El Gobierno con la ministra Teresa Ribera a la cabeza mantiene un firme pulso político con el PP de Andalucía por su plan para incrementar la sobreexplotación que sufre el Parque Nacional de Doñana, clave en el ecosistema de la península.
En paralelo, a juicio de las cinco principales organizaciones de España, el Ejecutivo está dejando agonizar otro humedal de vital importancia, el de Las Tablas de Daimiel, en Castilla La Mancha.
Ante esta inacción, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF enviaron al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) una propuesta con medidas para empezar a revertir este "dramático" panorama.
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Las organizaciones advierten una "falta de soluciones eficaces por parte de las distintas administraciones" y una "falta de acuerdo social sobre la necesidad de abordar un cambio en la gestión de los acuíferos sobreexplotados".
Reclaman, por tanto, la puesta en marcha de un Marco de Actuaciones Prioritarias, tal y como se ha hecho en otros espacios naturales protegidos, como Doñana o el Mar Menor.
Las organizaciones adjuntaron en su misiva un documento de propuestas con los elementos básicos y pasos a seguir para alcanzar los objetivos de conservación que establece la normativa de parques nacionales, de aguas y de conservación de la Naturaleza de la Unión Europea.
La situación hidrológica de este ecosistema está "ocasionando uno de los mayores y más dramáticos descensos en biodiversidad acuática desde su desecación casi total en 2009", explican los ecologistas.
En la actualidad, apenas 100 hectáreas de las 3.030 del parque nacional tienen algo de agua, y la fauna del humedal está prácticamente desaparecida, "lo que implica que se encuentra de facto en un estado de conservación desfavorable", según la ley de parques nacionales.
En este contexto, y a pesar de la conocida influencia de los regadíos en la sobreexplotación de los acuíferos del Alto Guadiana, "no se han tomado medidas eficaces ni siquiera para empezar a revertir la situación", lamentan los cinco colectivos.
"Hay que recordar que el nivel de extracciones ilegales sin derechos en el acuífero 23 es de 50.000 hectáreas y 92 hm3, diez veces superior en superficie y cuatro veces en volumen que la extracción de los acuíferos que alimentan al Parque Nacional de Doñana o al Mar Menor. Esto está provocando un descenso de 2 metros anuales de los niveles de agua subterránea y un déficit continuado del acuífero que llega hoy a superar los 1.500 hm3", detallan.
Y agregan: "A pesar de los 250 millones de euros en medidas agrarias invertidos desde 1994 para reducir la extracción de agua destinada a regadío, no se han conseguido crear cambios estructurales profundos que faciliten el aporte de agua subterránea al humedal y evite la pérdida de los valores que hacían merecedoras a las Tablas de Daimiel de la calificación de Parque Nacional".
El problema -sostienen- es que se continúa gastando "mucho más en medidas agrarias que conllevan un incremento de las superficies de regadío", como las destinadas a reestructuración del viñedo o a la modernización de regadíos.
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Las organizaciones observan que no hay correspondencia entre los objetivos ambientales del Plan Hidrológico de Demarcación del Guadiana, las acciones a poner en práctica y el calendario previsto para la consecución de tales objetivos, por la falta, entre otras cosas, de un decidido cambio en la política de regadíos nacional y la política agraria de Castilla-La Mancha.
En este sentido, celebran que "poco a poco" se esté aumentando la vigilancia y las sanciones a las extracciones ilegales; pero reclaman "mayor contundencia y más recursos para terminar con la impunidad en el robo del agua". Hay riesgos de no poder asegurar "los caudales ambientales" en los próximos años, denuncian.
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