El Congreso de los Diputados fue este martes epicentro de un debate político que LPO viene adelantando desde hace meses: la crispada puja entre quienes, ante la grave crisis energética, quieren acelerar el despliegue de las renovables mediante la flexibilización de los procesos administrativos; y quienes, sin minimizar esta necesidad, piden mantener los controles ambientales para no atentar contra la biodiversidad de los territorios.  

En sesión extraordinaria, se debatió la convalidación del Real Decreto Ley 20/2022 que, en sus artículos 22 y 23, permite que los grandes proyectos de renovables (de más de 50 MW) no estén más sujetos a la evaluación ambiental de rigor y que sean aprobados por silencio administrativo en caso de no cumplirse los plazos burocráticos.

Cerca de 400 entidades rurales, asociaciones ecologistas y ayuntamientos plasmaron su oposición a través de un documento conjunto que esta mañana fue entregado en mano a todos los grupos parlamentarios. 

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Los diputados José Luis Bueno Pinto, Antón Gómez-Reino, Marisa Saavedra, Txema Guijarro y Enrique Santiago (Podemos), Néstor Rego (BNG), Joan Baldoví (Compromís), Albert Botrán (Cup), Oskar Matute (Bildu), Tomás Guitarte (Teruel Existe), y Héctor Tejero (Verdes EQUO) apoyaron la concentración que estos colectivos organizaron en la puerta del Congreso.

Se abre el camino a una burbuja de renovables a costa del medio rural, donde el suelo es barato, hay poca gente y la capacidad de presión ciudadana es muy baja. Habrá una España próspera y una España que se sacrifica en beneficio de la anterior. Vamos a votar no y emplazamos a los diputados de las provincias afectadas a hacer lo mismo

 "Acelerar las renovables no puede hacerse recortando la participación de los territorios implicados y la evaluación ambiental. Si el Gobierno no rectifica, impulsaremos una alternativa en el Congreso. La transición ecológica será justa o no será", pidió el líder de Más País, Iñigo Errejón, en contra también de esta medida. 

 El líder de Más País, Iñigo Errejón. 

Europa Press

El discurso más contundente lo pronunció Guitarte, quien denunció que el "proceso exprés para la aceleración de renovables provocará la mayor regresión ambiental de la historia".

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"Se abre el camino a una burbuja de renovables a costa del medio rural, donde el suelo es barato, hay poca gente y la capacidad de presión ciudadana es muy baja. Habrá una España próspera y una España que se sacrifica en beneficio de la anterior. Vamos a votar no y emplazamos a los diputados de las provincias afectadas a hacer lo mismo", agregó.

A juicio de Teruel Existe, el decreto va a permitir que se venda "por una miseria y sin limites todo el mundo rural a fondos de inversión para su beneficio. 

Igual de crítico de mostró López de Uralde (Podemos/Alianza Verde): "Todos los portavoces de los grupos que sustentan a este gobierno coincidimos que el decreto es importante pero que introduce dos artículos que son muy problemáticos porque obstaculizarán el desarrollo de la energía renovable de nuestro país al eliminar el proceso de evaluación ambiental, una herramienta que entendemos imprescindible".

El razonamiento es compartido por las cinco grandes organizaciones ecologistas de España: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF.

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"En lugar de acelerar el proceso para que España tenga un sistema eléctrico 100% renovable, es probable que ralentice el despliegue renovable a base de demandas en los tribunales, erosionando la participación y la aceptación social de la necesaria transición energética. Y todo ello, mientras se expone a numerosas especies amenazadas y espacios de alto valor ecológico a un riesgo innecesario y sin precedentes", denuncian.

Y apremian al Gobierno y a los partidos políticos con representación parlamentaria a "retirar esta medida y mantener el actual sistema, en el que se restringe esta vía rápida de tramitación ambiental a proyectos ubicados en zonas de baja sensibilidad ambiental, cuya definición debe, además, mejorarse".

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La puja política tiene un primer caso testigo. El 23 de diciembre, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITCO) aprobó una declaración de impacto ambiental favorable para 20 parques eólicos y 2 plantas fotovoltaicas en pleno Maestrazgo, una de las zonas de mayor valor paisajístico y ambiental de toda de Teruel.