Quince científicos y científicas se enfrentan a una pena de un año y medio de prisión por arrojar "licuado de remolacha con cacao" a la fachada del Congreso de los Diputados en una acción de "desobediencia civil" por la emergencia climática realizada en abril del 2022.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid los acusa de un delito contra el "patrimonio histórico" pese a que en el auto firmado por el fiscal Guillermo de Ávila Escartín se detalla que los imputados lanzaron una "sustancia líquida de composición orgánica": un "licuado de remolacha mezclado con cacao y alguna otra sustancia" que no generó daños al inmueble y que fue removido tras dos intervenciones con sistemas de limpieza.
Los investigadores, todos sin antecedentes penales, algunos de ellos de muchísimo prestigio profesional y académico, irán ahora a juicio oral con esta inédita imputación. Será la primera vez que en España se siente un grupo de científicos en el banquillo de los acusados en la lucha contra la emergencia climática.
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Semanas atrás, LPO dio cuenta de otro caso, el de otros activistas españoles que también enfrentan penas de prisión en un juicio celebrado en Alemania por una acción climática acción climática en la sede de la automotriz BMW.
El fenómeno, el de científicos dejando sus laboratorios e investigaciones para protestar ante una inacción política que está llevando al planeta a crisis sistémica y existencial, según el consenso de los principales expertos en materia climática, desnuda la enorme preocupación de la comunidad científica global -las acciones se están replicando en la mayoría de las ciudades europeas- por la aceleración de la gravísima emergencia medioambiental.
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En la acusación contra este grupo de científicos, nueve hombres y seis mujeres, el fiscal detalla los hechos a partir de la reconstrucción de imágenes y testimonios. Enmarca la protesta en "las llamadas "emergencias" derivadas del denominado "cambio climático".
Señala que los imputados y otras personas se acercaron a la Plaza de las Cortes de Madrid con dicha "sustancia líquida" y la arrojaron "en múltiples zonas de la fachada principal del edificio", incluyendo la escalinata, las columnas, el pórtico, los podios de los leones, y parte de la fachada anexa a la puerta principal de bronca. La expresidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, declaró y negó que la protesta alterase el orden del día del Hemiciclo.
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Una limpieza con "agua a presión" por parte del Equipo Especial de Limpieza Urgente municipal de Madrid y la posterior intervención de un sistema de limpieza más sofisticado dejaron al inmueble sin ningún perjuicio patrimonial. El primer operativo costó 713, 57 euros. El segundo, 2.592,69.
La Fiscalía pide que los científicos indemnicen al Estado con ambos montos, multa económica por la "responsabilidad civil" del accionar. Al tratarse de una pena de prisión de menos de dos años, la condena -en principio- no sería efectiva, por lo que los científicos evitarán el ingreso a la cárcel.
"Puede ser necesario a veces afrontar un castigo para que las cosas cambien", aclaró el día de su declaración el profesor de filosofía política de la Universidad Autónoma de Madrid, Jorge Riechmann, uno de los imputados.
La lista incluye al periodista y diputado por Alicante en las Cortes de Valencia, Juan Bordera, el doctor en Ecología y director del Observatorio de la Sostenibilidad, Fernando Prieto, y la investigadora y dirigente de Ecologistas en Acción, Marta García Pallares, entre otros.
"Llama mucho la atención que los científicos seamos los únicos acusados en un juicio por el cambio climático", denuncia Prieto sobre este proceso penal. Y reflexiona: "Se quiere acusar al mensajero de una mala noticia en vez de tomar la decisiones necesarias para paliar esta emergencia climática".
Vala recordar que este año, la Fiscalía General del Estado incluyó a grupos vinculados al activismo climático en el apartado de "terrorismo", y bajo el subapartado de "ecologismo radical" en su última memoria. Amnistía Internacional tuvo que sacar un comunicado aclarando "que las acciones pacíficas de desobediencia civil son formas legítimas de protesta y no constituyen actos terroristas".
El pedido de pena de cárcel se conoce en paralelo a la difusión científica de cifras alarmantes sobre la desconcertante aceleración de la crisis climática. Por primera vez, y durante dos días seguidos, el planeta superó los 2 ºC de calentamiento global (17 y 18 de noviembre).
Esta semana, tras la actualización de unos de sus informes climáticos y en la víspera de la Cop28 en Emiratos Árabes Unidos, la ONU advirtió que el mundo se enfrenta a 3ºC "infernales" de calentamiento global.
"No queda ninguna persona o economía en el planeta que no se vea afectada por el cambio climático, alertó Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
"Justo cuando los científicos no pueden hablar más claro, justo cuando los datos no pueden ser más evidentes, justo cuando es más necesario alzar la voz, justo cuando más calor, sequía, eventos extremos, fallos en las cosechas, justo entonces, la fiscalía nos lo afina", lamentó Bordera, uno de los imputados, en su cuenta de X.
En la manifiesto en apoyo a los imputados publicado por el colectivo Rebelión Científica, se advierte sin medias tintas: "Sólo democratizando la acción climática e integrando las recomendaciones científicas en la agenda de todos los programas políticos será posible evitar los peores escenarios de la catástrofe en marcha".
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