Tras décadas de olvido, impunidad y desmemoria, España empieza a repararse. En los próximos días, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará la nueva Ley de Memoria Democrática, aprobada este miércoles por el Senado. 

La normativa, que obtuvo la luz verde de la Cámara Alta sin ningún modificación al texto que en julio aprobaron los diputados (fueron más de 500 las objeciones), está sustentada en cuatro principios que, desde la recuperación democrática hasta la actualidad, se habían escondido debajo de la alfombra: la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

Gracias a esta ley -que sustituye y amplia la vigente, aprobada en 2007 por José Luis Rodríguez Zapatero- el Estado español va a condenar, por primera vez, el golpe militar de julio de 1936 y a declarar ilegal la dictadura franquista. También va a asumir el liderazgo en la búsqueda e identificación de desaparecidos y el impulso de las exhumaciones, como también la creación de un banco nacional de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura.

En materia de justicia, la nueva legislación declara "la ilegalidad de los tribunales franquistas de excepción y la nulidad de sus sentencias y pone en el centro de la acción pública a las víctimas", lo que dará derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal.

Denuncian que el PP y Vox pretenden "blanquear el franquismo" con su primer gobierno de coalición

A su vez, promueve el derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos de la guerra y la dictadura hasta la promulgación de la Constitución de 1978 e impulsa la creación de una Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática en la Fiscalía General del Estado como instrumento de la investigación.

Eso sí: al no derogarse la Ley de Amnistía -sancionada en 1977- es casi imposible que esta Fiscalía pueda abrir un expediente y juzgar a algún responsable de aquellos delitos de lesa humanidad. Algunos socios parlamentarios del gobierno, entre ellos ERC, no acompañaron el proyecto por este punto. 

La nueva ley habilita una nacionalidad por opción que permitirá a los hijos o nietos de españoles conseguir la nacionalidad directamente desde los consulados gracias a su vínculos directos (relación familiar) con España

La norma tiene otra aspecto central en materia de reparación por los exilios forzados de la dictadura: una flexibilidad para obtener la nacionalidad que beneficiará a miles de descendientes. La Ley, al cabo, promueve una apertura de frontera en una Europa que, al calor del avance de la ultraderecha, empieza restringir -y a perseguir- la llegada de inmigrantes. 

 El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, uno de los impulsores de la nueva ley. 

Europa Press

A grandes rasgos, la ley habilita una nacionalidad por opción que permitirá a los hijos o nietos de españoles conseguir la nacionalidad directamente desde los consulados gracias a su vínculos directos (relación familiar) con España.

El Gobierno va a regularizar a medio millón de extranjeros para salvar el modelo de pensiones

El ministerio del Interior, del que depende la Dirección General de Extranjería, espera recibir miles de solicitudes nacionalización en los próximos años, sobre todo de los países que fueron receptores de aquella migración forzada: Argentina, Venezuela, Chile, México y Cuba, entre otros. En los planes está reforzar los recursos (humanos y materiales) de estos consulados.

Hoy saldamos una deuda histórica con quienes defendieron la democracia cuando fue derribada y sufrieron cárcel, exilio y persecución durante décadas, muchos asesinados en las tapias de un cementerio o en una cuneta, donde aún permanecen sus restos. También saldamos una deuda con sus familiares y sus descendientes y, por fin, con toda la sociedad española

¿Qué cambia respecto a los requisitos actuales? Pues que la nueva Ley de Memoria Democrática incluyen dos nuevos supuestos de adquisición de nacionalidad:

1) Los hijos o nietos nacidos fuera de España de padre, madre o abuelo/abuela españoles que fueron exiliados y salieron de España por motivos políticos, ideológicos o de creencia o de orientación e identidad sexual; y que por dicho exilio perdieron o renunciaron a su nacionalidad española. Sus hijos o nietos podrán solicitar la nacionalidad por el Artículo 20 del código civil.

2) Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

El texto incluye un asterisco no menor: se aclara que los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes se les reconocerá la nacionalidad gracias a este ley, también podrán acogerse al beneficio. 

Se espera que una vez publicada la ley en el BOE, el ministerio de Justicia dicte una instrucción que explique el procedimiento legal: dónde presentar las solicitudes, quiénes tendrán a su cargo su resolución, cuáles serán los documentos requeridos y los recursos contra las denegaciones.

La ultraderecha italiana logra la mayoría y gobernará por primera vez desde la segunda guerra

Los plazos ya están estipulados: las solicitudes deberán formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor ley. Al terminar este plazo, el Consejo de Ministros tiene la facultad para acordar su prórroga por otro año.

"Hoy saldamos una deuda histórica con quienes defendieron la democracia cuando fue derribada y sufrieron cárcel, exilio y persecución durante décadas, muchos asesinados en las tapias de un cementerio o en una cuneta, donde aún permanecen sus restos. También saldamos una deuda con sus familiares y sus descendientes y, por fin, con toda la sociedad española", resumió la senadora socialista Eva Granados, al ver en la pantalla del recinto los 128 votos a favor (113 en contra).