
Marta García Pallares es ambientóloga e integrante de la ONG Ecologistas en Acción. La mañana del 6 de abril de 2022 participó junto a un nutrido grupo de científicos y activistas de una protesta de "desobediencia civil" por la emergencia climática en las escalinatas del Congreso de los Diputados.
Desenrollaron pancartas ("Escuchad a la Ciencia", "No hay planeta B") y para visibilizar la acción -principal estrategia de la convocatoria- lanzaron un "batido de remolacha", una sustancia biodegradable, a la fachada del inmueble.
Ella y otros 14 investigadores fueron arrestados por la protesta. La Fiscalía abrió una causa judicial por entender que habían cometido dos delitos: 1) "daños a bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental" agravado "por tratarse de daños de especial gravedad por lo "relevante" del bien (el Congreso). y 2) la interrupción de la sesión parlamentaria.
La segunda acusación se cayó tras la ronda de declaraciones. La por entonces presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, negó que la protesta hubiese alterado el orden del día del Hemiciclo.
El proceso judicial siguió su curso con el primer delito (la sustancia roja fue limpiada sin dejar daño alguno al Congreso) como base de la acusación. Este semana, el fiscal Guillermo de Ávila Escartín elevó el caso a juicio oral con un pedido de pena de un año y nueve meses de prisión, además de una multa económica.
Será la primera vez que en España un grupo de científicos se siente en el banquillo de los acusados en la lucha contra la emergencia climática.
El auto del fiscal se ha publicado en la víspera de la COP28, una cumbre crucial para lograr un consenso político de rebajar drásticamente las emisiones de CO2 y evitar los peores escenario climáticos en las próximas décadas, y en plena aceleración de la crisis medioambiental, con récord y métricas (haber superado este mes los 2 grados de temperatura respecto a la era preindustrial, por ejemplo), que mantienen desconcertada a la comunidad científica.
En diálogo con LPO, García Pallares admite que resulta "indignante" y "asombroso" que un Estado "con un gobierno de coalición progresista criminalice a quienes defendemos el planeta".
"No hay movilización más importante": España sale a la calle por la emergencia climática
"Nos piden pena de cárcel, no hablamos de una pena menor. Cárcel a personas comprometidas que lucha por la protección del medio ambiente y de un clima estable para todos y todas", cuestiona.
Mientras tanto -agrega-, las grandes multinacionales como Repsol, que hace dos años derramó diez mil barriles de petróleo en las cotas de Perú, permanecen impunes y sin ser llevadas a ningún juicio por estar conduciendo al planeta a condiciones que ponen en juego la supervivencia de la humanidad.
"¿Cómo se explica que el oligopolio eléctrico, que bate récord año a año, que vacía embalses en plena sequía, que hace lobby para impedir el autoconsumo, no enfrente ningún juicio por su responsabilidad en esta crisis climática? ¿Cómo es posible que todas estas empresas que cometen crímenes ambientales y sociales queden impunes, y que por el contrario se persiga a personas que se manifiestan de forma pacífica para alertar sobre el mayor problema que nos enfrentamos como humanidad", se pregunta con rabia e indignación.
El pedido de la Fiscalía refleja, a juicio de esta ambientóloga, la "escalada de la criminalización a la protesta climática", en España y en otros países.
"Por suerte el descontento social ya es importante. Confío en que podamos articular una organización social a la altura de lo que hay en juego", se ilusiona sobre la activación de una movilización ciudadana que logre torcer el rumbo de este capitalismo global que está llevando al planeta "al desastre".
Y concluye: "Una cosa es clara: el movimiento ecologista -integrado por veteranos como Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra o Greenpeace, y colectivos emergentes como Fridays for Future, Rebelión por el Clima, Extinction Rebellion o Rebelión Científica- va a seguir peleando".
Enojo con Ribera por su tibia condena al auto de la Fiscalía
La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, publicó este viernes por la mañana un tuit en el que citó la noticia del pedido de cárcel de la Fiscalía para este grupo de científicos.
"Considero un gran desacierto protestar así. Y otro gran desacierto pedir 21 meses de cárcel por ello", afirmó.
La reflexión causó muchísimo malestar en el ecologismo y en los grupos activistas que llaman a la "desobediencia civil" por la inacción política ante la emergencia climática.
Más cuando otras figuras de la coalición progresista reprocharon sin "peros" el auto de la Fiscalía. "Es indecente pedir penas de prisión para los activistas climáticos que echaron agua contra el Congreso. Se trata de una petición desproporcionada, y expresión de un cortocircuito en la política: los activistas tienen razón y reprimirlos no resuelve nada", aseveró el ya exministro de Consumo, Alberto Garzón.
"Si no fuera por acciones como ésta, la agenda climática estaría todavía mucho más retrasada de lo que aún está. Ha sido la acción ciudadana la que ha movido la agenda ambiental. Sin movilización ciudadana no hay avances, porque mandan los lobbies", le respondió a Ribera el líder de Alianza Verde y exdiputado Juan López de Uralde.
El colectivo Rebelión Científica, del que participan varios de los investigadores imputados, también reprochó a Ribera por plantear "ni una cosa ni la otra". "La ministra Ribera no encuentra "acertados" nuestros métodos. Señal inequívoca de que son eficaces y vamos por buen camino. Desacertado es apostar por el modelo de transición del IBEX35 y el greenwashing".
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