Dossier Irlanda
El riesgo del nacionalismo: integrar lo pequeño rompiendo lo grande
¿Qué sentido tiene crear más estados si no pueden controlar su propia moneda, sus fronteras ni sus relaciones exteriores?

 ¿Qué es una nación? Un conjunto de personas que se inventa un pasado común y odia a sus vecinos. Esta definición sería graciosa si el nacionalismo no hubiese provocado las guerras más sangrientas de los últimos siglos. Postulando que cada nación tiene derecho a formar su propio estado, el nacionalismo nutre dos fuerzas opuestas: de cohesión forzada hacia adentro del grupo y de diferenciación extrema hacia afuera. Su recurrencia amenaza la paz mundial.

En 1945, cincuenta y un países fundaron la Organización de las Naciones Unidas. Hoy la integran 193 estados. La membrecía se cuadruplicó por dos razones: la descolonización y la fragmentación de estados preexistentes. Millones de personas en África, Asia y Europa viven en países cuyos nombres y límites son diferentes de cuando nacieron. La multiplicación de estados, sin embargo, no ha acabado con la heterogeneidad interna. Por ejemplo, España está integrada por 17 comunidades autónomas cuyas competencias varían.

Dos tienen autonomía fiscal (Navarra y el País Vasco), cuatro cuentan con policía propia (Canarias, Cataluña, Navarra y el País Vasco) y un puñado posee una segunda lengua oficial (Baleares, Cataluña, Galicia, Valencia y el País Vasco). El federalismo español, plurinacional y asimétrico, tiene parecidos de familia con la devolution británica, una transferencia de competencias de gobierno y legislación a Escocia, Gales e Irlanda del Norte. También Italia, que concede un estatuto de autonomía a cinco de sus veinte regiones por especificidades históricas y lingüísticas, promovió en las últimas décadas el traspaso de atribuciones a las unidades subnacionales y se alejó del modelo de gobierno unitario.

Algo similar se repite en la mayoría de los países europeos, incluyendo los casos de las islas Feroe (un archipiélago danés en medio del Atlántico que no ingresó en la Unión Europea cuando lo hizo Dinamarca en 1973 y tiene selección de fútbol propia) y Groenlandia (que, sin independizarse de Dinamarca, dejó la Unión Europea en 1985). La soberanía absoluta, a todo o nada, es un concepto con tradición jurídica pero sin arraigo empírico.

¿Qué es una nación? Un conjunto de personas que se inventa un pasado común y odia a sus vecinos. Esta definición sería graciosa si el nacionalismo no hubiese provocado las guerras más sangrientas de los últimos siglos.

Stephen Krasner, de la Universidad de Stanford, identifica cuatro dimensiones de la soberanía estatal: la soberanía doméstica o autoridad del estado en el interior de sus fronteras, con relación a su propia sociedad; la soberanía interdependiente o habilidad de las autoridades estatales de controlar los flujos transfronterizos de bienes, servicios, capitales y personas; la soberanía legal o reconocimiento jurídico de un estado bajo el derecho internacional, y la soberanía westfaliana o exclusión de actores externos en la operación del sistema político doméstico.

Esta formulación permite especificar con mayor precisión lo que los estados pueden hacer. Así, los más débiles aparecen abajo en todos los rankings excepto el de soberanía legal, mientras los más sólidos se posicionan mejor en varias dimensiones pero exhiben niveles altos de interdependencia, lo que disminuye su soberanía en ese aspecto. El problema con las dos Irlandas es, precisamente, que son tan interdependientes entre sí (y ambas con la Unión Europea y con el Reino Unido) que cualquier frontera, caiga donde caiga, lastima.

¿De qué depende el tamaño de los estados? Los economistas Alberto Alesina y Enrico Spolaore postularon una tensión entre dos factores: la escala y la heterogeneidad. La mayor escala conviene por razones económicas y de seguridad: cuanto más grande el estado, más eficiente su mercado y más poderosa su defensa. Pero con el tamaño aumentan también las diferencias internas. Esto dificulta la toma de decisiones y puede deslegitimar, por presunta o real parcialidad, las normas colectivas. En consecuencia, el tamaño de los estados resulta del equilibrio entre los beneficios de la escala y los costos de la heterogeneidad. Si una comunidad política es demasiado grande, las diferencias internas acaban quebrándola, como aconteció con la Unión Soviética y tantos imperios mundiales. Si es demasiado pequeña, serán fuerzas externas las que la destruyan o absorban, como ocurrió con las ciudades-estado griegas y tantos principados europeos.

En Europa, la reconstrucción de la posguerra produjo una respuesta original a esta tensión con una fórmula simple: potenciar la escala por arriba y contener la heterogeneidad por abajo. Hacia arriba, agrandar: el mercado se integró en la Unión Europea y la defensa se puso en manos de la OTAN. Hacia abajo, achicar: las identidades particulares buscaron refugio en las regiones subnacionales, que les garantizaron privilegios simbólicos y materiales. Actualmente, la austeridad por arriba y el separatismo por abajo pusieron en crisis esta disposición.

La integración europea le dio el tiro de gracia a la concepción tradicional de la soberanía estatal. Hoy España, por ejemplo, no puede emitir moneda, firmar tratados comerciales ni imponer controles fronterizos. Alemania y Francia tampoco. Esas competencias fueron voluntariamente transferidas a la Unión Europea. Es así que, paradójicamente, para seguir siendo independientes los estados europeos debieron en alguna medida dejar de serlo.

¿Qué sentido tiene crear más estados si no pueden controlar su propia moneda, sus fronteras ni sus relaciones exteriores? Como afirma Josep Colomer, profesor de la Universidad de Georgetown, ‘si los países ya no tienen soberanía, es absurdo pedir un nuevo ente similar'. Además, aún con menos soberanía, los países no ven con buenos ojos que nazcan nuevos: la Unión Europea -al fin y al cabo, un club de estados- rechaza el separatismo unilateral.

La integración europea le dio el tiro de gracia a la concepción tradicional de la soberanía estatal. Hoy España, por ejemplo, no puede emitir moneda, firmar tratados comerciales ni imponer controles fronterizos. Alemania y Francia tampoco. Esas competencias fueron voluntariamente transferidas a la Unión Europea. ¿Qué sentido tiene crear más estados si no pueden controlar su propia moneda, sus fronteras ni sus relaciones exteriores?

El derecho internacional reconoce el principio de la autodeterminación nacional, esbozado por primera vez a mediados del siglo XIX y que entró en la agenda mundial al finalizar la guerra de 1914-1918. Tanto Lenin como Woodrow Wilson, el presidente estadounidense, lo defendieron para rediseñar el mapa de Europa y, por extensión, del mundo. El concepto era que los pueblos no debían ser gobernados por nadie sin su consentimiento. Pero, de nuevo: ¿cómo se determina quién compone el pueblo que se autodetermina?

Joseph Nye, de la Universidad de Harvard, argumenta que el principio de autodeterminación resulta éticamente ambiguo. Wilson creía que traería estabilidad a Europa central, pero Hitler lo usó en la década de 1930 para debilitar a los nuevos estados de la región. Cuando la autonomía no es suficiente, existe la posibilidad de un divorcio amigable, como el que escindió a Checoslovaquia. Pero los reclamos de autodeterminación absoluta son más proclives a originar violencia. Antes de invocar la autodeterminación como principio ético, sugiere Nye, conviene aplicar una versión diplomática del juramento hipocrático: primum non nocere (ante todo, no dañar).

Aunque en el caso checoslovaco salió bien, los referendos conllevan peligro. Al decidir por todo o nada, pueden profundizar el conflicto antes que resolverlo. Si los derrotados consideran que el resultado afecta sus derechos, o que han sido vencidos por una mayoría desinformada o circunstancial, el problema solo se posterga o incluso se agrava. Hacen falta procedimientos en que los resultados no sean de suma cero, como en el referéndum, sino de suma positiva: que todos puedan ganar algo con la condición de que cedan algo. Si votar lastima, solo queda negociar.

En 1640, catalanes y portugueses se rebelaron contra el reino de Castilla: los primeros con el apoyo de Francia, los segundos con el de Inglaterra. Madrid, más preocupada por la amenaza francesa, concentró sus esfuerzos en recuperar su región oriental. Hasta hoy, la rica Cataluña envidia el estatus del modesto Portugal. Como se ve, prosperidad e independencia no siempre van de la mano.

Andres Malamud es politólogo e investigador del Instituto de Ciencias Sociales, Universidad de Lisboa.

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