Pedro Sánchez tuvo que modificar el decreto sobre los fondos europeos después de que el Consejo de Estado reclamara más control sobre su gestión en un dictamen que Moncloa se resistió a hacer público. Desde Bruselas también se mira con lupa qué va a hacer España con los más de 72.000 millones de euros de ayuda directa que va a recibir. Y, por ese motivo, tiene a dos 'hombres de negro' vigilando sobre el terreno.

El pasado mes de agosto, la Comisión Europea aprobó la creación de una 'task force', un grupo de trabajo encargado de revisar los planes de recuperación de los diferentes Estados miembros. Y, según confirman a LPO fuentes del órgano de gobierno de la UE, en España hay dos altos funcionarios de la Comisión encargados de esa labor.

Estas dos personas ya trabajaban en la oficina de Madrid desde hacía tiempo pero desde comienzos de año se han dedicado a mantener una interlocución directa con el Gobierno para recibir los diferentes borradores sobre los planes de recuperación elaborados por el Ejecutivo.

Según las fuentes consultadas, hay comunicación semanal con la oficina económica de Moncloa, la vicepresidencia de Asuntos Económicos, y el Ministerio de Hacienda. La interlocución, destacan, "es con el Estado, no con las comunidades autónomas ni con los municipios". Pese a ello, afirman que hay gobiernos regionales que contactan con estos funcionarios de la Comisión para realizar consultas y dar "su punto de vista".

Europa Press

Desde la oficina en Madrid de la Comisión Europea recuerdan que el 'task force' se creó para supervisar la gestión de los fondos de todos los países receptores de las ayudas. No obstante, añaden que España, al ser junto a Italia el Estado que más dinero va a recibir, tendrá una "atención especial", con hasta dos funcionarios encargados de esa labor.

Las mismas fuentes afirman que su trabajo no es comparable al de los 'hombres de negro' que envió Bruselas a España tras el rescate a la banca en 2012. En ese sentido, recuerdan que "ahí hubo una labor de vigilancia específica por el rescate al sistema financiero español", una circunstancia diferente a la actual.

Desde la Comisión Europea, además, no van a entrar a valorar la negativa del Gobierno de Sánchez a realizar una auditoría externa a la gestión de los fondos, tal y como sí van a hacer otros países. En ese sentido, cargos de Bruselas afirman que no existe una exigencia explícita en ese sentido, aunque sí la reclamación de "mecanismos de revisión necesarios".

En todo caso, las fuentes consultadas destacan que existe un "doble grado de supervisión". Por un lado, recuerdan, "el control está establecido por la Comisión, que tiene un plazo de dos meses para dar el visto bueno a lo enviado por el Gobierno. Después, está el control del Consejo Europeo: "Dos veces al año, además, de debe presentar un informe con los hitos logrados y las reformas".

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Más allá de ese doble filtro, están también los controles del Tribunal de Cuentas y de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en francés).

Preguntados por el dictamen del Consejo de Estado y el posible déficit de controles por parte del Gobierno de España, los cargos comunitarios consultados afirman que "se ha tomado nota" de lo expuesto en ese informe. En todo caso, la prioridad de la Comisión es hacer cumplir la normativa europea de licitaciones públicas.

Si existiera algún Estado que lo incumpliera, "la Comisión tiene instrumentos para iniciar procedimientos de sanción si fuera necesario".

El órgano de gobierno comunitario recuerda, no obstante, que en el plan de recuperación oficial y definitivo, que debe entregarse antes del 30 de abril, los Estados miembros tienen que presentar los sistemas de control y auditoría que acompañen a los proyectos.