El ciudadano es el gran ausente en el debate que decide cuál va a ser su propio destino. Para él, todo es una cascada de decisiones y titulares que se encuentra a tiro hecho y sobre las que no va a poder opinar ni mucho menos decidir. Mención especial merecen las clases medias, las absolutas ausentes: los políticos están pendientes de los desfavorecidos, para apoyarlos (o subsidiarlos) y de los ricos, para exprimirlos o, al menos, colocarlos continuamente en el punto de mira.

Pero la clase media, la que de verdad establece el nivel de calidad de un país y la que permite realmente que haya mecanismos de protección para los menos pudientes y que funcione el ascensor social para que emerjan más ricos, es la eterna ignorada. A esa sí que se la exprime, porque no tiene los resortes para protegerse que sí tienen los altos patrimonios, ni tampoco les suponen una ayuda definitiva las coberturas sociales. Electoralmente, además, son una especie en tierra de nadie.

Y es este estrato social el que ve cómo la actual élite política está obsesionada con incrementar la presión fiscal, es decir, meterle la mano en el bolsillo. En España, los políticos de izquierda hacen bandera de esta causa, propagando ideas tan erradas como que los ricos eluden los impuestos con las Sicav o que las empresas sólo pagan un 25% de impuestos (*). Se apunta a las alturas, aunque casi siempre reciben el balazo los de en medio. Pero cuidado, que no es sólo aquí: las grandes clases políticas europeas (incluida la derecha) también están a favor de recaudar, recaudar, recaudar... siempre a costa del ciudadano, nunca facilitándole la vida.

Un reciente asunto ha tenido muy asustada a la clase media española: la posibilidad de aplicar el IVA (21%) a los seguros médicos y la educación privada. Dos de los tres asuntos que más enfurecen a la izquierda política. (El tercero es el de la previsión privada, y bien que les han aplicado un recorte a los planes de pensiones, pese a los documentos emitidos por Inverco y firmados por 18 asociaciones y varios expertos económicos). Todo tiene que ser público, en su opinión.

Hay tres temas que enfurecen a la izquierda: educación, sanidad y previsión privada.  

El actual Gobierno siente que quienes pagan de su propio bolsillo la educación y la sanidad (no obteniendo el menor descuento fiscal, por lo que siguen pagando impuestos para la sanidad y la educación de otros) son ricos y hay que apretarles más.

La realidad es muy distinta: rentas altas de verdad son muy pocas. Quienes se pagan "el Sanitas y el colegio de los críos" son, en su mayor parte, clases medias a las que les cuesta mucho esfuerzo esos servicios.

¿Tiene legitimidad que no sufran IVA? Por supuesto. Además de pagar impuestos para otros, acudiendo a la sanidad y educación privada "descargan" el sistema público. Puede decirse que pagan sus plazas a otros. Y, además, ni la sanidad ni la enseñanza pública podrían soportar que los privados acudieran en su totalidad a lo público. Ese y no otro es el motivo por el que nunca termina de gravarse como desearían las izquierdas estos sectores.

Llegados a este punto, conviene insistir mucho en el factor de la legitimidad fiscal; la autoridad moral de la imposición. En nuestros tiempos conviven impuestos directos e indirectos, lo cual supone un claro cuestionamiento moral de salida, del que no se habla jamás, pero ahí está.

¿Por qué deben convivir impuestos directos e indirectos, cuando se dijo que los segundos venían a reemplazar a los primeros?

El IVA se empezó a aplicar en España en 1986 con motivo de la entrada en la Comunidad Europea. Era un impuesto sobre el consumo (entonces, del 12%), justificado con que poco a poco iría reemplazando los impuestos directos, de tal manera que pagaríamos nuestros tributos ‘sin darnos cuenta', mediante nuestros pagos ordinarios, un poco más caros. Pero no habría otros impuestos.

A día de hoy, el IVA recauda más de 70.000 millones de euros anuales, después de haber sido elevado hasta el actual 21%, sin que haya desaparecido ningún otro impuesto directo. Y en los pocos casos que desaparecen o descienden algunos, saltan las (furiosas) alertas de "dumping fiscal".

El impuesto al consumo será legal, pero no es legítimo. La sociedad debería articularse; especialmente la clase media. Esa que no tiene tiempo de movilizarse, porque está trabajando o al menos, buscando empleo.

Es cierto que la financiación de los estados es algo que está en una enorme crisis estructural, pero en estos tiempos de dinero al 0%, que indirectamente sirve para financiar a los países vía compra de deuda pública, debería haber soluciones que aliviaran la presión a los ciudadanos. Que, por otro lado, sufren una deflación salarial terrible desde hace ya una década.

(*) La Sicav, como vehículo de inversión colectiva, sufre un impuesto de sociedades del 1%, considerado ilegítimo por la patronal Inverco, que ha solicitado su supresión en repetidas ocasiones. Tiene el mismo trato que los demás productos de esa naturaleza: fondo de inversión o plan de pensiones. En todos ellos, el inversor tributa sobre plusvalías sólo en el momento del rescate de dinero. En el pasado, las participaciones de mucha antigüedad quedaban exentas, pero eso lo abolió el PP.

Sobre el impuesto de sociedades, es un error común criticar que las empresas "sólo pagan el 25% de sociedades", ignorando que los seguros sociales suponen un incremento superior al 20% de los salarios, a cargo de la compañía, pagaderos cada mes.