El Gobierno maneja dos grandes hipótesis sobre los autores del espionaje contra los teléfonos móviles del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa Margarita Robles: Marruecos o las "cloacas del Estado". Ambas especulaciones son muy incómodas. En ambas posibilidades, el PSOE paga un alto coste polÃtico.
Si el hackeo llegó desde Rabat, el Ejecutivo está obligado a romper unas relaciones diplomáticas que acaba de recomponer (de apostar de forma estratégica) tras su brusco giro en el Sáhara Occidental.
Si las infiltraciones las hicieron las "cloacas del Estado" -término utilizado para definir el poder clandestino que, desde hace décadas, opera en los subsuelos del Palacio de la Moncloa-, el Ejecutivo está obligado a reconocer que no depuró un "mal" que prometió desterrar.
Marruecos o las "cloacas del Estado": las hipótesis que maneja el Gobierno sobre el espionaje
En las charlas de pasillo, algunos barones socialistas le dan credibilidad a los cabos sueltos atados por Podemos. ¿Con qué objetivo Marruecos va a espiar a los lÃderes catalanes?, preguntan desde la formación morada, que ponen a este interrogante como prueba para debilitar la hipótesis de Rabat.
Para UP, hay "un actor" con capacidad e interés en concretar este doble espionaje (Gobierno e independentistas): la "policÃa patriótica", una brigada paraestatal del PP que operó de forma ilegal durante la primera legislatura de Mariano Rajoy que Sánchez nunca depuró de raÃz.
Se trata de parte de la excúpula del Cuerpo Nacional de PolicÃa, un grupo de agentes de confianza de Jorge Fernández DÃaz (en ese momento titular de la cartera de Interior) al servicio de intereses oscuros y clara vinculación polÃtica. El más conocido: el comisario José Villarejo.
Uno de los supuestos cometidos por esta brigada -de ahà su nombre- era obtener datos sobre casos de corrupción de dirigentes catalanes independentistas. Sus actuaciones ilegales se destaparon a raÃz de las grabaciones e intervenciones telefónicas del caso del pequeño Nicolás, el joven estudiante de Derecho que entre 2012 y 2014 se infiltró en las altas esferas del poder polÃtico y económico español.
La banda también espió a Podemos, según las pruebas ventiladas en el juicio (2020) en el que sentaron dos sus principales integrantes: Eugenio Pino, director adjunto operativo de la PolicÃa y su subordinado el inspector jefe Bonifacio DÃez Sevillano. Un juez los investigó por el espionaje realizado contra Jordi Pujol Ferrusola, empresario e hijo del expresidente de la Generalidad de Cataluña Jordi Pujol.
Según desveló hace tiempo el diario Público, Pino fue el encargado de gestionar la compra en 2014 del software Pegasus, adquirido ilegalmente con fondos reservados. "Esta hipótesis me cuadra más", admitió el exvicepresidente Pablo Iglesias al hilvanar todos estos datos.
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"Me cuadra más porque no es la primera vez que pasa. Patriotas de uniformes saltándose la ley para proteger a España de un Gobierno que ministros de Podemos que te quieren expropiar la casa de la playa y de los separatistas que quieren romper la patria. Es verosÃmil porque ya ha pasado. De hecho es un continuo de los dos últimos siglos", argumentó el exlÃder de Podemos. Y agregó: "Si esto es asÃ, y puede ser asÃ, por dignidad la ministra de Defensa y el ministro del Interior se tienen que ir".
Sobre Fernando Grande-Marlaska (ministro del Interior) recayó la responsabilidad de depurar "cualquier resquicio" de esta brigada ilegal. "Está destapando la policÃa patriótica y por eso le atacan", lo defendió tiempo atrás Pedro Sánchez cuando el PP lo atacó durante la gestión de la pandemia.
Marlaska nunca destapó toda la cacerola. El espionaje a su jefe polÃtico podrÃa ser consecuencia de esa inconclusa tarea.
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