Las formaciones de derechas no han ahorrado crÃticas al Gobierno de Pedro Sánchez en el dÃa de la exhumación de los restos del dictador José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española y fusilado en 1936, tras desatarse la guerra civil, por el gobierno de la Segunda República. Vox se ha indignado, el PP lo relacionó con las hipotecas y Ciudadanos no dio su visión del traslado.
Vox viene recurrir la Ley de Memoria Democrática y prometer su derogación en caso de llegar al Ejecutivo. Jorge Buxadé, portavoz del Comité de Acción PolÃtica de la formación ultra, sostuvo que Primo de Rivera "fue fusilado por el gobierno del Frente Popular en un juicio sustancialmente injusto". "Ese es el sentido de la unidad y la concordia nacional con el que el Gobierno quiere acabar", continuó.
"Asumimos el compromiso de hacer posible que los españoles piensen con libertad y que no se ven a obligados a atenerse a una memoria colectiva decidida por polÃticos", declaró Iván Espinosa de los Monteros en julio pasado, cuando señaló al PP por no haber tumbado la norma aprobada durante la era Zapatero en los seis años de gobierno de Mariano Rajoy.
Para el PP es un asunto incómodo. Tal es asà que ni Alberto Núñez Feijóo ni Cuca Gamarra se refirieron a la exhumación. Quien lamentó esta medida de "distracción" de Sánchez fue el portavoz de campaña de los populares, Borja Sémper, que su partido no quiere "contribuir a este juego de sombras". Movieron primero a Franco y ahora a Primo de Rivera, pero "lo que se mueven son las hipotecas, la cesta de la compra, el precio de la vida y los lÃos del Gobierno", apuntó.
Cuando el Tribunal Supremo avaló la exhumación de Franco en 2019, el PP se abstuvo de comentar el fallo, al tiempo que Albert Rivera, entonces lÃder de Ciudadanos, acusó a Sánchez por estar "jugando con los huesos de Franco para dividirnos en rojos y azules, pese a que dos años antes habÃa votado a favor de una propuesta del PSOE para apurar a Rajoy en la remoción de los restos de Franco y Primo de Rivera.
La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, consideró que la exhumación del fundador de la Falange no deberÃa ser noticia. "Es un cumplimiento de una ley", aclaró. Los naranjas se han puesto de perfil, en una estrategia ensayada por los populares, que ahora deciden fijar posición con el tema. Sémper dio a entender que en caso de regresar a Moncloa, no seguirÃa con la norma.
El grupo de falangistas a la salida del valle de Cuelgamuros que forcejeaba con la policÃa es una imagen a la que el PP no quiere ser asociado. La incógnita es qué puede llegar a suceder si los populares necesitan a los de Santiago Abascal para un hipotético gobierno de coalición. La ley serÃa uno de los primeros objetivos de Vox.
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