El pulso de la Justicia se mete con la negociación política. En las vísperas de un acuerdo que está por cerrarse y anunciarse y le daría los votos para la investidura a Pedro Sánchez esta misma semana.
Manuel García-Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, ha acordado este lunes citar como imputados al expresident catalán Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la investigación sobre Tsunami Democràtic.
Según publica el diario El País, el juez ha tomado esta decisión tras recibir la pasada semana un amplio informe de la Guardia Civil que salpica al antiguo jefe del Govern, fugado en Bélgica desde 2017; y a la dirigente republicana, huida en Suiza desde 2018, a quien el instituto armado señala como como una de las coordinadoras del grupo que supuestamente instigó las protestas que tuvieron lugar en Cataluña tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés en octubre de 2019.
Con esto, el magistrado amplía el radio de acción de la causa sobre Tsunami Democràtic, en la que se investigan delitos de terrorismo y de las que verían beneficiados por la amnistía pactada por el PSOE y los independentistas. Resulta necesaria la citación de Puigdemont para ser oído sobre los hechos. Su citación, en este momento, no podría realizarse en otra condición que no sea la de investigado, asistido de letrado, ofreciéndole la oportunidad de defenderse, dado que el interrogatorio versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio", ha dicho el juez.
García-Castellón también imputa a Josep Lluís Alay, Oriol Soler Castanys, Xavier Vendrell Segura, Marta Molina Álvarez, Josep Campmajó Caparrós, Jesús Rodríguez Sellés, Jaume Cabani Massip, Oleguer Serra Boixaderas y Nicola Flavio Giulio.
García-Castellón abrió la investigación sobre Tsunami en 2019. El objetivo era determinar quién estaba detrás del movimiento, que incluyó cortes de carreteras y el intento de bloquear el aeropuerto de El Prat (Barcelona); así como averiguar cuáles eran sus fuentes de financiación, que habían permitido poner en marcha una aplicación de telefonía móvil para difundir sus acciones de protesta. Además, en 2021, se incorporó a esa causa una parte de las pesquisas bautizadas como caso Voloh, que versan sobre el supuesto desvío de fondos públicos a la promoción del procés.
La Audiencia Nacional asumió la investigación sobre Tsunami ante la posible existencia de delitos de terrorismo en las actividades del movimiento. Según la hipótesis inicial de los investigadores, Tsunami pretendía con sus acciones subvertir el orden constitucional y contribuir a la independencia efectiva de Cataluña después del fallido referéndum del 1 de octubre de 2017 y del encarcelamiento de varios de sus líderes.
La primera lectura de los socios de Pedro Sánchez ha sido en relación a una supuesta jugada política del magistrado. Así lo ha dicho Jaume Asens, ex diputado de Em Comú Podem e integrante de Sumar, quien publicó en sus redes: "Garcia Castellón nunca hace nada sin intencionalidad política. No es un juez. Es un político de derechas disfrazado de juez".
La semana pasada, ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han pedido a su presidente interino, Vicente Guilarte, que convoque un Pleno Extraordinario y hablan de una "intensa preocupación y desolación", lo que desvela una fuerte intervención de un sector del Poder Judicial en una coyuntura tensa.
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