La semana pasada, en Moncloa daban por hecho que Pedro Sánchez iba a ser investido en estos días. "Entre el 7 y el 10 de noviembre habrá gobierno", repetían las fuentes del PSOE.
La foto de Félix Bolaños con Oriol Junqueras iba a dar paso al cierre de las negociaciones con Junts y a una fecha de investidura. Sin embargo, las charlas de los emisarios socialistas con Carles Puigdemont se estacaron el jueves por "aspectos técnicos" de la futura ley de amnistía.
El diálogo está reflotado, pero el acuerdo sigue sin producirse. Los independentistas catalanes quieren una amnistía "muy amplia" que no deje "afuera a nadie". El PSOE teme que unos criterios laxos den paso a una ley "tumbada" por la Justicia.
Señales sobran. Este lunes, el bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha conseguido sacar adelante una declaración institucional contraria a la amnistía por nueve votos a favor, cinco en contra y uno en blanco.
Lo que ninguna de las partes esperaba era la intromisión del magistrado Manuel García-Castellón y la sorpresiva reactivación de la causa abierta a Tsunami Democràtic.
El juez ha imputado a Puigdemont por un supuesto delito de terrorismo. Lo acusa de ser el responsable de con una muerte durante aquellas protestas: un ciudadano francés murió tras sufrir un ataque al corazón en la terminal de un aeropuerto bloqueado.
El fallo, que será recurrido por la Fiscalía, ha generado nuevas trabas en la negociación por la amnistía. En Junts hablan de "lawfare judicial" (el uso de los tribunales con fines políticos) y desconfían que el perdón judicial vaya a producirse por "resortes estatales" que operan para impedirlo.
El secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, sigue en Bruselas tendiendo puentes para llegar a un acuerdo. Pero el acuerdo sigue sin llegar a buen puerto. "No podemos dar un horizonte temporal", repiten por estas horas desde ambos partidos.
Este enfriamiento de las negociaciones ha quedado en evidencia en la la rueda de prensa de esta mañana tras la reunión del Consejo de Ministros. Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo, ha pronunciado una frase que se ha interpretado como un reconocimiento de que la investidura, por primera vez, corre peligro.
"Desearíamos que en una próxima legislatura, si es que sigue adelante la investidura y hay un nuevo gobierno como deseamos...", ha dicho.
Con esta panorama es imposible que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, convoque al pleno de investidura para esta semana. La fecha límite es el 27 de noviembre y el reloj ya es un tema de preocupación en Ferraz.
Puigdemont denuncia un "golpe de Estado permanente" tras la imputación de García-Castellón
A Sánchez le van a quedar solo dos semanas por delante para revalidar su Gobierno, caso contrario se celebrarán nuevas elecciones.
Las urnas para el PSOE serán en este clima social tan agitado una sentencia de muerte política. Todas las encuestas marcan un retroceso en la intención de voto producto del aval a la amnistía.
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