El Partido Popular pondrá todo su capital político para tumbar la amnistía que acordó el PSOE con los independentistas catalanes. Ya han avisado que usarán la movilización callejera para calentar la investidura y los resortes judiciales para declararla inconstitucional. Pero la jugada no quedará en eso sino que también los de Alberto Nuñez Feijóo están dispuestos a apelar a su mayoría absoluta en el Senado.

El texto que quedaría inscripto en el Congreso de los Diputados la semana que viene como antesala de la votación de investidura, de aprobarse, tendrá que pasar el Senador y ahi es donde el PP tiene capacidad de boicot. 

La estrategia sería con una reforma del Reglamento del Senado, específicamente del artículo 133, para dar potestad a la Mesa de la Cámara Alta de decidir o no aplicar el procedimiento de urgencia en los proyectos de ley.

¿Puede la mayoría absoluta del PP en el Senado tumbar el pacto de amnistía de Sánchez y Puigdemont?

Esto le servirá al PP para posponer la aprobación  pactada con independentistas y manejar los tiempos del debate en la medida que se instala como campaña negativa las consecuencias del pacto del PSOE-Sumar con catalanes y vascos. 

La estrategia sería con una reforma del Reglamento del Senado, específicamente del artículo 133, para dar potestad a la Mesa de la Cámara Alta de decidir o no aplicar el procedimiento de urgencia en los proyectos de ley.

Como adelantó LPO en septiembre, asumida la derrota electoral, en Génova han trazado dos estrategias. La primera: agudizar las diferencias internas del PSOE respecto al pacto de gobernabilidad con el independentismo catalán. La idea es que el fuego amigo, que las voces díscolas, degaste un pacto que no convence a muchísimos socialistas, entre ellos barones de renombre.

La segunda táctica pasa por utilizar "todos los instrumentos democráticos" (palabras textuales de Alberto Núñez Feijóo) para tumbar cualquier medida "anticonstitucional", a juicio de los populares, entre ellas una ley de amnistía. Para ese fin, el PP usará la mayoría absoluta del Senado que consiguió el 23j: 120 representantes frente a los 72 de los socialistas.

El Senado, como parte del Poder Legislativo, participa en el trámite parlamentario. Así pues, la Carta Magna señala que, aprobado un proyecto de ley en el Congreso, su presidente se lo comunicará -de manera «inmediata»- al presidente del Senado, que lo deberá someter a la deliberación de la Cámara, y en un plazo de dos meses esta puede oponer su veto o introducir enmiendas.

Para que una norma sea vetada se requiere de la mayoría absoluta, tras la cual el texto vuelve al Congreso; que podrá ratificar su proyecto inicial con mayoría absoluta, o mediante mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde la interposición del veto. 

En el caso de los tramites de urgencia,  el Senado dispone habitualmente de un plazo de 20 días naturales para ejercitar las facultades de orden legislativo. Pero con la reforma del reglamento ejecutada por el PP, y si la Mesa decide no tramitar el proyecto de ley con celeridad, la Cámara Alta puede tardar hasta dos meses para llevar la norma al pleno y devolverla al Congreso de los Diputados para su visto bueno definitivo. 

En el caso de los tramites de urgencia, el Senado dispone habitualmente de un plazo de 20 días naturales para ejercitar las facultades de orden legislativo. Pero con la reforma del reglamento ejecutada por el PP, y si la Mesa decide no tramitar el proyecto de ley con celeridad, la Cámara Alta puede tardar hasta dos meses para llevar la norma al pleno y devolverla al Congreso de los Diputados para su visto bueno definitivo

Si se cuenta con que enero es mes inhábil y que el proceso de tramitación en la Cámara Baja puede extenderse hasta mediados de diciembre, el Senado podría esperar a dar luz verde al trámite hasta marzo.

Otra as bajo la manga es el presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional durante la tramitación de la ley, tal como hizo el PP en diciembre de 2022 contra la reforma del Código Penal. En aquella oportunidad, los conservadores, en mayoría, avalaron la postura opositora.

Ahora, no obstante, los progresistas del TC son mayoría, por lo que el recurso no prosperaría. ¿Lo bueno para Génova? Seguir ganando tiempo.

El PP ya calienta la investidura de Sánchez: acusa al PSOE de controlar el Congreso "como en una dictadura"

En el caso de que la amnistía se sancione y se apruebe en el Boletín Oficial, al PP le quedaría una última carta: presentar el recurso de inconstitucionalidad. Si el TC también lo rechaza, la presión se podría trasladar a Bruselas.

Feijóo podría acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo argumentando que la ley viola derechos fundamentales. "El objetivo es entorpecer, desgastar, ganar tiempo y debilitar", resumió entonces a LPO una fuente de Génova. Esta estrategia empieza a ponerse en práctica.