Vivienda
El CGPJ rechaza el informe de la Ley de Vivienda y se estudiará nueva propuesta a fin de mes
El informe advertía de la "falta de concreción e imprecisión que afecta a algunos enunciados y contenidos",

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han rechazado en sesión extraordinaria la propuesta de informe al anteproyecto de una de las medidas estrella del Ejecutivo de coalición. También han decidido cambiar al ponente, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, para volver a estudiar una nueva propuesta que se analizará en el pleno ordinario del 27 de enero.

Según informó La Vanguardia, el dictamen del órgano judicial es necesario para que el anteproyecto vuelva al Consejo de Ministros, se apruebe y de ahí se remita al Congreso.

En su negativa, el CGPJ afirma que la propuesta hacía "consideraciones generales favorables" a la norma. Según el ponente, era un "instrumento normativo adecuado" para dotar de contenido al derecho a la vivienda sin perjuicio de las competencias autonómicas. 

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Sin embargo, el informe advertía de la "falta de concreción e imprecisión que afecta a algunos enunciados y contenidos" así como de la falta de especificación de los "medios que se emplearán para hacer efectiva la tutela del derecho a la vivienda". 

El CGPJ afirma que la propuesta hacía "consideraciones generales favorables" a la norma. Según el ponente, era un "instrumento normativo adecuado" para dotar de contenido al derecho a la vivienda sin perjuicio de las competencias autonómicas.

El CGPJ también ha decidido sustituir al vocal Álvaro Cuesta y designar nuevos ponentes, que serán los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas. Serán los encargados de presentar el informe que se analizará en dos semanas.

Tras el revés del Poder Judicial, Unidas Podemos ha criticado los "retrasos injustificados" en la ley, llamada a "dar respuesta a la emergencia habitacional que vive el país". Aprobada el 26 de octubre en el Consejo de Ministros, se remitió al CGPJ el 1 de diciembre. Entre otras medidas, la ley habilitaría a regular los alquileres en las zonas con mercados encarecidos y prohíbe la venta de vivienda protegida. 

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