Nuevo revés para la SGAE ante los tribunales. El juzgado de primera instancia nº 21 de Madrid ha ordenado a la Sociedad General de Autores y Editores suspender cautelarmente varios nombramientos de su órgano de supervisión. Este tribunal queda de esta manera 'cojo', habiendo perdido tres de los cinco miembros propuestos por la dirección que ejercen de árbitros de la gestión de la Junta Directiva, una labor que incluye la fiscalización de la administración económica, un asunto delicado dentro de la entidad de gestión. La SGAE ya ha adelantado a LPO que recurrirá esta decisión. 

El auto, dictado el pasado 10 de marzo, cesa cautelarmente a dos de sus integrantes -unido a la dimisión de un tercero a raíz de la demanda-, alegando que durante el proceso judicial los implicados podrían adoptar "decisiones relacionadas con el control de la gestión de la SGAE", cuando el acuerdo por el que se nombraron "indiciariamente podría ser contrario a la ley".

La SGAE creó el pasado 22 de octubre la llamada Comisión de Supervisión, un órgano obligatorio según la legislación europea encargado de velar por el buenhacer de la administración de la entidad que está formado por cinco miembros internos de la entidad -elegidos en elecciones- y cinco miembros externos, expertos en derechos de la propiedad intelectual que cuentan con el aval de la dirección. La Asamblea Extraordinaria ratificó los nombramientos el pasado 30 de noviembre, tal como relató este medio.

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La dirección de la SGAE también propuso una asignación de  de 1.117 euros por cada una de sus reuniones, en concepto de dietas. Una decisión que llegó al mismo tiempo en que la entidad de derechos de autor anunciaba un ERTE para su plantilla, que vería reducido trabajo y sueldo un 20%, sin que este recorte afectara a los directivos de la entidad. 

Ahora, la Justicia ha decretado suspender cautelarmente tres de los cinco nombramientos tras la demanda civil de Rafa Tena, empresario musical hermano del fallecido cantante Manolo Tena. En el texto de la demanda se denunciaba un presunto conflicto de intereses por parte de las personas elegidas, "al encontrarse las mencionadas personas incursas en flagrante causa de inelegibilidad para el desempeño del cargo para el que han sido designadas de conformidad", según lo establecido en los estatutos de la propia SGAE. Unos motivos que finalmente han sido estimados por la justicia. 

Desde la SGAE niegan las acusaciones y adelantan que la Comisión de Supervisión seguirá funcionando normalmente pese a que la Justicia ha suspendido a dos miembros y un tercero ha dimitido

La suspensión podría llevar al presidente de la entidad, Antonio Onetti, a convocar una nueva Asamblea Extraordinaria para nombrar a los sustitutos, pero desde la entidad de gestión adelantan que no se completará este órgano hasta que no haya una sentencia firme, un extremo que puede tardar años en llegar. La convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria podría poner en apuros a Onetti, que tendría que dar cuenta del nuevo revés por el que el tribunal haya cuestionado con su decisión la independencia del 'tribunal' interno.

La eventual convocatoria también supondría un importante desembolso en concepto de dietas de todos los asistentes, precisamente cuando la dirección había determinado reducir el número de reuniones para sanear las cuentas de la entidad, que se encuentra en una frágil situación económica, al borde de la quiebra técnica y golpeada por los efectos de la pandemia sobre la cultura.

Dos suspensiones y un cese

Entre los cinco miembros 'independientes', la demanda cuestionaba tres integrantes de la Comisión de Supervisión de la SGAE por incurrir presuntamente en un conflicto de intereses con la entidad de gestión de derechos de autor.

En el caso de Ignacio Astarloa, ex diputado del PP, Tena alegaba que era heredero de los derechos intelectuales de su padre, por lo que incumpliría el requisito de que los miembros "externos" del órgano debían ser independientes, y no tener interés ni relación alguna con la gestión de la entidad. Poco después de ser nombrado, y después de tener conocimiento de la demanda interpuesta a través de una información de LPO, anunció su dimisión de la Comisión de Supervisión y alegó, en un email remitido a la dirección, que había renunciado a los derechos familiares. 

Uno de los integrantes presentó su dimisión después del artículo publicado por LPO en el que daba cuenta de la demanda civil

Tampoco la elección de Urquiola de Palacio se ajustaría a este requisito, según la parte demandante, por ser miembro de la Comisión Deontológica -el mismo órgano que tiene que dar el visto bueno a los informes sobre conflictos de intereses- mientras fue nombrada miembro de la Comisión de Supervisión y por haber formado parte de la Comisión Electoral en la elección de la actual Junta Directiva de la entidad.

En la Asamblea del pasado noviembre, algunos asistentes cuestionaron la idoneidad de otro de los miembros elegidos. Es el caso de Coco Carmona, a quien acusan de ser quien denunció a la SGAE ante la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), lo que motivó su expulsión durante un año, entre 2019 y 2020. 

En el texto de la demanda, se señala que hasta septiembre de 2018 fue la Directora General de la Confederación Internacional de Editores de Música ( ICMP), que engloba a editoras de músicas multinacionales como Universal, Sony o Warner. Un perfil que, a su juicio, responde unos intereses muy particulares que ya están representados en la sociedad, por lo que cuestiona su papel de "tercero independiente" en el órgano.

La SGAE esperará a la sentencia para tomar decisiones

Fuentes de la SGAE niegan a LPO que las personas suspendidas incumplan los requisitos de independencia y asegura que "el auto hace una inadecuada interpretación de la normativa legal y estatutaria". Así, aseguran que pese a los cargos que han ostentado Carmona y de Palacio, no incurren en causa de inelegibilidad, puesto que "ninguna de las dos tienen relación personal de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, ni han mantenido una relación laboral, ni mercantil, en los últimos 5 años, ni con la entidad, ni con ninguno de los miembros del órgano de gobierno conforme determinan los artículos 162.2 de la Ley de Propiedad Intelectual y el 78.2 de los Estatutos". 

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En el caso de Carmona, detallan que "solo fue directora de una Asociación Internacional a la que pertenecían ciertas editoriales socias de SGAE", algo que a su juicio "no implica un vínculo". En el caso de Urquiola de Palacio, detalla que las comisiones de las que ha formado parte "son independientes y sin relación alguna con el órgano de gobierno", además de que "no implica vínculo laboral o mercantil con SGAE", aunque sí admite que su presencia sí conlleva "la percepción de unas dietas por la asistencia a las reuniones de dichas comisiones". 

"Dicho esto -continúan estas fuentes- estas dos personas están separadas temporalmente hasta que no haya una resolución definitiva y la Comisión de Supervisión, compuesta por 7 miembros, sigue funcionando conforme marcan los Estatutos de la SGAE".