El año pasado, la Red de Ciudades por el Clima, dependiente de la Federación Española de Municipios y Provincias, premió a Elche por su movilizada sustentable y su lucha contra el cambio climático.

Según este organismo, la ciudad valenciana está a "la vanguardia" en lo que respecta a políticas públicas de descarbonización en materia de transporte. 

El ayuntamiento, en manos del PSOE y Compromís hasta el pasado 28 de mayo (el PP y Vox gobernarán los próximos cuatro años), viene implementando un plan de movilidad urbana sostenible con el objetivo de mejorar los niveles de contaminación y de crear, en sintonía con los mandatos de la agenda verde europea, una "dinamización social y económica" desde la  peatonalización, la reducción del tráfico rodado y la accesibilidad universal en los espacios públicos.

Esta transformación urbana busca, entre otras metas, reducir el vehículo privado, que  representa el 80% de las emisiones contaminantes en el municipio.

¿Qué impacto tiene el nuevo mapa político autonómico y municipal en la transición energética y ecológica?

El Ejecutivo saliente proyectó la profundización de este plan para los próximos cuatro años:  construcción de más de 10 kilómetros de carriles bici o plataformas únicas, modernización del autobús urbano por modelos híbridos o eléctricos y traslado de aparcamiento a los exteriores de los barrios.

Sin embargo, los planes del nuevo gobierno, liderado por Pablo Ruz (PP), van en la dirección contraria, en desmantelar la movilidad sustentable para que los coches vuelvan a ganar protagonismo en las calles.  

Entre las principales medidas de gestión, los socios -PP/Vox- han adelantado que van a promover un uso eficiente de los medios de transporte, "pero sin imposiciones ni tutelas", por lo que prescindirán de "la imposición de zonas de bajas emisiones" y de los principales carriles bicis de la ciudad, los de Avenida Juan Carlos I, calle Mariano Soler Olmos y José María Buck.

La concejala de Movilidad en funciones, Esther Díez, calificó la medida de "barbaridad", no solo desde el punto de vista ambiental, también desde el plano económico. Revertir estos carriles bici, adelantó, va a suponer al nuevo equipo de gobierno gastar el mismo dinero que ya se invirtió en construirlos.

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El anuncio es el primer retroceso confirmado en la transición ecológica del nuevo mapa político territorial tras el avance de la derecha en los comicios autonómicos y municipales de mayo, una preocupación que LPO recogió de diferentes expertos en ecología y energías renovables.

 El candidato de Vox en Valencia, Juan Manuel Bádenas, haciendo campaña con un taladro para desmantelar un carril bici. 

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En campaña, muchos otros candidatos que tendrán injerencia estatal anunciaron que adoptarán la misma hoja de ruta. El candidato de Vox al Ayuntamiento de Valencia, Juan Manuel Bádenas, grabó un sketch electoral cargando al hombro un taladro hidráulico de grandes dimensiones y reclamando desmantelamiento de lo carriles bici.

A nivel autonómico, este jueves el PP y Vox difundieron el programa de gobierno, cincuenta medidas en las que no se hace una sola mención a la crisis climática, las energías renovables y la movilidad sustentable. 

Los Ejecutivos locales, tanto comunidades autonómicas como ayuntamientos, tienen muchísimas competencias que son claves para que no sólo ocurran las transiciones energéticas y ecológica, también para que sean justas

Para los expertos, los Ejecutivos locales tienen competencias claves para consumar dos transiciones que necesitan acelerarse a fondo en los próximos cuatro años, por lo que gobiernos "retardistas" o "negacionistas" pueden causar un "fuerte daño".

"Hay que entender que el poder autonómico y local ha pasado a estar en manos de quienes actúan al margen de la cuestión climática y ambiental, quienes no priorizan los costes ambientales en sus modelos de comunidades y de ciudades, quienes sólo propondrán medidas de pura cosmética. Peor aún: el poder ha pasado a manos de partidos directamente negacionistas del cambio climático que niegan la ciencia y que además rechazan e impugnan los criterios de desarrollo sostenibles que ya son muy blanditos y de consenso sobre una mejor vida, mejor trabajo, mejor salud, mejor espacios naturales", advierte el ambientólogo y consultor en sostenibilidad Andreu Escrivà.

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Para Xan López, experto en ecología política y miembro del colectivo Contra el diluvio, la revista Corriente Cálida y autor de la newsletter Amalgama, el mayor riesgo a nivel municipal es "la falta de adaptación de los entornos a eventos meteorológicos extremos (cada vez más comunes, sean sequías, olas de calor, lluvias torrenciales, nevadas descomunales) y al aumento medio de la temperatura". 

"Nos jugamos que las instituciones al alcance de la gente sean utilizadas como palancas para una transición política basada en el odio, o como puntos de apoyo para la transición ecológica que permita hacer un uso más racional de los recursos nacionales", resume Alberto Coronel, Doctor en Filosofía e Investigador de Ecología Política en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).