El informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de la ley de Vivienda desató una guerra al interior del órgano. El texto, que había sido duramente criticado por Unidas Podemos, había sido aprobado por el voto de 15 de los 20 vocales, que indicaban al Ejecutivo de Pedro Sánchez que lo que buscaba regular "es una materia de titularidad autonómica".
Los vocales Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda firmaron el voto particular y contradijeron al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, tras considerar que el informe de la mayoría implica "una distorsión e incorrecta versión del contenido y valoración de los términos del Anteproyecto de Ley" en cuestión. También apuntan a que el derecho a la vivienda es restringido "hasta convertirlo en mero principio retórico".
"Siendo cierto que la Vivienda es competencia de las Comunidades Autónomas, y así lo reconoce el Anteproyecto de Ley, no son competencias que deban permanecer blindadas a las mismas y ajenas a toda intervención, por básica que sea, de los poderes públicos del Estado", subrayan los vocales disidentes en alusión a los argumentos con que insiste la mayoría del órgano para desaconsejar al gobierno acerca del tratamiento del proyecto.
Sánchez tranquilizó a sus socios de gobierno e indicó esta semana que la propuesta fue "sometida a examen por expertos constitucionalistas que dicen que es buena ley y que no invade competencias", por lo que resolvió aprobarla la próxima semana. Lo llamativo es la virulencia del cuestionamiento de los vocales progresistas al informe, que muchos jueces del CGPJ consideran una crítica directa a Lesmes.
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Los vocales disidentes aseguran que algunos magistrados actuaron "como si se tratase de una tercera Cámara legislativa" a través de "una forzada y poco constructiva intromisión en aspectos del articulado del texto sometido a su consideración, con apriorismos y juicios de intenciones exageradamente críticos impropios de la función institucional informadora".
Además, censuran las "consideraciones políticas o económicas que no le corresponden" al órgano. Como la ministra de Transporte y Vivienda, Raquel Sánchez, indicó recientemente, el informe "es preceptivo pero no vinculante", por lo cual la grieta dentro del CGJP representa un frente abierto a la autoridad de su presidente y a las atribuciones de los vocales.
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