Crisis energética
El Gobierno amenaza a Madrid con un "conflicto de competencias" en caso de no acatar el ahorro energético
La ministra Teresa Ribera admite que si la Comunidad de Madrid no cumple con el plan que entra este miércoles en vigencia, el Ejecutivo analiza forzar su acatamiento por la vía judicial.

Para alcanzar el 7% de ahorro energético que exige la Unión Europea, el Gobierno necesita que todas las Comunidades Autónomas se acoplen al plan de restricciones. El acatamiento de las regiones de más consumo, como Madrid, son "clave" para alcanzar esta meta. Por eso, la desobediencia de Isabel Díaz Ayuso -con la venia de su jefe político, Alberto Núñez Feijóo- preocupa por estas horas al para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige Teresa Ribera.

El plan, que entra en vigencia este miércoles, incluye medidas como la limitación a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles, así como el apagado de las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas.

Si "Madrid no se apaga", como advirtió Ayuso, el Gobierno evalúa plantear un "conflicto de competencias" ante el Tribunal Constitucional para forzar la implementación (y el control) de todas las restricciones. Así lo confirmó Ribera este martes en declaraciones a la Cadena Ser.

Feijoó aparca su exitosa "moderación" con el ahorro energético y su liderazgo entra en una nebulosa

La ministra negó que haya "una voluntad de insumisión generalizada" respecto al plan de ahorro, pero advirtió, en clara referencia a la postura de Madrid, que "si pasa el tiempo y aquí no pasa nada", habría que pensar "obviamente" cuáles son los recursos y "probablemente lo que corresponde es un conflicto negativo de competencias" si se constata que la administración autonómica pretende no aplicar la norma.

"Creo que cualquier gobierno responsable sabe que las normas están para aplicarlas y se evitará la insumisión", subrayó. No obstante, aclaró la Ley orgánica del Tribunal Constitucional contempla en "los conflictos negativos de competencia" apercibimientos para las administraciones que "no ejerza sus competencias".

Si "Madrid no se apaga", como advirtió Ayuso, el Gobierno evalúa plantear un "conflicto de competencias" ante el Tribunal Constitucional para forzar la implementación (y el control) de todas las restricciones. Así lo confirmó Ribera este martes

"Si a pesar del apercibimiento se sigue sin ejercer la competencia se podrá plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional, hay otras alternativas ante los tribunales de lo Contencioso, pero entiendo que es algo que deberán valorar los servicios jurídicos", agregó Ribera dejando entrever que el Gobierno no se quedará de brazos cruzados ante el desplante de Madrid. 

El Gobierno amenaza a Madrid con un "conflicto de competencias" en caso de no acatar el ahorro energético

Según la Constitución, el Gobierno "puede plantear conflicto negativo de competencia cuando habiendo requerido al órgano ejecutivo superior de una Comunidad Autónoma para que ejercite atribuciones de su competencia, sea desatendido su requerimiento por declararse incompetente el órgano requerido o éste continúe con su inactividad".

Ayuso rompe el consenso europeo sobre el ahorro energético y avisa que Madrid no apagará sus luces

Ribera reconoció que, puertas adentro, en la reunión con todos los consejeros de las CCAA, el PP mostró "una voluntad clara de imponer una retirada". Sobre la actitud de los populares, detalló: "Primero, no me gusta. No estamos dispuestos a apagar Madrid. Nadie había pedido apagar Madrid. En segundo lugar, llegan críticas porque no nos resuelven las dudas y esto es muy confuso. Se convoca una reunión para resolver dudas técnicas, pero luego dijeron: queremos que haya ministros, y organizamos una reunión con las ministras con los consejeros y no se plantearon dudas".

Lo que está claro es que ambas administraciones dirimirán sus diferencias en este tema ante la Justicia. La Comunidad de Madrid presentará en los próximos días un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto estatal.

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