Inés Arrimadas podría convertirse pronto en la líder de un partido disuelto. La decisión de Alfonso Fernández Mañueco de apartar a los consejeros de Ciudadanos del gobierno de Castilla y León es otro capítulo más de la grave crisis que atraviesan los naranjas. "Casado es capaz de adelantar elecciones donde sea con tal de solucionar sus guerras internas", dijo Arrimadas tras conocerse la noticia esta mañana.
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El enojo es comprensible si, tal como ella misma aseguró, resulta cierto que el propio Mañueco le prometió 24 horas atrás que no convocaría a elecciones adelantadas. Arrimadas prometió que "no jugamos desde Madrid a entregar territorios en una lucha partidista para llegar a la Moncloa", desilusionada por la estrategia de Pablo Casado, con quien mantiene un diálogo fluido.
Pero la presidenta de Ciudadanos debe cuidar la coalición con los populares en Andalucía: si son expulsados de allí, perderán todo lugar en un Ejecutivo autonómico. Arrimadas lo sabe y no tiene mucha opción. Mientras ofrecía respuestas a la prensa en Madrid, el diputado naranja Saturnino de Gregorio renunciaba al cargo de vicepresidente de la Diputación Provincial de Soria por la actitud de Mañueco, pero sin consultar con el partido.
Arrimadas insiste con la posibilidad de remontar, aunque las encuestas le desmientan, y descarta una eventual incorporación al PP, una movida que ni siquiera le interesa a Génova en la medida que Ciudadanos pierde peso e influencia en toda España. El PP no le perdona a Ciudadanos su acercamiento al PSOE en Murcia para tumbar a Fernando López Miras. Tampoco aprueba el intento de su antiguo líder, Albert Rivera, por ensayar un gobierno de coalición con los socialistas, algo que finalmente no ocurrió.
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Como partido liberal, Ciudadanos no parece encontrar ya su espacio en la política española. Si tenía una oportunidad con el PSOE, hoy esa vía está quebrada. Su alianza natural sería con el PP, que nunca dejó de ver a los naranjas y a Vox como desprendimientos de su propia formación. En estos momentos Génova se concentra en recuperar los votos de la extrema derecha. La absorción de Ciudadanos, en cambio, es un proceso en marcha.
Como adelantó LPO, las renuncias de diputados se sucedieron a lo largo de 2020 en Madrid, Cataluña, Aragón, Valencia y Castilla La Mancha, al ritmo del traspaso de un partido al otro. Los casos más resonantes son los de la exdiputada Marta Rivera y el exsenador Fran Hervías, que han pasado a trabajar de cerca con Isabel Días Ayuso y Teodoro García Egea respectivamente. Más de 200 cargos han desertado desde la fallida moción de censura en Murcia. El PP ha registrad en los últimos meses 2000 afiliaciones nuevas de antiguos militantes naranjas.
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La renuncia de Saturnino de Gregorio, sin avisar a la conducción, es sintomático. También lo es que el partido sea presa de los rumores y las negociaciones subterráneas. La vicealcaldesa de Madrid, la naranja Begoña Villacís, le recordó hoy al PP que gobiernan juntos en 131 ayuntamientos y no deberían dudar de su fiabilidad, aunque han existido conversaciones para que pegue el salto a las filas populares.
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Pero mientras Ciudadanos va perdiendo relevancia y espacios en los gobiernos autonómicos, más bajo el precio de remate. Tanto que ni el PP está dispuesto a pactar ya una absorción formal. Se está dando de facto. Arrimadas está calibrando una estrategia que contemple, en un primer momento, la supervivencia del partido, y luego un repunte necesario para 2023.
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