El juez José Luis Calama dio luz verde a los actos de apoyo a presos de ETA programados para Nochevieja en Pamplona y Mondragón tras argumentar que no existen "los datos y elementos necesarios para poder determinar si los hechos denunciados podrÃan, en su caso, llegar a constituir hipotéticamente un delito de enaltecimiento del terrorismo".
De esta forma, la Audiencia Nacional desestima los pedidos de la Asociación Plataforma de Apoyo a las VÃctimas del Terrorismo (APAVT) y Dignidad y Justicia, que reclamaban la suspensión de los homenajes a los etarras Henri Parot, José Manuel Pagoaga Gallastegui y Eugenio Barrutiabengoa.
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Calama considera la convocatoria como un acto de libertad de expresión que debe ser tolerado, ya que "no puede actuarse en el derecho penal con carácter preventivo, pues tal proceder implica asociar consecuencias jurÃdicas limitativas de derechos o imponer directa o indirectamente sanciones sobre la base de meras hipótesis, sobre la futura e incierta comisión de delitos". En cambio, encarga a las fuerzas de seguridad a asegurar "el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la prevención de la comisión de actos delictivos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 responsabilizó al Congreso por no legislar sobre la materia y recordó que "solo el Parlamento está legitimado para definir los delitos y sus consecuencias jurÃdicas". "Es evidente, que corresponde al legislador establecer la norma (penal o administrativa) que, en su caso, dé cumplimiento a esta disposición", apunta el juez.
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Como era de esperar, la decisión judicial no fue bien recibida por las organizaciones de vÃctimas de ETA, en especial cuando el Observatorio de Radicalización que realiza el Colectivo de VÃctimas del Terrorismo acaba de revelar que este año tuvieron lugar 282 actos de apoyo a etarras, es decir, un 46% más de convocatorias en relación con 2020.
Sin embargo, Covite ha registrado un descenso en los homenajes a los presos que salen de prisión, los llamados "ongi etorri". A finales de noviembre, los presos de ETA anunciaron el fin de los recibimientos públicos a los excarcelados, aunque fue recibido con escepticismo por parte de AVT y otras organizaciones.
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