Un juez de la Audiencia Nacional de España admitió un trámite judicial para investigar la presunta participación del candidato presidencial colombiano Gustavo Preto en el secuestro de un periodista español perpetrado por la guerrilla M-19 en 1981. El magistrado cree que hay indicios para acusar al dirigente político de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

El trámite iniciado por Joaquín Elías Gadea Francés, juez de apoyo del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional, se conoce a las pocas horas del triunfo electoral del candidato izquierdista, quien el 19 de junio enfrentará al Rodolfo Hernández -denominado el "Trump colombiano- en la segunda vuelta.

En un escrito fechado el 19 de mayo, Gadea hizo lugar a una denuncia presentada por un particular (un ciudadano colombiano) contra Preto por el secuestro en 1981 de Fernando González Pacheco, periodista colombiano nacido en Valencia que hizo toda su carrera profesional en el país sudamericano tras emigrar de pequeño junto a su familia al estallar la Guerra Civil.

Para que el trámite de este juez se convierta en un expediente judicial se necesita el impulso de la Fiscalía (que ha rechazado investigar la denuncia), de la propia víctima (ya fallecida) o de los familiares, tal como marca la legislación española.

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Por lo tanto, para que sus pesquisas avancen, el magistrado va a necesitar que los allegados de Pachecho se presenten en Madrid como querellantes. En su auto, ordena a la Policía Nacional contactar con los descendientes de la víctima para ofrecerles la posibilidad de un litigio contra Preto. También solicita que se compruebe si el periodista tenía la nacionalidad española (condición que el magistrado da por hecho por su lugar de nacimiento) al momento de ser secuestrado.

El juez español que ha habilitado este trámite cree que hay indicios para acusar al dirigente político de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra 

Otro de sus requerimientos es conocer la situación procesal del candidato presidencial en su tierra. Si "goza de estatuto de amnistiado o indultado" y si ya fue investigado, absuelto o condenado por este secuestro.

El periodista Fernando González Pacheco, secuestrado en 1981 por la guerrilla colombiana (laotracara.co)

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Gadea describe como "sobrecogedor" el relato descrito en la denuncia que llegó a su manos, en la que sea acusa a Petro de haber incurrido en "crímenes de guerra" y "genocidio" como integrante del grupo "narcoparamilitar M-19".

Para el juez, el secuestro de Pacheco, por su contexto político, podría tipificarse como un delito de lesa humanidad, rótulo que le daría competencia a la Justicia española.

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"La denuncia debe ser admitida, a los solos efectos de ofrecer a los familiares de Fernando Gonzales Pacheco la posibilidad de querellarse, en ausencia del Fiscal, y practicar, simultáneamente una inicial investigación en orden a consolidar la conexión que fundamente la atribución de los hechos a la jurisdicción española», concluye el magistrado en su fallo.

El secuestro de Pacheco

El periodista fue secuestrado cuando tenía 48 años, en el apogeo de su actividad profesional, cuando era el presentador más famoso de la televisión colombiana.

Fue capturado por el Movimiento 19 de Abril (M-19), una organización revolucionaria y guerrillera de carácter urbano conformada por intelectuales que nació el 19 de abril de 1970 después de que el candidato presidencial Misael Pastrana Borrero le ganara las elecciones de manera irregular a Gustavo Rojas Pinilla.

González Pacheco fue secuestrado cuando tenía 48 años, en el apogeo de su actividad profesional, cuando era el presentador más famoso de la televisión colombiana 

El grupo armado, que se dio a conocer tras robar la espada de Simón Bolívar, el héroe patrio latinoamericano, tomó de rehén al periodista para difundir un boletín de rechazo a la ley de amnistía, impulsada por el presidente Julio César Turbay Ayala.

Pacheco en una foto emblemática de su secuestro: junto al jefe del M-19,  Jaime Bateman Cayón.

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"El M-19 ha realizado con anterioridad varios secuestros publicitarios de este tipo, que suelen durar un par de días y tienen como víctimas habituales a destacados profesionales del periodismo. Normalmente los comandos guerrilleros tratan bien a sus secuestrados con fines publicitarios. Tropas y fuerzas de la policía participan en una amplia operación de búsqueda", decía el teletipo de la agencia Efe publicado por aquel entonces en la prensa española.

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Pacheco estuvo tres días secuestrado y fue liberado sin ninguna lesión física. La foto que tomó el M-19 el día que el presentador fue obligado a leer el anuncio es todo un símbolo de la década del 80 en Colombia. La imagen lo muestra con gesto adusto y con una escopeta en su cabeza al lado de Jaime Bateman Cayón, el líder del movimiento revolucionario.

El rol de Petro en el M-19

Los detractores del candidato de la izquierda colombiana utilizan su pasado como argumento de desprestigio. A juzgar por los archivos de la época, Petro fue un cuadro medio del M-19 sin mucho protagonismo hasta el final de su existencia, cuando el movimiento firmó un tratado de paz con el gobierno presidido por Virgilio Barco (marzo de 1990).

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Ingresó a la guerrilla con 18 años, cuando leyó los documentos donde se resumían las ideas de este grupo, según cuenta él mismo en su libro "Petro una vida, muchas vidas": "Desde un punto de vista racional, su tesis era muy lógica y popular: había que reivindicar la historia patria, el alma popular. Para nosotros fue fácil comprender la necesidad de esa reivindicación, pues vivíamos en medio de ese mundo popular".

Petro con la vicepresidenta Yolanda Díaz en su última visita a España.

Con 21 años, Petro empezó a participar en la política de Zipaquirá (su localidad natal), primero como personero y luego como concejal.

"Yo era militante clandestino del M-19, pero desarrollaba una actividad legal en la ciudad de Zipaquirá, incluso como concejal", le dijo a la periodista Guylaine Roujol en su canal de YouTube, Bándalos, en 2021, según recoge un reportaje realizado por la CNN.

Petro fue un cuadro medio del M-19 sin mucho protagonismo hasta el final de su existencia, cuando el movimiento firmó un tratado de paz

Aceptó ser militante del M-19 -salir de su clandestinidad- tras la firma de los acuerdos de paz con el Gobierno de Betancourt. Pasó un año y medio en prisión por orden de la justicia penal militar.

"Ni fui procesado por un juez ni por la justicia. Simplemente podíamos llamarle 'arrestado' y por decisión de un coronel del Ejército, arrestado por 18 meses por la justicia militar", recuerda sobre esos años.

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Con la firma del acuerdo de paz y la desmovilización en su totalidad del M-19, Petro entró en un nuevo capítulo político con una fuerte participación en el partido Alianza Democrática M-19. Petro fue congresista, más tarde alcalde de Bogotá y, entre medias, tres veces candidato a la presidencia, incluida esta campaña de 2022.

La doble vara de la Justicia española

Semanas atrás, LPO dio cuenta de otra decisión de un juez español ligado a aquellos años de violencia estatal en Latinoamérica: el fallo contra el Estado de Chile por la expropiación del diario El Clarín.

Para las asociaciones y ONGs que luchan por romper la impunidad del franquismo, estas resoluciones judiciales reflejan la "doble vara" de la justicia española, abierta a investigar supuestos delitos de Lesa Humanidad fuera de la península, pero siempre reticente a indagar esos mismos delitos en territorio local.

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Los tribunales españoles no tienen ninguna causa abierta por los crímenes cometidos por la dictadura de Francisco Franco. ¿El motivo? La ley de amnistía sancionada en octubre de 1977 que, al día de hoy, impide juzgar "los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas".

En 2017, el por entonces relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, concluyó tras una larga investigación en suelo español que esta ley "se erige como el principal obstáculo en la búsqueda de justicia, ya que los casos se archivan sin que los jueces siquiera conozcan los hechos".

Los tribunales españoles no tienen ninguna causa abierta por los crímenes cometidos por la dictadura de Francisco Franco amparados en la ley de amnistía sancionada en octubre de 1977 

En las 20 páginas que empleó Pablo de Greiff, relator especial de la ONU, para resumir su análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, la conclusión principal es que España hace poco (y en ocasiones, mal) por la búsqueda de la verdad y la justicia sobre estos hechos, y por la reparación a las víctimas.

Para la ONU, estos efectos de la Ley de Amnistía "son incompatibles con los compromisos internacionales que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".

La "Querella Argentina", expediente tramitado en Buenos Aires por la jueza María Servini de Cubría, es la única causa abierta en el mundo que persigue estos delitos de Lesa Humanidad.