Tras confirmarse que el gigante español de armas Maxam fabricó los proyectiles utilizados en la represión policial de Perú -que en las últimas semanas dejó un saldo de 48 vÃctimas mortales y centenares de heridos-, el Gobierno decidió, finalmente, suspender la exportación de material antidisturbios a este paÃs latinoamericano.
Asà lo confirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en la comisión de este martes en el Congreso tras el reclamo de varios parlamentarios.
La medida era exigida por AmnistÃa Internacional (AI), movimiento global que trabaja para el respeto de los Derechos Humanos, tras desatarse la crisis institucional (destitución del expresidente Pedro Castillo y asunción de Dina Boluarte) que desencadenó una feroz represión estatal sobre la población civil.
Según los datos recopilados por esta entidad, España es el principal suministrador de armas a Perú de la Unión Europea. Cifró en 184 millones de euros las autorizaciones de licencias de armas a Perú entre 2017 y junio de 2022, de los cuales cerca de 40 millones fueron de material antidisturbios.
Entre 2010 y 2019, Perú ocupó el puesto 36º de los 122 paÃses clientes de la industria de armas española, con un valor de las exportaciones de material de defensa por valor de 103,8 millones de euros, un puesto similar al ocupado por Marruecos o Portugal.
En un primer momento, el Ejecutivo reconoció que estaba siguiendo con "atención" el desarrollo de los acontecimientos" y que cualquier solicitud de exportación de material policial se analizaba "caso por caso" al considerar a Perú un "destino sensible", pero que el comercio "seguÃa abierto".
La respuesta no convenció a AmnistÃa Internacional, que en otro comunicado de prensa aclaró que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba "legalmente obligado" a suspender el envÃo de armamento en este contexto represivo.
El jueves, la organización presentó las primeras conclusiones de su misión en Perú. Entre las evidencias recabadas aparece la confirmación de su sospecha: las municiones fabricadas en España fueron utilizadas por las fuerzas policiales para reprimir a los manifestantes, en su mayorÃa indÃgenas y campesinos.
El Laboratorio de Evidencia de AI concluyó que en la represión de las manifestaciones se usó proyectiles antidisturbios de escopeta y balas de goma fabricados por la empresa española Maxam Outdoor.
Se trata de una firma lÃder mundial en el desarrollo, fabricación y comercialización de munición deportiva y pólvoras de caza, cuya compañÃa matriz es la multinacional Maxam, señalada públicamente por el presidente de Ucrania, VolodÃmir Zelenski, por sus actividades en Rusia.
Albares confirmó en las últimas horas que el Gobierno paralizó toda exportación de armas y material antidisturbios a Perú. "Nosotros apoyamos los derechos humanos en todos los paÃses", se defendió el ministro.
"Acogemos con satisfacción el anuncio del gobierno y confiamos en que sea el primer paso para mejorar la evaluación de riesgo de uso contrario al derecho internacional de las exportaciones de armas españolas y garantizar que ni un arma española se usa para atrocidades", celebró AmnistÃa Internacional tras el anuncio oficial.
"No les exime de la responsabilidad de lo exportado en años anteriores, pero es un paso en la dirección adecuada. DeberÃan complementarlo con la suspensión del material potencialmente letal como armas pequeñas y ligeras y munición", agregó en diálogo con LPO Alberto Estévez, portavoz de AmnistÃa Internacional sobre comercio de armas.
La entidad exige ahora que en su próxima reunión la Junta Interministerial -que autoriza las ventas de armas- suspenda, además, la exportación de material de defensa potencialmente letal como munición, armas pequeñas y ligeras "debido al riesgo de que la policÃa y el ejército peruanos las usen para cometer violaciones graves de derechos humanos como torturas, ejecuciones extrajudiciales o uso excesivo de la fuerza en la represión de manifestaciones".
La otra petición es que como "muestra de su compromiso con la transparencia", el Gobierno desclasifique el informe de evaluación de riesgo de la licencia de exportación de material antidisturbios por valor de 6,3 millones de euros de piezas de artificios lacrimógenos concedida en 2022 que finalmente no se ejecutó.
"AsÃ, el Congreso y la sociedad civil podrán saber qué criterios aplicó al Gobierno para autorizar esta licencia pese el uso excesivo de la fuerza y la impunidad de las fuerzas de seguridad peruanas demostrada en los últimos años", aclara la organización.
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El gigante español de armas Maxam fabricó los proyectiles utilizados en la represión policial de Perú
