La presentación en el Congreso de la Ley de Amnistía ya ha generado las primeras diferencias de "interpretación" sobre sus alcances entre el PSOE y Junts. 

Para los independentistas catalanes, la normativa va a beneficiar a los dirigentes políticos que han sido víctimas del "lawfare", como se conoce a la persecución de los jueces con fines políticos. 

El término aparece en el pacto firmado con los socialistas, pero no en la redacción de la Ley que ya está registrada en el Hemiciclo.

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Para el secretario general de JxCat, Jordi Turull, no sale "como tal" porque en la ley solo aparecen "conceptos jurídicos", y que el lawfare es un concepto "político". No obstante, ha asegurado que en el apartado 1A de la ley están incluidos estos casos y "los de toda la gente perseguida por una cúpula judicial desbocada".

 La presidenta de Junts y expresidenta del Parlament, Laura Borràs. 

Europa Press

Sin embargo, para Ferraz, el "lawfare" es más retórico que práctico. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha aclarado este martes que lo establecido en el acuerdo con Junts es una referencia "circunscrita" a comisiones de investigación que analizarán si ha habido "algún comportamiento" en ese sentido y que, como mucho, pueden dar lugar a "recomendaciones, que es lo que hacen las comisiones de investigación". "No tiene ninguna relevancia jurídica", ha sentenciado.  

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La Ley, al no recoger esa palabra en sus 23 páginas de redactado, no abarcará el procesamiento  contra el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, la condena de la presidenta de Junts, Laura Borràs, o el procesamiento del clan de los Pujol.

La Ley es impecable desde el punto de vista Constitucional y tiene como objetivo que el pasado no nos lastre y poder mirar hacia el futuro

Borrás da por hecho que la normativa la beneficiará. "No se trata de hablar de situaciones personales, se trata de reparar todo lo sufrido y el lawfare es uno de estos aspectos. ¿Yo la he sufrido? Sí. ¿El 'lawfare' debe entrar en la amnistía para que sea omnicomprensiva y reparadora? También", ha dicho este fin de semana en una entrevista con un medio catalán.

Más allá de la discrepancia por el "lawfare", Turull ha dejado en claro que la ley recoge la "exigencia" política para investir a Pedro Sánchez.

"Una de las condiciones que exigíamos antes de la investidura era la ley de amnistía. La cerramos el domingo. Si hay enmiendas las miraremos, pero nosotros no presentaremos. La mitad del texto es nuestro y estamos de acuerdo", ha aclarado.