Santiago Abascal se aboca a la campaña más definitiva en la historia de Vox. El partido ultraderechista tiene posibilidades reales de llegar a Moncloa como muleta de Alberto Núñez Feijóo, y su líder ha decidido presentarse con un programa electoral sectario y profundamente ideológico, con banderas clásicas de su trayectoria y poco margen para un acuerdo con los lineamientos del PP.

Sin embargo, uno de los puntos en común con los populares reside en la vuelta al Código Penal, por lo que Vox propone "reintroducir los delitos de referéndum ilegal, sedición, traición y malversación de caudales públicos", si bien estipula un referéndum para "ilegalizar los partidos políticos, asociaciones u organizaciones de cualquier tipo que persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación y de su soberanía".

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Los dirigentes más intransigentes del PP han planteado antes la proscripción de formaciones independentistas, pero Abascal va un paso más allá y estipula "asegurar y visibilizar la presencia de la Administración civil y militar del Estado al servicio de los españoles en todos los territorios de la nación, especialmente en aquellos donde los gobiernos separatistas han tratado de borrar a España", es decir, militarizar las autonomías más incómodas para Vox.

 El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo.

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Abascal llega incluso a "suspender inmediatamente la autonomía de aquellas comunidades cuyos gobiernos utilicen recursos e instrumentos del autogobierno regional para atentar contra la unidad de España", aunque no solo: ni capacidad legislativa, ni mayores competencias en Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia, ni "privilegios legales y fiscales" para las comunidades autónomas.

También hay un apartado reservado a combatir las okupaciones, con definiciones tan vagas como inquietantes, ya que el programa defiende que "todo español debe tener la capacidad de defenderse a sí mismo y a los suyos ante una agresión en su propio hogar". Ese fragmento programático va en sintonía con la lona del movimiento Desokupa colgada en la calle Atocha. El PP había propuesto desahucios en menos de 24 horas, una medida más concreta. 

Si hasta el momento el programa parece aislacionista, euroescéptico, reaccionario en el avance de derechos sociales y contrario a la Constitución del 78, en términos fiscales se torna inexplicable

El programa tiene 20 puntos y van desde la "igualdad entre los españoles" a "Iberosfera", bajo el cual propone combatir "los intentos de borrado del legado español en América" y exigir la "liberación de todos los presos políticos en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba". También promete una "proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a promover la persecución de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro".

El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, y el portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso, Iván Espinosa. 

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Hay otra proposición no de Ley que busca iniciar "un proceso de negociación bilateral con el Reino Unido al objeto de recuperar la soberanía española sobre el Peñón de Gibraltar", y que se contrapone a cualquier espíritu de entendimiento dentro de la UE, ya que imagina un nuevo tratado capaz de "devolver a los Estados miembros el protagonismo frente a la burocracia de una Comisión Europea que nadie elige y a la que nadie puede fiscalizar".

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Si hasta el momento el programa parece aislacionista, euroescéptico, reaccionario en el avance de derechos sociales y contrario a la Constitución del 78, en términos fiscales se torna inexplicable. El programa estipula terminar con el IRPF y en su lugar propone un doble flat tax, es decir, pagarán un 15% quienes ganen menos 70 mil euros y el 25% quienes perciban más de ese monto.

Bajo el ideario de Vox, las leyes de aborto y eutanasia serán derogadas, así como la norma trans, en un cariz ultraconservador que será la punta de lanza en un hipotético gobierno de coalición de las derechas. Vox no deja lugar a segundas interpretaciones y, sobre todo, es una advertencia sobre las líneas rojas para Feijóo.