Crisis energética
La estrategia de Ribera surte efecto y Países Bajos también anuncia su salida de la Carta de la Energía
El Gobierno celebra el "efecto dominó" que empieza a generar la decisión de salirse de un tratado internacional que blinda a la industria fósil.

La estrategia de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto demográfico, Teresa Ribera, de generar un "efecto dominó" con la salida de España de la Carta de la Energía (TCE) empieza a surtir efecto. Países Bajos comunicó en las últimas horas que seguirá el mismo camino y abandonará un tratado internacional que se ha transformado en un "grave obstáculo para la mitigación del cambio climático''.

La decisión del gobierno de Mark Rutt ocurre seis días después del portazo de España. El anuncio lo hizo el  ministro para el Clima, Rob Jetten durante un debate parlamentario. 

"El mandato para la Comisión Europea era alinear el TCE con el acuerdo climático de París. A pesar de muchas de las modernizaciones que están ahora en el resultado de la negociación, no vemos cómo el TCE se ha alineado suficientemente con el Acuerdo de París", argumentó. 

LPO había adelantado que Moncloa, con su salida unilateral, buscaba generar una grieta en Bruselas respecto al respaldo a este pacto, vigente desde la década del 90 -al que están acogidos 53 Estados- que, básicamente, protege los intereses de la industria fósil y limita la transición energética.

España se sale de la Carta de la Energía y presiona a Bruselas para romper el blindaje a la industria fósil

El TCE habilita a las empresas a demandar a los países ante un sistema de tribunales privados (eludiendo los tribunales públicos de la justicia nacional) si consideran que han legislado en contra de sus beneficios.

Hasta el anuncio de Ribera, la mayoría de los países apostaba por una "modernización" de la carta --en borrador desde hace cuatro años- para alinear el texto con los objetivos del Acuerdo de París, una votación que la Comisión Europea (CE) pondrá arriba de la mesa en las próximas semanas.

El mandato para la Comisión Europea era alinear el TCE con el acuerdo climático de París. A pesar de muchas de las modernizaciones que están ahora en el resultado de la negociación, no vemos cómo el TCE se ha alineado suficientemente con el Acuerdo de París

Ahora, los países más críticos con este histórico tratado empiezan a analizar una "salida grupal" para forzar "cambios estructurales" en medio de dos crisis, la energética y la climática, que empiezan a solaparse. No es descabellado que otros gobiernos anuncien sus salidas en las próximas semanas. 

Alemania y Francia, por ejemplo, ya han dado señales de disconformidad sobre lo "obsoleto" que empieza a quedar un tratado que se creó cuando la matriz energética global era exclusivamente fósil y cuando no existían los consensos actuales sobre la necesidad de mitigar los efectos del cambio climático.

"A España le interesa la transición energética: va a reindustrializarse como nunca desde su ingreso a la UE"

Países Bajos fue víctima de este tratado. La aprobación de una ley para prohibir ele uso de carbón como fuente electricidad a partir de 2030, desencadenó una demanda judicial de la empresa alemana RWE por 2 mil millones de euros en compensación por el cierre de una de sus centrales.

El primer ministro holandés, Mark Rutt (centro). Scholz y Macron también tienen sus dudas respecto al futuro del TCE.

El Estado español es, actualmente, el más demandado en Europa por el "paraguas protector" que ofrece el TCE: varios fondos de inversión reclaman un total de 8.000 millones de euros. Los litigios, en su mayoría, corresponden al recorte a las primas de las renovables durante la década pasada.

Países Bajos fue víctima de este tratado. La aprobación de una ley para prohibir ele uso de carbón como fuente electricidad a partir de 2030, desencadenó una demanda judicial de la empresa alemana RWE por 2 mil millones de euros en compensación por el cierre de una de sus centrales

Eso sí: España y Holanda -y el resto de los países que se sumen- no se librarán fácilmente de este pacto. Deberán esperar un año para formalizar sus renuncias y podrán ser demandados por inversiones afectadas anterior a la fecha de salida y por un lapso de 20 años. Así lo estipula la cláusula de "supervivencia" que se activa ante renuncias unilaterales. 

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En este sentido, Marta García Pallares, miembro de Ecologistas en Acción y coordinadora de la campaña "No a los Tratados de Comercio e Inversión", quien más ha indagado en España sobre este tratado, explica que si son varios los países que abandonan el tratado, hay margen para anular esta cláusula.

"En medio de la profunda crisis climática que estamos viviendo, y ante una década decisiva para cambiar nuestra matriz energética, estas renuncias van a permitir hacer reformas más ambiciosas y estructurales", explica.

En su opinión, España -y ahora Países Bajos- "abre la puerta" para dejar atrás "las medidas parches y a mitad de camino" que, en muchos casos, se estaban aplicando por este blindaje legal a las energéticas. 

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