El nuevo impuesto a la riqueza tiene una parte de "justicia social" (que los que más tienen paguen más a Hacienda) y otra -más velada- de confrontación polÃtica: Moncloa, básicamente, apunta a las grandes fortunas radicadas en la Comunidad de Madrid, beneficiadas por la bonificación del 100% al impuesto al Patrimonio que les ofrece Isabel DÃaz Ayuso.
"Si vives en la Comunidad de Madrid no pagas el Impuesto sobre el Patrimonio porque existe una bonificación del 100% de la cuota. Sólo aquellos que tienen un patrimonio superior a 2.000.000 de euros deberán cumplir el deber formal de presentar su declaración de impuesto pero sin ingreso", se jacta la Puerta de Sol en su página web.
Este tributo -que grava el patrimonio neto de las personas fÃsicas- se aplica en todo el territorio nacional, pero está cedido en su totalidad a las Comunidades Autónomas, por lo que cada territorio puede modificar el tipo de gravamen, el mÃnimo exento y las deducciones y bonificaciones de la cuota.
Los grandes patrimonios de Madrid no pagan ni un euro desde 2008 por esta gravamen. Están obligados a declarar su patrimonio, pero no tienen que pagar la cuota correspondiente.
Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, correspondientes al año 2020, la fortuna media de los madrileños que declararon por este tributo se situó en los 10,3 millones de euros, casi tres veces más que el patrimonio medio del conjunto de los contribuyentes afectados por este gravamen, que rondó los 3,5 millones de euros.
Y eso que en Madrid solo declararon 19.500 contribuyentes (3,6 por cada mil adultos), muchÃsimos menos que en Cataluña, la segunda geografÃa más pujante (82.000/13,6 por cada mil adultos). Esta diferencia se debe a que en la primera CCAA solo se exige presentar este papel a las fortunas superiores a los 2 millones de euros y la segunda -como en la mayorÃa de los territorios-, obliga a quienes tienen más de 800.000 euros de patrimonio.
Del análisis de los datos de la Agencia Tributaria se desprende que casi 500 multimillonarios (fortunas superiores a más de 30 millones de euros) y unos 3.700 contribuyentes (entre 6 y 30 millones) evitaron pagar este impuesto gracias a su residencia fiscal (Madrid).
Según los cálculos del ministerio de Hacienda, si Madrid siguiese este criterio general y no bonificase el 100% del pago, en 2020 habrÃan declarado patrimonio en 2020 87.440 personas (16 por mil adultos), lo que significa 68.000 declarantes adicionales.
En números más gráficos: en lugar de haber recaudado 1.200 millones, el Estado nacional hubiese obtenido una caja de 2.200 millones. Estos 1.000 millones que faltan son, en números redondos, los que el Gobierno pretende transferir con el nuevo impuesto que anunció este jueves la ministra de Hacienda y Función Pública, MarÃa Jesús Montero.
El tributo de "Solidaridad" -temporal durante 2023 y 2024- lo pagarán los contribuyentes con riquezas netas superiores a los tres millones de euros. 23 mil patrimonios, según los cálculos de Moncloa, de los cuales 15 mil residen en Madrid (el 65%).
La medida busca, al cabo, revertir el "dumping" fiscal del PP en Madrid (ahora también en AndalucÃa). El nuevo impuesto lo abonarán solo aquellos contribuyentes que no paguen patrimonio en su Comunidad Autónoma. Montero explicó que no afectará a las autonomÃas que no hayan eliminado el Impuesto sobre el Patrimonio, debido a que el tipo impositivo de ambos tributos es el mismo.
Madrid piensa recurrir la medida al TC
El Gobierno de Madrid quiere esperar a tener en su poder la letra chica del nuevo tributo. Ayuso está convencida de que Moncloa está invadiendo competencias autonómicas con esta nueva figura impositiva. Sus asesores creen que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está incurriendo en un claro "fraude de ley".
"Habrá que esperar hasta que se concrete la regulación y, en todo caso, serán los servicios jurÃdicos los que deberán valorar las vÃas del recurso", repiten desde ayer en la Puerta de Sol.
El vocero del nuevo pleito entre Moncloa y Madrid es el consejero de EconomÃa y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty. Acusó al presidente de Gobierno de ampararse en la guerra de Ucrania y sus consecuencias para "dar rienda suelta" a su "autoritarismo fiscal" y su "sectarismo".
El PSOE toma la delantera en la cuestión fiscal y confronta con las rebajas del PP
"Que dejen de pisar la Constitución para imponernos un socialismo fiscal obligatorio", bramó el alfil económico de Ayuso. El PP va a esperarán a ver cómo se completa la tramitación de la norma. Eso sÃ: avisa que si se se instrumenta por ley de presupuestos o por decreto ley, "la inconstitucionalidad será segura".
El ministerio de Hacienda da por descartado que, aunque sea por mero "ruido", los populares van a llevar el impuesto al Tribunal Constitucional. La fiscalidad promete ser uno de los temas más fuerte de la campaña electoral de 2023.
Al no existir "doble imposición" -el nuevo tributo será deducible en aquellas comunidades donde se pague Patrimonio-, Moncloa entiende que no existe ninguna invasión del ámbito autonómico.
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