"No entendemos la tozudez de Ayuso con este tema". La frase se escucha por estos días en los despachos de las principales empresas constructoras de la Comunidad de Madrid. Los ejecutivos del sector no logran entender por qué la líder del PP, afín al sector privado y la primera abanderada del liberalismo económico, se resiste a adoptar una medida que ya han suscrito la mayoría de las CCAA: la posibilidad de revisar los precios de los contratos de la obra pública ante el alza disparada de todas las materias primas.

Las constructoras denuncian una "situación límite" por un margen de rentabilidad "mínimo" por lo "desfasadas" que quedaron las licitaciones (firmadas en su mayoría en 2019 y 2020) en el actual -e inédito- escenario inflacionario. Según los cálculos del sector, hay un centenar de contratos que tienen que ser "revisados de forma urgente" para evitar que se paralicen.

Ayuso tiene a mano un mecanismo nacional para revisar a la baja el precio de estos contratos. El Real Decreto-ley 6/2022 (el paquete de medidas que el Congreso aprobó el 29 de marzo para hacer frente a la crisis de la guerra de Ucrania) establece "la revisión excepcional" de precios en los contratos públicos de obras.

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"Además de los contratos que se encuentren en ejecución, la revisión excepcional también se aplicará a los contratos que se encuentren en licitación, adjudicación o formalización a su entrada en vigor, o cuyo anuncio de adjudicación o formalización se publique en la plataforma de contratación del sector público en el período de un año desde la entrada en vigor de la medida", reza el decreto publicado en el BOE.

Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, enfrentada a Ayuso por la obra pública.

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Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), es una de las tantas voces que pide actualizar los convenios firmados. "Los precios de los contratos de obra pública ahora mismo están desfasados. Las nuevas licitaciones están saliendo con precios de 2017 o 2018, cuando había una estabilidad, pero ahora con esta variación tan importante a ninguna empresa le sale rentable concursar", explicó hace algunas semanas.

Psoe y Vox, formaciones que no suelen coincidir en ninguna agenda legislativa, registraron dos proposiciones no de ley para exigirle a Ayuso que se acoja a este decreto nacional

El enojo empresarial ya tiene eco en la Asamblea de Madrid. Lo llamativo es que el Psoe y Vox, formaciones que no suelen coincidir en ninguna agenda legislativa, registraron dos proposiciones no de ley (PNL) para exigirle a Ayuso que se acoja a este decreto nacional.

"Instamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid a acordar la aplicación automática de las medidas en materia de revisión excepcional de precios en los contratos de obras del sector público'', dice PNL-233/2022 que lleva la firma de Rocío Monasterio, portavoz de la formación de ultraderecha.

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Ayuso está prácticamente sola en su nueva cruzada política. Comunidades autónomas como Galicia (tierra de su jefe político, Alberto Núñez Feijóo) y Extremadura aprobaron a finales del año pasado medidas regionales para evitar que se paralicen obras estratégicas.

La inacción de Ayuso ya la sufren algunos ayuntamientos. El alcalde de Rivas denuncia que este "boicot a la inversión pública" afecta a obras de su municipio

Desde la Puerta del Sol explican que lo mejor es "esperar" a que se estabilicen los precios para tener un "panorama más claro" de los números de la macroeconomía. Niegan que el problema de los costes esté generalizado en la obra pública madrileña.

Juan Lobato, portavoz socialista en la Comunidad de Madrid.

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Para el PSOE la única explicación de esta negativa es la "constante necesidad" de Ayuso de confrontar con Moncloa. "El problema de Ayuso es que es oposición a todo.  En su empeño absoluto por estar en contra de todo llega al ridículo de oponerse también a esta medida. Esperemos que recapacite y advierta que se encamina a un error de gestión muy grave", explica el portavoz socialista Juan Lobato en diálogo con LPO.

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Y advierte: "La alternativa a esto es el bloqueo. Van a empezar a producir exigencias de declive de contratos. Ese es el gran problema. Esto se va a traducir serios inconvenientes en la obra pública de la Comunidad de Madrid"

El problema de Ayuso es que es oposición a todo. En su empeño absoluto por estar en contra de todo llega al ridículo de oponerse también a esta medida 

Mismo razonamiento hacen desde Más Madrid. "Entendemos que hay que adaptar la norma en base al Real Decreto y revisar precios para asegurar que las obras puedan seguir adelante. Si no lo hacemos, se pueden producir bloqueos o demoras que perjudiquen a los madrileños y madrileñas. Hay que hacerlo, eso sí, vigilando que no haya abusos", respondieron desde el equipo de Mónica García ante la consulta de LPO.

La inacción de Ayuso ya la sufren algunos ayuntamientos. El alcalde de Rivas (90 mil habitantes) denuncia que este "boicot a la inversión pública" afecta a obras de su municipio. "En Rivas ya tenemos paradas las obras del Colegio de La Luna", se quejó en su cuenta de Twitter.