La decisión de España de abandonar la Carta de la EnergÃa, un acuerdo internacional vigente desde la década del 90 -al que están acogidos 53 Estados- que, básicamente, protege los intereses de la industria fósil, ha causado pánico en Bruselas. "El efecto dominó", la salida de más paÃses, como anticipó LPO, amenaza con romper un acuerdo que la UE considera "clave" para garantizar las inversiones energéticas.
El gobierno de Pedro Sánchez logró su cometido tras su portazo: abrió una grieta que Bruselas no sabe cómo cerrar. PaÃses Bajos y Francia anunciaron dÃas atrás sus salidas. El argumento, el mismo que dio la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera: la imposibilidad de plasmar polÃticas ambiciosas para atenuar los impactos del cambio climático por las demandas millonarias que pueden presentar en los tribunales internacionales las empresas afectadas.
Tras un largo silencio, la portavoz comunitaria de Comercio de la Comisión Europea, Miriam GarcÃa Ferrer, llamó a una conferencia de prensa para advertir los riesgos y las consecuencias de abandonar este tratado.
Aclaró, en primer lugar, que los paÃses que formalicen sus renuncias seguirán sujetos sin cambios a las condiciones de arbitraje que prevé el acuerdo internacional durante otros 20 años.
"Tomamos nota del anuncio de varios Estados miembro de su intención de retirarse del Tratado. La Comisión Europea sigue pensando que el resultado de la modernización del proceso que se hizo en junio está plenamente en lÃnea con la transición energética y la causa del cambio climático", indicó la portavoz.
Para la CE, los cambios que se van a introducir en noviembre van a resolver "las lagunas" que cuestionan varios Estados miembros.
Los servicios comunitarios recalcan que la revisión -que requiere el apoyo de la mayorÃa de socios para salir adelante en noviembre- ofrece mayores garantÃas para las inversiones verdes, en un contexto como el actual en el que la Unión Europea prima la inversión en materia de lucha contra el cambio climático.
"Hay que ser claros respecto a los posibles escenarios: Todo paÃs que se retire estará sujeto a una cláusula de 20 años que supone que tendrán que seguir aplicando todas las normas durante dos décadas más", advirtió GarcÃa Ferrer.
Y agregó: "Abandonar el pacto antes de que tenga lugar la revisión negociada y pendiente de adopción darÃa al bloque un peor resultado porque los socios salientes deberÃan seguir cumpliendo las normas que favorecen las inversiones fósiles, mientras que las renovables no estarÃan protegidas.
Lo cierto es la protección que ofrece ese tratado se ha utilizado en los últimos años para litigar contra los Estados de la UE que más han intentado avanzar en polÃticas climáticas. Algunos ejemplos: la prohibición de extracción de combustibles fósiles, la denegación de nuevos permisos de prospección de gas o el cierre de centrales de energÃas contaminantes han sido objeto de demandas millonarias, en su mayorÃa en trámite.
El Estado español es, actualmente, el más demando en Europa por el "paraguas protector" que ofrece este tratado: varios fondos de inversión reclaman un total de 8.000 millones de euros. Los litigios, en su mayorÃa, corresponden al recorte a las primas de las renovables durante la década pasada.
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