El Gobierno va abrir una nueva guerra con Bruselas. Y tiene decidido "pelear hasta el final", según aclaran en Moncloa. Según los cálculos, el racionamiento de gas que exige la Comisión Europea equivale a 35 o 45 días de consumo, según el porcentaje que se aplique.

Si el ahorro obligatorio es del 15%, como estipula el documento oficializado ayer en sus pautas generales, el equivalente en España sería a un mes y medio de consumo. Si es del 10%, asterisco que contempla la institución dirigida por Ursula von der Leyen para los países que tienen pocas interconexiones (el caso español), el equivalente del tijeretazo sería poco más de un mes.

"En ambos casos es desproporcionado e injusto", insisten en el Ejecutivo. "No nos moveremos del único porcentaje justo, el cero", remarcan todas las fuentes oficiales. "A España, Portugal y, en menor medida, a Francia, el objetivo que les correspondería de manera justa, con un efecto redistributivo y no un sobreesfuerzo, es que nos quedáramos a cero", aclaró este jueces la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Moncloa da un golpe a la mesa y no acepta el racionamiento obligatorio de la UE

El anuncio de la CE no sorprendió al Gobierno. En las últimas semanas, al tomar conocimiento de esta intención, la ministra Teresa Ribera intercambió borradores con los equipos técnicos europeos para evitar un racionamiento "general" para todos los miembros.

La ministra adjuntó la última recomendación del centro Bruegel, un "think tank" que agrupa a 16 estados europeos y a 20 empresas, que suele ser utilizado de consulta por la UE.

No nos moveremos del único porcentaje justo, el cero", remarcan todas las fuentes oficiales. "A España, Portugal y, en menor medida, a Francia, el objetivo que les correspondería de manera justa, con un efecto redistributivo y no un sobreesfuerzo, es que nos quedáramos a cero

El informe también pone el porcentaje del 15% como necesario para evitar "serias complicaciones" en caso de que el gas ruso deje de circular. Pero la cifra es un promedio a nivel continental. Jorge Zachmann, el especialista en políticas energéticas, que firma el documento, divide el racionamiento según la dependencia del gas ruso, las interconexiones y los niveles de almacenamientos, entre otros factores.

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La conclusión es que países como España, Francia y Portugal no deberían sufrir ningún tipo de racionamiento. "Portugal, España y Francia están efectivamente aislados del mercado europeo más amplio debido a las conexiones limitadas entre España y Francia, y Francia y el norte y el este. Los suministros de estos países no son vulnerables a una interrupción rusa", dice, textual, el informe de Bruegel.

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, durante la presentación del plan que exige racionamiento de gas a todos los miembros del bloque.

Europa Press

Sin embargo, esta vez, la CE decidió no tomar el asesoramiento de esta prestigiosa institución. El argumento para una "ahorro lineal" es que si todos los países cumplen con este objetivo, se va a poder liberar "capacidad exportadora" de los miembros productores que podrán aprovechar otros socios europeos.

El Gobierno no reniega del "principio de solidaridad" que debe emanar el bloque, más en una crisis energética tan disruptiva y grave. Por eso está dispuesto a poner toda su infraestructura, sus seis regasificadoras, para ayudar a que los (pocos) excedentes de gas fluyan a los países más necesitados.

La exigencia de Bruselas está destapando lo que adelantó LPO: los recelos y las heridas no cicatrizadas por la nula solidaridad que tuvieron los países del norte (con Alemania a la cabeza) durante la crisis del euro. Si aquella vez no se sociabilizó la deuda soberana de los países del sur, ahora no debería "socializarse los errores de la política energética de Berlín", es el argumento de los países ibéricos 

"España es un país comprometido con la solidaridad, pero tenemos que ver cuál es la mejor manera de ofrecer solidaridad, que probablemente está más vinculada a la capacidad de utilizar nuestras infraestructuras para dar apoyo a los Estados miembros que dependían del gas que llegaba por gasoducto", reconoció Ribera.

La vicepresidenta confía en que la semana que viene, cuando se reúnan todos los titulares de Energía del bloque para validar o rechazar la propuesta de la CE (se necesita mayoría simple para la luz verde), el proyecto se modifique con criterios "más justos".

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En esa tensa mesa aflorará lo que adelantó LPO: los recelos y las heridas no cicatrizadas por la nula solidaridad que tuvieron los países del norte (con Alemania a la cabeza) durante la crisis del euro. Si aquella vez no se sociabilizó la deuda soberana de los países del sur, ahora no debería "socializarse los errores de la política energética de Berlín", es el argumento de los países ibéricos.

"Durante la crisis del euro, (el entonces ministro de Finanzas alemán Wolfgang) Schäuble siempre dijo que los costos no debían socializarse. ¿Por qué debería suceder eso ahora, después de todos los errores alemanes?", se preguntó días atrás Bruno Maçães, ex secretario de Estado de Portugal.

Ribera dejó claro que España también utilizará este argumento en la disputa con Bruselas. "A diferencia que otros países, los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético", aclaró parafraseando al "error" (vivir más allá de las posibilidades) que Alemania utilizó en 2010 para ayudar a las economías quebradas por la burbuja bancaria.