"Pasó la tormenta". La frase se escucha mucho por estos días en los pasillos de Génova. En el PP están convencidos que el gravísimo escándalo que mantuvo en vilo al partido empieza a "quedar atrás".

Los barones mencionan tres claves que explican el "cambio de semblante": el apoyo unánime que tiene Alberto Nuñez Feijóo, virtual presidente; la salida "digna" de Pablo Casado; y el fortalecimiento nacional de Isabel Díaz Ayuso, quien salió bastante indemne de la acusación de corrupción en su contra.

Tampoco preocupa mucho en Génova el frente judicial abierto contra la presidente de la Comunidad de Madrid. Es cierto que la Fiscalía Anticorrupción ha dado curso a investigar el famoso contrato de las mascarillas. Sin embargo, los populares están convencidos de que la denuncia "se va a caer". "No hay pruebas sólidas", resumen.

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Pero hay otro frente judicial que sí preocupa. Y mucho. Por lo avanzada que está la causa, porque hay una imputación, y por el territorio y la persona involucrada: Castilla y León y Alfonso Fernández Mañueco, obligado por estos días a negociaciones incómodas -con Vox- para formar gobierno en esta Comunidad Autónoma.

Mañueco está implicado en el "caso Primarias de Salamanca", como se conoce en sede judicial al expediente que investiga el presunto delito de financiación ilegal en los comicios primarios de 2017.

En 2019, durante las negociaciones entre el PP y Ciudadanos para conformar un Ejecutivo, una denuncia anónima llegó al Juzgado de Instrucción 2 de Salamanca. "Hay un claro caso de financiación ilegal en el PP", decía el escrito.

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El papel daba cuenta de que distintos cargos, asesores y empresarios afines al partido fueron obligados de forma anónima a desembolsar entre 300 y 500 euros para regularizar los pagos atrasados de afiliados. ¿Para qué? Para que pudiesen votar a Mañueco -por aquel entonces alcalde salmantino- en dichas primarias. 

Mañueco está implicado en el "caso Primarias de Salamanca", como se conoce en sede judicial al expediente que investiga el presunto delito de financiación ilegal en los comicios primarios de 2017.

En esas elecciones, el PP de Salamanca recaudó más de 60.000 euros para financiar estas deudas. Mañueco se impuso con holgura en su provincia y salió ganador, siendo a la postre dirigente autonómico.

La investigación transcurrió en las sombras hasta noviembre del año pasado, cuando el magistrado Juan Rollán, titular del Juzgado, imputó al PP de Salamanca como persona jurídica, a su presidente, Francisco Javier Iglesias, y a la gerenta, María Isabel Sánchez.

 El presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias (primero por la izquierda) en la inauguración de una exposición.

Las pruebas recolectadas hasta el momento por el juez dan cuenta de una "donación anónima ilegal": 24.140 euros "sin justificar" que fueron a pagar deudas de 4.900 afiliados.

Según la investigación en curso, entre el 31 de diciembre de 2016 y el 17 de marzo de 2017 el PP de Salamanca amortizó una deuda de 61.937 euros a través de distintos ingresos bancarios. De ese total, 41.490 euros quedaron justificados "mediante la contribución voluntaria cargos electos, personal de confianza y afiliados". Pero 24.140 euros quedaron sin ningún respaldo legal.

Al conocerse la imputación, Mañueco anunció la "máxima colaboración con la Justicia". Sin embargo, a principios de enero, tanto el PP (persona jurídica) como los dos funcionarios imputados -quienes en su día declararon como testigos- se negaron a testificar en calidad de procesados.

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El PP de Salamanca sostiene que no se incumplió el artículo 5 de la Ley Orgánica 8/2007 -que prohíbe las donaciones anónimas en la financiación de los partidos políticos- y que el pago de deudas de terceros "está expresamente permitido" por el Código Civil y su ajusta "a legalidad".

Las imputaciones y el pedido de indagatoria ocurrieron en plena campaña electoral en Castilla y León. Génova ordenó "aplacar" el tema lo máximo posible para no dañar la candidatura del presidente autonómico. 

Las pruebas recolectadas hasta el momento por el juez dan cuenta de una "donación anónima ilegal": 24.140 euros "sin justificar" que fueron a pagar deudas de 4.900 afiliados

Dos semanas después de las elecciones, Mañueco le entregó al magistrado una declaración firmada en la que aseguraba haber pagado 1.000 euros en efectivo para abonar "de su patrimonio" parte de las cuotas impagadas de estos miles de afiliados. Días más tarde, el juez recibió las declaraciones de otros 25 funcionarios. Todas con el mismo argumento.

La investigación avanza rápido y en la sede del PP en Madrid temen que surjan "más novedades" antes de la celebración del Congreso Extraordinario (2 y 3 de abril) o durante las primeras semanas del mandato del nuevo presidente, Alberto Núñez Feijóo.