La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, entregó las primeras señales sobre cómo se va a instrumentalizar el impuesto extraordinario a la banca anunciado por el presidente Pedro Sánchez
La ministra reconoció que el decreto va a contemplar "mecanismos" (sanciones) para evitar que las empresas los trasladen a los consumidores y se pueda producir "un impacto negativo entre la ciudadanÃa".
La aclaración viene a cuenta de las advertencias que lanzó la banca sobre la posibilidad de responder a la medida subiendo las comisiones de los clientes.
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"El ministerio de Hacienda está realizando el trabajo técnico para evitar cualquier tipo de riesgo legal en el diseño del impuesto. Se está haciendo un trabajo serio y responsable", dijo Calviño este jueves durante la Conferencia Sectorial de Transformación Digital.
La ministra se mostró convencida de que las eléctricas y los bancos, con planes de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y "constantes declaraciones públicas" sobre su apoyo a la sociedad, van a entender "perfectamente" que tienen que "arrimar el hombro" y contribuir con una mayor fiscalidad.
En este sentido, afirmó que los ciudadanos españoles esperan que las "grandes empresas del paÃs estén a la altura de las circunstancias" y comprendan que los sectores que tienen beneficios extraordinarios como consecuencia de la inflación tienen que "arrimar el hombro" y "ayudar" al conjunto de la sociedad española.
La vicepresidente rechazó las crÃticas del sector respecto a que el Gobierno está "demonizando" los beneficios de las empresas. Respondió que desde 2018 toda su polÃtica económica consistió en "ayudar" a las empresas, al clima de negocio y a la actividad económica.
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Desde Unidas Podemos, socio de coalición, también salieron al cruce de la banca ante este posible traslado del tributo a los consumidores. El portavoz Pablo Echenique confió que se pondrán en marcha "mecanismos para controlar y sancionar a las grandes empresas energéticas y financieras que trasladan el coste de los nuevos impuestos a sus clientes".
"Vamos a meter cláusulas para que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) pueda vigilar y sancionar si trasladan este impuesto a los precios y les pueda sancionar", adelantó.
Echenique explicó que a juicio de UP, "la solución más sencilla para que no puedan llevar a cabo estas prácticas mafiosas es que hubiera un banco público y una eléctrica pública que miraran por el interés general", poniendo sobre la mesa otra medida exigida por su formación, rechazada de plano por el PSOE.
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