, ya que Redondo proponía no imputar a Puigdemont.
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de los 15 fiscales que han participado en el cónclave, 11 han considerado que hay indicios suficientes para proceder contra Puigdemont y contra el diputado del Parlament Ruben Wagensberg --ambos fugados--, mientras que 4 se han mostrado en contra. Con una mayoría aún más amplia, de 12 a 3, han resuelto que puede haber delitos de terrorismo.
La decisión de la Junta de Fiscales no es vinculante para la sala de lo penal del Tribunal Supremo que será la que tenga la última palabra, pero sí es seguro que el informe presentado por Redondo no será elevado a este tribunal que debe decidir si asume la causa Tsunami bajo el delito de terrorismo.
En su informe, Redondo apuntaba a presuntos delitos de desórdenes públicos graves, daños, coacciones y falsedad, en línea con la postura fijada por Miguel Ángel Carballo, fiscal del caso en la Audiencia Nacional, en contra del criterio del magistrado instructor Manuel García-Castellón, quien el pasado 6 de noviembre un auto para impulsar la imputación, entre otros, de Puigdemont, Wagensberg y Marta Rovira, secretaria general de ERC.
Este auto dinamitó las negociaciones entre el PSOE y Junts debido a que el proyecto de la amnistía no cubre los delitos de terrorismo, por lo que Puigdemont quedaría afuera del perdón judicial.
Y si bien ambas formaciones exploran otras vías para cerrar la negociación y blindar al líder catalán, desde Moncloa han reconocido que la decisión de estos fiscales "complica aún más" el tire y afloje con los independentistas.
No obstante, el Gobierno confía en que el fiscal general del Estado, Álvaro García, imponga su criterio al de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo para frenar la investigación por terrorismo a Puigdemont y facilitar así la amnistía.
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