
Además de intentar canalizar el descontento social de una parte de los españoles a través de movilizaciones y de despotricar en cada intervención pública contra la amnistía (este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó al acuerdo del PSOE y Junts como "el inicio de una dictadura"), el PP empieza a pulir la única herramienta parlamentaria que tiene a mano para entorpecer el perdón judicial a los independentistas catalanes: su mayoría absoluta en el Senado.
Tal como adelantó LPO, los populares pretenden dilatar lo máximo posible la sanción de esta ley. Para eso, este miércoles, en paralelo al cierre del acuerdo anunciado por los emisarios de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, la propuesta de reforma del Reglamento inició el recorrido parlamentario.
Al modificar el artículo 133 se le dará potestad a la Mesa de la Cámara Alta de decidir o no de aplicar el procedimiento de urgencia en los proyectos de ley. Esto quiere decir que la sanción podría dilatarse dos meses y que el PSOE no podría utilizar un trámite de urgencia de 20 días.
El Senado, como parte del Poder Legislativo, participa en el trámite parlamentario. Así pues, la Carta Magna señala que, aprobado un proyecto de ley en el Congreso, su presidente se lo comunicará -de manera «inmediata»- al presidente del Senado, que lo deberá someter a la deliberación de la Cámara, y en un plazo de dos meses esta puede oponer su veto o introducir enmiendas.
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Para que una norma sea vetada se requiere de la mayoría absoluta, tras la cual el texto vuelve al Congreso; que podrá ratificar su proyecto inicial con mayoría absoluta, o mediante mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde la interposición del veto.
En el caso de los tramites de urgencia, el Senado dispone habitualmente de un plazo de 20 días naturales para ejercitar las facultades de orden legislativo. Pero con la reforma del reglamento ejecutada por el PP, y si la Mesa decide no tramitar el proyecto de ley con celeridad, la Cámara Alta puede tardar hasta dos meses para llevar la norma al pleno y devolverla al Congreso de los Diputados para su visto bueno definitivo.
Si se cuenta con que enero es mes inhábil y que el proceso de tramitación en la Cámara Baja puede extenderse hasta mediados de diciembre, el Senado podría esperar a dar luz verde al trámite hasta marzo.
El PP sabe que esta herramienta parlamentaria no impedirá la sanción de la ley, pero la estrategia pasa por aprovechar el tiempo para crispar los ánimos al máximo en la calle y debilitar a la coalición gobernante en el inicio mismo de la legislatura.
El inicio del recorrido parlamentario para modificar el reglamentó indignó al PSOE. "Lo que hoy vemos es un claro ejemplo de filibusterismo político promoviendo por todos los medios el obstruccionismo parlamentario, retrasando la tramitación de una iniciativa legítima y democrática que, a día de hoy, aún no se ha presentado, por cierto", denunció el senador de JuntsJosep Lluís Cleries. Y agregó: "Están convirtiendo el Senado en el cortijo privado del PP".
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