El Gobierno tiene dos premisas en claro en el inicio de su último curso político: la crisis económica irá a peor y su supervivencia electoral depende, en grande parte, de cómo amortigüe su impacto en la clase trabajadora. La puja redistributiva con los poderes más concentrados de la economía tendrá, en los próximos meses, un nuevo capítulo: una ardua negociación con los supermercados para topar el precio de una "canasta básica" de alimentos.

Moncloa entiende que la crisis energética, la máxima preocupación europea en las puertas del invierno, dará paso a una crisis alimentaria por la reducción de la oferta agrícola e industrial -LPO adelantó que el 30% de la industria local de fertilizantes está paralizada- y por el aumento de los precios. No en vano, España presiona la UE para crear, cuanto antes, una reserva estratégica de alimentos. 

Ante este escenario, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quiere negociar con las grandes cadenas de distribución la posibilidad de fijar un tope a productos de primera necesidad como el pan, la leche, los huevos, la carne y la fruta, entre otros. El borrador incluye un paquete de entre 20 y 30 artículos. 

"Estoy trabajando para que exista un acuerdo con las distribuidoras y los consumidores en nuestro país. Un acuerdo que consista en determinar una cesta de productos básicos, en los que, como hemos hecho con el gas y otras materias, topemos los precios", reconoció Díaz en una entrevista concedida a elDiario.es.

Sánchez confirma su guerra al establishment y le da la espalda al Ibex en el inicio del curso político 

La líder de Sumar adelantó que se va a reunir con los representantes de los supermercados en las próximas semanas. "Aún no nos hemos reunido, lo vamos a hacer. El Gobierno de España está tomando muchas medidas en el sector energético, a las entidades financieras, pero hay que dar un paso más porque la alimentación es imposible. Lo llevo diciendo, hago la compra con normalidad y la gente tiene razón para estar molesta", explicó.

El ministro Luis Planas, contrariado con la intención de Yolanda Díaz de topar el precio de los alimentos.

Europa Press

El diagnóstico de la vicepresidenta es que los supermercados, al igual que los bancos y las energéticas, se "están enriqueciendo" en este contexto inflacionario. "Hablamos de incrementos del 500%, de 575%. Son datos públicos. No puede ser. Está claro que aquí alguien está haciendo negocio. Hay que actuar con los márgenes empresariales", justificó. 

Yolanda Díaz tendrá dos grandes desafíos para consumar su medida: convencer/obligar a los supermercados y recibir el visto bueno del ala más dura del PSOE, contrariado con guerra que el presidente Pedro Sánchez está librando con el establishment 

Y agregó: "Nos vienen advirtiendo de la concentración bancaria, nos vienen advirtiendo del factor oligopolio que tenemos con la energía. Y aquí también pasa esto. A los productores les compran las naranjas a 15 céntimos, y los ciudadanos las pagamos a 1,48 euros. Las patatas se pagan a los productores de nuestro país en torno a 18 céntimos y se están vendiendo a 1,35. El ajo llega a los supermercados con un incremento de casi el 800%. Es una barbaridad. Alguien aquí se está enriqueciendo por el camino y está utilizando la guerra".

El drama de las pymes: "La subsistencia es imposible"

Díaz tendrá dos grandes desafíos para consumar su medida: convencer/obligar a los supermercados y recibir el visto bueno del ala más dura del PSOE, contrariado con guerra que el presidente Pedro Sánchez está librando con el establishment. 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, fue el primero en diferenciarse de la medida.  Consultado sobre la posibilidad de implantar precios mínimos en bienes y productos de alimentación esenciales, argumentó que "no es posible" desde el punto de vista legal y "tampoco es deseable". 

Los impuestos aplicados al sector financiero y energético están llenos de lógica, los del sector de la distribución no. En este contexto de muchas incógnitas en el horizonte, el Gobierno tiene dar certidumbre y seguridad a los operadores para proveer de alimentos y bebidas a los ciudadanos

"No me parece, en absoluto, una medida pertinente y no ayudaría, sin duda, ni a los productores ni a los consumidores, ni a ningún eslabón de la cadena. En este contexto de muchas incógnitas en el horizonte, el Gobierno tiene dar certidumbre y seguridad a los operadores para proveer de alimentos y bebidas a los ciudadanos", planteó. 

Dramático pronóstico de Macron sobre el futuro de Europa: "Se terminó la era de la abundancia"

"No se trata de una ley, es un acuerdo y no vulnera el derecho de la competencia", aclaró Díaz este lunes por la mañana en su llegada al acto de bienvenida que ofreció el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, con motivo de su toma de posesión.

Planas también rechazó la propuesta de Unidas Podemos de subir los impuestos a los supermercados. El socio minoritario insistió en los últimos días con la necesidad de endurecer diez puntos el Impuesto de Sociedades a los grandes plataformas de alimentos para poder financiar un "cheque de ayuda" a la cesta de la compra para las familias.

A su juicio, los impuestos aplicados al sector financiero y energético "están llenos de lógica", a diferencia del rubro de la distribución. "No creo que sea el caso, en estos momentos, de la distribución, al menos hasta ahora, quiero decir que todos los elementos de la cadena, incluida la distribución, se han comportado de forma correcta. Espero lo haga en un inmediato futuro también", sentenció.

A primera hora de esta tarde, Podemos planteó reparos a la propuesta de Díaz. El coportavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, dijo que sería "complejo" llegar a un acuerdo con las grandes empresas de alimentación y distribución para que acepten rebajar sus beneficios. "La solución más adecuada es el impuesto extraordinario", explicó.