España ha dado otro portazo en Bruselas y otro golpe al status quo del neoliberalismo europeo. El Gobierno ha iniciado los trámites para salirse del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo internacional vigente desde la década del 90 -al que están acogidos 53 Estados- que protege los intereses de la industria fósil y, por ende, limita la transición energética y los compromisos ambientales.

Esta carta, calificada recientemente como "un grave obstáculo para la mitigación del cambio climático" por el el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), blinda las inversiones extranjeras en el sector energético -sobre todo aquellas relacionadas el petróleo, el gas y el carbón-, debido a que habilita a las empresas a demandar a los países ante un sistema de tribunales privados (eludiendo los tribunales públicos de la justicia nacional) si consideran que han legislado en contra de sus beneficios.

La protección que ofrece ese tratado se ha utilizado en los últimos años para litigar contra los Estados de la UE que más han intentado avanzar en políticas climáticas. Algunos ejemplos: la prohibición de extracción de combustibles fósiles, la denegación de nuevos permisos de prospección de gas o el cierre de centrales de energías contaminantes han sido objeto de demandas millonarias, en su mayoría en trámite.  

España lleva meses intentando forzar una "salida en bloque". Pero el pedido la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha tenido poco eco. La mayoría de los países apuestan por una "modernización" de la carta --en borrador desde hace cuatro años- para alinear el texto con los objetivos del Acuerdo de París, una votación que la Comisión Europea (CE) pondrá arriba del tapete en las próximas semanas.

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 "Ha llegado el momento de solicitar a los servicios jurídicos de la Comisión y del Consejo un análisis jurídico sobre los posibles efectos de la retirada del Tratado", pidió en junio Ribera al entender que las correcciones que quiere adoptar la institución que preside Ursula Von der Leyen no atacan el espíritu del tratado: el blindaje a las inversiones energéticas que más CO2 generan. 

Ante la negativa de una salida conjunta, Ribera, con la venia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó en Bruselas que España forzará una retirada unilateral. 

La Carta de la Energía, calificada recientemente como "un grave obstáculo para la mitigación del cambio climático" por el el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), blinda las las inversiones extranjeras en el sector energético, sobre todo aquellas relacionadas el petróleo, el gas y el carbón

El Estado español es, actualmente, el más demando en Europa por el "paraguas protector" que ofrece este tratado: varios fondos de inversión reclaman un total de 8.000 millones de euros. Los litigios, en su mayoría, corresponden al recorte a las primas de las renovables durante la década pasada. 

Para entender los alcance y las implicancias de esta salida, LPO ha consultado a Marta García Pallares, miembro de Ecologistas en Acción y coordinadora de la campaña "No a los Tratados de Comercio e Inversión", quien más ha indagado e investigado sobre el TCE.

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A su juicio, España va a dar un "paso clave" en dos sentidos. 1) para intentar generar un "efecto dominó" en Bruselas y que otros países de la UE rompan también con el tratado. 2) para ganar "autonomía legislativa" en pos de aplicar "políticas públicas concretas" sin la amenaza siempre latente de estos litigios millonarios. 

"En medio de la profunda crisis climática que estamos viviendo, y ante una década decisiva para cambiar nuestra matriz energética, esta salida va a permitir hacer reformas más ambiciosas y estructurales", explica. 

En su opinión, España "abre la puerta" para dejar atrás "las medidas parches y a mitad de camino" que, en muchos casos, se estaban aplicando por este blindaje legal a las energéticas.   

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, institución que pretende una "modernización" de la Carta de Energía.

Europa Press

La ambientóloga pone un ejemplo: en 2021, cuando los precios de la energía empezaron a escalar, el Gobierno empezó a trabajar en un decreto para limitar los beneficios caídos del cielo de las grandes comercializadoras. Las multinacionales respondieron con una carta a la UE advirtiendo que se estaba violando este tratado. En paralelo, un bufete de abogados empezó a asesorar a estas empresas para iniciar acciones legales. ¿El respaldo legal? La Carta de la Energía. La propuesta original de Moncloa nunca vio la luz.

García Pallares confirma que España es el país más demandado de Europa. Y que como el tratado protege a todas "las fuentes de energía", fueron los fondos de inversión que apostaron por las renovables los que más se ampararon en este texto cuando el gobierno de Mariano Rajoy redujo las primas a las energía verde (del 25% al 7%).

En medio de la profunda crisis climática que estamos viviendo, y ante una década decisiva para cambiar nuestra matriz energética, se trata de una decisión clave: va a permitir hacer reformas más ambiciosas y estructurales

"Estos fondos de inversión son los mismos que están detrás de la industria fósil. El de España es un caso puntual, que muchos defensores del tratado usan para distorsionar la realidad y para argumentar que promueve la inversión extranjera en renovables. Es falso. Este tratado lo único que hace es ralentizar la transición energética, atentar contra el Acuerdo de París y defender los intereses de los combustibles fósiles", aclara.

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Pone otro ejemplo, el de Holanda. La aprobación de una ley para prohibir ele uso de carbón como fuente electricidad a partir de 2030, desencadenó en una demanda judicial de la alemana RWE por 2 mil millones de euros en compensación por el cierre de una de sus centrales.

Respecto a los pasos a seguir para "formalizar" esta renuncia, el Gobierno tiene que someter su decisión a una votación en el Congreso. La salida se concretará un año después de publicarse el decreto en el BOE. 

"Si la votación se hiciera en enero de 2023, España saldría oficialmente del tratado en enero de 2024. El problema es que al ser una salida unilateral, se activa una cláusula que se llama de supervivencia, que le permite a las empresas seguir demandando al país en cuestión por inversiones afectadas anterior a la fecha de salida y por un lapso de 20 años", agrega la investigadora.

La verdad que no esperábamos una decisión tan pronta del Gobierno. Es una excelente noticia. España rompe un dogma neoliberal. Es una decisión valiente y trascendente

Italia, que abandonó este tratado en 2016 por cuestiones presupuestarias (para dejar de pagar el canon correspondiente), sufrió un duro revés judicial en agosto. Un tribunal arbitral condenó al país vecino a pagar una millonaria indemnización a una compañía petrolera británica, afectada en 2015 por la prohibición de nuevos proyectos de petróleos.

"España tenía dudas de dar este paso por este motivo, por esta cláusula. Quería forzar una salida conjunta de la UE, algo que parece imposible. La propuesta mayoritaria en Bruselas es modernizar la carta. Hay una reunión en semanas con este objetivo. Estoy convencida que algo se va a mover con la postura de España. Por eso es tan importante", analiza García Pallares.

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Puede que la decisión de Ribera "genere votos en contra de países como Francia y Alemania a esta modernización y que al trabarse esta moción se pueda generar alguna ruptura"; o bien que "otros países se salgan, que se arme un grupo para, por ejemplo, anular esta cláusula de supervivencia". 

"La verdad que no esperábamos una decisión tan pronta del Gobierno. Es una excelente noticia. España rompe un dogma neoliberal. Es una decisión valiente y trascendente", concluye.