Romper el statu quo o agonizar lentamente hasta las elecciones generales de 2023. El dilema está planteado en Moncloa. La encerrona -abrir una guerra distributiva con el poder económico o dejarse arrastrar por la avalancha inflacionaria- asfixia por estas horas al PSOE. "Estamos en un laberinto", reconocen en Ferraz.
Las elecciones en AndalucÃa confirmaron el peor de los diagnósticos: el refuerzo del Estado de Bienestar no alcanza para ganar las elecciones en 2023. La galopante crisis económica va muy por delante de todas las medidas que el Gobierno adaptó en estos meses para amortiguar el impacto de la inflación en las clases medias y populares.
El Ejecutivo gastó más de 10.000 millones de euros en lo que va del año en su paquete anticrisis, una erogación inédita para un Estado -el español- acostumbrado a intervenir poco y nada en tiempos de cracks económicos.
Hasta AndalucÃa, el cálculo de Sánchez y sus ministros era que el "escudo social" (descuento de 20 céntimos en los combustibles, tope de gas al mercado eléctrico, lÃmites a los alquileres, etc.) iba a ser las riendas para recuperar la iniciativa polÃtica perdida durante la pandemia.
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Sin embargo, el varapalo andaluz derrumbó esa ilusión. Con un agravante: el perfil de la "moderación", del "centro polÃtico", del "equilibrio" (ni Vox ni Podemos) lo arrebató por completo el PP. La sensación es que, difÃcilmente, el PSOE pueda pescar en este amplÃsimo electorado.
Por eso, puertas adentro, una parte del PSOE pide que el "golpe de timón" sea con "más polÃticas de izquierdas'', léase tocar los intereses del Ibex-35. En cambio, el ala más conservador del partido sostiene que aún hay margen polÃtico para profundizar polÃticas sociales (un cheque de 300 euros para las familias necesitadas, por ejemplo) sin llegar al "extremo" de confrontar con las grandes empresas.
La discusión -según pudo saber LPO- formará parte del Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará el sábado, en el que se aprobará un nuevo paquete de medidas contra la inflación.
Los socios de gobierno, claro está, presionan para que el PSOE tome resoluciones "valientes", no como la rebaja del IVA de la luz (anunciada este miércoles), considerada "insuficiente" y de corte totalmente liberal (medida exigida por el PP).
Basta de maquillaje. pic.twitter.com/3LG8YnLNF5— PODEMOS (@PODEMOS) June 24, 2022
En este sentido, la vicepresidenta segunda, Yolanda DÃaz, instó este jueves a crear "con carácter inmediato" un impuesto extraordinario a las empresas eléctricas para compensar la inflación. La ministra de Trabajo quiere modificar el impuesto sobre Sociedades a través de un real decreto para disponer cuanto antes de "los beneficios caÃdos del cielo" de estas compañÃas. En sus cálculos, con esta medida, el Ejecutivo podrÃa recaudar entre 1.500 y 2.000 millones de euros para volcar en la economÃa familiar.
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Al cruce salió la ministra de Hacienda, MarÃa Jesús Montero. No por el contenido ("es de justicia que las grandes eléctricas paguen una mayor parte en impuestos porque han tenido más beneficios), sino por las formas. A su juicio, la única manera de gravar a las eléctricas con un impuesto adicional es a través de un proyecto de ley, por lo que la medida recién podrÃa ponerse sobre la mesa en 2023.
Lo que para DÃaz significó una derrota (no habrá impuesto a las eléctricas en lo que queda de este año), para el mercado fue una declaración de guerra. Nunca antes Montero, ni ningún ministro del PSOE, habÃa abierto esta puerta.
Gran parte de la cúpula del empresariado español se reunió este miércoles en Madrid en la Asamblea General anual de la mayor patronal del paÃs, CEOE. Su presidente, Antonio Garamendi, arremetió contra los "impuestos a la carta" que el Ejecutivo amaga con implementar.
"Creo que las reglas en el campo de juego, como en fútbol, son unas. No las puedes alterar y decir un dÃa te cobro y pasado mañana a ti no. Ayer mismo el sector energético cayó 4.000 millones en bolsa. Tengamos cuidado", advirtió. Y agregó: "Que no nos parezca que un sector pague y que otro no pague. Acordaros lo que dijo en su dÃa [Bertolt Brecht]: 'Primero los judÃos, luego fueron los comunistas y luego me tocó a mÃ"".
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La información que maneja Garamendi es que, con un cómo y cuándo que aún está por definirse, el Gobierno le va a "meter mano" a las compañÃas eléctricas. Asà se lo hizo saber la portavoz del Gobierno, Isabel RodrÃguez, quien admitió que la decisión ya está "tomada y comunicada".
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, también "pidió repartir cargas" para afrontar la crisis de la forma "más justa posible". Aclaró que las tres empresas eléctricas más importantes de España (Iberdrola, Endesa y Naturgy) consiguieron un beneficio de 6.500 millones de euros en 2021, lo que supone, según sus palabras "un 40% más que el año anterior".
Más cautelosa sobre el tema se mostró la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño. "Tenemos que encontrar el instrumento, el vehÃculo fiscal, financiero y legal más adecuado para repartir de forma justa el impacto negativo de esta crisis", aclaró para paños frÃos a la discusión.
En las discusiones internas, Calviño advierte del riesgo de "ponerse en contra al gran capital". Su equipo repite que, de avanzar a fondo con esta decisión, no se puede dar "ningún paso en falso", tanto por lo jurÃdico como por lo polÃtico.
Las eléctricas no son las únicas grandes compañÃas en la mira en esta estrategia más agresiva del PSOE. La semana que viene, la Cámara Baja tiene previsto aprobar el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSEE), un proyecto que tiene en alerta a gasistas y petroleras, destinatarios iniciales de un nuevo recargo fiscal.
Repsol, Cepsa o BP son las grandes compañÃas que más sufrirán las consecuencias de este decreto. El Fondo pretende sacar de la factura de la electricidad las primas que se están pagando a las renovables, cogeneración y residuos más antiguos, hoy a cargo de los consumidores.
Con este cambio, las petroleras cargarán con la financiación del 43,7% de las primas a las energÃas renovables para 2025. "Tendrá un negativo impacto para los hogares y la actividad industrial al plantear un recorte de la factura eléctrica a costa de un recargo sobre la factura del gas y otros combustibles, en un contexto como el actual de elevados precios de la energÃa", criticó Sedigas, la patronal del sector gasista, a la que pertenecen, entre otras, Naturgy, Enagás y Repsol.
Las señales, al cabo, parecen claras: tras el golpazo electoral en AndalucÃa, el Gobierno asume que tiene que ser más audaz en sus polÃticas distributivas para competir con chances en las elecciones generales del año que viene. Caso contrario, el "moderado" PP seguirá capitalizando el descontento social de la crisis.
El coste, eso sÃ, asoma altÃsimo: el PSOE está obligado a cabrear, nada menos, que al establishment.
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