Crisis Europa
Por la virulencia de la crisis, España presiona a la UE para crear una reserva de alimentos
Moncloa entiende que, de prolongarse la guerra, la crisis energética dará paso a una crisis alimentaria. Las próximas cosechas europeas serán reducidas por la escasez de fertilizantes.

España está decida a jugar un rol protagonista en Europa en este delicado -e inédito- contexto de crisis. Moncloa cree contar con dos grandes fortalezas: el alto perfil internacional de Pedro Sánchez, quien esta semana se sentó, nada menos, que en una reunión estratégica del gobierno alemán invitado por el canciller Olaf Scholz; y su condición de "hub energético", un diferencial regional por su capacidad de regasificación y la diversificación de sus países suministradores.

En los próximos días, España propondrá que toda la UE aplique su "excepción ibérica" para fijar los precios de la electricidad. El Gobierno formalizará su propuesta en la próxima reunión de los ministros de Energía (9 de septiembre) a través de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. 

Pedirá, básicamente, que se aplique el mecanismo de fijación de precios eléctricos que utilizan España y Portugal, sistema que ha contribuido en los últimos meses a que en la península sean sensiblemente más bajos que en los demás países miembro.

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En paralelo a la cuestión energética, el Ejecutivo español insistirá en estos últimos meses del año con otra "urgente necesidad": la creación de una "reserva estratégica de alimentos" para reforzar una seguridad alimentaria que empieza a estar en jaque por la virulencia económica de la crisis.

LPO adelantó en exclusiva que la industria española de fertilizantes está paralizada en un 30% producto del exorbitante precio del gas, principal materia prima de estos abonos, según la estimación preliminar de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (ANFEE).

En las próximas días, las autoridades del sector se reunirán con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Plana, para abordar esta "compleja y muy delicada situación". Las industrias españolas quieren saber qué planes tiene Moncloa para paliar esta crisis.

Apoyamos que se intercambien las estadísticas de disponibilidad de productos básicos y, evidentemente, apoyaríamos que constituyésemos unas reservas estratégicas, por ejemplo, de trigo o productos que son necesarios para la alimentación humana

 A nivel europeo, la reducción de la producción supera el 70%. Moncloa entiende que, de prolongarse la guerra, la crisis energética dará paso a una crisis alimentaria. Por eso, en estos meses, va a insistir en su idea: una reserva continental administrada por Bruselas para paliar los "focos de hambre" que puedan aparecer en el corto y mediano plazo. 

En la actualidad, existe un único mecanismo de coordinación -operado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)-: el Sistema de Información sobre Mercados Agrícolas (AMIS), puesto en marcha en 2011 por los ministros de agricultura del G20.

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Se trata de una plataforma informativa que evalúa los suministros mundiales de productos alimentarios (centrándose en el trigo, el maíz, el arroz y la soja). La UE trabaja para disponer de una herramienta similar. En mayo se modificó el Reglamento de Transparencia, necesario para poder crear este registro. En los últimos meses, todos los Estados miembros han remitido sus stocks de cereales, arroz y oleaginosas a la Comisión Europea (CE).

"Por primera vez, la Comisión nos plantea a los Estados que facilitemos estadísticas de disponibilidad de productos y bienes fundamentales. De ahí no hay más que un paso a constituir unas reservas y yo no descarto que lo hagamos en un futuro próximo", reconoció este miércoles el ministro Planas en una entrevista e elDiario.es.

 El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. 

"Hay reservas en materia energética, hay obligaciones a nivel de la UE, directivas que implican que los Estados miembros tienen que tener reservas de petróleo y de gas. No las tenemos en materia alimentaria. Tenemos que crear esta reserva. España va a apoyar", confío.

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Este almacenamiento se conformaría con "la suma de stock" de todos los Estados de la UE. "Apoyamos que se intercambien las estadísticas de disponibilidad de productos básicos y, evidentemente, apoyaríamos que constituyésemos unas reservas estratégicas, por ejemplo, de trigo o productos que son necesarios para la alimentación humana", confirmó el ministro.

Moncloa entiende que, de prolongarse la guerra, la crisis energética dará paso a una crisis alimentaria. Por eso, en estos meses, va a insistir en su idea: una reserva continental administrada por Bruselas para paliar los "focos de hambre" que puedan aparecer en los próximos años 

Planas pone como ejemplo la pandemia: los grandes inventarios mundiales de cereales y oleaginosas evitar un déficit alimentario durante los dos años que se propagó la Covid-19. Hoy, guerra, aumento de la demanda y saturación de las cadenas de suministros mediante, esos stocks están muy reducidos.

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"Ha vuelto a subir la cifra de personas que pasan hambre en el mundo. Somos 8.000 millones y hay 800 millones de personas en el mundo que pasan hambre. Eso es muy grave. Hay que intentar de todos los modos posibles, a nivel internacional, coordinar nuestra actuación para que los sectores más vulnerables no se vean afectados en su propia supervivencia", lamenta Planas.

La "ley pionera" contra el desperdicio alimentario

A nivel doméstico, el Gobierno quiere que el Congreso apruebe un proyecto que ya vio la luz verde del Consejo de Ministros: la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, "pionera" a nivel europeo, según palabras de Moncloa.

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Se trata de una normativa que fomenta actuaciones para evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo.

En 2020, según las estadísticas del Ejecutivo, los hogares españoles tiraron a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos, una media de 31 kilos por persona.

La ley tiene por objeto la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicio de alimentos por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria; establecer una jerarquía de prioridades; facilitar la donación de alimentos y contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de los más vulnerables.

En 2020, según las estadísticas del Ejecutivo, los hogares españoles tiraron a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos, una media de 31 kilos por persona

A nivel empresarial, de aprobarse la iniciativa, las compañías deberán realizar un diagnóstico de sus procesos productivos, detectar dónde se producen las pérdidas de alimentos y fijar medidas para minimizarlos.

"Con esta norma se ha de concienciar a todos los agentes y consumidores del problema que supone el desperdicio alimentario a nivel mundial", explican desde el ministerio de Agricultura. El proyecto contempla sanciones por infracciones en desperdicio alimentario de entre los 2.001 y 60.000 euros.

Los registros de la FAO marcan que, en la actualidad, entre el 20% y el 30% de la producción de alimentos termina en la basura. "Es una cifra insoportable porque hay productos que están en buenas condiciones", sentencia Planas.

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