Ya es oficial: España se sale de la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo internacional vigente desde la década del 90 -al que están acogidos 53 Estados- que, básicamente, protege los intereses de la industria fósil. El anuncio realizado días atrás -que generó un efecto dominó-, quedó rubricado con una misiva que Moncloa remitió en las últimas horas a la Comisión Europea (CE). 

En la carta, firmada por los ministros de Exteriores, Industria y Transición Ecológica, José Albares, María Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente, se cuestiona el "proceso de modernización" que Bruselas quiere aplicar a este convenio -"ha sido altamente insuficiente", reza el texto- y su espíritu, a contramano de "los objetivos del acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo".

A juicio de España, también son "insuficientes los avances para garantizar la defensa y la integridad del ordenamiento jurídico de la UE", en referencia al sistema de tribunales privados (ISDS) que contiene el tratado y que, básicamente, habilita a las las empresas a demandar a los países si consideran que han legislado en contra de sus beneficios.

España se sale de la Carta de la Energía y presiona a Bruselas para romper el blindaje a la industria fósil

Por estas razones, España -explica la carta- "va a iniciar el procedimiento para hacer efectiva la retirada del Tratado de la Carta de la Energía" y a trabajar para lograr un objetivo más amplio y ambicioso: "una retirada coordinada de la UE". "Seria la mejor opción", sostiene el Gobierno.

La carta, firmada por los ministros de Exteriores, Industria y Energía, José Albares, María Reyes Maroto y Teresa Rodríguez, respectivamente, se cuestiona el "proceso de modernización" que Bruselas quiere aplicar a este convenio

Esta meta de fondo, sin embargo, no parece sencilla. LPO adelantó que la CE va a insistir, pese a las posturas díscolas (Países Bajos y Francia también anunciaron que abandonan el tratado), con la modernización de este histórico pacto.

La Comisaria Europeo de Energía, Kadri Simson. 

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Tras un largo silencio, la portavoz comunitaria de Comercio de la Comisión Europea, Miriam García Ferrer, llamó la semana pasada a una conferencia de prensa para advertir los riesgos y las consecuencias de salirse del acuerdo.

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Aclaró, en primer lugar, que los países que formalicen sus renuncias seguirán sujetos sin cambios a las condiciones de arbitraje que prevé el acuerdo internacional durante otros 20 años.

El TCE contiene la llamada cláusula de supervivencia (Art. 47) que permite que los países puedan seguir siendo demandados durante esa lapso de tiempo desde la fecha de salida.

"Tomamos nota del anuncio de varios Estados miembro de su intención de retirarse del Tratado. La Comisión Europea sigue pensando que el resultado de la modernización del proceso que se hizo en junio está plenamente en línea con la transición energética y la causa del cambio climático", indicó la portavoz.

Por lo pronto -y a la espera de que el efecto dominó se profundice-, España iniciará un proceso doméstico para romper de forma definitiva con el TCE. El Congreso de los Diputados deberá votar esta renuncia y notificar la decisión a Portugal, país depositario del acuerdo

Para Bruselas, los cambios que se van a introducir en noviembre van a resolver "las lagunas" que cuestionan varios Estados miembros.

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Los servicios comunitarios recalcan que la revisión ofrece mayores garantías para las inversiones verdes, en un contexto como el actual en el que la Unión Europea prima la inversión en materia de lucha contra el cambio climático.

A mediados de noviembre, se espera una votación en el Consejo de la UE en la que los Estados miembro de la UE deberán posicionarse a favor o en contra del acuerdo preliminar para modernizar el TCE.

 La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, una de las firmantes de la carta en la que España confirma su salida del TCE. 

Europa Press

Claudia Custodio, portavoz de Ecologistas en Acción y de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, cree que, más allá de los dichos de García Ferrer, "el anuncio del Estado español, así como el de Países Bajos y Francia, podría ser el detonante para acabar con este tratado". "Ahora esperamos que otros países como Alemania o Bélgica también muevan ficha. Pero insistimos en que la propia UE debería abrir los ojos e iniciar la salida conjunta del TCE", subraya.

Para Lucía Bárcena, investigadora del Transnational Institute, este tratado pone "sobre la mesa el problema tan grande" que va a suponer seguir siendo parte de acuerdos que contienen esa posibilidad de judicializar las decisiones de los Ejecutivos europeos. 

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"Éste es sólo uno de los miles de tratados de protección de inversiones existentes. Habrá que ver si esta decisión anima a más países a replantear su política de comercio e inversión", explica.

Por lo pronto -y a la espera de que el efecto dominó se profundice-, España iniciará un proceso doméstico para romper de forma definitiva con el TCE. El Congreso de los Diputados deberá votar esta renuncia y notificar la decisión a Portugal, país depositario del acuerdo. Recién en ese momento, la salida empezará a hacerse efectiva.