La jura de los ministros del nuevo Gobierno ha dejado la primera tensión política dentro del coalición de PSOE y Sumar. Iñigo Errejón, mano derecha de Yolanda Díaz, ha cruzado a la flamante ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez por sus primeras declaraciones al asumir el cargo.

Cogiendo el testigo de su predecesora en el cargo, Raquel Sánchez, la nueva ministra ha asegurado que la actual Ley de Vivienda, aprobada en la última legislatura, ya protege a estos pequeños propietarios, pero ha defendido que seguirá trabajando en ello.  

Es decir, puso la lupa en sobre ese actor, el pequeño propietario, en lugar de los miles de inquilinos que o no pueden acceder a una vivienda o tienen que desembolsar un porcentaje récord de sus ingresos. 

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 Quiero tener también un mensaje de tranquilidad y de esperanza, de sensibilidad con los pequeños propietarios. Tranquilidad, porque este Gobierno pisa la calle y somos conscientes de que en España. Muchas personas, especialmente personas mayores, dedicaron todo su esfuerzo, todo su trabajo, todos sus ahorros, a la compra de una segunda vivienda que hoy complementa sus rentas. A ellos también les vamos a proteger", ha asegurado.

Errejón ha citado las declaraciones en una publicación de X para cuestionar esta visión política. 

"No es por aquí. Esto es seguir alimentando el bloque social rentista que después hostiga cualquier intento de avance en derechos. Gobernar tiene que ser una herramienta para democratizar los poderes que no pasan por las urnas. Si no, siempre serás inquilino en el Estado", ha cuestionado. 

Sumar quiere que el PSOE construya, en menos de diez años, un parque residencial de dos millones de viviendas sociales en alquiler, a razón de 200.000 inmuebles al año, con un gasto sostenido del 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de media

Desde Sumar esperan que el PSOE sea "muy ambicioso" en sus políticas de vivienda, uno de los talones de Aquiles de la última legislatura. Admiten que la Ley de Alquiler es un paso, pero exigen medidas para aumentar el parque de viviendas sociales. 

En su programa, Yolanda Díaz prometió constituir, en menos de diez años, un parque residencial de dos millones de viviendas sociales en alquiler, a razón de 200.000 inmuebles al año, con un gasto sostenido del 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de media.

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Para Sumar, este parque público sería la "clave estructural" para garantizar el derecho a una vivienda "adecuada y asequible". 

Rodríguez, por lo pronto, ha hecho hincapié en los resultados que traerá la nueva normativa. "Después de 45 años, hemos logrado tener una ley que dé responsabilidad a la vivienda. Nos ha costado pero está aquí y no vamos a buscar ahora culpables, sino aportar soluciones.  Me voy a empeñar en que ésta sea una política de país con un pacto entre todas las administraciones públicas y los actores y operadores  el sector para aquilatar este derecho constitucional, con absoluto respeto y lealtad a la cooperación con el resto de administraciones públicas", ha señalado.